Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07560-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07560-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07560-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07560-01
Accionante: PEDRO ALFONSO ARDILA VANEGAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos. Incumplimiento del requisito de
inmediatez
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante, quien actúa en nombre propio, contra la
sentencia de 5 de febrero de 2026, dictada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por
no superar el requisito de inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de noviembre de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la propiedad y al principio de seguridad
jurídica, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“B. PETICIONES DEFINITIVAS
1. DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA FÁCTICA Y RIESGO:
o Declarar que los presupuestos fácticos tenidos en cuenta en los fallos de 2009 y 2010
(ausencia de servicios públicos y riesgos de salubridad) YA NO EXISTEN, siendo su
ejecución contraria al principio de realidad material y al debido proceso constitucional.
o Declarar que el Barrio El Cimarrón NO constituye ni nunca ha representado riesgo
operacional para el aeropuerto El Alcaraván, conforme al concepto de la Aeronáutica
Civil, haciendo la ejecución de la acción popular contraria a la realidad material y a la
proporcionalidad.
2. Dejar sin efectos la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Yopal del 12
de noviembre de 2009 y la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare del 18
de marzo de 2010, dentro del proceso de acción popular 2006-00412, por
superveniencia Fáctica (Pérdida del Objeto), argumentada en el presente escrito.
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Accionante: Pedro Alfonso Ardila Vanegas
3. ORDEN DE NO INNOVAR Y ABSTENCIÓN:
o Ordenar a la Alcaldía de Yopal, Gestión del Riesgo y demás entidades abstenerse de
cualquier avance o ejecución de desalojo.
o Prohibir a las entidades usar la calificación de “invasión”, reconociendo la compra
legal al propietario original, la existencia de escrituras públicas, la inscripción registral
y la titularidad colectiva en cabeza de la Junta de Acción Comunal.
4. REQUERIMIENTO DE PRUEBAS Y DOCUMENTOS:
o Ordenar la remisión del expediente íntegro de la Acción Popular y el expediente
administrativo completo de reubicación. de la alcaldía municipal de Yopal y/o del
Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (INDEV),
5. RECONOCIMIENTO DE PERMANENCIA: Reconocer el derecho de la comunidad a
permanecer en su territorio mientras no exista estudio técnico cierto, declaratoria de
riesgo motivada, participación ciudadana real y decisión administrativa válida”.
2. Hechos1
La parte actora señaló que ostenta la calidad de propietario de uno de los predios
ubicados en el barrio El Cimarrón, y que fue designado como fiscal suplente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda Picón, sector Cimarrón, para el período
comprendido entre 2022 y 20262.
Relató que los barrios El Cimarrón y Villa Rita se originaron como asentamientos
informales en el año 1997, en la zona suroriental de la periferia del aeropuerto El
Alcaraván, en el municipio de Yopal. Señaló que, en el año 2000, los habitantes
adquirieron los lotes donde se encuentran ubicados mediante contratos de
compraventa.
Expuso que la Junta de Acción Comunal del barrio, reconocida por la Secretaría de
Gobierno Departamental de Casanare, figura como “titular registral” conforme al
acuerdo de representación comunitaria y que, desde el año 2001, elevó múltiples
solicitudes ante la administración municipal y las entidades prestadoras de servicios
públicos, con el propósito de obtener soluciones a los problemas de abastecimiento
de agua potable y alcantarillado.
Indicó que mediante el Acuerdo 027 del 10 de diciembre de 2003 se adoptó el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Yopal, el cual dispuso
la realización de estudios socioeconómicos de las áreas periféricas y el diagnóstico
de los conflictos ambientales, funcionales y de riesgo que pudieran presentarse
entre el aeropuerto y los asentamientos colindantes.
Adujo que, como resultado de los estudios adelantados, se concluyó la necesidad
de optar por la reubicación de los barrios El Cimarrón y Villa Rita, con el fin de
adoptar medidas frente a la ocupación de terrenos cercanos al aeropuerto. No
obstante, la Secretaría de Planeación Municipal y el Concejo manifestaron que no
1
Los hechos enunciados fueron tomados del escrito de tutela y del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos.
2
Adicional a ello, se destaca que el actor hace parte de la acción popular en calidad de habitante del barrio El
Cimarrón.
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se encontraba definida la reubicación ni la formulación de proyectos para la
instalación de los servicios públicos domiciliarios.
Relató que, en atención a lo anterior, los señores Mariluz Gómez y Álvaro Francisco
Rojas Manjarres interpusieron una acción popular, con el propósito de que se
adoptaran las medidas necesarias para evitar el daño contingente a los derechos e
intereses colectivos a la seguridad y la salubridad pública a los que se encontraba
expuesta la comunidad. Asimismo, solicitaron como medida preventiva que se
ordenara la construcción del acueducto y de una planta de tratamiento.
Indicó que el 12 de noviembre de 2009, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal
profirió sentencia mediante la cual amparó los derechos colectivos de los habitantes
de los barrios Villa Rita y El Cimarrón al goce de un ambiente sano, así como a la
seguridad y a la prevención de desastres. En consecuencia, ordenó a la Alcaldía
de Yopal ejecutar las obras necesarias para la reubicación de los habitantes de
dichos barrios dentro de la zona urbana y dispuso que el departamento de
Casanare coadyuvara económicamente al municipio de Yopal para hacer efectiva
la reubicación de los moradores.
La anterior decisión fue apelada por ambas partes y resuelta por el Tribunal
Administrativo de Casanare, que mediante sentencia del 18 de marzo de 2010
decidió confirmarla, con excepción de las órdenes contenidas en los numerales
quinto y undécimo de la parte resolutiva. Adicionalmente, ordenó compulsar copias
a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, con el
fin de que se establecieran las eventuales responsabilidades penales y
disciplinarias.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que la decisión que ordenó la reubicación de los habitantes
de los barrios Villa Rita y El Cimarrón, en el municipio de Yopal, incurrió en un
defecto fáctico, en la medida en que se fundamentó en la existencia de un riesgo
operacional sin que en la sentencia se hubiera incorporado concepto técnico alguno
de la Aeronáutica Civil que acreditara dicho riesgo.
Expuso que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil),
mediante acta del 14 de noviembre de 2025, correspondiente a una reunión
realizada con la comunidad afectada, certificó que “las alturas no perforan las
superficies limitadoras de obstáculos, por lo tanto no presentan riesgo para la
seguridad operacional”, lo cual evidencia que la decisión judicial se apoyó en un
riesgo aeronáutico inexistente o, en todo caso, no probado.
Refirió, además, que la ausencia de servicios públicos que dio origen a la
interposición de la acción popular fue superada, circunstancia que según afirmó se
encuentra demostrada con las facturas de energía eléctrica, gas natural y agua
potable. En ese sentido, consideró que la ejecución de la sentencia perdió su
fundamento y resulta desproporcionada.
Manifestó que, en la madrugada del 26 de noviembre de 2025, se adelantó un
operativo de desalojo en los sectores de Villa Rita y El Cimarrón, en el que
intervinieron aproximadamente doscientos cincuenta miembros de la Policía
Nacional, vehículos blindados y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
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Agregó que dicha intervención tuvo como consecuencia la suspensión de los
servicios públicos de agua y energía, lo que afectó a cerca de doscientas familias,
sin que se contara con la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Personería, la
Procuraduría Regional ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para la
protección de los niños y adultos mayores.
Finalmente, trajo a consideración las sentencias T-010 de 2023 y SU-316 de 2021
de la Corte Constitucional, y adujo que la acción de tutela resulta procedente para
debatir una providencia judicial cuando se presenta una situación sobreviniente
como la descrita.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal
Realizó un recuento de las actuaciones adelantadas dentro de la acción popular y
sostuvo que no se configuró ninguna de las causales específicas de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto las decisiones
cuestionadas se encuentran debidamente motivadas en los planos fáctico, jurídico
y jurisprudencial.
Indicó que mediante providencia del 10 de julio de 2025, en la que se ordenó de
forma definitiva el levantamiento de la medida cautelar, se efectuó un análisis de
conveniencia, necesidad y proporcionalidad de la decisión, sin que contra dicha
providencia se hubieran interpuesto los recursos correspondientes. Agregó que
algunos de los habitantes censados aceptaron las viviendas ofrecidas en el proyecto
Villa David y, posteriormente, regresaron a los barrios Cimarrón y Villa Rita, mientras
que otros se negaron a aceptar las soluciones habitacionales, lo que evidencia una
renuencia injustificada al cumplimiento de las órdenes judiciales.
Finalmente, sostuvo que no existe disposición legal que respalde las pretensiones
del accionante y que no resulta procedente acudir a la acción de tutela para
desconocer decisiones judiciales ejecutoriadas.
4.2. Respuesta de la Empresa de Energía de Casanare (ENERCA S.A. ESP)
Manifestó que el accionante no aportó prueba alguna que acreditara la vulneración
de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicitó que se
declararan probadas de oficio todas las excepciones que se derivaran del análisis
de la demanda y del material probatorio, al considerar infundadas las pretensiones
formuladas en su contra.
4.3. Respuesta de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP
Afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene
injerencia alguna en la prestación del servicio de energía eléctrica en el municipio
de Yopal. Señaló que, de la lectura de las sentencias proferidas dentro de la acción
popular, se evidencia que no se le atribuyó responsabilidad alguna en los hechos
que dieron origen al presente trámite constitucional, por lo que solicitó que las
pretensiones en su contra no prosperaran.
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4.4. Respuesta de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía
(CORPORINOQUÍA)
Sostuvo que no goza de legitimación en la causa por pasiva, al no ser la entidad
competente ni responsable de las situaciones planteadas en el escrito de tutela. En
consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia de las pretensiones
dirigidas en su contra.
4.5. Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Indicó que no es legal ni técnicamente viable exigirle el cumplimiento de funciones
que no le han sido asignadas por la ley, ni atribuirle responsabilidad por hechos que
corresponden a otras entidades del orden territorial. Por tal razón, solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
4.6. Respuesta del Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal
(INDEV)
Expuso que, en cumplimiento de las órdenes impartidas en la acción popular, se
estructuró el Proyecto de Vivienda Villa David como una solución habitacional
masiva, a través del Convenio de Asociación 00A1-2014, suscrito el 1.º de julio de
2014, cuyo objeto fue la construcción de 653 soluciones habitacionales dentro del
área urbana de Yopal.
Señaló que, si bien fue declarado en desacato junto con el alcalde municipal
mediante providencia del 10 de julio de 2025, dicha sanción fue revocada por el
Tribunal Administrativo de Casanare el 4 de agosto de 2025, al establecer que las
órdenes de reubicación estaban dirigidas exclusivamente al alcalde de Yopal.
Precisó que la competencia principal para ejecutar las órdenes estructurales recae
en la administración municipal y que su participación se limita al ámbito de la política
de vivienda y los procesos de reubicación.
4.7. Respuesta del municipio de Yopal
Manifestó que la reubicación de los habitantes de los barrios Villa Rita y El Cimarrón
no se fundamentó exclusivamente en un supuesto riesgo operacional para el
aeropuerto El Alcaraván, sino principalmente en la ilegalidad de los asentamientos,
al encontrarse por fuera del perímetro urbano y sin autorización de la autoridad
competente.
Indicó que el concepto de la Aeronáutica Civil al que alude el accionante no fue
aportado y que, en todo caso, habría sido emitido muchos años después de las
sentencias cuestionadas. Añadió que la acción de tutela resulta improcedente por
incumplir el requisito de inmediatez y recordó que decisiones similares ya habían
sido objeto de tutela en el año 2017, la cual fue declarada improcedente.
4.8. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Precisó que la suspensión de los servicios públicos no obedeció a una actuación
desplegada por esa institución, sino a solicitudes formuladas por la entidad territorial
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competente. En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite constitucional,
al no haber incurrido en conducta alguna que vulnerara derechos fundamentales.
4.9. Respuesta de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
(EAAAY)
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que no vulneró derecho
fundamental alguno. Explicó que la suspensión de los servicios públicos se efectuó
en cumplimiento de los autos del 10 y 24 de julio de 2025, proferidos por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Yopal, en atención a que se trata de una zona
prohibida conforme al POT.
Agregó que las personas involucradas fueron reubicadas en el proyecto Villa David,
pero se han negado a trasladarse, e incluso han arrendado las viviendas asignadas,
permaneciendo de manera irregular en el sector. Finalmente, sostuvo que la acción
de tutela no cumple los requisitos de relevancia constitucional ni subsidiariedad.
4.10. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Manifestó que la acción de tutela no puede utilizarse para sustituir los medios
ordinarios de defensa judicial ni para reabrir debates jurídicos ya definidos dentro
de procesos populares concluidos hace más de una década. Asimismo, indicó que
no desplegó conducta activa ni omisiva que pudiera ser considerada causa de la
presunta vulneración de derechos fundamentales.
4.11. Respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que las
pretensiones formuladas no guardan relación con las competencias legales
asignadas a dicha entidad. En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente
trámite.
4.12. Respuesta de la Gobernación del Casanare
Solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento de los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez, al existir otros mecanismos de defensa
judicial y haberse producido cosa juzgada respecto de las sentencias cuestionadas.
Asimismo, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al no haber proferido
actos ni ejecutado operativos de desalojo ni tener competencia sobre la prestación
o suspensión de servicios públicos domiciliarios.
4.13. Respuesta de la Personería Municipal de Yopal
Afirmó que actuó de manera constante, activa y diligente como garante de los
derechos colectivos y humanos de la comunidad, participando en todas las etapas
del cumplimiento de la sentencia. Señaló que insistió de forma reiterada en la
presencia de las instituciones competentes para asegurar el respeto de los derechos
de los habitantes y el cumplimiento de las condiciones fijadas por la autoridad
judicial, cumpliendo así su función constitucional y legal como órgano de control.
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5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
del 5 de febrero de 2026, declaró la improcedencia de la acción de tutela, al
considerar que no se cumplía el requisito general de inmediatez.
Sostuvo que el accionante promovió la acción de tutela con el propósito de
controvertir las decisiones judiciales proferidas el 12 de noviembre de 2009 y el 18
de marzo de 2010 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, en el marco de una acción
popular en la que se ordenó la reubicación de la comunidad, con fundamento en un
riesgo operacional para el aeropuerto El Alcaraván. Al respecto, indicó que se alegó
la configuración de un defecto fáctico, al tratarse de una orden que no contaba con
respaldo en un concepto técnico.
En ese sentido, explicó que la última providencia cuya revisión se pretendía fue
proferida hacía más de quince años, circunstancia que desconoce el término
razonable establecido por la jurisprudencia constitucional para cuestionar
decisiones judiciales, en atención a la necesidad de proteger los derechos de
terceros y salvaguardar la seguridad jurídica.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
presentó escrito de impugnación, al considerar que la acción de tutela no solo se
dirigía a cuestionar las decisiones judiciales proferidas en los años 2009 y 2010,
sino también los autos expedidos entre 2022 y 2025, relacionados con incidentes
de desacato, así como la amenaza inminente de un desalojo forzoso, materializada
en el operativo adelantado el 26 de noviembre de 2025, derivada de omisiones
administrativas.
Manifestó que la sentencia impugnada declaró la improcedencia de la acción por el
incumplimiento del requisito de inmediatez, sin analizar la vulneración actual y
flagrante de derechos fundamentales ni la “supervivencia fáctica probada”. En
particular, reprochó que no se hubiera tenido en cuenta que el operativo de desalojo
ocurrió el 26 de noviembre de 2025. Agregó que se encuentra acreditada la
inexistencia de riesgo aeronáutico, así como la presencia y operación efectiva de
las empresas de servicios públicos en el sector, lo que hace inocua la orden dada
en la decisión judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción
de tutela por incumplir el requisito de inmediatez, y de encontrarse cumplidos los
restantes requisitos generales de procedencia, si debe acceder a la protección
constitucional solicitada porque las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
el defecto fáctico.
3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora
bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y
lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en
cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos
vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en
cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional3 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 4
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar5, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20166,
3
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
4
Ibídem.
5
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
6
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal
del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en
el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones
permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la
inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que
la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino
que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza
de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los
interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de
derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que
se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que,
aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la
tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de
terceros si se declarara procedente”7
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito
diferente al de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la
respuesta negativa a una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de
justificación, pues lo que pretende cuestionarse es la condena y no la negativa de
la libertad”.
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional9.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Pedro Alfonso Ardila Vanegas, quien actúa en nombre propio, promovió
acción de tutela con el fin de que el juez constitucional amparara sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
7
Ibídem.
8
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
9
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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mínimo vital, a la propiedad y al principio de seguridad jurídica, que estima
vulnerados por las autoridades accionadas.
En consecuencia, solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias proferidas el 12
de noviembre de 2009 y el 18 de marzo de 2010, por el Juzgado Primero
Administrativo el Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare,
respectivamente, dentro de la acción popular con radicado n.° 85001-33-31-001-
2006-00412-00, al considerar que en dichas providencias se incurrió en un defecto
fáctico al ordenar la reubicación de los habitantes de los barrios Villa Rita y El
Cimarrón, sin que existiera prueba que acreditara el riesgo operacional del
aeropuerto.
Adicionalmente, solicitó que se declarara que la situación fáctica analizada en las
decisiones objeto de reproche ya no subsiste y que los barrios Villa Rita y El
Cimarrón no representan un riesgo operacional para el aeropuerto El Alcaraván. En
ese sentido, pidió que se ordenara a la Alcaldía de Yopal, a Gestión del Riesgo y a
las demás entidades accionadas abstenerse de adelantar cualquier actuación de
desalojo; así como que se prohibiera el uso de la expresión “invasión” para referirse
a los terrenos ocupados por la comunidad que cuenta con título de propiedad, y que
se remitiera copia del expediente de la acción popular y del trámite administrativo
de reubicación a la Junta de Acción Comunal. Finalmente, solicitó que se
reconociera el derecho de la comunidad a permanecer en su territorio mientras no
exista un estudio técnico cierto que justifique su reubicación.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
del 5 de febrero de 2026, previo a resolver el asunto, aclaró que, si bien en el escrito
de tutela el actor formuló algunas pretensiones orientadas a impedir actuaciones de
desalojo y a que se reconociera la legalidad de la titularidad del predio, lo cierto es
que estas se encuentran implícitamente relacionadas con lo decidido en la acción
popular y con las órdenes impartidas por las autoridades judiciales en las sentencias
cuestionadas. En tal medida, precisó que el análisis del caso debía abordarse desde
la perspectiva de la tutela contra providencia judicial.
En ese contexto, señaló que en el asunto no se cumplió el requisito general de
inmediatez, en tanto la última decisión proferida dentro de la acción popular data del
18 de marzo de 2010, de manera que habían transcurrido más de quince años
desde que se notificó a las partes, término que excede el plazo fijado por la
jurisprudencia para cuestionar dicha providencia a través del mecanismo
constitucional.
Al respecto, el actor presentó escrito de impugnación, en el que sostuvo que la
acción de tutela no se dirigía únicamente a cuestionar las decisiones judiciales
proferidas en los años 2009 y 2010, sino también los autos expedidos entre 2022 y
2025, relacionados con incidentes de desacato, así como la amenaza inminente de
un desalojo forzoso, materializada en el operativo adelantado el 26 de noviembre
de 2025, que se derivó de omisiones administrativas.
Agregó que en la decisión impugnada no se analizó la vulneración actual y flagrante
de los derechos fundamentales, pese a que el operativo de desalojo tuvo lugar el
26 de noviembre de 2025, sin que obrara concepto técnico que sustentara la
existencia de un riesgo operacional.
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Accionante: Pedro Alfonso Ardila Vanegas
En virtud de lo expuesto, la Sala precisa que, tal como fue considerado por el a quo,
las pretensiones encaminadas a que se analice la situación actual de los barrios
Villa Rita y El Cimarrón -esto es, si presentan o no un riesgo excepcional-, así como
aquellas dirigidas a prevenir cualquier medida de desalojo o a prohibir que las
viviendas sean denominadas como “invasión”, emanan directamente de lo probado
y analizado en la acción popular dentro de la cual se profirieron las decisiones que
ahora se pretenden dejar sin efectos.
En consecuencia, no resulta posible abordar dichas solicitudes de manera aislada
del estudio de las sentencias cuestionadas, en tanto en ellas se impartieron órdenes
directamente relacionadas con lo aquí pretendido. En esos términos, era procedente
delimitar el análisis del caso bajo el marco de la tutela contra providencia judicial,
para lo cual resulta indispensable verificar, de manera previa, el cumplimiento de
los presupuestos generales y específicos establecidos para controvertir
providencias judiciales a través de este mecanismo constitucional.
Finalmente, tampoco resulta procedente analizar lo relativo a los autos proferidos
entre 2022 y 2025 en los respectivos incidentes de desacato, toda vez que se trata
de un aspecto nuevo que no fue planteado en el escrito inicial. A ello se suma que
no se especificó de manera clara y concreta la fecha en que fueron proferidos dichos
autos ni los defectos que se predican de esas decisiones.
Dicho lo anterior y de conformidad con las actuaciones que reposan en el
expediente que contiene las actuaciones de la acción popular n.° 85001-33-31-001-
2006-00412-00/01, la Sala observa que la decisión que decidió el asunto fue
proferida el 18 de marzo de 2010.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de
la Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata
de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien, la misma
disposición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en
todo momento, ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo
razonable, pues ello está en consonancia con los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, los cuales, prima facie, se deben resguardar.
Como la solicitud de amparo fue promovida el 27 de noviembre de 202510,
transcurrieron más de quince (15) años entre el momento en que se dio a conocer
la sentencia de 18 de marzo de 2010 que confirmó parcialmente la decisión de 12
de noviembre de 2009, y el de la interposición de la acción constitucional, término
que excede el límite razonable y suficiente establecido jurisprudencialmente por la
Sala Plena de esta Corporación, como regla general, acogido igualmente por la
Corte Constitucional.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las
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Acta individual de reparto.
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condiciones del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” ,
respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo
razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho
término es perentorio”12.
En ese mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses),
lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe
acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le
corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que caractericen al caso
concreto”13.
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata
de cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna
aún más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando
se ha superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso
concreto se deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima
facie los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En el presente caso, aunque el accionante invocó la existencia de un operativo de
desalojo como fundamento para promover la acción de tutela, la Sala considera que
dicho argumento no resulta suficiente para flexibilizar el requisito de inmediatez, en
la medida en que se trata de una situación derivada de las órdenes impartidas en
las sentencias proferidas dentro de la acción popular, sin que se advierta una
circunstancia adicional de especial gravedad o una condición de debilidad
manifiesta que haya impedido acudir oportunamente al juez constitucional. Por
tanto, las razones expuestas no justifican la presentación tardía de la acción.
En ese escenario, se encuentra probado que el plazo considerado como razonable
y suficiente (seis meses siguientes a la notificación), se encuentra superado en este
caso concreto, sin justificación suficiente. De ahí que, al no superarse el requisito
de procedencia de acción de tutela relativo a la inmediatez, lo propio es confirmar
la sentencia impugnada, sin que sea necesario realizar verificaciones adicionales
de los requisitos generales de procedencia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Accionante: Pedro Alfonso Ardila Vanegas
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 5 de febrero de 2026, dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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