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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07536-00

Fecha
15 de enero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07536-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07536-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

15 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07536-00
Accionante: Carlos Orlando Ramírez Gutiérrez
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y otro

Tema: Derecho al debido proceso administrativo. Concepto desfavorable
de traslado. Requisito de subsidiariedad. DECLARA
IMPROCEDENTE

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Orlando Ramírez
Gutiérrez, en nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial y del Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima.

ANTECEDENTES

El accionante solicita se ampare su derecho fundamental al debido proceso
administrativo, que considera vulnerado por las autoridades accionadas.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 17 de octubre de 2006,
cuando se posesionó en el cargo de citador grado 3 en provisionalidad en el
Juzgado 1º Civil Municipal de Fresno, Tolima.

Que en enero de 2007, el despacho citado fue convertido a Juzgado 1º Promiscuo
Municipal de Fresno, Tolima, en el cual se desempeñó como citador grado 3 y

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escribiente grado nominado hasta el 30 de julio de 2019 en provisionalidad,- Archivo
puesCentral.
el
31 de ese mismo mes y año se posesionó en propiedad en el Juzgado Promiscuo
de Falan, Tolima, como citador. Solicitó licencia no remunerada, para regresar al
despacho promiscuo de Fresno, Tolima, dado que su núcleo familiar se encuentra
allí.

Que mediante el Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022, el Juzgado
2º Civil del Circuito de La Dorada, Caldas, fue transformado a la especialidad
laboral, convirtiéndose en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de ese municipio.

Que en el año 2023, se generó vacancia provisional en el cargo de escribiente grado
nominado en el Juzgado Penal del Circuito de Fresno, Tolima, por lo que fue
nombrado a partir del 12 de enero de 2023 hasta el 31 de ese mismo mes y año,
pues a partir del 1º de febrero de esa anualidad lo nombraron en ese cargo y en
vista de que la oficial mayor de ese despacho se pensionó, se encuentra en este
actualmente.

Que la vacante de escribiente grado nominado, en el Juzgado Penal del Circuito de
Fresno, Tolima, fue publicada en julio de 2025 y el 7 de ese mes y año optó para
traslado, dado que su núcleo familiar se encuentra en ese municipio, tiene 3 hijos
menores de edad de 15, 13 y 7 años y su esposa labora como secretaria del
Juzgado 2º Promiscuo Municipal en ese territorio.

Que la Unidad de Carrera Judicial mediante Oficio CJO25-5100 del 10 de
septiembre de 2025 emitió concepto desfavorable, con fundamento en que la
especialidad en la que se encuentra el actor es diferente a la cual se pide el traslado;
que interpuso recurso en contra de dicho acto y la Unidad en Resolución CJR25-
0406 del 21 de noviembre del año en curso resolvió no reponer la decisión.

Que la Unidad Administrativa de Carrera Judicial sustentó el concepto desfavorable
«teniendo en cuanta (sic) que el formato de calificación de funciones del suscrito
correspondiente al año 2024, se realizó en formato con funciones jurídicas, a su
criterio, siendo el correcto sin funciones jurídicas»; para el actor esa situación de
calificación de formato errado no se le puede atribuir al empleado que solicita el
traslado, ya que la calificación es suscrita por el titular del despacho.

Que la Unidad no valoró la trayectoria y experiencia del actor, quien lleva más de
18 años ejerciendo cargos en provisionalidad y propiedad en la Rama Judicial,
donde adquirió conocimiento en la especialidad penal, que actualmente desempeña
la función de sustanciación; razón por la cual no «habrían traumatismos para el buen
funcionamiento y prestación del servicio por parte del suscrito».

Que la Unidad desconoció jurisprudencia del Consejo de Estado donde se señala
que, al tratarse de los cargos de citadores y escribientes, al desempeñar funciones
netamente administrativas no requiere del cumplimiento de la especialidad. Cita los
radicados: 11001-03-15-000-2018-00142-00 y 11001-03-25-000-2015-00631-00.

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• Archivo Central.
Que el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima el 10 de noviembre de 2025
remitió Acuerdo CSJTOA25-87 por medio del cual se conformó la lista de elegibles
para el cargo de escribiente del Juzgado Penal del Circuito de Tolima, «sin que a
esa fecha se hubiere resuelto mi recurso de reposición, es de anotar que dicha
situación fue expuesta por esa corporación al momento de enviar dicho acuerdo».

PRETENSIONES

El accionante pide que se ampare el derecho invocado y se le ordene a la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, que en el
término de 48 horas a la notificación del fallo emita concepto favorable de traslado
del Juzgado 2º Civil del Circuito de La Dorada (Caldas) transformado en el Juzgado
1º Laboral de La Dorada (Caldas) al Juzgado Penal del Circuito de Fresno, Tolima.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 1º de diciembre de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó notificar a las
autoridades accionadas y se negó la medida provisional solicitada1.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de la Carrera
Judicial (CARJUD) expuso que el concepto desfavorable de traslado, contenido en
el Oficio CJO25-5100 de 2025 y confirmado mediante Resolución CJR25-0406 del
21 de noviembre de 2025, fue expedido en aplicación del artículo 134 de la Ley 270
de 1996, modificada por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024, donde se redefinieron
los requisitos para la emisión de concepto favorable como servidor de carrera.

Adujo que la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, pues busca
dejar sin efectos el concepto desfavorable que expidió esa autoridad, para lo cual
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
mecanismo idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza
se encuentran amparados por el principio de legalidad.

El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima indicó que la solicitud de
traslado de escribiente del Juzgado 1º Laboral de La Dorada, Caldas es
competencia de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, quien debe emitir el respectivo concepto de traslado
(favorable o desfavorable) y si es del caso el empleado puede recurrir en reposición
y en subsidio de apelación.

1 «No resulta procedente acceder a la medida provisional de suspender el cumplimiento del Acuerdo
CSJTOA25-87, pues no obra dentro del expediente prueba siquiera sumaria que demuestre la inminencia del
perjuicio irremediable para los derechos fundamentales, de manera que amerite adoptar la medida».

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• Archivo está
Además, aclaró que el envío de la lista de elegibles a los despachos judiciales Central.
supeditado a que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura «(i) envíe a fin de cada mes a todas las Seccionales la
relación de las solicitudes de traslados presentadas por empleados de otros distritos
judiciales del país, (ii) Consolide, revise y emita el respectivo concepto de traslado
(favorable o desfavorable), notifique y si es del caso el empleado puede recurrir en
reposición y apelación una vez ejecutoriado es comunicado a esta Seccional para
ser enviado al nominador junto con la lista de elegibles».

Afirmó que la Unidad no le ha comunicado a la Seccional la información antes citada,
por lo que, esa corporación no le ha comunicado al nominador para que proceda a
realizar el respectivo nombramiento.

También expresó que la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir con el
presupuesto de subsidiariedad, ya que el actor cuenta con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, para impugnar el acto administrativo
discutido. De igual forma, mencionó que carece de legitimación en la causa por
pasiva, dado que no es la encargada de resolver la solicitud de traslado ni tiene
competencia para intervenir en la decisión negativa.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) requisito de
subsidiariedad en la acción de tutela y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de

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amparo constitucional. - Archivo Central.

La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la
medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales,
además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.

Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y
la idoneidad y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus
tantos pronunciamientos expuso la Corte:

«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en
cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su
estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la
urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio
inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales» 2.

Por lo demás, tampoco desconoce la Sala la amplia jurisprudencia constitucional con
relación a la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido
particular y concreto; por cuanto es viable controvertirlos e incluso solicitar la
suspensión provisional de sus efectos; mediante los medios de control, así lo dijo la
Corte Constitucional:

«(…) Además, tal y como se señaló anteriormente (ver supra,
fundamentos jurídicos 44-56), la Ley 1437 de 2011 consagró una serie
de posibles medidas cautelares para la protección y garantía provisional
del objeto del proceso o para la efectividad de la sentencia. Entre las
que se cuentan el restablecimiento inmediato de un derecho, la
suspensión de un procedimiento o actuación, o la suspensión de los
efectos de un acto administrativo. Adicionalmente, las medidas
cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. (…)»3

En este entendido, la procedencia de la acción de tutela se torna aún más
excepcional, dada la eficacia de las acciones ordinarias para la protección inmediata
de los derechos fundamentales.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Carlos Orlando Ramírez Gutiérrez considera que el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y el
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima transgreden su derecho fundamental

2 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
3 Sentencia T-149 de 2023

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al debido proceso administrativo, por emitir concepto desfavorable para- Archivo Central.
el traslado
del Juzgado 1º Laboral de La Dorada (Caldas) al Juzgado 1º Penal del Circuito de
Fresno (Tolima).

A juicio del actor, el argumento de las autoridades accionadas para emitir concepto
desfavorable de traslado, consistente en que no cumple con el requisito de
especialidad y no cuenta con calificación integral de servicios en firme, en el cargo
y despacho; desconoció jurisprudencia del Consejo de Estado que establece que,
al tratarse de los cargos de citadores y escribientes no se requiere del cumplimiento
de la especialidad; además, omitió valorar la trayectoria y experiencia del tutelante.

La Sala considera necesario traer a colación las siguientes pruebas:

• El 7 de julio de 2025, el señor Ramírez solicitó concepto de traslado como
escribiente del Juzgado 2º Civil del Circuito de La Dorada (Caldas) transformado en
el Juzgado 1º Laboral de La Dorada (Caldas), en propiedad, para el Juzgado 1º
Penal del Circuito de Fresno (Tolima).

• El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima el 29 de octubre y el 10 de
noviembre de 2025 le solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura información sobre el estado de la solicitud de
traslado que presentó el actor en el mes de julio.

• La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura (CARJUD) mediante Oficio CJO25-5100 del 10 de noviembre de 2025
emitió concepto desfavorable. El actor interpuso recurso de reposición en contra de
dicho acto.

• La (CARJUD) a través de la Resolución CJR25-0406 del 21 de noviembre de 2025
confirmó el concepto desfavorable de traslado.

De lo expuesto, para la Sala es claro que la CARJUD ya resolvió el recurso de
reposición que el actor promovió en contra del Oficio CJO25-5100 del 10 de
noviembre de 2025 y no hay trámite pendiente por atender.

Encuentra entonces que la acción de tutela resulta improcedente por no satisfacer
el requisito de subsidiariedad, pues el señor Ramírez cuenta con otro mecanismo
de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, donde puede alegar la supuesta falta de valoración de la situación y el
desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Dicho medio de control resulta ser idóneo y eficaz para la protección oportuna e
inmediata del derecho que el accionante considera afectado, pues el tutelante
puede pedir medidas cautelares incluso de urgencia, como lo es la suspensión de
la conformación de la lista de elegibles del Juzgado 1º Penal del Circuito de Fresno
(Tolima).

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Por otro lado, el accionante no argumentó y mucho menos allegó prueba siquiera
sumaria que demuestre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar que se configure un perjuicio irremediable y, el juez
constitucional tampoco evidencia que exista una circunstancia de especial
protección constitucional que amerite un estudio de fondo, para la protección de los
derechos invocados.

Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, conforme a las
consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

7

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