Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07560-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07560-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07560-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07560-00
Demandante: Pedro Alfonso Ardila Vanegas
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otros
Temas: Tutela contra providencias judiciales y autoridades públicas.
Acción popular. Seguridad y salubridad pública. Barrio en las
inmediaciones del aeropuerto El Alcaraván. Órdenes de
desalojo.
Decisión: Declara la improcedencia de la acción de tutela.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Pedro Alfonso Ardila Vanegas
contra el Tribunal Administrativo del Casanare, el Juzgado 1 Administrativo de
Yopal, el municipio de Yopal, el Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de
Yopal (INDEV), la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Yopal, la Empresa
de Energía de Casanare SA ESP (ENERCA) y la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY).
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 27 de noviembre de 2025, Pedro Alfonso Ardila Vanegas presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Casanare, el Juzgado 1 Administrativo
de Yopal, el municipio de Yopal, el Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de
Yopal (INDEV), la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Yopal, la Empresa
de Energía de Casanare SA ESP (ENERCA) y la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso (defensa) y propiedad; así
como el principio de seguridad jurídica.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:
(i) Dejar sin efectos las sentencias proferidas el 12 de noviembre de
2009 y 18 de marzo de 2010 por el Juzgado 1 Administrativo de
Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, en
la acción popular con radicado No. 85001-33-31-001-2006-00412-
00/02.
(ii) Declarar que los hechos que fundamentan las providencias
mencionadas «(ausencia de servicios públicos y riesgo de
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salubridad)» ya no concurren, siendo la ejecución de estas contraria
al principio de realidad material.
(iii) Declarar que el barrio «El Cimarrón» del municipio de Yopal no
representa un riesgo operacional para el aeropuerto El Alcaraván,
conforme al concepto emitido por la Aeronáutica Civil.
(iv) Ordenar a la Alcaldía de Yopal, a la Oficina de Gestión del Riesgo
del municipio de Yopal y a las demás entidades abstenerse de
realizar cualquier acción relacionada con el desalojo.
(v) Prohibir a las entidades mencionadas el uso del término «invasión»,
reconociendo la legalidad de la compra realizada al propietario
original, la existencia de escrituras públicas, la inscripción registral y
la titularidad colectiva en cabeza de la Junta de Acción Comunal.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
indicó que los predios ubicados en el barrio El Cimarrón del municipio de Yopal
fueron adquiridos legalmente por sus habitantes a través de contratos de
compraventa. Agregó que la Junta de Acción Comunal de ese barrio, reconocida
por la Secretaría de Gobierno Departamental de Casanare, figura como «titular
registral» según el acuerdo de representación comunitaria, «lo cual no desvirtúa los
derechos individuales de posesión, mejoramiento y antigüedad de los residentes,
quienes los ocupan pacíficamente desde hace más de dos décadas».
4. Mary Luz Gómez Cristiano y Álvaro Francisco Rojas instauraron acción
popular en contra del municipio de Yopal y otros 1 , para que se adoptaran «las
medidas pertinentes a fin de evitar el daño contingente, la amenaza o vulneración
de los derechos e intereses colectivos, como son la seguridad y salubridad pública,
de la comunidad de los barrios El Cimarrón y Villa Rita «ordenando como medida
preventiva construir de manera inmediata el acueducto y la planta de tratamiento
para que pueda suministrar a estos barrios agua potable, así como el suministro de
los demás servicios a que tengan derecho».
5. El 12 de noviembre de 2009, el Juzgado 1 Administrativo del Yopal protegió
los derechos colectivos de los habitantes de los barrios «subnormales» Villa Rita y
El Cimarrón de Yopal al goce de un ambiente sano y a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; en consecuencia, ordenó a la Alcaldía de Yopal,
por un lado, adelantar las obras de reubicación dentro de la zona urbana del
municipio en un término de 24 meses y, por otro, de manera transitoria y provisional,
garantizar el acceso a infraestructura de salubridad, en agua potable,
mantenimiento de pozos sépticos y redes de energía.
1
El Departamento de Casanare, del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de la empresa de Energía
de Boyacá, de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal E.I.C.E. E.S.P, de la Junta de Acción Comunal de la vereda
de El Picón, de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquía), de la Empresa de Energía de Casanare
S.A. (Enerca), de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de James Orlando Montañez y Yolanda Yedith
Cárdenas Laverde.
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6. Lo anterior, al evidenciar que (i) se trataba de asentamientos humanos
ubicados al margen oriental del aeropuerto El Alcaraván y sus vías internas son
totalmente destapadas y no cuentan con servicios públicos domiciliarios de agua,
luz, alcantarillado y las condiciones físicas son precarias; (ii) que el agua que utilizan
para el consumo es la que deviene de la lluvia o, en su defecto, de los carros
tanques que envía la alcaldía; (iii) que el servicio de energía eléctrica lo derivan de
una red que deviene de un colegio y de otras fincas vecinas; y (iv) que las aguas de
los baños las depositan en pozos sépticos.
7. El 18 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo del Casanare modificó
parcialmente la sentencia de primera instancia, en el sentido de precisar que es la
Alcaldía de Yopal y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la misma ciudad
las que deben suministrar todos los días mediante carros tanques agua potable y,
además, que el costo de esta prestación correrá por cuenta del ente territorial hasta
tanto se apruebe la tarifa CRAG para su pago directo por los usuarios.
8. El 13 de octubre de 2022, el Juzgado 1 Administrativo del Yopal, en
cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado, en Sentencia del 15 de
septiembre de 2022, dentro del trámite de acciones de tutelas acumuladas, ordenó
al alcalde del municipio de Yopal implementar las siguientes acciones: (a) instalar y
mantener al menos 6 vallas informativas en los barrios Villa Rita y Cimarrón,
comunicando a la comunidad que no pueden ser usados como zona residencial y
que los inmuebles allí no pueden ser vendidos, comprados ni arrendados, obligando
a la evacuación de los residentes; (b) difundir esta información a través de prensa,
medios radiales y redes sociales; (c) realizar vigilancia y control urbanístico
permanente para evitar nuevas construcciones en la zona y (d) iniciar procesos
administrativos y de policía para lograr la evacuación de los residentes.
9. El 14 de marzo de 2025, el Juzgado mencionado, en diligencia de
inspección judicial, abrió incidente de desacato en contra del alcalde de Yopal y del
gerente del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Rural de Yopal. El 10 de julio
de 2025, el despacho judicial declaró que los funcionarios mencionados
incumplieron las órdenes impuestas en las sentencias del 12 de noviembre de 2009
y 18 de marzo de 2010 y, en consecuencia, los sancionó con multa equivalente a 5
SMLMV a cada uno.
10. No obstante, el 4 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare
revocó la sanción impuesta al gerente del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano
y Rural de Yopal, toda vez que el juez de primera instancia no impuso obligaciones
en concreto a aquel, motivo por el cual no podía ser sujeto de sanción por desacato.
11. El accionante manifestó que, el 26 de noviembre de 2025, se llevó a cabo
un operativo en los sectores de Villa Rita y El Cimarrón, con la participación de
aproximadamente 250 efectivos de la policía, vehículos blindados y tanquetas, la
Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), anteriormente
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), así como sobrevuelos de helicópteros y
el uso de drones. El operativo también incluyó la suspensión de los servicios
públicos de agua y energía, lo que afectó a alrededor de 200 familias.
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12. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que el Juzgado
1 Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, con ocasión de
la expedición de las sentencias del 12 de noviembre de 2009 y 18 de marzo de
2010, respectivamente, incurrieron en defecto fáctico porque la orden de
reubicación se basó en un supuesto riesgo operacional para el aeropuerto El
Alcaraván, sin apreciarse concepto técnico alguno de la Aeronáutica Civil que
avalara dicho riesgo.
13. Adicionalmente, manifestó que los fundamentos fácticos de la acción
popular (ausencia de servicios públicos, insalubridad y precariedad) han sido
completamente superados, lo cual, en su criterio, queda demostrado con las
facturas de los servicios de energía (ENERCA), gas natural domiciliario (ENERCA)
y acueducto (EAAAY). Por lo anterior, resaltó que ese cambio de circunstancias o
«superveniencia fáctica», hace que la ejecución de la sentencia haya perdido su
base fáctica original, resultando en una medida desproporcionada e injusta desde
el punto de vista material.
14. Indicó que el operativo de desalojo llevado a cabo de manera sorpresiva,
acompañado del despliegue de fuerza pública sin la debida motivación ni el
acompañamiento de entes de control, constituye una vulneración clara de los
derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital, estabilidad habitacional,
intimidad y seguridad.
Intervenciones2
15. El Juzgado 1 Administrativo de Yopal, luego de hacer un breve recuento de
las actuaciones adelantadas en la acción popular, adujo que no se configuró
ninguna de las causales específicas de procedibilidad, comoquiera que las
decisiones cuestionadas se encuentran debidamente motivadas fáctica, legal y
jurisprudencialmente.
16. Además, explicó que en la providencia del 10 de julio de 2025, mediante la
cual se ordenó de forma definitiva el levantamiento de la medida cautelar, se llevó
a cabo un análisis de los elementos de conveniencia, necesidad y proporcionalidad
de la decisión. Asimismo, indicó que contra dicha providencia no se interpuso
2
El 1 de diciembre de 2025, se (i) admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Casanare, Juzgado 1
Administrativo de Yopal, el Municipio de Yopal, el Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (INDEV), la Oficina
de Gestión del Riesgo del Municipio de Yopal, Empresa de Energía de Casanare SA ESP (ENERCA) y Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY); (ii) vinculó a Mariluz Gómez Cristiano, Álvaro Francisco Rojas Manjarres,
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Empresa de Energía de Boyacá SA ESP, Junta de Acción Comunal de la
Vereda el Picón, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
James Orlando Montañez, Yolanda Yedith Cárdenas Laverde, Personería Municipal de Yopal, Junta de Acción Comunal del
Cimarrón, Policía Nacional y demás vinculadas en la acción popular No. 85001-33-31-001-2006-00412-00/01; (iii) negó la
medida provisional; y (iv) requirió al municipio de Yopal y al Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (INDEV),
para que remita el expediente administrativo relacionado con la reubicación de las personas que habitan el sector de Villa
Rita y el Cimarrón y, además, a la parte actora para que indicara expresamente la calidad en que actuaba en relación con la
acción popular y/o los hechos expuestos en la acción de tutela.
En cumplimiento del anterior requerimiento, el accionante indicó que era propietario ubicado en el sector El Cimarrón, el cual
se encuentra «afectado por las actuaciones administrativas y judiciales derivados de la acción popular» y fue elegido fiscal
suplente en la Junta de Acción Comunal de la vereda Picón de dicho sector para el período 2022-2026, por lo que goza de
legitimación en la causa por activa para buscar la protección de sus derechos fundamentales y los de la comunidad que
representa.
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recurso alguno por parte de las personas que estimaron verse afectadas, lo cual
también invalida el presente trámite constitucional.
17. Frente al fondo del asunto, señaló que algunos de los censados que habitan
en los barrios Cimarrón y Villa Rita no aceptaron las viviendas disponibles en Villa
David. Otros las aceptaron, pero luego regresaron a Cimarrón y Villa Rita. Algunos
incluso han arrendado las estructuras existentes en esos barrios, incumpliendo
flagrantemente lo ordenado en las sentencias de primera y segunda instancia, así
como en los requerimientos establecidos en las inspecciones judiciales de
verificación.
18. Aclaró que no existe disposición legal que habilite lo pretendido por el
accionante y, por el contrario, lo que se evidencia es una total renuencia dolosa al
cumplimiento de las órdenes judiciales, que lejos de ser arbitrarias, han sido
antecedidas de actuaciones administrativas de reubicación a quienes acreditaron
contar con título de propiedad, garantizándose así sus garantías superiores.
19. En ese sentido, sostuvo que la desobediencia y el irrespeto hacia la
autoridad en el cumplimiento de lo ordenado en las sentencias de primer y segundo
grado evidencian el principio de que «nadie puede sacar provecho de su propio dolo
o culpa». Por lo tanto, no es procedente que, ahora en sede de tutela, se busque la
protección de unos derechos fundamentales que, en ningún caso, han sido
transgredidos.
20. La Empresa de Energía de Casanare (ENERCA SA ESP) afirmó que el
accionante no aportó ningún elemento probatorio que demostrara la vulneración de
los derechos fundamentales reclamados. Por tanto, solicitó que se declararan
probadas de oficio todas las excepciones que, a partir del estudio de la demanda y
de las pruebas, acrediten la falta de fundamento de las súplicas de la demanda.
21. La Empresa de Energía de Boyacá SA ESP aseguró que no se cumplió el
requisito de legitimación en la causa por pasiva, dado que esa entidad no es la
responsable de las situaciones expuestas en el escrito de tutela, pues, de la lectura
de las sentencias aportadas, se evidencia que esa empresa no tiene injerencia
alguna en la jurisdicción del municipio de Yopal en lo que respecta a la prestación
del servicio de energía. Por tanto, consideró que las pretensiones formuladas en su
contra no están llamadas a prosperar.
22. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUÍA)
expresó que no goza de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no es la
llamada a responder las súplicas de la demanda.
23. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó que no es legal
ni técnicamente viable exigirle el cumplimiento de funciones que no le han sido
asignadas por la ley, ni atribuirle responsabilidad por hechos que, presumiblemente,
corresponden a otras entidades. Por ello, solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, debido a la falta de legitimación en la causa por pasiva.
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24. El Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (INDEV) expuso
que, en cumplimiento de las órdenes impartidas en la acción popular, se estructuró
el Proyecto de Vivienda Villa David como una solución habitacional masiva. Para tal
efecto, el entonces Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal (IDURY), hoy
INDEV, firmó el 1 de julio de 2014 el Convenio de Asociación 00A1-2014 con el
Consorcio Hábitat Soluciones Integrales de Vivienda, cuyo objeto fue la
construcción de 653 soluciones habitacionales en tres etapas dentro del área
urbana de Yopal. La Etapa I de este proyecto contempló la construcción de 165
soluciones de vivienda de interés prioritario, orientadas a mejorar significativamente
las condiciones de habitabilidad de los hogares priorizados.
25. Adicionalmente, indicó que, en el marco de dicha acción, el 10 de julio de
2025, el Juzgado 1 Administrativo de Yopal declaró en desacato, a título de culpa
grave, al alcalde de Yopal y al gerente del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano
y Rural de Yopal – INDEV y, como consecuencia de esa decisión, impuso a cada
uno una sanción de 5 SMLMV, por el incumplimiento de las órdenes de reubicación
de las comunidades de Villa Rita y El Cimarrón, así como de las medidas
relacionadas con demolición de inmuebles, apertura de procesos policivos y control
sobre la ocupación en la Urbanización Villa David.
26. Sin embargo, precisó que el 4 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo
de Casanare, en grado jurisdiccional de consulta, revocó la multa impuesta contra
el Instituto mencionado, al considerar que las órdenes de la sentencia de acción
popular y del auto del 13 de octubre de 2022 estaban dirigidas directamente al
alcalde municipal de Yopal, como principal responsable del cumplimiento. En ese
sentido, estimó que no era jurídicamente procedente mantener la sanción contra el
gerente del INDEV.
27. Así las cosas, resaltó que la competencia primaria para ejecutar las órdenes
estructurales de la acción popular recae en la Alcaldía de Yopal y que el INDEV
participa en el cumplimiento desde el ámbito de la política de vivienda y de los
procesos de reubicación (asignación, titulación y acompañamiento a las familias),
pero no ejerce funciones de autoridad de policía ni de control directo sobre los
procedimientos de desalojo o las decisiones de las inspecciones.
28. El municipio de Yopal, frente a los argumentos de desacuerdo expuestos
en el escrito de tutela, esclareció que si bien el riesgo operacional fue abordado en
las decisiones cuestionadas, esa no fue la causa principal para ordenar la
reubicación, sino que la razón fundamental fue la ilegalidad de los asentamientos
fuera del perímetro urbano, los cuales no contaban con autorización ni permiso por
parte de la autoridad competente, la Alcaldía de Yopal.
29. En relación con el concepto de la aeronáutica civil, indicó que este no fue
aportado y que las fechas en que supuestamente fue emitido son 15 años
posteriores a los fallos que se discuten. Además, resaltó que la causa principal de
la reubicación fue que los asentamientos estaban fuera del perímetro urbano, lo que
sigue contraviniendo los lineamientos del plan de ordenamiento territorial (POT)
vigente (Acuerdo No. 24 de 2013).
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30. De otra parte, sostuvo que la acción de tutela es improcedente, ya que no
se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, pues se discuten los fallos
proferidos en la acción popular 2006-00412 y las decisiones que desde el año 2022
han proferido el Juzgado 1 Administrativo del Yopal y el Tribunal Administrativo del
Casanare.
31. Adicionalmente, puso de presente que, en el año 2017, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado conoció una acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-
2017-00856-00, promovida por varios miembros de la comunidad en contra de las
sentencias de primera y segunda instancia de la acción popular, la cual fue
declarada improcedente.
32. Igualmente, afirmó que si las familias objeto de protección de sus derechos
colectivos no estaban de acuerdo con las decisiones adoptadas por la autoridad
judicial en la acción popular 2006-0412, debieron manifestarlo a través de los
medios legales en el momento oportuno, y no después de más de 16 años,
utilizando un mecanismo inapropiado. Por todo lo expuesto, solicitó no amparar los
derechos fundamentales invocados, ya que se estaría permitiendo vías de hecho
que desconozcan el cumplimiento de órdenes judiciales.
33. La Policía Nacional puntualizó que la suspensión de los servicios públicos
no derivó de una actuación ejecutada por esa Institución, sino que obedeció
exclusivamente a la solicitud elevada por la entidad territorial competente. En
consecuencia, requirió su desvinculación del presente trámite constitucional.
34. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY – EICE
ESP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, dado que no vulneró ningún
derecho fundamental. Al respecto, explicó que el corte de los servicios se realizó en
cumplimiento a los autos del 10 y 24 de julio de 2025 proferidos por el Juzgado 1
Administrativo del Circuito de Yopal, en donde los fallos de primer y segundo grado
ordenaron reubicarlos por tratarse de una zona prohibida conforme al POT.
35. Agregó que las personas involucradas ya fueron reubicadas en el proyecto
denominado Villa David; sin embargo, estas se han negado a trasladarse,
argumentando que las viviendas asignadas son de menor tamaño a las que
construyeron en el lugar inicialmente ocupado, así que los beneficiarios arrendaron
las nuevas viviendas y continúan residiendo en el área no permitida.
36. Por otro lado, aseveró que la acción de tutela no cumplió los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad, por cuanto no puede emplearse como
una tercera instancia. En esos términos, peticionó declarar improcedente la acción
de la referencia.
37. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil manifestó que el
mecanismo de amparo no fue diseñado para sustituir los medios ordinarios de
defensa judicial ni para reabrir debates jurídicos ya definidos o dejar sin efectos
decisiones adoptadas dentro de procesos populares culminados hace más de una
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década. Aunado a ello, precisó que esa entidad no desplegó ninguna conducta
activa ni pasiva que pueda considerarse causa directa o indirecta de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
38. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio alegó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que las pretensiones no tienen
ninguna relación con las facultades legales asignadas a esa entidad. En
consecuencia, pidió su desvinculación del presente trámite.
39. La Gobernación de Casanare requirió, de un lado, declarar la improcedencia
de la acción de tutela por no cumplirse con los requisitos generales de
subsidiariedad e inmediatez, toda vez que el accionante dispone de otros
mecanismos de defensa judicial dentro de la acción popular y las sentencias
cuestionadas hicieron tránsito a cosa juzgada; y, del otro, decretar la falta de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que esa entidad no ha proferido actos,
ni ejecutado operativos de desalojo y tampoco tiene competencia legal sobre la
prestación, suspensión o restablecimiento de servicios públicos domiciliarios,
actuaciones que corresponden exclusivamente a autoridades municipales y a
empresas de servicios públicos con autonomía administrativa
40. La Personería Municipal de Yopal afirmó que actuó de manera constante,
activa y diligente como garante de los derechos colectivos y humanos de las
comunidades, participando en todas las etapas del cumplimiento de la sentencia.
Añadió que de manera reiterada insistió en la presencia de las instituciones garantes
para asegurar el respeto de los derechos y las condiciones fijadas por la autoridad
judicial. En consecuencia, cumplió plenamente su función constitucional y legal
como órgano de control, velando por la protección de los derechos y el estricto
cumplimiento de las decisiones judiciales.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
41. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
42. Antes de plantear el problema jurídico que aquí se desarrollará, la Sala
considera necesario aclarar que si bien el accionante planteó algunas pretensiones
orientadas a impedir actuaciones de desalojo y reconocer la legalidad de la
titularidad del predio, lo cierto es que estas se encuentran relacionadas con la
discusión abordada en la acción popular y las órdenes impartidas por las
autoridades judiciales accionadas en las sentencias dictadas en el referido proceso,
de ahí que el análisis del presente asunto deba realizarse a la luz de la tutela contra
providencia judicial.
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43. En esa medida, corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los
requisitos generales de procedibilidad, especialmente, la exigencia de inmediatez,
si las autoridades accionadas transgredieron los derechos fundamentales de la
parte actora.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
44. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, por las razones que a
continuación se exponen:
45. El accionante solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso (defensa), el cual consideró vulnerado por el Juzgado 1 Administrativo de
Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, con ocasión de la expedición de
las sentencias del 12 de noviembre de 2009 y 18 de marzo de 2010 en el marco de
una acción popular, comoquiera que incurrió en defecto fáctico porque la orden de
reubicación se basó en un supuesto riesgo operacional para el aeropuerto El
Alcaraván, sin apreciarse concepto técnico alguno de la Aeronáutica Civil que
avalara dicho riesgo. En consecuencia, en relación con este cargo planteó las
siguientes pretensiones: (i) dejar sin efectos las referidas providencias y (ii) declarar
que los hechos que fundamentaron su expedición ya no concurren.
46. De lo anterior se advierte que la providencia que puso fin al referido proceso
fue la proferida el 18 de marzo de 2010 por el Tribunal Administrativo del Casanare,
así que a la fecha de radicación de la presente acción de tutela (27 de noviembre
de 2025) han transcurrido más de 15 años.
47. En esa medida, si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta
con un término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dado
el carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo,
su interposición debe darse dentro de un término razonable y proporcionado a partir
del hecho generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales. Lo anterior, en aras de i) proteger derechos de terceros, ii) impedir
que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica y iii) evitar su uso
como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos,
desnaturalizando con ello su finalidad3.
48. Así, en Sentencia de 5 de agosto de 20144, el Consejo de Estado, Sala
Plena, acogió como regla general un plazo de 6 meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo anterior,
luego de explicar que la inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
49. En ese orden de ideas, se concluye que el accionante superó el término
3
Corte Constitucional, Sentencia T-187 de 2012.
4
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07560-00
Demandante: Pedro Alfonso Ardila Vanegas
prudencial de 6 meses establecidos jurisprudencialmente para cuestionar a través
de este mecanismo una providencia judicial.
50. No obstante, como el solo paso del tiempo no habilita al juez constitucional
para considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse
si la tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una
causa válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable5.
Por tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen
razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta que haga desproporcionada la exigencia en cuestión.
51. Al respecto, se observa que el accionante, en el escrito de tutela, manifestó
que la interposición del mecanismo de amparo se debe a que, entre otras cosas,
desaparecieron las circunstancias que sustentaron las órdenes impartidas,
tendientes a la reubicación de la comunidad residente en el barrio El Cimarrón del
municipio de Yopal, dado que cuentan con la prestación de servicios públicos.
52. Sin embargo, se advierte que dicha prestación en los barrios Villa Rita y El
Cimarrón fue en cumplimiento, precisamente, de las órdenes impartidas en la acción
popular, con el fin de que se garantizara, mientras se adelantaban las obras
necesarias para su reubicación, el acceso a una infraestructura de salubridad, es
decir, que hubiese agua potable, mantenimiento de pozos sépticos y redes de
energía; de manera que este argumento no puede tenerse para flexibilizar la
exigencia de procedibilidad aquí estudiada, es decir, que le permita al juez de tutela
pronunciarse de fondo sobre la controversia aquí alegada dado que las condiciones
variaron en atención a la materialización de las obligaciones impuestas por las
autoridades judiciales accionadas al ente territorial.
53. Por tanto, la Sala considera que el asunto bajo estudio no cumple con el
requisito de inmediatez, por lo que declarará improcedente la acción de tutela
instaurada por Pedro Alfonso Ardila Vanegas en contra del Tribunal Administrativo
del Casanare, del Juzgado 1 Administrativo de Yopal, del municipio de Yopal, del
Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (INDEV), de la Oficina de
Gestión del Riesgo del municipio de Yopal, de la Empresa de Energía de Casanare
SA ESP (ENERCA) y de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
(EAAAY).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Empresa
de Energía de Boyacá SA ESP, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía
5
Corte Constitucional, Sentencia T-523 de 2015 y Sentencia T-619 de 2017
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07560-00
Demandante: Pedro Alfonso Ardila Vanegas
(CORPORINOQUÍA), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Policía
Nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
Pedro Alfonso Ardila Vanegas en contra del Tribunal Administrativo del Casanare,
del Juzgado 1 Administrativo de Yopal, del municipio de Yopal, del Instituto de
Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (INDEV), de la Oficina de Gestión del
Riesgo del municipio de Yopal, de la Empresa de Energía de Casanare SA ESP
(ENERCA) y de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY),
de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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