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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07556-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07556-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda y el SENA. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud, «a la protección especial al adulto mayor», y en consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, que le dé prelación de turno para fallo al proceso con radicado 11001-33-35-023-2019-00247-01. Lo anterior, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-07556-00 Demandante: Gilberto Ayala Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” CUARTO: Si no fuere impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07556-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

29 de enero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07556-00
Demandante: Gilberto Ayala Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C. veintinueve (29) de enero dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07556-00
Demandante: GILBERTO AYALA PÉREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”

Tema: Tutela de fondo – Mora judicial – amparo ante un perjuicio
irremediable.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por el
señor Gilberto Ayala Pérez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”, en ejercicio de la acción de tutela consagrada
en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

El señor Gilberto Ayala Pérez, en nombre propio, radicó acción de tutela el 27 de
noviembre de 2025, por medio de la cual solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud, y «a la protección
especial al adulto mayor».

Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con ocasión, a que a la
fecha de radicación de esta tutela, el tribunal demandado no ha resuelto el recurso
de apelación que presentó el Servicio Nacional de Aprendizaje, en adelante SENA,
contra la sentencia de 28 de julio de 2020, en la que el Juzgado 23 Administrativo
de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda accedió a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado número 11001-33-35-023-2019-00247-011.

En consecuencia, el tutelante mencionó que en reiteradas oportunidades ha
radicado solicitudes de impulso procesal, pero adujo que «no se ha dado una
respuesta satisfactoria, ni se ha emitido fallo».

1
Promovido por el actor contra el SENA.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07556-00
Demandante: Gilberto Ayala Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones
injustificadas, acceso a la justicia, igualdad, vida digna, mínimo vital y dignidad
humana.

2. Ordenar al DESPACHO 000-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA MIXTA – ORAL- BOGOTÁ que, dentro de un término perentorio no
mayor a diez (10) días, profiera decisión de segunda instancia dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho referido.

3. Disponer medidas de seguimiento, si el juez lo considera pertinente, para que se
garantice el cumplimiento de la orden.

4. Ordenar a la autoridad accionada que me infirme de manera inmediata la fecha
en que será decidido el recurso de apelación2.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1.3.1. El señor Gilberto Ayala Pérez manifestó que promovió medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el SENA, el cual se identificó con el
radicado número 11001-33-35-023-2019-00247-01.

1.3.2. El tutelante adujo que la primera instancia del proceso ordinario lo conoció el
Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda, que
en fallo de 28 de julio de 2020 accedió a las pretensiones de la demanda.

En ese sentido, declaró la nulidad del Oficio 11-2-2019-032223 de 30 de abril de
2019 por medio del cual la entidad demandada le negó al actor los derechos y
acreencias laborales solicitados derivados de una relación laboral.

En consecuencia, y como restablecimiento del derecho, el juzgado condenó al
SENA a reconocer y pagar al señor Ayala Pérez «prestaciones sociales de forma
indexada y demás emolumentos […] durante el periodo en el cual se demostró la
existencia de la relación laboral».

1.3.3. De modo que, el SENA interpuso recurso de apelación contra la decisión del
a quo, el cual le correspondió conocer al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B” – magistrado ponente: José Rodrigo Romero
Romero3.

2
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
3
El tribunal recibió el expediente el 2 de octubre de 2020 y el 9 de diciembre de 2021 el Despacho
que tiene a su cargo el proceso ordinario admitió el recurso de apelación.
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07556-00
Demandante: Gilberto Ayala Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”

1.3.4. Indicó el actor, que a la fecha de radicación de esta acción de tutela han
transcurrido «más de cinco años» y el tribunal demandado no ha proferido la
decisión de segunda instancia, manteniendo una absoluta inactividad del
expediente.

1.3.5. Adujo que en reiteradas ocasiones, su apoderado del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho ha radicado solicitudes de impulso procesal
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“B”, pero no ha obtenido una respuesta satisfactoria, ni se ha proferido el fallo
correspondiente.

1.4. Fundamento de la solicitud
El señor Gilberto Ayala Pérez manifestó que tiene 83 años de edad y que tiene
severos padecimientos de salud, dentro de los que se encuentran «AIREPOC, AIT
ABC 3 PUNTOS, CARDIOMIOPATÍA ISQUÉMICA, EPOC GOLD 2 E FEV 1 POST
59% MMRC ¾, ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO,
HIPOTIROIDISMO, DISFAGIA».

Asimismo, aseguró que la mora judicial injustificada en la que ha incurrido el tribunal
enjuiciado le está afectando de manera directa sus derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital, a la salud, y «a la protección especial al adulto
mayor».

También indicó que en reiteradas oportunidades ha radicado solicitudes de impulso
procesal, pero que la judicatura demandada no ha dado una respuesta satisfactoria,
ni se ha emitido fallo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente de esta sentencia, mediante auto de 1. ° de diciembre de
2025, admitió la tutela, ordenó notificar a la parte actora, así como al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” como parte
accionada.

Adicionalmente, ordenó vincular como terceros con interés al Juzgado 23
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda
[autoridad que conoció la primera instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 11001-33-35-023-
2019-00247-01] y al SENA [como autoridad accionada en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 11001-
33-35-023-2019-00247-01], para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en
el presente trámite tutelar.

También ordenó a la oficina de sistemas de la Corporación, realizar la publicación
de la información relativa al proceso de la referencia en la página web del Consejo
de Estado.

3

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07556-00
Demandante: Gilberto Ayala Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá - Sección
Segunda

Por medio de informe de 5 de diciembre de 2025, la juez intervino en el presente
trámite y manifestó que esta acción de tutela no tiene vocación de prosperidad, con
fundamento en que carece de argumentos y fundamentos fácticos.

En ese orden de ideas solicitó su desvinculación de la presente tutela, dado que las
pretensiones del señor Gilberto Ayala Pérez van dirigidas exclusivamente contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”.

1.6.2. El SENA

El director (E) de la Regional Distrito Capital adujo que la entidad carece de
legitimación en la causa por pasiva, por ende, solicitó que se le desvinculara de este
trámite procesal, y que por consiguiente se le exima de toda responsabilidad que
por acción u omisión se le pretenda atribuir.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Gilberto Ayala Pérez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8. ° del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021.

2.2. Cuestión previa

El Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda y el
SENA solicitaron que se les desvincule de este trámite constitucional, dado que, a
su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

Pues bien, lo solicitado por la mencionada entidad se negará porque se vinculó a la
presente tutela como terceros interesados, debido a que les puede asistir interés en
las resultas del proceso.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” transgredió los derechos

4

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07556-00
Demandante: Gilberto Ayala Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”

fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud, y «a la protección
especial al adulto mayor» del señor Gilberto Ayala Pérez.

Lo anterior, con fundamento en que, a la fecha de radicación de esta acción de
tutela, la judicatura demandada no había proferido sentencia de segunda instancia
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado número 11001-33-35-023-2019-00247-01, a pesar de que ha
radicado impulsos procesales.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela; (ii) de la mora judicial, y (iii) el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones
u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial
ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos
para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se
habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los
instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos procesales
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede decidir
sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta acción constitucional se
use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el
constituyente.

2.5. De la mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial se
encuentra justificado en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una
actuación tiene lugar debido a la complejidad particular del asunto o a la existencia
de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios
judiciales4.

Por su parte, el Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, existe una vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, en aquellos casos en los que dicho retardo se deba a la falta de diligencia
y la omisión sistemática en el cumplimiento de los deberes de tales servidores

4
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-1019 del 06.11.10., M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
5

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07556-00
Demandante: Gilberto Ayala Pérez
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públicos5.

De igual forma, dicha Corte ha considerado que «atendiendo la realidad del país,
en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales» 6.

A su vez, frente al particular, la Corte Constitucional afirmó que:

(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones. (Negrita y subrayado fuera del texto)

Adicionalmente, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial 7, según la cual solo se
predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez.

De acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de las partes en un proceso.

En este sentido, esta Corporación ha señalado que, en caso de comprobarse una
dilación injustificada del proceso, la acción de tutela resulta procedente con el fin de
amparar los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia 8.

Al respecto, se ha precisado que:

5
Ibidem.
6
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-230 del 18.04.13., M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
7
Al respecto, consultar: Sentencia del 31.10.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 54001-23-33-
0002018-00276-01; Sentencia del 14.11.19., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04391-00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-03562-
00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-23-33-000-2020-00925-
01; Sentencia del 17.09.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-02484-01;
Sentencia del 24.09.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
03578-00; Sentencia del 08.10.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-
000-2020-03907-00; Sentencia del 15.10.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-
15-000-2020-04098-00; Sentencia del 05.11.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-
15-000-2020-04370-00 y Sentencia del 26.11.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2020-04518-00.
8
Al respecto ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de
enero de 2003 con Radicación N° 2002-1267-01(AC-309). M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
6

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07556-00
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Sección Segunda, Subsección “B”

la mora judicial o administrativa que configura vulneración del derecho fundamental
al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii)
que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra: análisis sobre la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y el análisis global de procedimiento y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable en la demora.9

2.6. Caso concreto

A juicio del señor Gilberto Ayala Pérez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B” transgredió sus derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital, a la salud, y «a la protección especial al adulto
mayor», dado que, a la fecha de radicación de esta tutela, no ha resuelto el recurso
de apelación que presentó el SENA contra la sentencia de 28 de julio de 2020, en
la que el Juzgado 23 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá –
Sección Segunda accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 11001-33-35-023-
2019-00247-01.

Asimismo, el actor expuso que en reiteradas oportunidades ha radicado solicitudes
de impulso procesal, pero adujo que «no se ha dado una respuesta satisfactoria, ni
se ha emitido fallo».

Pues bien, de la revisión del expediente digital, esta Sección evidencia que una vez
el Juzgado 23 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección
Segunda notificó la sentencia de primera instancia del proceso ordinario, el SENA
interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, el 9 de diciembre de 2021,
tal y como se evidencia a continuación:

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, sentencia del 26 de
enero de 2012. M.P. Susana Buitrago Valencia, Radicado No. 5001-23-31-000-2011-00480-01.
7

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Demandante: Gilberto Ayala Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”

Asimismo, de los anexos del expediente digital que reposa en el aplicativo Samai,
esta Sala de Decisión evidenció que con ocasión de la tardanza en la que ha
incurrido el tribunal accionado en pronunciarse respecto del recurso presentado por
el SENA, el apoderado judicial del tutelante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ha radicado memoriales en los que solicitó el impulso
procesal de dicha actuación, a saber:

La Sala considera que en el presente asunto ha existido una dilación injustificada
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado número 11001-33-35-023-2019-00247-01, en particular respecto de la
expedición de la sentencia de segunda instancia, y más poniendo de presente que
la judicatura accionada admitió el recurso de apelación el 9 de diciembre de 2021,
es decir, hace más de cuatro (4) años.

A su vez, en este punto es importante precisar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” no rindió informe alguno en el
que sustentara los motivos de su defensa, por lo que es procedente aplicar la
presunción de veracidad dispuesta por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que
dispone:

8

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Sección Segunda, Subsección “B”

Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos
los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa.

En efecto, la Corte Constitucional ha establecido que esta figura tiene como fines
sancionar el desinterés o la negligencia de las entidades demandadas ante la
presentación de una acción de tutela en la que se alega la vulneración de derechos
fundamentales y obtener la eficacia de las garantías constitucionales
comprometidas, en observancia de los principios de inmediatez, celeridad y buena
fe.

Por tanto, ante el incumplimiento del deber que le asistía al tribunal accionado de
rendir el respectivo informe en el presente trámite constitucional y dada la gravedad
de la condición de salud y avanzada edad del señor Gilberto Ayala Pérez es
necesario dar por ciertos los hechos expuestos en relación con la dilación
injustificada en el trámite de la segunda instancia del proceso ordinario.

Aunado a lo anterior, este juez constitucional considera que es urgente formular un
amparo de los derechos fundamentales del señor Gilberto Ayala Pérez, atendiendo
a la condición de su avanzada edad -83 años- y de los graves quebrantos de salud
que padece: «AIREPOC, AIT ABC 3 PUNTOS, CARDIOMIOPATÍA ISQUÉMICA,
EPOC GOLD 2 E FEV 1 POST 59% MMRC ¾, ENFERMEDAD DEL REFLUJO
GASTROESOFÁGICO, HIPOTIROIDISMO, DISFAGIA», en la situación particular
se configura un perjuicio irremediable para un sujeto de especial protección
constitucional que requiere la intervención del juez de tutela con el fin de
salvaguardar las garantías constitucionales del actor.

En efecto, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en los
casos de mora judicial, el juez de tutela podrá amparar los derechos fundamentales
comprometidos cuando se está en presencia de un sujeto de especial protección
constitucional y en aquellas situaciones en las que se está ante una posible
materialización de un daño cuyo perjuicio sea irremediable e imposible de ser
subsanado. En estos casos, el juez constitucional podrá ordenar la alteración del
orden de turnos para que se profiera el fallo o se surta la actuación judicial que en
derecho corresponda.

A su vez, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial en
desarrollo de la tesis de la vida probable que tiene lugar cuando una persona
sobrepasa el promedio de la expectativa de vida y que, por su avanzada edad, su
existencia se habría extinguido para la fecha en que se adopte una decisión
definitiva en un proceso judicial ordinario.

En tal sentido, señala el alto tribunal que la vida probable es un factor determinante
«cuando se trata de tomar una pronta decisión, en relación con una prestación como
la pensión de sobrevivientes», la cual está ligada a la vida que les resta a las
personas de la tercera edad «que deben recibirla prontamente antes de que su
existencia se agote», mientras espera que los jueces decidan el asunto en concreto
cuando el interesado pueda haber fallecido.

9

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07556-00
Demandante: Gilberto Ayala Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”

En este orden de ideas, la sala considera que en el asunto en concreto se cumple
con los requisitos para que se ordene una prelación en relación con el sistema de
turnos y se surta la actuación judicial que en derecho haya lugar. Lo anterior, puesto
que el señor Ayala Pérez es un sujeto de especial protección constitucional, al ser
una persona de la tercera edad que ha superado con creces la expectativa de vida
de un colombiano promedio, al tener actualmente 83 años. A su vez, esta condición
especial se predica de su estado de salud pues, de conformidad con la historia
clínica aportada en los anexos del escrito de tutela, es una persona que padece de
«AIREPOC, AIT ABC 3 PUNTOS, CARDIOMIOPATÍA ISQUÉMICA, EPOC GOLD
2 E FEV 1 POST 59% MMRC ¾, ENFERMEDAD DEL REFLUJO
GASTROESOFÁGICO, HIPOTIROIDISMO, DISFAGIA» y que además ha estado
hospitalizado en reiteradas oportunidades.

Por su parte, la Sección observa que se está ante la posible materialización de un
perjuicio irremediable, cierto y directo frente a las garantías a la seguridad social, al
mínimo vital, a la salud, y «a la protección especial al adulto mayor», por tanto, y en
virtud de lo expuesto, se ampararán los derechos fundamentales del actor, ello, ante
la configuración de una mora judicial injustificada, dado el silencio de la parte
demandada y debido al grave estado de salud y la avanzada edad del señor Gilberto
Ayala Pérez con el fin de evitar que la resolución de su controversia jurídica ordinaria
se resuelva cuando la vida de la persona se haya extinguido.

En virtud de ello, se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “B” que conforme las particularidades del caso expuestas en
esta providencia, le dé prelación de turno para fallo al proceso ordinario con
radicado 11001-33-35-023-2019-00247-01 en el que funge como demandante el
señor Gilberto Ayala Pérez. Lo anterior, dentro de los quince (15) días siguientes a
la notificación de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Juzgado 23
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda y el SENA.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital, a la salud, «a la protección especial al adulto mayor», y en
consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “B”, que le dé prelación de turno para fallo al proceso con
radicado 11001-33-35-023-2019-00247-01. Lo anterior, dentro de los quince (15)
días siguientes a la notificación de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07556-00
Demandante: Gilberto Ayala Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”

CUARTO: Si no fuere impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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