Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07542-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07542-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07542-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07542-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORES: ALEJANDRA ARAMBURO GONZÁLEZ Y OTROS.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR INCUMPLIMIENTO
DEL LITERAL E QUE EXIGE LA SENTENCIA C-590 DEL 2005. LO
ALEGADO POR LA PARTE ACTORA NO FUE PUESTO DE PRESENTE DENTRO DEL
PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA, POR LO QUE MAL HARÍA EL JUEZ
CONSTITUCIONAL EN ORDENAR UN AMPARO CON EL PROPÓSITO DE QUE SE
EMITAN UNAS ÓRDENES QUE SON COMPETENCIA DEL JUEZ DE
CONOCIMIENTO Y DEBIERON SER SOLICITADAS EN ESA SEDE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Teniendo en cuenta lo citado en precedencia, se observa que los
actores dentro del proceso de reparación directa se limitaron a insistir
en que el término de caducidad no podía contabilizarse desde la
sentencia proferida dentro del proceso penal, sino desde la decisión
de 5 de junio de 2017 que declaró la muerte presunta por
desaparición del señor YEINS ALEXANDER CARDONA MARÍN, de
tal forma que el planteamiento de que la caducidad no podía
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contabilizarse sino hasta el hallazgo de la víctima, no fue el
argumento central expuesto en el recurso de apelación y, por ende,
no fue objeto de análisis por el juez de conocimiento.
Significa entonces que la presente solicitud de amparo no cumple con
el requisito general establecido en el literal “e” que exige la sentencia
C-590 del 2005, para la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, debido a que, se reitera, “[…] es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos […], razón por la que no es de recibo que los actores en
esta instancia constitucional pretendan variar la tesis jurídica que fue
sometida al conocimiento del juez natural, mediante el recurso de
apelación.
Así las cosas, no resulta de tal validez los argumentos expuestos por
la parte actora en el escrito de impugnación relativos a que sí
expusieron la tesis conforme a la cual, tratándose de desaparición
forzada como conducta de carácter continuado, no podía iniciarse el
cómputo del término de caducidad mientras no apareciera la víctima.
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Lo anterior, en la medida en que si bien no se desconoce que eso fue
puesto de presente, lo cierto es que el argumento de apelación iba
dirigido a que, ante la inexistencia de las causales del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA, el cómputo de la caducidad se debía realizar
a partir de la sentencia que declaró la muerte presunta del señor
CARDONA MARÍN, mientras que en esta instancia fundamenta la
configuración de los presuntos defectos en que dicho conteo debe
realizarse desde la fecha en que aparezca la víctima.
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 23 de enero de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir el requisito
general de la subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores ALEJANDRA ARAMBURO GONZÁLEZ, YEINS
ALEXANDER CARDONA ARAMBURO, JUAN SEBASTIAN
CARDONA CASAS, ÁNGEL ALBERTO CARDONA OSORIO, ANA
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
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LUCÍA, PABLO JULIO y CARLOS ARTURO MARÍN BARRERA y
EDWARD CARDONA MARÍN, actuando a través de apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al principio de reparación integral, los cuales, a su juicio, le
fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA2, al haber proferido la providencia de 26 de
mayo de 2025 dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2018-00355-01.
I.2.- Hechos
Indicaron que el señor YEINS ALEXANDER CARDONA MARÍN,
quien ingresó al EJÉRCITO NACIONAL y alcanzó el Grado de
sargento segundo adscrito al Batallón Palacé de Buga, desapareció el
25 de marzo de 2007 en desarrollo de una misión de inteligencia
militar en el corregimiento de La Marina, jurisdicción del municipio
de Tuluá (Valle del Cauca).
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En adelante el TRIBUNAL
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Afirmaron que por esos hechos se adelantó un proceso penal que
culminó mediante sentencia de 6 de noviembre de 2015, proferida
por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Buga, mediante la
cual se estableció la responsabilidad de las FARC y se condenó al
señor LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ, alias “MANUEL TERECO”, por
homicidio en concurso homogéneo.
Señalaron que, posteriormente, mediante sentencia de 5 de junio de
2017, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga declaró la
muerte presunta por desaparición del señor YEINS ALEXANDER
CARDONA MARÍN, por cuanto no ha sido posible encontrar su
cuerpo.
Manifestaron que el 4 de diciembre de 2018, presentaron demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO
NACIONAL3, con el fin de que se le declarara patrimonial y
administrativamente responsable por la desaparición forzada del
señor CARDONA MARÍN, la cual fue identificada con el número de
radicación 2018-00355-00 y le correspondió por reparto al
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En adelante EJÉRCITO NACIONAL.
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JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUGA4 que, mediante sentencia de 9 de noviembre de 2021, declaró
probada la excepción de caducidad.
Adujeron que inconformes con lo anterior, interpusieron recurso de
apelación el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante
sentencia de 26 de mayo de 2025, confirmó en su totalidad la
decisión del a quo, por considerar que el término de caducidad debía
contabilizarse desde la ejecutoria de la sentencia penal de 6 de
noviembre de 2015.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de los actores, la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico al considerar que la desaparición forzada cesó con
la expedición y notificación de la sentencia penal de 6 de noviembre
de 2015, pues desconoció que es una conducta de ejecución
continuada, razón por la cual el daño antijurídico que de ella se deriva
conserva el mismo carácter mientras no se establezca con certeza el
paradero de la víctima.
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En adelante JUZGADO.
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Alegaron que en el presente caso no existe certeza, toda vez que el
cuerpo del señor YEINS ALEXANDER CARDONA MARÍN no ha sido
hallado y, conforme a los lineamientos de la jurisprudencia
constitucional, la desaparición forzada solo se entiende finalizada
cuando aparece la víctima, con o sin vida.
Sostuvieron que el TRIBUNAL omitió valorar pruebas relevantes, en
particular las certificaciones expedidas por la Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por desaparecidas, las cuales acreditaban la
persistencia del daño y la imposibilidad material de recuperar el
cuerpo de la víctima, lo que evidenciaba que la desaparición forzada
no había cesado.
Precisaron que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo al inaplicar la regla especial de caducidad prevista en el
inciso 2 del artículo 164.2 del CPACA, según el cual el término para
formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de
desaparición forzada se cuenta a partir de la fecha en que aparezca
la víctima y dispone una excepción expresa para estos casos
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reconociendo el carácter permanente, por lo que exige flexibilizar el
cómputo del término procesal para garantizar el acceso a la justicia.
Resaltaron que el TRIBUNAL accionado también incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, al aplicar erradamente
la sentencia de 29 de enero de 2020 dictada por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que trata sobre la caducidad cuando se
reclaman delitos de lesa humanidad y no en casos desaparición
forzada y al omitir aplicar la sentencia SU-168 de 2023 de la Corte
Constitucional, en la que se unificaron criterios sobre el cómputo de
dicho fenómeno en acciones de reparación directa por desaparición
forzada, determinando que este se activa únicamente cuando se
produce el hallazgo e identificación de los restos de la víctima.
Por último, alegaron que se incurrió en violación directa de la
Constitución, al fijar el término de caducidad en desconocimiento
del principio de interpretación pro damnato que exige aplicar las
normas procesales de forma favorable a las víctimas.
I.4.- Pretensiones
Por lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:
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“[…] 1.- Tutelar, de manera inmediata los derechos
constitucionales fundamentales ya enunciados de mis
poderdantes y los que como Juez Constitucional encuentre
vulnerados por la sentencia de fecha 26 de mayo de 2025,
proferida por el honorable Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca, dentro del Medio de Control de Reparación
Directa radicado: 76111-33-33-002-2018-00355-01.
2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la
sentencia referida y en su reemplazo se profiera una sentencia
que acceda a las pretensiones de la demanda, teniendo en
cuenta que existió una vulneración al debido proceso, al derecho
al acceso a la administración de Justicia y la reparación integral
de las víctimas, que implicó un daño antijurídico que debe ser
reparado. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO afirmó que se está utilizando la acción de tutela
como una tercera instancia, comoquiera que en el proceso ordinario
cuestionado se denegaron las súplicas de la demanda porque las
pruebas arrimadas al proceso no demostraron la teoría del caso de
la parte demandante.
I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la acción de
tutela de la referencia, por cuanto la sentencia cuestionada no
vulneró ningún derecho fundamental ni incurrió en defecto fáctico
por desconocimiento del precedente judicial o de las normas que
regulan la materia y, por el contrario, fue con fundamento en todo
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ello que se confirmó la decisión de primera instancia que declaró
probada la caducidad del medio de control y negó las pretensiones
de la demanda.
I.5.3.- El EJÉRCITO NACIONAL, vinculado como tercero con
interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado en
debida forma, guardó silencio.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 23 de enero de
2026, declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia
por considerar que no se cumplió el requisito general de la
subsidiariedad.
Para lo anterior, resaltó que en el recurso de apelación interpuesto
por los actores contra la sentencia de primera instancia dentro del
proceso ordinario no se incluyeron los argumentos que ahora
plantean y sobre los cuales edifican los defectos alegados,
consistentes en que, por tratarse de un caso de desaparición forzada,
el término de caducidad debía contabilizarse únicamente desde el
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momento del hallazgo de la víctima.
Consideró que la parte actora pretende no solo introducir nuevos
alegatos, sino también variar la tesis jurídica que fue sometida al
conocimiento del juez natural, mediante el recurso de apelación,
pues plantea una postura distinta a la sostenida en el proceso
censurado, al afirmar que la desaparición forzada es una conducta
de ejecución continuada cuya cesación solo se produce con el
hallazgo de la víctima, momento a partir del cual debería iniciarse el
cómputo del término de caducidad, discusión que debió resolverse
en sede ordinaria.
Refirió que la Corte Constitucional determinó como presupuesto
general de procedibilidad “[…] que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible […]”, la
cual pese a que es una causal autónoma, se encuentra
estrechamente vinculada con el requisito de subsidiariedad, en la
medida en que lo que buscan los accionantes es reabrir un debate a
partir de argumentos nuevos que, por descuido o falta de diligencia,
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no expusieron durante el trámite del proceso ordinario y que ahora
pretenden introducir en sede constitucional.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora interpuso recurso de impugnación contra la sentencia
proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, en el que señaló: “[…] El fallo
impugnado sostiene que en la apelación no se alegó ante el Juez
Ordinario, que la desaparición forzada es un delito permanente cuyo
daño no cesa hasta la aparición de la víctima. Sin embargo, el recurso
de apelación contiene expresamente estos argumentos, expuestos
de manera clara, directa y reiterada, plasmándose lo siguiente sic.
“no ha aparecido la víctima, ni existe fallo penal definitivo
contra el autor material del punible de desaparición forzada”,
y que la sentencia penal de 2015 “no puso fin al proceso penal”
por cuanto alias “Manuel Tereco” fue condenado únicamente como
cómplice y éste afirmó desconocer la suerte del Sargento CARDONA
MARÍN, afirmaciones que evidencian que la parte Actora sí planteó
ante el juez natural la imposibilidad de activar la caducidad
por ausencia de certeza sobre el paradero de la víctima y por
inexistencia de un fallo penal definitivo […]”.
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Destacaron que, contrario a lo afirmado por el a quo, sí expusieron
la tesis conforme a la cual, tratándose de desaparición forzada como
conducta de carácter continuado, no podía iniciarse el cómputo del
término de caducidad mientras no apareciera la víctima, argumentos
que fueron desarrollados tanto en el recurso de apelación como en
los memoriales allegados ante el TRIBUNAL antes de que se
profiriera la sentencia de segunda instancia, pero tales
planteamientos fueron desconocidos y omitidos en la decisión
adoptada.
Alegaron que la subsidiariedad no puede operar como barrera para
impedir la aplicación del precedente constitucional vigente, pues eso
desconoce el derecho de acceso efectivo a la administración de
justicia, el mandato de protección reforzada a las víctimas de
desaparición forzada y el principio pro damnato, que impiden
convertir la técnica procesal en un obstáculo para la justicia material,
por lo que, a su juicio: “[…] la subsidiariedad no puede ser utilizada
para congelar al actor en una tesis jurídica anterior a la Unificación
Constitucional, ni para impedirle actualizar su argumentación
conforme a la jurisprudencia vigente […]”.
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Finalmente, solicitaron que se revoque la decisión del a quo y, en su
lugar, se acceda al amparo deprecado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
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posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
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jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la parte actora pretende que se deje sin efecto
la providencia de 26 de mayo de 2025, proferida por el TRIBUNAL
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 2018-00355-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de
la Constitución, los cuales fundamentó, en síntesis, así:
i) Defecto fáctico, al omitir valorar las certificaciones
expedidas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
desaparecidas, que acreditaban la persistencia del daño por
cuanto el cuerpo del señor YEINS ALEXANDER CARDONA
MARÍN no ha sido hallado;
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ii) Defecto sustantivo, por inaplicación de la regla especial
de caducidad prevista en el inciso 2 del artículo 164.2 del
CPACA, según el cual el término para formular la pretensión de
reparación directa derivada el delito de desaparición forzada se
cuenta a partir de la fecha en que aparezca la víctima;
iii) Desconocimiento del precedente judicial, por
aplicación errada de la sentencia de 29 de enero de 2020
emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y omitir
los lineamientos fijados en la sentencia SU-168 de 2023
proferida por la Corte Constitucional, que dispone que el
cómputo de la caducidad de reparación directa en casos de
desaparición forzada se cuenta únicamente con el hallazgo de
la víctima;
iv) Violación directa de la Constitución Política, al
desconocer el principio pro damnato que exige aplicar las
normas procesales más favorables.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 23 de enero de
2026, declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia
por considerar que no se cumplió el requisito general de la
subsidiariedad, por cuanto en el recurso de apelación interpuesto por
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los actores contra la sentencia de primera instancia dentro del
proceso ordinario no se incluyeron los argumentos que ahora
plantean y sobre los cuales edifican los defectos alegados.
Inconforme con lo anterior, los actores impugnaron la decisión
proferida en primera instancia y aseguraron que, contrario a lo
considerado por el a quo, sí expusieron la tesis conforme a la cual,
tratándose de desaparición forzada como conducta de carácter
continuado, no podía iniciarse el cómputo del término de caducidad
mientras no apareciera la víctima, argumentos que fueron
desarrollados tanto en el recurso de apelación como en los
memoriales allegados antes de que se profiriera la sentencia de
segunda instancia dentro del citado medio de control.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que
debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en
primer lugar, se debe estudiar si se cumplen los presupuestos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos invocados.
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Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito establecido en el literal e que exige la
sentencia C-590 del 2005.
Al referirse al requisito establecido en el literal “e” de la sentencia C-
590, esto es que “el actor identifique de manera razonable los hechos
que generan la violación y que, en caso de haber sido posible, esta
circunstancia haya sido alegada al interior del proceso”5, la Corte
Constitucional en la citada sentencia, sostuvo lo siguiente:
“[…] La exigencia de identificar de manera razonable los hechos
que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, y haber
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que ello
hubiere sido posible, como requisito de procedibilidad de la
demanda de tutela contra providencias judiciales, es
comprensible en la medida en que “es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos”6.
5
Ver Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6
Así se precisa en el alcance de este requisito en la Sentencia C-590 de 2005 y se reitera, entre otras,
en las Sentencias SU-917 de 2010 y SU-131 de 2013.
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La demanda de tutela, al referirse a este requisito, se
limita a afirmar que se ha precisado e identificado los
hechos que vulneran el derecho fundamental7, pero
guarda silencio en cuanto a la circunstancia de haber
alegado en el proceso lo que ahora se cuestiona y sobre la
existencia o no de la posibilidad de haberlo hecho. “
Por lo tanto, es menester verificar tres aspectos relevantes
respecto de cada uno de los defectos planteados, a saber: (a) si
se identificó de manera razonable los hechos que generan la
vulneración, (b) si se alegó esta circunstancia en el proceso
seguido por la jurisdicción ordinaria y (c) si hubo o no la
posibilidad de alegarla […]”8 (Destacado fuera de texto).
Precisado lo anterior y una vez revisado el expediente contentivo del
medio de control de reparación directa identificado con el número de
radicación 2018-00355-01, objeto del presente estudio, se advierte
que los actores en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia argumentaron lo siguiente:
“[…] Manifiesto mi desacuerdo con las motivaciones del Juez A-
quo, porque equívocamente contabilizó los términos de caducidad
para iniciar el Medio de Control de Reparación Directa, a partir del
06 de noviembre de 2015, fecha de la Sentencia Penal emitida en
contra del señor LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Alias
"MANUEL TERECO", tercero en la Línea de Mando de la Columna
"Alirio Torres" de la Guerrilla de las Farc, dándole a la citada
decisión judicial un alcance trascendental que no tiene, porque,
teniendo en cuenta que en la referida Sentencia no se Condenó al
Subversivo "MANUEL TERECO" como Autor Material o Intelectual
del Delito de Desaparición Forzada en la persona de YEINS
ALEXANDER CARDONA MARÍN, sino a título de Cómplice, lo que
implica necesariamente concluir, que en la misma, no se condenó
7
Supra I. 1.3.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-770/14.Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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al Autor de los punibles citados, luego entonces, a dicha sentencia
no se le puede dar el alcance que "da fin al proceso penal como
equivocadamente lo hizo el Juez de instancia, puesto que, la
sentencia que pone fin al proceso penal, es aquella mediante la
cual se declare penalmente responsable en calidad de Autor o
Coautor a los verdaderos responsables de los crímenes
anteriormente citados.
Necesario es precisar, que los Delitos como el de Desaparición
Forzada. están catalogados como delitos de lesa humanidad, y por
lo tanto son imprescriptibles, lo que conlleva necesariamente a
determinar, incluso que pese a que existe una sentencia
penal en la que se Juzga a un miembro de la Guerrilla Farc,
esta sentencia, no pone fin al proceso penal, por no haberse
impartido a título de Autor, sino de Cómplice, luego
entonces, equivocadamente el A-quo realiza el conteo para
determinar la caducidad del Medio de Control de Reparación
Directa a partir de una sentencia que no tiene el alcance de
poner fin al proceso penal: si bien es cierto "MANUEL TERECO",
hace un recuento de todo lo que sabe y le consta sobre el particular,
también lo es que, con toda certeza afirma que no participó, ni tuvo
ningún conocimiento sobre la Muerte del señor YEINS CARDONA,
es por ello, que la sentencia penal impartida en su contra, fue a
título de Cómplice, lo que indica la existencia de unos Autores que
aún no han sido juzgados por la justicia penal y que a través de la
declaración de alias MANUEL TERECO, se puede concluir que son
varios los autores de estos crímenes de lesa humanidad, que a la
fecha siguen generando daños a la familia de YEINS ALEXANDER
CARDONA MARÍN, víctima de desaparición forzada.
(…)
Adicionalmente, en la citada Sentencia Penal, tampoco se declaró
la Muerte del señor YEINS ALEXANDER CARDONA MARÍN, situación
obvia dado que a través de este tipo de procesos penales, no se
declara la muerte de una persona, sin embargo, de lo que se revela
en el curso del proceso puede concluirse o establecerse a través de
los testimonios la muerte de alguien, como sucedió con el sargento
SOL RIVERA, pero que no sucedió lo mismo con el señor CARDONA
MARÍN: para efectos legales, y en el entendido de que a través de
un proceso penal que busca determinar la responsabilidad penal en
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los punibles investigados y no la muerte de una persona, la familia
del señor YEINS ALEXANDER, debió iniciar el proceso establecido
por la ley para tales fines, y acudió ante el Juez de Familia de Buga,
para que declarara judicialmente su Muerte, es decir, acudieron a
la jurisdicción de familia para declarar la muerte presunta de YEINS
ALEXANDER CARDONA MARÍN, de quien a la fecha, nunca se
entregaron sus restos, ni se tiene certeza de su muerte. razón por
la cual y una vez agotado el proceso de familia, el señor Juez 1°
Promiscuo de Familia de Buga mediante la Sentencia № 099
de fecha 05 de junio de 2017, declaró presuntamente
muerto al señor YEINS ALEXANDER CARDONA MARÍN, por
lo tanto, reitero que es a partir de esta fecha cuando es
declarada legalmente la Muerte del señor YEINS
ALEXANDER CARDONA MARÍN, que empiezan a
contabilizarse los términos de caducidad para iniciar el
Medio de Control de Reparación Directa, y no desde la fecha
de la Sentencia Penal contra una persona que no sabe nada
sobre la suerte del desaparecido, además, porque fue
condenado a título de Cómplice y no como Autor ya sea
Material o Intelectual de los Delitos de Homicidio y
Desaparición Forzada, como equívocamente lo interpretó el
señor Juez A-quo.
(…)
Teniendo como fundamento la versión de Alias "MANUEL TERECO",
se pueden establecer varias hipótesis, 1. Que solo fue asesinado el
señor Sargento SOL RIVERA y el señor CARDONA MARÍN continúa
secuestrado o siendo víctima de desaparición forzada; 2. Que
ambos sargentos fueron asesinados y solo se entregaron los restos
de SOL RIVERA y los de CARDONA MARÍN, pueden estar en una
fosa común; 3. Que los autores del delito de homicidio de uno, o
de ambos Sargentos, fueron VICENTE VISGUEZ Y CRISTIAN
PÉREZ, quienes se quedaron con ellos realizando el interrogatorio;
ante las anteriores y posibles hipótesis, hay duda frente a la muerte
o no del señor Sargento CARDONA MARÍN, lo que implica
necesariamente presumir su Muerte, y solamente puede
establecerse legalmente a través del fallo del Juez de
Familia, quien declaró muerto A YEINS ALEXANDER
CARDONA MARÍN, siendo entonces a partir de la Sentencia
N№ 099 de fecha 05 de junio de 2017, que debe iniciarse el
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conteo y no como erradamente lo hizo el Juez A-quo.
Lo anterior, en razón a que ante la ausencia de las causales
citadas en el literal i del numeral 2°. del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 que determinó expresamente, que el
inicio del plazo de dos (2) años para incoar la demanda de
reparación directa derivada del delito de desaparición
forzada tiene lugar, cuando ocurre uno cualquiera de estos
acaecimientos: 1) Que aparezca la víctima, o bien, ii) desde
la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso
penal, Salvo mejor criterio, ante la inexistencia de alguna de
las causales anteriormente citadas, la única posibilidad para
el conteo del término de caducidad de la Acción de
Reparación Directa es a partir de la determinación judicial
de la muerte presunta de YEINS ALEXANDER CARDONA
MARÍN, incluso, ni siquiera sería posible hablar de
caducidad a la fecha, toda vez, que no ha habido fallo penal
que ponga fin a la investigación por el punible de
desaparición forzada del señor CARDONA MARÍN, que reitero,
es un delito de lesa humanidad imprescriptible y que en cualquier
momento podría iniciarse en contra de las presuntos autores
materiales, de ser distintos a VICENTE VISGUEZ Y CRISTIAN
PÉREZ, quienes al parecer ya están muertas, y atendiendo el
derecho que le asiste a las víctimas de obtener la verdad, la justicia
y la reparación, mal podría pretenderse que las victimas deban
continuar en la larga espera del regreso de su familiar
desaparecido, o en que se le imponga la carga adicional, de Iniciar
un proceso penal contra los posibles responsables de los punibles
investigados, y esperar una sentencia que verdaderamente ponga
fin al proceso penal, para con ello, puedan hacer uso de su derecho
a la reparación del daño a través del Medio de Control de
Reparación Directa, cuando del proceso penal en contra de Alias
MANUEL TERECO, se pudo establecer que efectivamente por lo
menos el señor YEINS ALEXANDER CARDONA MARÍN, fue víctima
del delito de secuestro por parte de la Guerrilla de las Farc y como
consecuencia de información que filtró un Oficial de alto Rango del
Ejército Nacional adscrito al Batallón Palacé de Buga, y que ante la
ausencia de pruebas de supervivencia y la no aparición de la
víctima, se tiene que nos encontramos frente al punible de
desaparición forzada, hecho probado, y por lo tanto generador del
daño a sus familiares, luego entonces, estamos frente a un Medio
de Control de Reparación Directa, que fue presentado en tiempo,
es decir dentro de los dos años establecidos por la ley para ser
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incoado […]9” (Resaltado de la Sala).
De lo expuesto en precedencia, se observa que los reparos de la parte
actora se centraron en insistir que no era posible contar el término
de caducidad desde la ejecutoria de la sentencia penal de 6 de
noviembre de 2015, por cuanto la condena allí impuesta a alias
“MANUEL TERECO” no fue en calidad de autor sino de cómplice del
delito, razón por la que, en su sentir, no se podía entender que dicha
decisión tenía el alcance de poner fin al proceso penal. Por lo que,
además, sostuvieron, de forma reiterada que, al no configurarse
ninguna de las causales del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el
término para el conteo de dicho fenómeno debía realizarse a partir
de la sentencia del 5 de junio de 2017, mediante la cual el Juzgado
Primero de Familia de Buga declaró la muerte presunta del señor
CARDONA MARÍN.
Conforme con lo anterior, el TRIBUNAL resolvió los planteamientos
expuestos por la parte actora en el recurso de apelación, como se
observa a continuación:
“[…] 25. En consecuencia, y solamente para efectos de la
9
La Sala advierte que se limita a citar los argumentos que fundamentaron el recurso de apelación
debido a la extensión del documento, el cual puede ser consultado en el aplicativo SAMAI.
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responsabilidad estatal aquí demandada, la Sala considera que los
elementos estructuradores del concepto de lesa humanidad no se
encuentran demostrados, y por esa razón debe aplicarse el término
de caducidad del medio de control de reparación directa.
26. Descendiendo se tiene, que el demandante pretende su
contabilización desde la fecha en que quedó ejecutoriada la
sentencia que declaró la muerte presunta por
desaparecimiento del señor Yeins Alexander Cardona Marín
sólo fue declarada por el Juzgado 1º Promiscuo de Familia
de Buga mediante Sentencia No. 099 del, esto es, 05 de
junio de 2017.
27. No obstante, la Sala acompaña la decisión del A quo sobre el
particular, porque los demandantes conocieron de la sentencia
ejecutoriada de la desaparición forzada del señor Yeins Alexander
Cardona Marín el día 06 de noviembre de 2015, dicha sentencia
definió tanto la calidad de víctima de los demandantes como el
conocimiento de responsabilidad por omisión del Estado en el
hecho de su desaparición; al margen de que existieren otros
hechos que pudiesen ser investigados en cabeza de otras personas
implicadas en el ilícito. Lo cierto es que, para los demandantes
resulta patente desde dicha fecha que los perjuicios a ellos
irrogados lo fueron por acción de un grupo al margen de la ley y/o
por omisión del Estado, según la estructura de la demanda, por lo
que desde allí se debe contabilizar la caducidad del medio de
control de reparación directa y no haberlo hecho deviene prospera
la excepción de caducidad declarada.
28. Sin perjuicio de lo anterior, tener por válida la tesis de
la parte recurrente en el sentido de contabilizar el término
de caducidad una vez sean investigados todos los posibles
responsables de la desaparición o muerte del familiar de los
demandantes, daría lugar a condicionar el término de
caducidad a un hecho indeterminado e improbable, sujeto a
posibilidades o hipótesis que van más allá del hecho de que
los actores tuvieron conocimiento previo del perjuicio que
hoy reclaman.
29. Ahora bien, se destaca que frente a la caducidad cuando se
trata del delito de desaparición forzada no hubo cambio
aplicable al presente caso, pues su determinación sigue siendo
frente a dos eventos i) la fecha en que aparezca la víctima y
ii) desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, ello sin perjuicio de que la demanda pueda
intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos, quiere
ello decir que nada le impide al extremo activo interponer el medio
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de control o que exista cortapisa alguna que impida acceder a la
jurisdicción en aras de hacer valer su derecho y así lo dejó claro la
decisión que se revisa.
30. Así las cosas, el cómputo de la caducidad de la acción
debe iniciar desde la fecha en la que se profirió sentencia
penal por el punible de homicidio y desaparición forzada,
esto es, el 06 de noviembre de 2015, momento desde el cual
la parte actora estaba en condiciones de acudir a la
administración de justicia, sin que se hubiera acreditado
ninguna excepción para empezar el cómputo de la
caducidad desde otra fecha. Por manera que, el término para
demandar en ejercicio del medio de control de reparación directa
empezó a correr a partir del 07 de noviembre de 2015 y venció
el 07 de noviembre de 2017; a pesar de que la solicitud de
conciliación extrajudicial se radicó el 31 de julio de 2018 y la
demanda se radicó el 22 de octubre de 2018, es claro que ambas
se presentaron cuando el referido plazo legal ya se encontraba
ampliamente vencido.
31. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia bajo
estudio. […]” (Resaltado de la Sala).
Teniendo en cuenta lo citado en precedencia, se observa que los
actores dentro del proceso de reparación directa se limitaron a insistir
en que el término de caducidad no podía contabilizarse desde la
sentencia proferida dentro del proceso penal, sino desde la decisión
de 5 de junio de 2017 que declaró la muerte presunta por
desaparición del señor YEINS ALEXANDER CARDONA MARÍN, de
tal forma que el planteamiento de que la caducidad no podía
contabilizarse sino hasta el hallazgo de la víctima, no fue el
argumento central expuesto en el recurso de apelación y, por ende,
no fue objeto de análisis por el juez de conocimiento.
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Significa entonces que la presente solicitud de amparo no cumple con
el requisito general establecido en el literal “e” que exige la sentencia
C-590 del 2005, para la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, debido a que, se reitera, “[…] es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos […], razón por la que no es de recibo que los actores en
esta instancia constitucional pretendan variar la tesis jurídica que fue
sometida al conocimiento del juez natural, mediante el recurso de
apelación.
Así las cosas, no resulta de tal validez los argumentos expuestos por
la parte actora en el escrito de impugnación relativos a que sí
expusieron la tesis conforme a la cual, tratándose de desaparición
forzada como conducta de carácter continuado, no podía iniciarse el
cómputo del término de caducidad mientras no apareciera la víctima.
Lo anterior, en la medida en que si bien no se desconoce que eso fue
puesto de presente, lo cierto es que el argumento de apelación iba
dirigido a que, ante la inexistencia de las causales del numeral 2 del
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artículo 164 del CPACA, el cómputo de la caducidad se debía realizar
a partir de la sentencia que declaró la muerte presunta del señor
CARDONA MARÍN, mientras que en esta instancia fundamenta la
configuración de los presuntos defectos en que dicho conteo debe
realizarse desde la fecha en que aparezca la víctima.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que las inconformidades que
alega la parte actora en este trámite constitucional debieron ser
puestas de presente dentro del proceso ordinario, por lo que mal
podría el juez de tutela ordenar un amparo constitucional con el
propósito de que se emitan unas órdenes que evidentemente son
competencia del juez de conocimiento y debieron ser analizadas en
esa sede.
En las condiciones anotadas y teniendo en cuenta que en el presente
asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis
de la acción constitucional, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito establecido en el literal e de
la sentencia C-590 de 2005, razón por la que se confirmará la
decisión del a quo, que declaró improcedente la solicitud de amparo,
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pero por las razones expuestas en precedencia, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de abril de 2026.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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