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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07539-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07539-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la acción de tutela presentada por Ernesto Yara Gómez, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07539-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07539-00
Demandante: Ernesto Yara Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción de repetición. Declara
desierto recurso de apelación. Indebida notificación. Defecto
procedimental.
Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Ernesto Yara Gómez contra el
Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado 4 Administrativo de Neiva.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 27 de noviembre de 2025, la parte actora presentó acción de tutela con
el propósito de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso
(defensa y contradicción), el cual consideró transgredido por el Tribunal
Administrativo del Huila y el Juzgado 4 Administrativo de Neiva dentro de la acción
de repetición identificado con radicado 41001-33-33-004-2017-00299-00/01.

2. A título de amparo, solicitó que se dejara sin efectos el Auto de 9 de marzo
de 2021 y, en consecuencia, que se ordenara que se reabriera el trámite desde la
convocatoria a audiencia de conciliación garantizando la notificación directa al
demandado.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, expuso que la ESE
Carmen Emilia Ospina de Neiva interpuso acción de repetición contra el hoy
accionante y otros, con el propósito de que se les declarara responsables de los
perjuicios patrimoniales derivados del cumplimiento de un fallo condenatorio
proferido dentro de un proceso de reparación directa, en tanto prestaban sus
servicios profesionales como médicos generales en dicha entidad.

4. El 28 de febrero de 2020, el Juzgado 4 Administrativo de Neiva profirió
sentencia de primera instancia mediante la cual declaró patrimonialmente
responsables, de manera solidaria, al hoy accionante y a otros demandados, como
consecuencia de su actuar gravemente culposo frente a la atención médico-
asistencial brindada en el servicio de urgencias el 29 de octubre de 2002, y los
condenó al pago de la suma de $149.539.203 a favor de la ESE Carmen Emilia
Ospina de Neiva, monto que debía cancelarse debidamente indexado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07539-00
Demandante: Ernesto Yara Gómez

5. El 1 de julio de 2020, el hoy accionante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, tras considerar que la ESE Carmen Emilia
Ospina de Neiva debía demostrar que el daño que dio lugar al pago de la
indemnización hubiera sido consecuencia, total o parcial, de la actuación de un
funcionario o exfuncionario de la entidad, en ejercicio de sus funciones, y que dicha
conducta pudo haber sido dolosa o gravemente culposa, circunstancia que no se
configuró, en tanto no ostentaba la calidad de agente estatal para la época de los
hechos.

6. El 26 de enero de 2021, el Juzgado 4 Administrativo de Neiva fijó audiencia
de conciliación, conforme a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 192 del CPACA1,
en concordancia con el artículo 7 del Decreto 806 de 20202, y advirtió a los
apoderados de las partes que las invitaciones, junto con el respectivo enlace para
la realización de la diligencia, serían remitidas a los correos electrónicos registrados
en el expediente.

7. El 9 de marzo de 2021, el Juzgado 4 Administrativo de Neiva profirió acta
de conciliación en la que declaró fallida la diligencia y concedió, en efecto
suspensivo y ante el Tribunal Administrativo del Huila, el recurso de apelación
interpuesto por Mauricio Achury y Oswaldo Javier Tovar. Asimismo, declaró
desierto, en los términos del inciso 4 del artículo 192 del CPACA, el recurso de
apelación presentado por el hoy accionante, en razón a que su apoderada no asistió
a la audiencia de conciliación programada.

8. El 8 de junio de 2021, la parte actora solicitó la nulidad de lo actuado por
deficiencia en la defensa técnica, a partir de la audiencia de conciliación celebrada
el 9 de marzo de 2021, comoquiera que la inasistencia de su apoderada a dicha
diligencia condujo a que se declarara desierto el recurso de apelación, con la
consecuente vulneración de sus derechos procesales. Al respecto, afirmó que se
evidenció la inactividad, negligencia o desconocimiento de la abogada en el
cumplimiento de las funciones encomendadas, lo que impidió una defensa efectiva,
máxime cuando no se le notificó ni se le remitió el enlace para conectarse a la
audiencia programada dentro del proceso.

9. El 23 de mayo de 2024, el Juzgado 4 Administrativo de Neiva negó la
solicitud de nulidad. Consideró que no se invocó causal alguna que la sustentara.
No obstante, precisó que el auto que programó la audiencia de conciliación fue
notificado por estado electrónico el 26 de enero de 2021 y enviado el comunicado
de dicha actuación al correo electrónico suministrado por la apoderada del
accionante3, por tratarse de uno de los autos enlistados en el artículo 198 del

1
«Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. cuando la sentencia imponga
una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su
ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su
cumplimiento.
[…]
Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el
juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del
recurso. la asistencia a esta audiencia será obligatoria. si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el
recurso.»
2
«Artículo 7. Audiencias. Las audiencias deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las
autoridades judiciales o por cualquier otro medio puesto a disposición por una o por ambas partes y en ellas deberá facilitarse
y permitirse la presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o telefónica. No se requerirá la autorización
de que trata el parágrafo 2 del artículo 107 del Código General del Proceso.»
3
marluts1@hotmail.com y ricardomarroquinman@hotmail.com.

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CPACA para surtir dicha forma de notificación. Adicionalmente, sostuvo que no era
procedente declarar la nulidad de cada proceso en el que una de las partes no
comparecía por circunstancias ajenas al trámite judicial, como errores en la
comunicación entre el abogado y su representado, pues ello conduciría a
desconocer las reglas propias del juicio, máxime cuando tampoco se allegó
justificación alguna de la inasistencia que permitiera evaluar la configuración de un
caso fortuito o fuerza mayor.

10. El 28 de mayo de 2024, el hoy accionante interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación contra el auto que negó la solicitud de nulidad, tras
considerar que sí se presentó una indebida notificación, dado que el juzgado debió
remitir un mensaje de datos a los canales digitales de todos los sujetos procesales
informando el estado electrónico y la providencia a notificar. Asimismo, sostuvo que
no debió convocarse la diligencia de conciliación, en tanto las partes no la solicitaron
ni presentaron fórmula de arreglo, y reiteró la solicitud de aplicar por analogía la
Sentencia T-544 de 2015 de la Corte Constitucional.

11. El 22 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó el auto
que negó la nulidad solicitada, tras estimarse que no se invocó ninguna causal
taxativa y que los supuestos fácticos alegados no solo no se propusieron en
oportunidad, sino que tampoco configuraban una causal de nulidad.
Adicionalmente, se precisó que la alegada deficiencia en la defensa técnica no era
de recibo, en la medida en que el hoy accionante estuvo representado por una
apoderada de confianza, y que no resultaba aplicable lo expuesto en la Sentencia
T-544 de 2015 de la Corte Constitucional, por tratarse de supuestos fácticos
disímiles, dado que en dicha providencia se analizó la vulneración del derecho de
defensa de demandados representados por abogados designados al amparo de
pobreza, situación distinta a la del caso concreto.

12. El 29 de enero de 2025, el hoy accionante interpuso recurso de súplica
contra el Auto de 22 de enero de 2025, ya que, al no habérsele notificado la fecha
y hora de la audiencia de conciliación como requisito para dar trámite al recurso de
alzada, se vulneró de manera flagrante el debido proceso, al impedírsele participar
en la diligencia, siendo además la persona facultada para disponer sobre la
posibilidad de conciliar. En ese contexto, reiteró la solicitud de aplicación por
analogía de la ya mencionada Sentencia T-544 de 2015.

13. El 9 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila rechazó por
improcedente el recurso de súplica, en razón a que dicho medio de impugnación
procedía únicamente contra autos que, por su naturaleza, fueran apelables,
circunstancia que no se configuró en el caso concreto, en tanto el auto recurrido
resolvió la apelación interpuesta contra la providencia que negó la nulidad, razón
por la cual no era susceptible de apelación.

14. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que la Ley
2080 de 2021 fue publicada el 25 de enero de 2021 y que, a partir de esa fecha,
entraron en vigor las reformas procesales, incluida la modificación del artículo 201
del CPACA. En consecuencia, afirmó que el auto de convocatoria a la audiencia de
conciliación de 26 de enero de 2021 debía notificarse conforme a dicha

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normatividad, esto es, a todos los sujetos procesales. En ese sentido, señaló que la
omisión de una notificación directa a cada uno de los sujetos vinculados al proceso
constituyó una vulneración del debido proceso, en tanto el juzgado debía garantizar
la comparecencia de todas las partes interesadas en la mencionada diligencia.
Agregó que tal irregularidad se evidenció, además, en que el auto de citación fue
notificado únicamente a los apoderados, sin que se le hubiera remitido el enlace a
su correo electrónico personal registrado en el expediente, pues, según la
constancia secretarial, solo aquellos fueron notificados, circunstancia que le impidió
conocer la programación y participar en la audiencia. En todo caso, sostuvo que no
debió convocarse la diligencia de conciliación, en tanto las partes no la solicitaron
ni presentaron fórmula de arreglo.

Intervenciones4

15. El Tribunal Administrativo del Huila manifestó que la acción de tutela no
satisfacía el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que se limitó a
enunciar la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, sin
exponer de forma clara, precisa y expresa las razones por las cuáles la cuestión
debatida ameritaba la intervención del juez de tutela. En particular, señaló que el
accionante se circunscribió a controvertir la forma en que se aplicó la normatividad
relacionada con las notificaciones, sin explicar en qué consistió la supuesta
interpretación inadecuada ni, mucho menos, su incidencia concreta en la afectación
de derechos fundamentales.

16. Adicionalmente, sostuvo que el accionante no planteó en su escrito ninguna
de las causales específicas que habilitara el estudio de fondo de la acción de tutela,
circunstancia que conducía necesariamente a la negativa del amparo, por cuanto la
carga argumentativa mínima exigida no se satisfizo o resultó claramente
insuficiente. En ese contexto, precisó que cualquier valoración que excediera lo
expresamente formulado por la parte accionante y que derivara en una orden
adversa al Tribunal implicaría un vaciamiento de la competencia, autonomía e
independencia del juez ordinario.

17. Indicó, además, que aun si, en gracia de discusión, se entendiera que el
caso del hoy accionante se enmarcaba en la causal de defecto procedimental,
configurable cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido, tal reproche carecería de sustento a la luz del análisis de las
actuaciones procesales surtidas. Al respecto, afirmó que: (i) se aplicaron las reglas
previstas en los artículos 192, 198 y 201 del CPACA; (ii) la audiencia de conciliación
y la concesión del recurso fueron citadas y notificadas por el medio legal
correspondiente; (iii) la inasistencia de la apoderada del accionante produjo la
consecuencia prevista en la ley vigente para el momento de los hechos; (iv) respecto
de las demás personas demandadas, la notificación se efectuó en los mismos
términos y estas sí concurrieron a la audiencia, por lo que se les concedió el recurso
de apelación sin inconveniente alguno; y (v) no se acreditó la existencia de un
defecto procedimental atribuible a la autoridad judicial.

4
Mediante Auto de 1 de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo
del Huila y el Juzgado 4 Administrativo de Neiva, y se vinculó a la ESE Carmen Emilia Ospina, Mauricio Achury García y
Oswaldo Javier Tovar Puentes.

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18. Finalmente, concluyó que la decisión de negar la nulidad no obedeció a
formalismos indebidos, sino a la aplicación razonable, proporcional y estrictamente
legal del régimen procesal, con miras a preservar el debido proceso de las partes y
la seguridad jurídica del trámite. En ese sentido, afirmó que, si bien el artículo 201
del CPACA, para efectos de la notificación por estado, preveía que, además de la
anotación en el estado electrónico, se enviara un mensaje de datos a quienes
hubieran suministrado su dirección electrónica, en el caso concreto, al haber
actuado el accionante mediante apoderada de confianza, la remisión del
correspondiente mensaje de datos se efectuó a los canales expresamente indicados
por dicha profesional, de modo que el acto de publicidad cumplió cabalmente su
finalidad.

19. El Juzgado 4 Administrativo de Neiva manifestó que no se configuró
vulneración alguna de derechos fundamentales y que, en consecuencia, la solicitud
de amparo debía ser negada, en la medida en que se acreditó que, dentro del
proceso de acción de repetición, se actuó conforme al procedimiento previsto en la
Ley 1437 de 2011. Por ello, consideró que no le asistía responsabilidad alguna
frente a los hechos expuestos en el escrito de tutela. Asimismo, sostuvo que las
decisiones proferidas en el marco de dicho proceso fueron debidamente motivadas
y notificadas.

20. La ESE Carmen Emilia Ospina y Mauricio Achury García y Oswaldo Javier
Tovar Puentes, pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

22. Revisado el escrito de tutela, se advierte que los reparos del accionante
están dirigidos a dejar sin efectos el Auto de 9 marzo de 2021 que declaró desierto
el recurso de apelación por inasistencia a la audiencia de conciliación fijada el 26
de enero de 2021. No obstante, y para efectos del requisito de procedibilidad de
inmediatez se tendrá en cuenta la fecha en que el señor Yara Gómez agotó todos
los recursos ordinarios y extraordinarios dentro de la acción de repetición. Es decir,
el 9 de septiembre de 2025, esto es, cuando el Tribunal Administrativo del Huila
rechazó por improcedente el recurso de súplica.

23. Asimismo, se evidencia que el accionante no especificó defecto alguno en
el que presuntamente la autoridad judicial haya incurrido al proferir dicha
providencia. Sin embargo, con base en los argumentos expuestos en el escrito se
puede inferir que podrían enmarcarse en un defecto procedimental por la presunta

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omisión al no haber notificado el auto que fijó audiencia de conciliación a todos los
sujetos conforme al artículo 201 del CPACA modificado por la Ley 2080 de 2021.

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el Juzgado 4
Administrativo de Neiva incurrió en un defecto procedimental por omisión al haber
declarado desierto el recurso de apelación por inasistencia derivado de la presunta
indebida notificación del auto que fijó audiencia de conciliación, lo cual le impidió
tener conocimiento oportuno de las actuaciones procesales y afectó directamente
su derecho al debido proceso (defensa y contradicción).

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que: (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso (defensa y contradicción); (2) se encuentra
satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un
lado, la parte actora tenía la calidad de accionado en el proceso de acción de
repetición y, por el otro, el Juzgado 4 Administrativo de Neiva profirió la providencia
que se cuestiona; (3) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad,
comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que tenía para
procurar la defensa de sus derechos5; (4) la acción de tutela se presentó el 27 de
noviembre de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación del
Auto de 9 de septiembre de 20256; (5) cuestionó una irregularidad procesal
relevante, pues se trató de la presunta indebida notificación del Auto de 26 de enero
de 2021 mediante el cual fijo audiencia de conciliación dentro de trámite de una
acción de repetición; (6) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales;
y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

26. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.

Análisis de la vulneración alegada: estudio de defecto

27. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

28. En primer lugar, se observa que el Juzgado 4 Administrativo de Neiva,
mediante Auto de 26 de enero de 2021, fijó audiencia de conciliación conforme a lo
previsto en el inciso 4 del artículo 192 del CPACA, señalando su realización para el

5
Se estima pertinente aclarar que al haber sido presentado el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado el 1
de julio de 2020, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021 (25 de enero de 2021), de acuerdo con el
artículo 86 de la mencionada ley, el mismo habría de regirse por el canon procesal vigente al momento de su interposición.
Así las cosas, contra el Auto de 9 de marzo de 2021, por medio del cual se declaró desierto el recurso de apelación, la Ley
1437 de 2011, en su versión original no contemplaba la procedencia del recurso se queja contra el mismo.
6
Mensaje de datos con fecha de 11 de septiembre de 2025.

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9 de marzo de 2021, de manera virtual, en aplicación del Decreto 806 de 2020.
Dicho proveído fue notificado el 27 de enero de 2021 a los correos electrónicos
registrados en el expediente por los apoderados judiciales.

29. En desarrollo de lo anterior, el 9 de marzo de 2021, se celebró la audiencia
de conciliación, con la asistencia de la parte demandante y de los apoderados de
los señores Mauricio Achury García y Oswaldo Javier Tovar Puente. No obstante,
en el acta respectiva se dejó constancia de la inasistencia de la apoderada del señor
Ernesto Yara Gómez, razón por la cual, en aplicación del inciso 4 del artículo 192
del CPACA, se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por dicha
profesional.

30. Frente a esta actuación, la parte actora sostuvo que, dado que la Ley 2080
de 2021 fue publicada el 25 de enero de 2021 y que, en consecuencia, entraron en
vigor las reformas procesales allí previstas, incluida la modificación del artículo 201
del CPACA, el cual señalaba que las notificaciones por estado debían efectuarse
de manera virtual, con inserción de la providencia y el envío de un mensaje de datos
al canal digital de los sujetos procesales, situación que no fue aplicada por las
autoridades judiciales, generándole una vulneración a sus derechos
fundamentales. Asimismo, afirmó que de todos modos no era procedente la
convocatoria a audiencia de conciliación, en tanto ninguna de las partes la había
solicitado.

31. No obstante, contrario a lo expuesto por la accionante, se advierte que el
Juzgado 4 Administrativo de Neiva no incurrió en defecto procedimental alguno, en
la medida en que aplicó la normatividad vigente al momento de cada actuación
procesal. En efecto, se encuentra acreditado que el señor Yara Gómez interpuso el
recurso de apelación el 1 de julio de 2020, esto es, con anterioridad a la entrada en
vigencia de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. En tal sentido,
la decisión de no aplicar dichas reformas se sustentó en el artículo 86 de esa misma
ley, disposición que regula el régimen de vigencia y transición normativa, al
disponer que los recursos interpuestos, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr y las notificaciones que se
estén surtiendo se rigen por la ley vigente al momento de su iniciación.

32. Bajo ese entendido, la audiencia fijada mediante Auto de 26 de enero de
2021 resultaba plenamente válida conforme al inciso 4 del artículo 192 del CPACA,
toda vez que dicha disposición se encontraba vigente al momento de la
interposición del recurso de apelación. Igual conclusión se impone respecto del
trámite de notificación, en tanto las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de
2021 no resultaban aplicables a la situación procesal de la acción de repetición. En
consecuencia, el auto que fijó la audiencia se entendió debidamente notificado con
su inserción en el estado y el envío del mensaje de datos a quienes habían
suministrado su dirección electrónica, esto es, a los apoderados de los accionados
dentro del proceso.

33. En ese contexto, no se configuró el defecto procedimental alegado, pues
las autoridades judiciales aplicaron correctamente la normatividad vigente según la
etapa procesal correspondiente y no vulneraron derecho fundamental alguno. Ello,

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en la medida en que se surtió la notificación conforme al régimen previsto en la Ley
1437 de 2011, antes de su modificación por la Ley 2080 de 2021, y de acuerdo con
las reglas establecidas en el Decreto 806 de 2020 en materia de notificaciones por
estado.

Conclusión

34. En consecuencia, la Sala negará la acción de tutela interpuesta, al no
acreditarse que el Juzgado 4 Administrativo de Neiva haya vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso, en sus dimensiones de defensa y contradicción, del
accionante, al haber declarado desierto el recurso de apelación como resultado de
la inasistencia de la apoderada a la audiencia de conciliación convocada conforme
al inciso 4 del artículo 192 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la acción de tutela presentada por Ernesto Yara Gómez,
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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