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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07540-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07540-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 12 de diciembre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente el mecanismo constitucional, por las consideraciones expuestas en el presente proveído. Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Pablo José Méndez Garzón conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07540-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07540-01
Accionante: Pablo José Méndez Garzón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho1

Decisión: Revocar la decisión de declarar improcedente la acción de tutela por
falta del requisito de relevancia constitucional para, en su lugar, negar
el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 30 de enero de
2026 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Pablo José Méndez Garzón en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó el acto administrativo contenido en el oficio
2022JBB110000014682 del 4 de abril de 2022 por medio del cual el Jardín Botánico
– José Celestino Mutis negó el reconocimiento de una relación laboral encubierta.

3. El proceso correspondió al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de
Bogotá2 autoridad que, mediante sentencia del 10 de febrero de 2025, resolvió
acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que se
demostraron los elementos constitutivos de un vínculo laboral, esto es, la prestación
personal del servicio, subordinación y remuneración.

4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C por medio de sentencia del 2 de julio de 2025 confirmó
parcialmente la anterior providencia, para lo cual, ordenó:

1 La acción de tutela fue presentada el 26 de noviembre de 2025
2 Radicado 11001-33-35-024-2022-00298-00

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Accionante: Pablo José Méndez Garzón

«PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la Sentencia proferida el diez (10) de
febrero de dos mil veinticinco (2025), por el Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso correspondiente al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercido por el señor Pablo
José Méndez Garzón, contra el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, por
lo anteriormente expuesto.

SEGUNDO.- REVOCAR PARCIALMENTE la providencia, la cual quedará así:

“SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, condenar al Jardín Botánico de Bogotá José
Celestino Mutis, a reconocer en favor del señor Pablo José Méndez Garzón
identificado con la cédula de ciudadanía No.(...), las cotizaciones en el
respectivo fondo de pensiones en el porcentaje que le correspondía como
empleador, para la fecha en que fueron suscritos todos los contratos, esto es,
entre el 29 de agosto de 2014 hasta el 21 de enero de 2016 y desde el 7 de
abril de 2016 al 30 de enero de 2019, salvo las interrupciones, conforme se
indicó en la parte motiva, o sea por la ocurrencia del fenómeno prescriptivo para
el pago de las prestaciones sociales.
(…)
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
(…)»

5. En relación con la prescripción, indicó que a partir de la fecha en que finalizó el
vínculo laboral, esto es, el 30 de enero de 2019, el señor Pablo José Méndez Garzón
contaba con un término de tres años para elevar su petición ante la Administración.
No obstante, radicó la solicitud el 22 de febrero de 2022, esto es, posterior a los 3
años que prevé la norma y lo acogido por la jurisprudencia, por consiguiente, operó el
fenómeno de la prescripción extintiva respecto del pago de las prestaciones sociales.

6. Con fundamento en lo anterior, precisó que no compartía el análisis respecto del
alcance de la suspensión de términos judiciales previsto en el artículo 1° del Decreto
Legislativo No. 564 de 15 de abril de 2020, toda vez que dicha normativa disponía que
«la suspensión y posterior levantamiento de términos surte efectos si en el lapso en
que se presentó la suspensión acaece o expira el plazo de reclamación». Por lo tanto,
no era posible «computar más tiempos, si no concurría el momento de reclamar entre
el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020»

2.2. Fundamento jurídico

La parte actora, alegó que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por indebida
interpretación de lo preceptuado en el artículo 1.° del Decreto Ley 564 de 2020,
teniendo en cuenta que, a su juicio, dicha disposición normativa creó dos reglas, a
saber: i) en el inciso primero, un régimen general de suspensión de los términos de
prescripción y caducidad aplicable a lo dispuesto en normas sustanciales y
procedimentales; y ii) en el segundo, un mes adicional para los términos de
prescripción y caducidad que, al reanudarse la justicia, les quedaran menos de 30
días para vencer.

7. Precisó que el Acuerdo PSCJA20-11581 de 27 de junio de 2020 del Consejo
Superior de la Judicatura señaló que los términos de prescripción y caducidad se
suspendieron entre el 16 de marzo y el 01 de julio de 2020. Ahora, teniendo en cuenta
que laboró en el Jardín Botánico de Bogotá hasta el 30 de enero de 2019, en
aplicación de la suspensión ordenada por el artículo 1.° del Decreto Legislativo 564

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de 2020, la prescripción trienal de que trata el Decreto Ley 3135 de 1969, se extendió
hasta el día 15 de mayo de 2022.

8. A partir de lo anterior, concluyó que dentro del proceso se probó que antes del
fenecimiento del término extintivo, es decir, el 24 de febrero de 2022, radicó la
reclamación administrativa, con lo cual se efectuó la interrupción de dicho fenómeno
en la forma prevista en el Decreto Ley 3135 de 1969.

9. Asimismo, sostuvo que la decisión adolece de un desconocimiento de precedente
de la Corte Constitucional contenido en la sentencia C-213 de 2020, por cuanto lo
pretendido por el legislador al expedir el Decreto Legislativo 564 de 2020 era conferir
certeza sobre la forma en que deben computarse los términos de prescripción,
caducidad, declaración de desistimiento tácito y duración máxima de los procesos, en
atención a la situación excepcional que se presentó a nivel nacional con ocasión de la
pandemia por COVID-19.

2.3. Pretensiones

10. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que se cita a continuación:

«(…)
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO (Art. 29
C.P.), al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 C.P.) y a la
SEGURIDAD JURÍDICA de mi poderdante, los cuales fueron vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Sección Segunda Sub-sección
C, al incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable y desconocimiento del
precedente en la sentencia de segunda instancia.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la
sentencia proferida el día 02 de julio de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
Radicado 110013335-024-2022-00298-01, exclusivamente en lo que respecta a la
declaratoria de la excepción de prescripción extintiva de la acción.

TERCERA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que,
en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
fallo de tutela, PROFIERA UNA NUEVA SENTENCIA de segunda instancia en la que:
(…)»

2.4. Intervenciones

11. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 4 de diciembre de 2025 en el que
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C como accionado y al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis como terceros
interesados en el resultado del proceso.

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C manifestó que no vulneró los derechos fundamentales invocados en
protección, toda vez que la decisión cuestionada la adoptó con fundamento en las
normas pertinentes y con la interpretación que corresponde, según el material
probatorio recaudado y el criterio de la Sala sobre la materia.

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13. De otra parte, indicó que lo que pretende la parte actora con su interposición es
una instancia adicional para efectos de que se analice el reconocimiento y pago de
los derechos laborales que prescribieron.

14. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, o en su defecto negar el amparo porque no se
encuentran acreditados los defectos endilgados.

15. En cuanto a defecto sustantivo, indicó que la decisión del Tribunal de revocar
parcialmente la decisión de primera instancia, obedeció a la aplicación de la regla
según la cual, cuando se trata de contabilizar el término para que opere el fenómeno
de la caducidad o de la prescripción, debe seguirse el cómputo por meses, sin
excluirse del conteo, salvo que el vencimiento del término coincida vacancia judicial,
los períodos en que los despachos judiciales se encuentren cerrados por cualquier
causa o por la pandemia por Covid 19.

16. Finalmente, señaló que no se incurrió en un desconocimiento de precedente de la
sentencia C-213 de 2020, toda vez que la Corte Constitucional se limitó a efectuar el
control de constitucionalidad del Decreto 564 de 2020, pero no modificó la regla de
suspensión de términos.

17. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
del 30 de enero de 2026 resolvió declarar improcedente la acción de tutela por falta
de relevancia constitucional, al considerar que las inconformidades del tutelante no
demostraban afectación constitucional alguna ni contenían la suficiente carga
argumentativa que acreditara algún yerro de índole constitucional que implicara
vulneración de derechos fundamentales, por lo que dicha discusión no trascendía al
ámbito constitucional.

19. Por lo tanto, concluyó que la acción de tutela no podía utilizarse como como una
instancia adicional al proceso ordinario, con el propósito de efectuar un juicio de
corrección, dado que se debe desarrollar uno de validez.

2.6. Impugnación

20. La parte actora manifestó que en el presente asunto se «demostraron las
afectaciones constitucionales que agreden los derechos», razón por la que solicitó que
se revoque la decisión impugnada. En consecuencia, se amparen los derechos
fundamentales invocados en protección.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 2019 y demás normas concordantes.

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3.2. Problema jurídico

22. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, al
proferir la sentencia del 2 de julio de 2025, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo, mínimo vital e igualdad
porque incurrió presuntamente en un defecto sustantivo y en desconocimiento del
precedente.

23. Previamente, deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de
relevancia constitucional cuyo cumplimiento no fue encontrado satisfecho en primera
instancia.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer
tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

25. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios
y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que
la Carta le impone.

26. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

27. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo

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mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)
que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que cobró ejecutoria la decisión objeto de cuestionamiento, esto es,
el 11 de julio de la misma anualidad y la interposición de la acción de tutela, es decir,
el 26 de noviembre de 2025.

3.3.1.4. Ahora, contrario a lo manifestado por el a quo el asunto a resolver es de
marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una
posible vulneración iusfundamental al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, trabajo, mínimo vital e igualdad, al incurrir presuntamente en
un defecto sustantivo por indebida aplicación en el artículo 1.° del Decreto Ley 564 de
2020. Así como también un presunto desconocimiento de precedente contenido en la
sentencia de constitucionalidad C 213 de 2020, argumentos que se encuentran
razonadamente fundamentados, cuyo análisis no implica una tercera instancia del
proceso ordinario, teniendo en cuenta que es en el trámite de la segunda instancia
que se declara probada la prescripción extintiva de derechos.

30. Visto lo anterior, la Sala procederá a revocar la decisión de primer grado de
declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia para, en
su lugar, resolver el fondo de la controversia.

28. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

29. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes

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términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el
defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad
al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad
que orientan al sistema jurídico»3.

30. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad
de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales
con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por
el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual
Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte
en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv)
porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual
se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador»4.

31. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas que

3 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre

Lynett.
4 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

32. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18965, precisó que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por
tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos
anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos
jurídicos que justifican su decisión».

33. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de
2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez,
constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

34. Respecto del precedente vertical6, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las
decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

35. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones
jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido
a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de
la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos
relevantes de cada caso7.

36. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en
casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de
la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad
ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de
discriminación8.

37. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por
parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.7. Análisis de los presuntos defectos sustantivo y desconocimiento de
precedente

5 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
7 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
8 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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38. La parte actora alega que la decisión cuestionada adolece de un defecto sustantivo
por indebida interpretación de lo preceptuado en el artículo 1.° del Decreto Ley 564 de
2020.

39. Asimismo, sostuvo que el Tribunal incurrió en un desconocimiento de precedente
de la Corte Constitucional contenido en la sentencia C-213 de 2020, por cuanto lo
pretendido por el legislador al expedir el Decreto Legislativo 564 de 2020 era conferir
certeza sobre la forma en que deben computarse los términos de prescripción,
caducidad, declaración de desistimiento tácito y duración máxima de los procesos, en
atención a la situación excepcional que se presentó a nivel nacional con ocasión de la
pandemia por COVID-19.

40. Sobre el particular, se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C en la providencia cuestionada respecto del
fenómeno de prescripción consideró:

«De la Prescripción

Sobre la prescripción, resalta la Sala que reiterada jurisprudencia del Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo fue categórica en el sentido de señalar que en las controversias
en las que se busca declarar la existencia de un contrato realidad, el término de prescripción
para los derechos que surgen de dicha declaratoria debía contarse a partir de la sentencia
que constituye el derecho a favor del contratista ya que antes de esta, el contrato de
prestación de servicios gozaba de la presunción de legalidad y el derecho a obtener el pago
de acreencias laborales no existía, por lo cual, resultaba imposible predicar la prescripción
de un derecho que no había nacido a la vida jurídica.

Sin embargo, en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 proferida por el H.
Consejo de Estado — citada en acápites anteriores —, se indicó que en los casos como el
aquí planteado, la existencia de una relación laboral debe reclamarse dentro del término de
prescripción de los derechos laborales, es decir, dentro de los tres años siguientes a su
causación, atendiendo a los dispuesto en los artículos 41 del decreto 3135 de 1968 y 102
del decreto reglamentario 1848 de 1969.

Si la reclamación por el pago de acreencias derivadas de la existencia de una relación
laboral encubierta en un contrato de prestación de servicios, no se eleva ante la
Administración en el término de tres años contados desde la terminación del último contrato,
se configuraría el fenómeno de la prescripción extintiva. No obstante, lo anterior no puede
permear el ámbito de imprescriptibilidad en que se encuentran los aportes a la
Seguridad Social en Pensiones.

Conforme lo anterior, en el sub-lite se observa que el actor se vinculó con la entidad entre el
29 de agosto de 2014 hasta el 21 de enero de 2016 y desde el 7 de abril de 2016 al 30
de enero de 2019, fecha en la cual cesó el contrato No. JBB-CTO-926-2018.

Así las cosas, se tiene que a partir del día 30 de enero de 2019—fecha de la finalización de
vinculación— contaba con un término de tres años para elevar su petición ante la
Administración. Revisado el material probatorio allegado se radicó la mencionada solicitud
el 22 de febrero de 2022, esto es, posterior a los 3 años que prevé la norma y lo acogido por
la jurisprudencia, por consiguiente, operó en el sub lite el fenómeno de la prescripción
extintiva sobre el pago de las prestaciones sociales.

Se debe precisar que no se comulga con el análisis del a quo, respecto al alcance de la
suspensión de términos judiciales previsto en el artículo 1° del Decreto Legislativo No.564
de 15 de abril de 2020, pues para la Sala las disposiciones en cita, disponen que la
suspensión y posterior levantamiento de términos surte efectos si en el lapso en que se
presentó la suspensión acaece o expira el plazo de reclamación. Es decir, no es posible
computar más tiempos, si no concurría el momento de reclamar entre el 16 de marzo hasta
el 30 de junio de 2020.»

41. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala estima que no se configura el

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Accionante: Pablo José Méndez Garzón

defecto sustantivo alegado, comoquiera que la disposición invocada por la parte
actora, esto es, el artículo 1.° del Decreto 564 de 2020 no resulta aplicable al caso
concreto, por lo tanto, no es posible predicar una indebida interpretación de dicha
disposición normativa por parte de la autoridad judicial accionada. Ello obedece a que
la norma regula la suspensión de términos de prescripción y de caducidad de «los
usuarios del sistema de justicia», durante el tiempo que estuvieron suspendido los
términos en los despachos judiciales por casusa de la emergencia sanitaria del
COVID-19, sin embargo, en el caso del actor, la contabilización del término de
prescripción de sus derechos se dio en el marco de la reclamación administrativa ante
la autoridad administrativa.

42. Ahora, para la Sala es menester indicar a la parte actora que conforme a lo
preceptuado en el artículo 6.° del Decreto 491 de 2020, la suspensión de términos de
las actuaciones administrativas durante la emergencia sanitaria se encontraba
supeditada, a la expedición de un acto administrativo por parte de la autoridad
competente que así lo dispusiera, circunstancia que no fue alegada ni acreditada en
el proceso ordinario, razón por la cual, se llegaría a la misma conclusión de la
prescripción de los derechos, por no estar suspendidos los términos en la entidad
accionada.

43. En ese sentido, el término de prescripción comenzó a correr desde el 30 de enero
de 2019, fecha de finalización del último vínculo contractual. Sin embargo, la
reclamación administrativa fue presentada el 22 de febrero de 2022, es decir, por fuera
del término legal de tres años.

44. Así las cosas, si bien en principio podría advertirse la posible configuración de un
defecto sustantivo por aplicación de la norma incorrecta, lo cierto es que el mismo no
tiene la capacidad de incidir o modificar el sentido final de la decisión tomada por la
autoridad judicial accionada, pues de conformidad con la disposición legal aplicable
de todas formas operó el fenómeno de la prescripción extintiva de los derechos del
actor.

45. Lo mismo ocurre respecto del presunto desconocimiento de precedente, en tanto
la Corte Constitucional en la sentencia C-213 de 2020 se limitó a examinar la
constitucionalidad del decreto legislativo y a precisar la finalidad general del Decreto
564 de 2020, sin fijar una regla específica y vinculante sobre la forma en que debía
computarse la suspensión de los términos de prescripción extintiva. Aunado a que,
como se dijo, tal norma no aplica al caso del actor.

46. De tal manera, es del caso advertir que, en virtud de los principios de autonomía e
independencia judicial, no corresponde al juez constitucional cuestionar la
interpretación normativa que realiza el juez natural para desatar un asunto sometido
a su consideración, siempre y cuando ello no comporte una decisión arbitraria, lo cual,
como se explicó, no ocurre en el presente asunto.

47. Así las cosas, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la que
llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de derechos
fundamentales.

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48. De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al análisis
que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser calificado
como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de
autonomía e independencia judicial.

49. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para la
tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

50. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a revocar
la decisión de primer grado que declaró improcedente la acción de tutela para, en su
lugar negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 12 de diciembre de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente
el mecanismo constitucional, por las consideraciones expuestas en el presente
proveído.

Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Pablo José Méndez
Garzón conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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