Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07557-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07557-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07557-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
7 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del
30 de enero de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la demanda de tutela
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona la sentencia del 8 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante la cual se confirmó la sentencia del 12 de octubre de 2023 del Juzgado
Cuarenta y Ocho Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que le negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su calidad de hijo inválido, con
ocasión del fallecimiento de su señora madre. También cuestiona que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en
adelante, UGPP) no le ha reconocido la pensión de sobrevivientes. Se confirma la
decisión de primera instancia que declaró improcedente la demanda de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 27 de noviembre de 2025, el señor José Ignacio García Valencia, presentó
demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y la UGPP, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a
la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital, a una vida digna y a la
seguridad social, con ocasión de la sentencia del 8 de octubre de 2025, mediante la
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Pensión de sobrevivientes / Nulidad y restablecimiento
del derecho / Confirma / Improcedencia / Relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
cual el Tribunal accionado confirmó el fallo de primera instancia del 12 de octubre
de 2023 del Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo Oral del Circuito de Bogotá,
que negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de
hijo inválido, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
11001-33-42-048-2018-00459-00/01. Subsidiariamente, solicitó que se ordene a la
UGPP el reconocimiento y pago de dicha prestación, junto con el retroactivo
pensional causado desde el fallecimiento de la causante.
2. El accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):
“(…) 1. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, DEFENSA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA
IGUALDAD ANTE LA LEY Y AUTORIDADES, MÍNIMO VITAL, A LA SEGURIDAD
SOCIAL, A LA SALUD, A UNA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, que me están
siendo vulnerados por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C – M.P. DR.
SAMUEL JOSÉ RAMÍREZ POVEDA.
2. Que, como resultado de lo anterior, SE DEJE SIN EFECTOS la decisión
proferida el día 8 de octubre de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C. M.P. DR. SAMUEL
JOSÉ RAMÍREZ POVEDA Y, EN SU LUGAR, se realice un estudio juicioso y
detallado de la prueba testimonial y la documental, así como de la declaración
de parte, teniéndose en cuenta para su análisis la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-066-2016 que declaró
inexequible la expresión "esto es, que no tienen ingresos adicionales" del
literal C del art. 13 de la Ley 797 de 2003-, y en consecuencia se restablezcan sus
derechos fundamentales, ordenando al accionado a proferir fallo de segunda
instancia realizando una CORRECTA Y DEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA de
la prueba testimonial allegada al despacho, considerando que probó ampliamente
acreditar los requisitos de la pensión de sobrevivientes según la Ley 100 de 1993
modificada por la Ley 797 de 2003, y la jurisprudencia de la CORTE
CONSTITUCIONAL, accediendo de esta manera a su favor a las pretensiones de la
demanda.
3. Subsidiariamente, se ORDENE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP que dentro del término de las 48 horas siguientes
a la notificación del fallo de tutela, proceda a RECONOCER Y PAGAR LA PENSIÓN
DE SOBREVIVIENTES en calidad de hijo legítimo y en condición de discapacidad
al suscrito accionante, por acreditar debidamente los requisitos del art. 13 de la Ley
797 de 2003 y demás exigidos por la Ley 100 de 1993, a partir del fallecimiento de
su señora madre MARÍA MERY VALENCIA DE GARCÍA (Q.E.P.D), junto con el
retroactivo pensional causado (…)” (Negrilla, mayúscula y subrayado del texto
original).
B. Hechos
3. El señor José Ignacio García Valencia, actualmente de 65 años, es hijo legítimo
de la señora Mery Valencia de García, quien falleció el 25 de mayo de 2016.
4. La causante estuvo pensionada por vejez por la Caja Nacional de Previsión Social,
hoy UGPP, reconocida mediante Resolución núm. 003075 del 19 de marzo de 1996,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
en cuantía mensual de ciento siete mil trescientos diez pesos ($107.310), con
efectos a partir del 1° de agosto de 1994
5. El actor padece catarata congénita y visión subnormal en ambos ojos. Por dicha
condición, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda le determinó,
mediante dictamen del 21 de noviembre de 2016, una pérdida de capacidad laboral
del 59.20% de origen común, con fecha de estructuración del 8 de octubre de 1998.
6. Con fundamento en lo anterior, solicitó ante la UGPP la sustitución pensional de
sobrevivientes en condición de hijo discapacitado. La entidad negó la solicitud
mediante Resolución RDP núm. 014876 del 10 de abril de 2017, al considerar que
no se demostró la dependencia económica total respecto de la causante y que el
actor percibía, desde los 40 años, una pensión de invalidez de origen común.
7. Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, mediante el cual solicitó su
revocatoria integral y el reconocimiento y pago de la prestación con el
correspondiente retroactivo; la UGPP confirmó la negativa, con fundamento
adicional en que el estado civil casado del actor daría lugar a la figura de la
emancipación, la cual, a su juicio, desvirtuaba la dependencia económica alegada.
8. El 2 de noviembre de 2018, el accionante presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el
fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron la prestación y,
en su lugar, el reconocimiento y pago de esta.
9. Mediante sentencia del 12 de octubre de 2023, el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se acreditó que la falta del ingreso de la causante comprometiera
sustancialmente las condiciones de vida digna del accionante, ni que este careciera
de autonomía para sufragar sus propios gastos, dado que percibe una pensión de
invalidez equivalente a un salario mínimo. En consecuencia, declaró probadas las
excepciones de mérito propuestas por la UGPP.
10. El 24 de octubre de 2023, el accionante interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión, en el que alegó la indebida valoración de la prueba testimonial,
consistente en cinco declaraciones no tachadas por la UGPP, que a su juicio
acreditaban la ayuda económica que en vida le prestaba su madre para
medicamentos, tratamientos médicos, alimentación y vivienda.
11. En sentencia del 8 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, confirmó la decisión de primera
instancia, con fundamento en que no obraban en el plenario elementos de juicio
suficientes para acreditar la dependencia económica del demandante respecto de
su señora madre, pues, si bien dicha dependencia no exige una subordinación total
y absoluta, tampoco se demostró que la falta de su ayuda financiera generara una
dificultad relevante para satisfacer sus necesidades básicas. En consecuencia,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
concluyó que la presunción de legalidad del acto administrativo demandado no fue
desvirtuada.
C. Fundamentos de la vulneración
12. El accionante sostuvo que la sentencia del 8 de octubre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la
administración de justicia, a la igualdad ante la ley, al mínimo vital, a la seguridad
social y a una vida en condiciones dignas, e incurrió en las siguientes
irregularidades:
12.1. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues el Tribunal no valoró
en su integridad el acervo probatorio, particularmente los testimonios rendidos en
primera instancia por María Doris Aguirre Valencia, María Celina Cardona de Mejía,
Blanca Nubia Ospina Redondo, Lucero Osorio Tamayo y Luz Mary Ospina
Arredondo, así como la declaración de parte del accionante, medios de convicción
que acreditaban la dependencia económica respecto de su madre y que, al no haber
sido tachados por la UGPP dentro del proceso ordinario, no podían ser
desestimados bajo el argumento de falta de prueba adicional.
12.2. Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional en sentencia de
constitucionalidad, toda vez que el Tribunal exigió una dependencia económica
absoluta y total, en contravía de la sentencia C-066 de 2016, que declaró
inexequible la expresión "esto es, que no tienen ingresos adicionales" del literal c)
del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y conforme a la cual el hijo en condición de
invalidez puede percibir otros ingresos, propios de su trabajo o de otra prestación,
sin que ello desvirtúe la dependencia económica frente al causante.
12.3. Violación directa de la Constitución, en tanto el Tribunal resolvió el asunto sin
dar aplicación al principio de favorabilidad en materia laboral y de seguridad social
consagrado en el artículo 53 constitucional, dejando de lado la interpretación y
valoración de la prueba testimonial en el sentido más beneficioso para el accionante,
y sin decretar de oficio las pruebas adicionales que la propia providencia sugería
necesarias ante las dudas planteadas sobre la dependencia económica alegada,
con lo cual sacrificó la garantía sustancial del derecho pensional en favor de un
formalismo probatorio ajeno al mandato constitucional.
13. Frente a la UGPP, el accionante cuestionó las actuaciones surtidas dentro del
trámite administrativo previo, en tanto la entidad negó el reconocimiento de la
sustitución pensional con fundamento en requisitos no previstos en la ley, en
particular la figura de la "emancipación voluntaria" derivada de su estado civil de
casado y la exigencia de una dependencia económica absoluta, criterios contenidos
en las resoluciones RDP 014876 del 10 de abril de 2017, RDP 013416 del 17 de
abril de 2018 y RDP 023848 del 22 de junio de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
D. Trámite procesal
14. Mediante auto del 1 de diciembre de 2025 2 , el despacho ponente 3 de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C y a la UGPP, y vincular como tercero con interés, al
Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.
E. Oposiciones e intervenciones
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C 4
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por cuanto la sentencia del
8 de octubre de 2025 se profirió con sujeción al debido proceso y con suficiente
motivación, tras concluir que no se acreditó la dependencia económica del
accionante frente a la causante, en la medida en que los testimonios sobre el apoyo
recibido provenían de referencias del propio demandante y no del conocimiento
directo de los declarantes, y no obraba prueba documental que respaldara los
tratamientos, medicamentos o gastos médicos alegados, ni el deterioro de salud
atribuido a su fallecimiento. Añadió que dicha valoración probatoria correspondió al
ejercicio autónomo de la función judicial, sin que se configurara causal específica
alguna de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
16. La UGPP5 solicitó su desvinculación del trámite constitucional al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, pues las pretensiones de la tutela
recaen exclusivamente sobre la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, sin que exista nexo causal entre
su actuación y la vulneración alegada, dado que sus funciones se circunscriben al
reconocimiento de derechos pensionales dentro del ámbito de su competencia legal.
17. El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá D.C 6 no rindió
el informe requerido y se limitó a remitir el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
F. Decisión impugnada
18. Mediante sentencia del 30 de enero de 20267, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la demanda de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones:
18.1. Los cuestionamientos del accionante no trascienden de una inconformidad con
la valoración probatoria y la interpretación normativa efectuadas por la autoridad
2 Índice 4 de Samai del expediente de primera instancia.
3 Magistrado Ponente: Dra. Adriana Polidura Castillo.
4 Índice 9 de Samai del expediente de primera instancia.
5 Índice 10 de Samai del expediente de primera instancia.
6 Índice 8 de Samai del expediente de primera instancia.
7 Índice 13 de Samai del expediente de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
accionada, aspectos propios de su autonomía judicial. La providencia censurada
examinó razonadamente los testimonios, el interrogatorio de parte y la prueba
documental, y concluyó motivadamente que no se acreditó la dependencia
económica del accionante respecto de la causante, sin arbitrariedad ni falta de
sustento probatorio o normativo.
18.2. Frente al cargo por desconocimiento del precedente fundado en la sentencia C-
066 de 2016, la Sala precisó que el accionante se limitó a citar dicha providencia sin
desarrollar un análisis comparativo que evidenciara la identidad fáctica y jurídica
entre ambos casos ni la existencia de una regla de unificación desconocida, lo que
impide el estudio de fondo del cargo.
18.3. Respecto de la pretensión subsidiaria del accionante, dirigida a que se le
ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, se advirtió que
se trataba de un asunto económico ajeno a la órbita constitucional de la tutela y que
dicha pretensión ya había sido resuelta en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.
19. En ese sentido, resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por José
Ignacio García Valencia contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por no superar el
requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia (…)”.
G. Impugnación
20. En escrito radicado el 17 de marzo de 20268, la parte accionante impugnó la
sentencia del 30 de enero de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con fundamento en que:
20.1. El fallo incurrió en una errónea valoración de la relevancia constitucional, pues
el asunto involucra a un sujeto de especial protección constitucional, adulto mayor
con discapacidad visual del 59.20%, y no se limita a una controversia económica,
sino al acceso a una prestación necesaria para garantizar su vida digna.
20.2. El Tribunal incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al
desconocer los testimonios de María Doris Aguirre, Lucero Osorio y Luz Mary
Ospina, no tachados por la demandada, que confirmaron la ayuda de su madre en
medicamentos, alimentación y vivienda.
20.3. Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes son compatibles, y su mínimo
vital se redujo drásticamente tras el fallecimiento de su madre, al asumir el
8 Índice 17 de Samai del expediente de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
arrendamiento y abandonar el tratamiento particular de ciento veintisiete mil pesos
($127.000) mensuales que ella cubría.
20.4. El Tribunal desconoció el precedente de la sentencia C-066 de 2016, que
declaró inexequible la exigencia de ausencia total de ingresos adicionales para
acceder a la pensión de sobrevivientes como hijo inválido. Con base en ello, alegó
también violación directa del artículo 53 de la Constitución Política, por
desconocimiento del principio de favorabilidad en materia de seguridad social.
20.5. El Tribunal aplicó indebidamente la figura de la "emancipación" derivada de su
estado civil para desvirtuar la dependencia económica, pese a que, conforme a la
sentencia T-577 de 2010, el matrimonio no extingue la obligación de socorro de los
padres hacia los hijos con discapacidad que dependen económicamente de ellos.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por la señora José Ignacio García
Valencia contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y la UGPP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el
Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
I. Sentido de la decisión
22. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional, pues los argumentos del
impugnante se limitan a reiterar su inconformidad con la valoración probatoria y la
interpretación normativa efectuadas por la autoridad accionada, sin evidenciar una
actuación arbitraria o carente de sustento que justifique la intervención del juez
constitucional.
23. En igual sentido, se advierte que la pretensión subsidiaria dirigida contra la UGPP
tampoco resulta procedente por esta vía, al tratarse de una pretensión de contenido
económico que ya fue resuelta en el proceso ordinario. Por lo anterior, y por razones
metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás
requisitos generales de procedencia9.
9 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
J. El requisito de relevancia constitucional
24. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra
providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger
los derechos fundamentales10. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección de la decisión cuestionada11, con el fin de impedir “que el mecanismo
de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley
que dieron origen a la controversia judicial”.
25. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra
providencia judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir
el debate del proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte
Constitucional estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente
relevancia constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez
constitucional se involucre en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones12.
26. En la sentencia SU-215 de 202213, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser
trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política
o para la determinación del alcance de un derecho fundamental;
ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela
como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente
legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales;
iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la
sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y el examen de la acción
de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales.
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate
de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
11 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017,
M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas
Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
27. Para la Corte Constitucional14, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
28. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el
sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional”15.
K. La falta de relevancia constitucional en el caso concreto
29. La demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
pues la controversia planteada se reduce a la inconformidad del accionante con la
valoración probatoria que hizo la autoridad judicial accionada, en relación con la
prueba testimonial recaudada en el proceso ordinario, sin que de los argumentos
expuestos se derive una verdadera afectación de derechos fundamentales
susceptible de control por vía de tutela.
30. Del examen del expediente se advierte que, mediante sentencia del 12 de
octubre de 2023, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá negó las pretensiones de la demanda, por no encontrar acreditada la
dependencia económica del demandante respecto de su progenitora, requisito
exigido por el literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la
sustitución pensional en calidad de hijo en condición de invalidez.
31. Si bien tuvo por demostrados el parentesco y el estado de invalidez del
accionante, el a quo advirtió que no se acreditó la dependencia económica, pues
los testimonios, aunque coincidentes en la colaboración de la causante con gastos
médicos, carecían de soporte documental y presentaban inconsistencias entre sí;
adicionalmente, el demandante cuenta con ingreso fijo por pensión de invalidez
desde 1998, sin que se demostrara su insuficiencia para sufragar una vida digna
ni que la falta del aporte materno hubiera comprometido sustancialmente sus
condiciones de subsistencia.
32. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación interpuesto por el
accionante, quien sostuvo que el juzgado se equivocó al negar las súplicas de la
demanda, pues la dependencia económica del hijo inválido no debe ser total y
14 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
15 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
absoluta, sino que basta acreditar el apoyo subordinante o determinante del
causante para garantizar su vida digna, circunstancia que a su juicio quedó
probada con los testimonios recaudados; para lo cual invocó las sentencias C-111
de 2006 y T-577 de 2010, y solicitó revocar la sentencia de primera instancia y
acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, precisó que:
“(…) Descendiendo al caso en concreto se advierte que incluso desde el año 2006,
la dependencia económica que debe acreditar un hijo discapacitado para poder
acceder a la pensión de sobreviviente por la muerte de su padre cotizante o
pensionado, no debe ser total y absoluta, como lo contemplaba inicialmente el literal
1) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993; es suficiente con que se pruebe que dicha
dependencia existía, es decir, no se exige que el hijo quede en condición de
mendicidad, solo se trata de demostrar que con la muerte del padre se afectó la vida
en condiciones dignas del hijo sobreviviente en condición de discapacidad, pues la
razón de ser de dicha pensión es garantizar a los hijos (o beneficiarios) las
condiciones básicas que ofrecía el extinto afiliado o pensionado (padre).
En Sentencia C- 111 del 2006, caso que se aplica analógicamente al presente
asunto por lo que se dispuso lo siguiente:
Es claro que la norma demandada vulnera el citado principio y deber de
solidaridad, al exigir como requisito indispensable para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de la sobreviviente, la dependencia
económica total y absoluta de los padres frente a los hijos, pues a través
de dicho requerimiento se aparta de los criterios de necesidad y de
salvaguarda al mínimo existencial como condiciones reales que sirven de
fundamento para legitimar el cobro de la mencionada prestación.
(…)
Ahora bien, mirando el tema traído a consideración es claro que la norma exige,
cuando se va a otorgar pensión de sobrevivencia a los hijos inválidos, padres o
hermanos en esta misma condición, que demuestren la dependencia económica del
causante, esta no necesariamente debe ser total y absoluta. Basta con demostrar el
apoyo subordinante o determinante, esto es, que los aportes que realizaba el
causante eran significativos para garantizar el decoro y la vida digna del beneficiario,
situación que en el presente asunto quedo más que probada con los dichos de los
testigos los señores traídos a juicio María Doris Aguirre Valencia, María Celina
Cardona de Mejía, Lucero Osorio Tamayo, Luz Mary Ospina Arredondo, máxime
cuando los cuales fueron claros, responsivos y coincidentes en afirmar que la madre
del demandante les colaboraba con tratamientos, medicamentos y manutención
alimentaria e incluso convivían bajo el mismo techo y que la casa era de la causante.
(…)
Pues en el presente asunto el aquo olvida que la dependencia económica se
observa a pesar de que existan asignaciones mensuales o ingresos ocasionales, o
cualquier otra prestación a favor del peticionario supérstite, siempre que éstas
resulten insuficientes para lograr su auto sostenimiento, caso que nos ocupa, de ahí
que si el sujeto beneficiario logra demostrar que los ingresos ocasionales o
mensuales con los que cuenta no son suficientes para mantener un mínimo de
existencia que le permita subsistir de forma digna, y que estaba sometido al auxilio
recibido de parte del causante, procede el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de los descendientes discapacitados o ascendientes.
(…)
De otro lado, respecto al hecho de que el señor JOSÉ IGNACIO GARCÍA VALENCIA
se encuentre casado actualmente, y que en virtud de ello nace a la vida jurídica la
figura de la emancipación, y como consecuencia de esa figura, cesa la obligación
de alimentos y ayuda respecto de los padres con sus hijos, y que por ello, el
beneficiario no es acreedor de la sustitución pensional toda vez que queda
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
desvirtuada la dependencia económica, la Corte constitucional en sentencia T-577
del 2010, ha manifestado lo siguiente:”
“DEPENDENCIA ECONOMICA DE HIJO INVALIDO Y EMANCIPACION LEGAL
PARA RECLAMAR SUSTITUCION PENSIONAL-Estudio constitucional
En primer lugar, no existe norma en el ordenamiento jurídico que consagre la
extinción del reconocimiento del derecho a la sustitución pensional al hijo inválido
que contrae nupcias, pues el ejercicio legítimo de sus libertades no puede traer como
consecuencia la pérdida de beneficios legales, y en segundo lugar, si bien el acto
del matrimonio finaliza la patria potestad que los padres detentan sobre los hijos, no
puede perderse de vista que las obligaciones de protección, socorro y crianza que
se derivan del fuerte lazo filial, son la fuente para que los progenitores, dada la
condición de discapacidad de alguno de sus hijos casados, continúen
suministrándoles ayuda económica en procura de garantizarles una digna
subsistencia ante las dificultades laborales que representa el estado de invalidez.
(…)” (Mayúsculas del texto original).
33. El Tribunal accionado examinó y desestimó estos argumentos con fundamento
en que las declaraciones testimoniales, aunque daban cuenta de la convivencia y
la colaboración de la causante en alimentación y tratamientos médicos, se
sustentaban en referencias del propio actor y no en percepción directa de los
testigos al interior del hogar.
34. Agregó que no se allegó prueba idónea, como historia clínica, que acreditara el
deterioro de salud alegado tras el fallecimiento, ni se identificaron con nombre o
cantidad los medicamentos y tratamientos que el demandante debía asumir con
sus propios recursos. Con base en ello, concluyó que no se acreditó el requisito
de dependencia económica exigido por la jurisprudencia constitucional, por lo que
confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda. Sobre el particular, sostuvo que:
“(…) De la documental que obra en el expediente, la Sala logra establecer que en
efecto el demandante ostenta la calidad de hijo invalido al haber sido diagnosticado
con pérdida de la capacidad laboral por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Risaralda, lo que en principio le otorgaría el derecho a ser beneficiario
de la pensión de vejez que en vida le fue reconocida a su madre la señora Mery
Valencia González (q.e.p.d), sin embargo, no se demostró ni probó lo referente al
requisito de la dependencia económica, por las siguientes razones:
i) Aunque en las declaraciones rendidas por los testigos se señaló que el señor José
Ignacio García Valencia convivía con su progenitora la señora Mery Valencia
González (q.e.p.d) y que esta le apoyaba en su alimentación y en los tratamientos
médicos que la EPS no le autorizaba, lo cierto, es que ello no constituye prueba
contundente para establecer una verdadera dependencia económica de aquel con
la causante, pues las mismas conocieron de tales situaciones por dichos del propio
demandante, es decir, que no tuvieron contacto directo de la circunstancia al interior
del hogar conformado por la de cujus y el actor.
(…)
iii) Ahora el demandante afirmó en su declaración que desde la fecha de
fallecimiento de su progenitora su estado de salud se desmejoró ostensiblemente
por la falta del medicamento que debe tomar para controlar su diabetes e
hipertensión, lo cierto, es que no se allegó prueba que diera cuenta de ello, tal como
historia clínica en la que se evidenciara su condición de salud, por el contrario, indicó
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
que estaba afiliado como cotizante en el régimen contributivo a la Nueva EPS a la
cual acudía para realizar sus chequeos médicos.
iv) Tampoco se aportaron pruebas que dieran cuenta de lo narrado por la parte
demandante, en cuanto a los medicamentos y tratamientos que el señor José
Ignacio García valencia debía cubrir con su propio peculio, pues tanto los
declarantes como el actor solamente se limitaron a señalar que aquel debía tomar
medicamentos que estaban por fuera del POS, sin señalar nombres ni cantidades.
En virtud de lo anterior y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en materia de pensión de sobrevivientes y sustitución pensional, la
dependencia económica se predica no solamente cuando quien alega ser
beneficiario demuestra una dependencia total y absoluta del asegurado o causante,
sino que también se puede acreditar cuando se demuestre que la falta de ayuda
financiera del asegurado o causante genera una dificultad relevante para satisfacer
las necesidades básicas, circunstancias que no se lograron demostrar en el presente
asunto.
En consecuencia, no obra en el plenario suficientes pruebas de las que se puedan
extraer elementos de juicio para acreditar el presupuesto consagrado en la
normatividad aplicable al caso, consistente en la dependencia económica del
demandante con la causante. (…)”.
35. En esos términos, resulta claro para la Sala que los reparos formulados por vía
de tutela corresponden a los mismos argumentos planteados en el recurso de
apelación, los cuales fueron examinados y desestimados por la autoridad judicial
accionada, al considerar que las declaraciones testimoniales se sustentaban en
referencias del propio actor y no en percepción directa de los testigos, y que no se
allegó prueba idónea que acreditara el deterioro de salud alegado ni los
medicamentos y tratamientos que el demandante debía asumir con sus propios
recursos.
36. En consecuencia, tales cuestionamientos no están llamados a habilitar la
intervención del juez constitucional, en la medida en que no evidencian la
configuración de un defecto susceptible de control por vía de tutela, sino que
evidencian una simple inconformidad del accionante con la valoración probatoria
efectuada por el juez natural de la causa.
37. Ahora bien, en cuanto al desconocimiento del precedente, la Sala comparte lo
señalado por el a quo, pues el accionante se limitó a citar la sentencia C-066 de
2016 sin explicar qué aspectos de dicha providencia debían aplicarse al caso
concreto, sin desarrollar el análisis comparativo que exige este tipo de cargos ni
explicar de qué manera la providencia censurada se apartó injustificadamente de
la regla allí fijada, omisión que resulta suficiente para desestimarlo.
38. Finalmente, la pretensión subsidiaria dirigida a que se ordene a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, junto con el retroactivo
correspondiente, no plantea una controversia distinta ni autónoma respecto de los
cuestionamientos formulados contra la providencia judicial. Aunque fue presentada
como una solicitud adicional frente a dicha entidad, materialmente persigue el
mismo resultado pretendido en el proceso ordinario, esto es, el reconocimiento de
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07557-01
Accionante: José Ignacio García Valencia
Se confirma la decisión de primera instancia
la prestación pensional. En ese sentido, el accionante busca que, aun si no
prosperan los reparos formulados contra la sentencia cuestionada, el juez de tutela
examine nuevamente el derecho reclamado y adopte una decisión favorable sobre
su reconocimiento, con lo cual pretende reabrir ante el juez constitucional la misma
controversia ya resuelta por el juez natural.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 30 de enero de
2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
que declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente Magistrado
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