Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07561-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07561-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07561-00
Consejero ponente: Conjuez Juan de Dios Bravo González
9 de abril de 2026
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07561-00
Actor: Maritza Ospina en representación de su hijo SSO
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Cuarta de Decisión
Tutela: Fallo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07561-00
Accionante: MARITZA OSPINA en representación de su hijo SSO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – SALA
CUARTA DE DECISIÓN
FALLO
Temas: Tutela contra sentencias judiciales. Reparación Directa. Violación al debido proceso.
Defecto fáctico por omisión en valoración de la prueba. Deniega pretensiones de la acción.
Se decide la acción de tutela presentada por la señora Maritza Ospina en representación de
su hijo SSO, contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
de acuerdo con el numeral 5º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, modificatorio del
artículo 2.2.3.1.2.1 del DUR 1069 de 2015.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, es competente para conocer y fallar la presente
acción de tutela, conforme al numeral 5º del artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, modificatorio
del artículo 2.2.3.1.2.1 del DUR 1069 de 2015, por cuanto ella está dirigida contra la sentencia
de fecha 31 de octubre de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, Sección Cuarta de Decisión.
1. ANTECEDENTES
1.1. HECHOS - PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA
Para el presente proceso se destacan los siguientes:
1.- El día 11 de junio de 2011, en la vía entre Argelia y Ansermanuevo (Departamento de Valle
del Cauca), ocurrió un accidente entre una motocicleta conducida Andrés Felipe Gómez
Ospina, en la que iba con un parrillero, el señor Wilson Alexander Sánchez, la cual colisionó
con una camioneta oficial conducida por el subteniente de la policía Johnny Elizalde Aldana;
esa camioneta pertenecía al Ministerio del Interior y de Justicia, de aquel entonces.
2.- En dicho accidente resultó herido el señor Wilson Alexander Sánchez, quien fue trasladado
al Hospital de Cartago (Valle del Cauca) y por la gravedad de las lesiones fue llevado al
Hospital Universitario “Evaristo García”, donde le diagnosticaron: “fractura de antebrazo
izquierdo, fractura de pelvis en libro abierto con diástasis de articulación sacro iliaca izquierda
y de la sínfisis púbica, fractura expuesta de fémur izquierdo, fractura de tibia y peroné
izquierdo, trauma vesical grado II y trauma vascular femoral superior¨
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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Cuarta de Decisión
Tutela: Fallo
3.- El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Unidad Local de Cartago,
Radicación interna 2011C-05030301235 por el perito código 185, Médico HÈCTOR JULÌAN
LÒPEZ, una incapacidad definitiva de ciento cincuenta días (150) y las siguientes secuelas
médico-legales:
• Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente
• Perturbación funcional de miembro inferior izquierdo de carácter permanente.
• Perturbación del Órgano-sistema de la locomoción (órgano par) de carácter permanente.
• Perturbación funcional de Órgano-sistema urinario de carácter permanente.
4.- El día 11 de julio de 2011, la Sala Penal del Tribunal de Buga, condenó al señor
Jhony Elizalde Aldana, conductor del vehículo del Ministerio del Interior, por lesiones
personales a una pena privativa de la libertad de 12 meses y 15 días.
5.- El señor Wilson Alexander Sánchez falleció, sin conocerse el motivo de ello y, sus
causahabientes, instauraron el medio de control de reparación directa por falla en el servicio;
en desarrollo de ese proceso, el día 16 de diciembre de 2020, el Juzgado Segundo
Administrativo de Cartago, accedió parcialmente a las pretensiones solicitadas, por cuanto al
analizar el “informe policial del accidente de tránsito No.0068”, que estableció que la
motocicleta invadió el carril contrario y colisionó con la camioneta, consideró que se trataba de
una hipótesis de la cual no se podía concluir que el accidente de que se trata lo causó la
motocicleta.
6.- En esa sentencia de primera instancia se condena, en forma solidaria, a la Policía Nacional,
al Municipio de San José del Palmar (Chocó) y al agente de la Policía JHONY ELIZALDE
ALDANA, al pago de los perjuicios morales, daño a la salud y perjuicios materiales por lucro
cesante, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones y secuelas padecidas por el afectado.
7.- El día 03 de julio de 2025, en sentencia de segunda instancia del medio de control de
reparación directa, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, resolvió revocar la sentencia
del Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, con el argumento que el accidente fue
ocasionado por culpa exclusiva de la víctima, conclusión a la que llegó luego de analizar otras
pruebas, tales como: el informe pericial de física forense emitido por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses y el interrogatorio de parte rendido por el señor Juan
Manuel Cuellar Mendoza, exalcalde del municipio de San José del Palmar (Chocó.)
8.- Interpuesta acción de tutela contra la sentencia de que trata el punto anterior, la Sección
Quinta del Consejo de Estado, el día 21 de agosto de 2025, profirió sentencia negando el
amparo solicitado y declarando la tutela improcedente por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
9.- El día 10 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en fallo de segunda
instancia de dicho amparo constitucional, resolvió:
(…) “1. Revocar la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, la Sala en su lugar dispone:
2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante, en
consecuencia,
3. Dejar sin efecto la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, dentro del proceso de reparación directa 76147-33-33-001-2013-00519-
02 y, en su lugar,
4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión en la que
tenga en cuenta lo dispuesto en esta providencia.
5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Tutela: Fallo
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado”.
10.- De la anterior providencia del Consejo de Estado hay que destacar, para los efectos del
presente proceso, los siguientes apartes:
(…) “A pesar de la anterior motivación, esta Sala no pasa por alto que, visto el
expediente de reparación directa que obra en medio magnético en la presente acción
de tutela, durante la audiencia inicial que se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2019,
en el minuto 44:38, tal como lo indicó la parte demandante, existió solicitud conjunta de
la demandante y el apoderado de los demandados en el sentido que se tuviera como
prueba la integridad del proceso penal surtido ante el Tribunal Superior de Buga contra
el señor Jhony Elizalde Aldana por el delito de lesiones personales.
Aunque, en principio, el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago consideró que no
era la etapa procesal para resolver sobre la solicitud probatoria, en atención que la
solicitud fue presentada por ambas partes en el mismo sentido, el Juzgado Segundo
Administrativo de Cartago dispuso que de manera oficiosa ordenaría allegar copia
íntegra del proceso penal al medio de control de reparación directa.
Es decir que, conforme con lo expuesto y ante la solicitud de ambas partes en la
audiencia inicial de que se tuviera como prueba el proceso penal en el medio de control
de reparación directa, era posible concluir que, contrario a lo mencionado por el
Tribunal demandado, el juez de primera instancia sí incorporó la integridad del
expediente penal al proceso ordinario, razón por la cual no había lugar a que la
autoridad judicial demandada al resolver la segunda instancia del proceso ordinario se
relevara de estudiar las pruebas aportadas e incorporadas al expediente.
En este contexto, la Sala concluye que está acreditado el defecto fáctico por omisión
en la valoración probatoria, lo que impone en esta instancia constitucional acceder al
amparo solicitado.
En este punto, es necesario precisar que la orden de amparo no implica incidir en el
sentido de la decisión que deberá adoptar la autoridad judicial demandada en
cumplimiento de la acción de tutela, en el entendido que el defecto configurado es el
fáctico por omisión en la valoración de la prueba que fue incorporada al proceso de
reparación directa, la cual deberá ser analizada en conjunto con los demás medios
probatorios recabados”. (Se ha subrayado).
11.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día 31 de octubre de 2025, después de
hacer una valoración de las diferentes pruebas que aparecen en el expediente, de acuerdo
con lo ordenado por el Consejo de Estado, tomó la decisión de revocar la sentencia proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago.
12.- El actor en la presente acción de tutela, impugna la sentencia de reemplazo proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por defecto fáctico en la valoración de las
pruebas y relaciona algunas de ellas, para presentar una serie de hipótesis que, a su juicio, ha
debido haber llegado el Tribunal para acoger las pretensiones de la demanda.
1.2. ADMISIÓN DE LA TUTELA
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Tutela: Fallo
La acción de tutela fue admitida mediante auto de fecha dos (02) de diciembre de dos mil
veinticinco (2025), el cual fue notificado a través de la secretaria general del Consejo de
Estado, según consta en el sistema SAMAI.
En dicho auto se ordenó que se oficiara al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala
Cuarta de Decisión y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartago, en el evento
que el expediente hubiere sido devuelto a esa dependencia para que remitan en medio digital
copia integral del expediente del medio de control de reparación directa No. 54001-33-40-007-
2016-00174-076147-33-33-001-2013-00519-00/01.
El expediente digital fue remitido a esta Sección y se encuentra en el expediente digital que se
puede consultar en SAMAI.
Además, en este auto se vinculó al trámite al municipio de San José del Palmar, Chocó, al
Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa, a la
Policía Nacional, a los señores Jhony Elizalde Aldana y Juan Manuel Cuellar Mendoza, a la
Compañía Seguros del Estado S.A., a la Unidad Nacional de Protección, y al Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartago, como terceros con interés en el presente
proceso.
1.3. RESPUESTA DE LOS VINCULADOS
En el expediente se encuentran las siguientes respuestas a la presente acción de tutela:
1.3.1. Respuesta de la Unidad Nacional de Protección - UNP
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UNP solicita que dicha entidad sea desvinculada
del presente proceso, para lo cual argumenta lo siguiente:
1º. Falta de legitimidad en la causa por pasiva de la UNP, por cuanto de acuerdo con el escrito
que instauró la acción de tutela está dirigido de manera exclusiva contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala Cuarta de Decisión.
2º. Improcedencia y subsidiaridad de la acción de tutela, por cuanto las pretensiones del
accionante no van dirigidas a la UNP, por lo cual dicha entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales de los accionantes.
3º. Reserva legal del escrito de respuesta, por cuanto de acuerdo con el artículo 24 de la Ley
1755 de 2015, en armonía con las normas reglamentarias, esta información no debe formar
parte de los archivos a los cuales tiene acceso el público.
1.3.2. Respuesta del Ministerio del Interior
El director Jurídico del Ministerio del Interior solicita que dicha entidad sea desvinculada del
presente proceso, para lo cual argumenta lo siguiente:
1º. Autonomía e independencia de la rama judicial en el sentido que, de acuerdo con el artículo
5º de Ley Estatutaria de la Administración, esta rama es independiente y autónoma en el
ejercicio de su función, por lo cual ningún funcionario del orden administrativo o jurisdiccional
podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial sobre las decisiones o
criterios que deba adoptar en sus providencias.
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Tutela: Fallo
Además, aunque el Ministerio del Interior fue parte del proceso con radicado No. 76147-33-
33-001-2013-00519-02 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no le corresponde
“revisar, revocar o intervenir “en determinadas decisiones que desbordan las competencias
del Ministerio.
2º. Falta de legitimación material en la causa pasiva por cuanto el nexo de causalidad entre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora y la acción u
omisión por parte de esa “cartera Ministerial, es inexistente, por lo que la presente tutela se
torna improcedente de ésta, toda vez que los hechos que alega la parte actora que,
presuntamente, infringen sus derechos fundamentales no emanan de este Ministerio”.
3º. Inexistencia de vulneración de derechos fundamentales por parte del Ministerio del Interior,
ya que no “ha adelantado actuación alguna u omitido un deber que ponga en riesgo derechos
fundamentales del accionante”.
1.3.3. Respuesta del Ministerio de Justicia
La apoderada del Ministerio de Justica y del Derecho, después de hacer un resumen de los
antecedentes que dieron origen a la tutela y de la intervención de esa cartera, presenta los
siguientes argumentos:
1º. Improcedencia de la tutela contra providencias judiciales por mera inconformidad
probatoria, ya que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la tutela no
procede para reabrir la valoración probatoria, salvo cuando la decisión carece absolutamente
de respaldo fáctico o cuando el juez omite por completo el estudio de pruebas
determinantes”.
Al respecto, cita las siguientes sentencias de la Corte Constitucional:
(..) Sentencia C-590 de 2005 (fundamental): Define los requisitos generales y causales
específicas de procedencia de tutela contra providencias judiciales.
Reitera que la tutela no puede convertirse en tercera o cuarta instancia, ni corregir
desacuerdos con la valoración probatoria.
(..) Sentencia SU-424 de 2016: El juez de tutela no puede imponer su propio criterio probatorio
por encima del juez natural.
(…) Sentencia SU-332 de 2019: La tutela es improcedente cuando se pretende reabrir
debates fácticos ya decididos en instancias judiciales.
(…) Sentencia SU-474 de 2020: Se insiste que la acción de tutela no procede para cuestionar
diferencias interpretativas ni evaluaciones probatorias razonables.
(…) Sentencia SU-499 de 2024: Reitera que la tutela solo procede cuando la valoración
probatoria es:
• Arbitraria
• Irracional
• Contradictoria con el conjunto de pruebas
• O vacía de soporte fáctico
Y, finalmente agrega: “En este caso, el Tribunal sí valoró el dictamen de física forense, la
sentencia penal y los demás elementos, aunque la parte no comparta su conclusión.
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2º. Autonomía judicial y libertad de valoración probatoria, para lo cual cita las siguientes
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado:
(…) Sentencias T-252 de 2017, T-378 de 2022 y T-221 de 2023: El juez constitucional no
puede reemplazar al juez natural en la valoración de la prueba.
(…) Sentencia T-059 de 2021: Se considera improcedente la tutela cuando el actor pretende
que se reevalúe la prueba pericial o testimonial ya examinada por el juez ordinario.
(…) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de mayo de 2017, rad. 44.636:
juez goza de autonomía en la valoración del dictamen pericial.
Y finalmente, agrega: “El desacuerdo de las partes no configura defecto fáctico”.
3º. En relación con el defecto fáctico cita las siguiente sentencias de la Corte Constitucional:
(…) Sentencia SU-915 de 2021: Reitera que la existencia de valoración explícita, así sea
mínima, excluye el defecto fáctico.
(…) Sentencia SU-146 de 2023: Para que exista defecto fáctico, debe demostrarse que la
omisión del juez impidió reconstruir adecuadamente el hecho debatido.
4º. En cuanto al supuesto desconocimiento del precedente judicial dice:
(…) “Sentencia SU-354 de 2017: El desconocimiento del precedente ocurre cuando:
1. Existe una regla jurisprudencial clara y aplicable.
2. El juez no la cita o se aparta sin justificación.
En este caso, no existe un precedente vinculante específico sobre la causación de
responsabilidad estatal por accidentes bajo la eximente de culpa exclusiva de la víctima”.
(…) “Sentencia SU-449 de 2020: La libertad judicial implica que el juez pueda apartarse del
precedente cuando lo justifique adecuadamente.
El Tribunal justificó su análisis probatorio; por tanto, no existe desconocimiento del
precedente”.
5º. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio, porque dicha cartera: no produjo
la decisión atacada, no intervino causalmente y no puede modificar, influir en la presente
actuación.
6º. El Ministerio propone excepciones previas y de fondo o de mérito
a) En relación con las excepciones previas y mixtas, se proponen:
• La falta de legitimación en la causa por pasiva, “por cuanto la eventual vulneración
iusfundamental alegada en la demanda de tutela no proviene de un acto, omisión,
decisión o conducta atribuible a esta Cartera, sino exclusivamente del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala Cuarta de Decisión, autoridad judicial que
profirió la sentencia del 31 de octubre de 2025”
• Improcedencia por ausencia de relevancia constitucional, “por cuanto la parte actora
estructura la demanda sobre aspectos puramente probatorios, interpretativos y
argumentativos propios del proceso contencioso-administrativo, lo cual no satisface el
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Tutela: Fallo
estándar fijado por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales”
• Improcedencia por subsidiaridad, por cuento “los hechos muestran que los accionantes
tuvieron acceso a un proceso judicial completo en dos instancias, dentro del cual se
debatió ampliamente la responsabilidad del Estado y la valoración probatoria”.
• Improcedencia por incumplimiento del requisito de inmediatez, por cuanto “la decisión
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue proferida el 31 de octubre de 2025,
y aunque fue notificada posteriormente, los accionantes no demostraron circunstancias
excepcionales que explicaran la tardanza en la presentación de la tutela”.
.
b) En relación con las excepciones de fondo o de mérito, se proponen:
• Ausencia total de imputación jurídica al Ministerio, en donde se “reitera que no existe
vínculo jurídico, fáctico o funcional que permita imputar al MJD la presunta vulneración
de derechos fundamentales alegada por los accionantes”.
• Inexistencia de defecto fáctico, por cuanto “la acción de tutela se sustenta en que el
Tribunal habría incurrido en un supuesto defecto fáctico, debido a la valoración del
dictamen de física forense y de otros elementos probatorios.
Sin embargo, al revisar la sentencia impugnada es claro que el Tribunal efectuó un
análisis amplio, explícito y razonado de la totalidad del acervo probatorio: consideró el
dictamen técnico, valoró la sentencia penal proferida dentro del proceso adelantado
contra el conductor del vehículo oficial, examinó los testimonios, atendió el IPAT e
incluso integró consideraciones sobre la conducta de la víctima”.
• Inexistencia del desconocimiento del precedente, por cuanto” los accionantes afirman
que el Tribunal desconoció el precedente constitucional y el fallo de tutela previo
proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. No obstante, un análisis
detenido de la sentencia revela que el Tribunal sí acató plenamente la orden
constitucional, en tanto valoró el dictamen de física forense y examinó de manera
integral el acervo probatorio, corrigiendo el defecto advertido en la tutela anterior”.
• Inexistencia de violación del fallo de tutela previo, en cuanto que “la tutela previa no
ordenó al Tribunal declarar responsable al Estado ni establecer una determinada
consecuencia jurídica; simplemente le ordenó valorar el dictamen ignorado. El Tribunal
cumplió esa orden, examinó el dictamen, integró su contenido al contexto probatorio y
justificó por qué, aun con ese insumo técnico, la causa eficiente del daño recaía en la
conducta de la víctima”.
• Improcedencia por tratarse de un debate estrictamente probatorio, ya que “los
accionantes buscan reabrir el debate probatorio que ya fue objeto de discusión en el
proceso de reparación directa”.
• Ausencia de vulneración de derechos fundamentales, porque “no existe vulneración
alguna de los derechos fundamentales invocados. La sentencia cuestionada está
razonada, motivada, sustentada en el acervo probatorio y en la jurisprudencia
aplicable, sin que se advierta arbitrariedad, irrazonabilidad o ausencia de motivación”.
1.3.4. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional
La oficina asesora de estas entidades presenta los siguientes argumentos, en relación con la
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados por la actora:
1º. Vulneración del debido proceso, respecto de lo cual se dice que “la protección a estos
derechos no implica necesariamente una resolución favorable a quién acude a los jueces. En
particular, supone que se garantice: (i) el acceso a un juez o tribunal imparcial, (ii) a obtener la
sentencia que resuelva de fondo las pretensiones planteadas de conformidad con las normas
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Tutela: Fallo
vigentes, y (iii) a que el fallo adoptado se cumpla efectivamente (Sentencia C-037 de 1996),
aspectos que conforme a lo analizado en el cartulario se viene garantizando por los despachos
judiciales. En ese entendido es palmario que en el caso sub examine las garantías
fundamentales vienen siendo aplicadas en su conjunto y no existen elementos de juicio que
acrediten vulneraciones a las reglas procedimentales y sustanciales definidas por la ley”.
2º. Violación del principio de igualdad procesal, respecto de lo cual se argumenta que “no
se ha vulnerado la igualdad procesal para el caso en cuestión, ya que la decisión de segunda
instancia ha tenido en cuenta de manera inequívoca la igualdad entre las partes dentro del
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. El caso se resolvió de acuerdo
con lo solicitado por las partes, sin que se haya producido una alteración en las condiciones
de equidad procesal entre ellas”.
3º. Vulneración de la garantía del acceso efectivo a la justicia, en este caso se alega
que “no se ha vulnerado el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, toda vez que la parte actora ha contado con los medios y oportunidades
necesarias para ejercer su defensa y hacer valer sus derechos dentro del trámite
judicial correspondiente y en consecuencia, la garantía constitucional invocada se
encuentra plenamente salvaguardada”.
4º. Derecho a la reparación integral, respecto de lo cual se afirma que “el accionante al acudir
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo evidencian de manera clara que el ad
quem, en sentencia de segunda instancia, conoció a fondo la litis planteada. En consecuencia,
los derechos que la accionante afirman han sido vulnerados se encuentran
debidamente resguardados, dado que la decisión adoptada por las autoridades competentes
ha abordado de manera integral las pretensiones y argumentos expuestos. Así, no se ha
configurado vulneración alguna al derecho fundamental invocado, puesto que el órgano
jurisdiccional ha evaluado la cuestión en su totalidad, garantizando los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad procesal, al acceso a la administración de
justicia, a la dignidad humana y a la reparación integral”.
Además, las entidades vinculadas alegan lo siguiente:
• Que, en el proceso de reparación directa, existió culpa exclusiva de la víctima, tal
como lo decidió el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, en sentencia de segunda
instancia del 31 de octubre de 2025, por medio de la cual se revocó sentencia de
primera instancia nro. 199 emitido el 16 de diciembre de 2020 por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Cartago”
• Que es improcedente la presente acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, pues esas entidades vinculadas consideran que se
esté “el acontecimiento de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e
INJUSTIFICADA, donde se amerite la procedencia de la tutela como un mecanismo
para acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas por los accionantes,
máxime cuando se debatió a través de otras vías de protección jurisdiccional siendo
las idóneas para resolver la litis propuesta en la presente acción y por lo mismo genera
su improcedencia, teniendo en cuenta que ésta es un mecanismo de protección
subsidiario. Además, los hechos constitutivos del perjuicio irremediable por no estar
exentos de prueba deben acreditarse con carga probatoria”
1.4. AUSENCIA DE RESPUESTA DE ALGUNOS VINCULADOS
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07561-00
Actor: Maritza Ospina en representación de su hijo SSO
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Cuarta de Decisión
Tutela: Fallo
En el expediente no aparece constancia de respuesta a la presente acción de tutela por parte
de: (i) el municipio de San José del Palmar, Chocó, (ii) el señor Jhony Elizalde Aldana, (iii) el
señor Juan Manuel Cuellar Mendoza, (iv) la Compañía Seguros del Estado S.A., (v) el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartago.
1.5. AUSENCIA DE RESPUESTA POR PARTE ACCIONADO, TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – SALA CUARTA DE DECISIÓN.
En el expediente no aparece constancia de respuesta por parte del accionado Tribunal
Administrativo del Valle Del Cauca – Sala Cuarta de Decisión
2. PRETENSIONES DEL ACCIONANTE
El Demandante formula las siguientes pretensiones, las cuales se transcriben textualmente:
“1.- Que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales de los accionantes señora
MARITZA OSPINA, mayor y vecina de Cartago, (Valle del Cauca), quien actúa en nombre
propio y en nombre y presentación legal de su menor hijo SAMUEL SANCHEZ OSPINA, así
como en calidad de herederos del causante WILSON ALEXANDER SANCHEZ, demandantes
dentro del medio de control de Reparación Directa, radicado bajo el No.76147-33-33-001-
2013-00519-02, que se tramitó en contra de la Nación – Policía Nacional, Municipio de San
José del Palmar, Chocó, Ministerio del Interior y otros, al debido proceso, derecho a la
igualdad, derecho de acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, a la
reparación integral, y otros que se consideren vulnerados con la decisión adopta por el
Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia del 31 de
octubre de 2025, al revocar nuevamente la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartago, Valle, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y resuelve declarar la existencia de culpa
exclusiva de la víctima violando el debido proceso y desconociendo los elementos probatorios
allegados al proceso que desvirtúan la excepción invocada por los demandados”.
2.- Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Tribunal
accionado la expedición de una sentencia sustitutiva a la proferida el día 31 de octubre
de 2025, en la cual se confirme la sentencia de primera instancia injustamente
revocada o se acceda a las suplicas de dicha demanda conforme a la valoración
integral de las pruebas y las reglas de la sana critica”.
3. EXCEPCIONES PREVIAS Y MIXTAS
En relación con la excepción previa propuesta por el Ministerio de Justicia de falta de
legitimación en la causa por pasiva, en el fallo de esta tutela se desvinculará o se decretará
que siga siendo vinculado como un tercero con interés en el proceso, una vez se hubieren
analizado por la Sala los diferentes argumentos expuestos por las partes y las de los terceros
vinculados y, lo propio se hará, con el requisito de relevancia constitucional.
4. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA SENTENCIAS – CONSIDERACIONES
PRELIMINARES
4.1. FINALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA
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Actor: Maritza Ospina en representación de su hijo SSO
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Cuarta de Decisión
Tutela: Fallo
La acción de tutela, de acuerdo con el artículo 89 de la Constitución Política, reglamentado por
el Decreto 2591 de 1991, establece que toda persona tiene derecho a interponer una acción
de tutela ante los jueces, con el fin de lograr la protección inmediata de sus derechos
fundamentales constitucionales, entre ellos, los derechos al debido proceso y a la igualdad
(arts. 29 y 13 de la C.P, respectivamente).
4.2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
La procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, sin importar la entidad que
las hubiere proferido, ha sido aceptada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, en el evento en que resulte violado un derecho constitucional fundamental.
En la sentencia T-437 de 2015, de fecha 10 de julio de 2015, M.P. (encargada) Myriam Ávila
Roldán, la Corte Constitucional, reiteró su jurisprudencia en relación con la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, estableciendo las siguientes causales
generales:
“(i) Que el asunto que se discuta implique una evidente relevancia constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes, exigencia que busca evitar que la acción de tutela se
torne en un instrumento apto para involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones”.
“(ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios o extraordinarios
excepto cuando lo que se pretende es evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable”.
“(iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, lo que significa que la tutela debe
interponerse en un término razonable a partir del hecho que originó la vulneración. Lo anterior,
con el objeto de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica”.
“(iv) Si lo que se alega es la existencia de una irregularidad procesal, debe ser evidente que
la misma tiene a) un efecto decisivo en la sentencia que se impugna y b) afecta los derechos
fundamentales del accionante, salvo cuando se trate de una prueba ilícita obtenida con
violación de esos derechos”.
“(v) Que el demandante identifique tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado dentro del proceso judicial tal vulneración si ello
hubiese sido posible”.
“(vi) Que no se trate de fallos de tutela, de forma tal que se evite que las controversias
relativas a la protección de los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida”.
En esa misma sentencia T-437 de 2015, se dice que una vez se establezca que operan las
causales generales de procedibilidad, se debe probar que la “providencia atacada ha incurrido
en alguno de los defectos que la jurisprudencia ha denominado causales específicas de
procedibilidad”, las cuales son:
(i) Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece,
de manera absoluta, de competencia para ello.
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Tutela: Fallo
(ii) Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez ha actuado al margen del
procedimiento establecido.
(iii) Defecto material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
(iv) Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de
terceros y ese engaño lo ha llevado a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.
(v) Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa
la legitimidad de sus providencias.
(vi) Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo,
desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
(vii) Violación directa de la Constitución”.
4.3. CUMPLIMIENTO DE LAS CAUSALES GENERALES
4.3.1. ASUNTO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
Según el accionante, la presente tutela tiene relevancia constitucional, por cuanto: se
comprometen los principios al debido proceso, derecho a la igualdad, derecho de acceso a la
administración de justicia, a la dignidad humana y a la reparación integral,
La Sala estima, que todos los anteriores principios son de relevancia constitucional, por lo
cual entiende que se cumple con este requisito general.
4.3.2. AGOTAMIENTO PREVIO DE TODOS LOS MEDIOS DE DEFENSA
JUDICIAL, ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
El accionante considera que la subsidiaridad se presenta, ya que en este caso no existe un
medio de defensa judicial distinto a acción la tutela, ya que en el proceso de reparación directa
se han agotado los recursos de ley.
La Sala encuentra lo siguiente en relación con las sentencias objeto de la presente acción:
1º. Respecto de la sentencia de reemplazo, que constituye la sentencia de cierre, de la acción
de reparación directa, no proceden otros medios de defensa judicial ordinarios o
extraordinarios, por cuanto:
• Contra esta sentencia no procede el recurso extraordinario de revisión, ya que no
se presenta algunas de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA y,
• El recurso extraordinario de unificación jurisprudencial no procede, pues no existe
este antecedente jurisprudencial y no ha sido alegado por el accionante.
2º. En consecuencia, en relación con el requisito de procedibilidad analizado, la Sala encuentra
que se cumple con el mismo, por lo cual se le dará curso a la tutela contra esta sentencia y
por este requisito.
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Tutela: Fallo
4.3.3. REQUISITO DE INMEDIATEZ
El requisito de inmediatez se cumple, según el accionante, en la media que la acción de tutela
se presenta en un plazo razonable desde la fecha de notificación de las sentencias
impugnadas.
En este punto, la Sala encuentra que se cumple con el requisito de la inmediatez, en la media
que la tutela contra la sentencia impugnada se presentó dentro de los 6 meses contados desde
su notificación, por lo cual en relación con este requisito se le da curso a la tutela.
4.3.4. IRREGULARIDAD PROCESAL
De acuerdo con el accionante, la irregularidad procesal se ha presentado, por cuanto
supuestamente no se valoraron de manera integral las pruebas que obran en el proceso.
Esta supuesta irregularidad, la explica de la siguiente manera:
“DECIMO SEPTIMO: En la providencia del 31 de octubre de 2025, el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, No obstante a valorar la prueba del informe pericial de
física forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, obrantes en el proceso,
incurre en el defecto factico por indebida valoración del acervo probatorio conforme a las reglas
de la sana critica, en la medida en que desconoce de forma arbitraria y caprichosa el análisis
y conclusiones de dicho informe pericial y contrario censo, le da al IMPAC, un alcance de plena
prueba que no tiene, porque la ley establece la sana crítica”
La Sala analizará esta causal de procesabilidad de la tutela, al efectuar el análisis del defecto
fáctico en la valoración de las pruebas, que se presenta como un requisito especial de la
presente acción.
4.3.5. HECHOS QUE GENERARON LA VULNERACIÓN, DERECHOS
VULNERADOS Y QUE SE HUBIERE ALEGADO DENTRO DEL PROCESO
JUDICIAL TAL VULNERACIÓN
El actor considera que la sentencia objeto de esta, agredió los siguientes derechos
fundamentales:
1. Al debido proceso, en la modalidad de recortar el derecho a probar
2. Al de igualdad al desconocer supuestamente el precedente judicial.
3. Al acceso a la administración de justicia (art. 228 C.P.).
4. A la dignidad humana
5. A reparación directa
La Sala encuentra que el accionante presenta de manera ordena los hechos que
supuestamente vulneraron los derechos fundamentales, enumera y fundamenta las razones
de la vulneración, los cuales fueron alegados dentro de los procesos judiciales, por lo cual
entiende que se cumplió con este requisito.
4.3.6. NO SE TRATA DE UNA TUTELA CONTRA UNA SENTENCIA DE TUTELA
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Tutela: Fallo
Es evidente que se cumple con este supuesto.
4.4. CAUSALES ESPECÍFICAS PARA LA PROCEDENCIA DE LA TUTELA
En relación con las causales específicas de procedibilidad, la Sala procederá a analizarlas
en su orden.
4.4.1. Defecto orgánico
En relación con el defecto orgánico, éste no se presenta puesto que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, es el órgano competente en segunda instancia del medio de control de
reparación directa.
4.4.2. Defecto procedimental – defecto fáctico
En cuanto al defecto procedimental absoluto, el argumento central del accionante se basa
en la falta de valoración integral de las pruebas que obran en el expediente, para llegar a la
conclusión que existió un defecto fáctico o probatorio.
La Sala para efectos de verificar la supuesta falta de valoración en conjunto de las pruebas
que obran en el expediente, encuentra que en la sentencia objeto de la presente acción,
aparecen relacionadas y valoradas las siguientes pruebas, en cuanto son determinantes para
tomar un decisión:
1) Registro civil de matrimonio indicativo serial No. 04720320, da cuenta del vínculo
matrimonial entre el señor Wilson Alexander Sánchez (q.e.p.d.) y la señora Maritza Ospina.
2) Registro civil de nacimiento de Samuel Sánchez Ospina, indicativo serial No. 41633825,
demuestra que es hijo del señor Wilson Alexander Sánchez (q.e.p.d.).
3) Informe Policial de Accidente de Tránsito.
4) Informe ejecutivo dirigido por el Inspector (E) Municipal de Policía y Tránsito a la Fiscalía de
turno.
5) Historia clínica del Hospital Universitario del Valle correspondiente al señor Wilson
Alexander Sánchez (q.e.p.d.), con fecha de ingreso del 11 de enero de 2011.
6) Informe técnico médico legal de lesiones no fatales fechado el 26 de septiembre de 2011,
radicación interna No. 2011C-05030301235, proferido por el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, resultado de valoración realizada al señor Wilson Alexander
Sánchez (q.e.p.d.).
7) Contrato interadministrativo de comodato No. 004, del 10 de febrero de 2009, celebrado
entre el Ministerio del Interior y Justicia y el Municipio de San José del Palmar (Chocó), cuyo
objeto fue el siguiente:29 “CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: Por este contrato el
COMODANTE entrega al COMODATARIO y éste a la vez recibe a título de COMODATO a
préstamo de uso, un (1) vehículo de las siguientes características: Camioneta Chevrolet Luv
(…) de PLACAS OBG 106 (…)”
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Tutela: Fallo
8) Álbum fotográfico del accidente de tránsito ocurrido el 11 de junio de 2011 tomadas por el
inspector municipal de Policía y Tránsito de Ansermanuevo, que hacen parte del expediente
de denuncia del accidente de tránsito del que se hace mención.
9) Elementos del proceso penal radicado 761476000171201100767 seguido en contra del
señor Jhony Elizalde Aldana:
• Escrito de acusación proferido por la Fiscalía 17 Local de Cartago – Valle del Cauca,
en el marco de la investigación penal radicado 761476000171201100767, adelantada
con ocasión del siniestro analizado:31
• Formato interrogatorio de indiciado -FPJ-27-, del 11 de 09 de 2015, realizado el
Investigador de la Policía Judicial Patrullero Gabriel Fernando Burgos al ex alcalde del
Municipio de San José del Palmar (Chocó), Juan Manuel Cuellar Mendoza:32
• Informe pericial de física forense No. DROCC-LFIF-0000038-2017 fechado el 16
de mayo de 2017 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –
Dirección Regional Occidente – Laboratorio de Física Forense, 33 firmado por el
profesional especializado forense Luz Adriana Torres Garzón:
• Sentencia de segunda instancia de fecha 06 de julio de 2018, proferida por la Sala
de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, M.P. doctor
Álvaro Augusto Navia Manquillo, radicación 76147-60-00-171-2011-00767-01 (AC-
170-18), proferida en el marco del proceso penal adelantado en contra del señor Jhony
Elizalde Aldana por el punible de lesiones personales culposas:34
Como se puede apreciar, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de
fecha 31 de octubre de 2025, objeto de esta acción de tutela, consideró las anteriores pruebas
para llegar a la decisión que finalmente adoptó y, con ello, siguió los parámetros de la
sentencia de fecha 10 de octubre de 2025, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que
le había ordenado emitir una sentencia de reemplazo.
En relación con la valoración de las pruebas efectuadas en el texto de la sentencia de
reemplazo objeto de esta tutela, la Sala se permite resaltar lo siguiente:
1). En relación con el proceso del medio de control de reparación directa, dice:
“Sea lo primero advertir que, en la Sentencia del 3 de julio de 2025 aprobada por la Sala, para
resolver los recursos de apelación presentados contra la Sentencia #199 del 16 de diciembre
de 2020 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cartago, no se
sostuvo en aparte alguna que dicho operador judicial no había incorporado la integridad del
expediente penal al proceso ordinario, lo que se adujo fue que no podían ser objeto de
valoración en este proceso, los elementos probatorios que sirvieron de sustento al fallo
contenido en la aludida Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga de fecha
6 de julio de 2018, en la que se condenó por el delito de lesiones culposas al señor Jhony
Elizalde Aldana, por cuanto no habían sido pedidas como prueba trasladada por ninguna de
las partes”.
“Con dicha afirmación, se hacía referencia en concreto a la experticia rendida a instancias del
juez penal por una perito físico forense, sobre la cual se dijo que, no podía ser analizada en
este proceso, por cuanto, no fue solicitada como prueba trasladada por la parte actora, ni por
ninguna de las partes demandadas, con todo, se advirtió que por dicha circunstancia, y como
quiera que el juez había incorporado oficiosamente el proceso penal, bien podía tenerse en
cuenta la providencias emitida por la autoridad judicial penal, para demostración de hechos,
pero no para la acreditación de una responsabilidad extracontractual como la que se pretende
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Tutela: Fallo
en este proceso, ya que en la jurisdicción ordinaria penal son otros los factores que se analizan
para establecer la existencia de un delito, como lo fue en este caso”.
2). En relación con la solicitud de tener como prueba la integridad del proceso penal, se dice:
(..) “el juez de primera instancia sí había incorporado la integridad del expediente penal al
proceso ordinario, razón por la cual no había lugar a que esta Corporación al resolver la
segunda instancia del proceso ordinario se relevara de estudiar las pruebas aportadas e
incorporadas al expediente”.
“Para la Sala es claro que la jurisprudencia del Consejo de Estado de tiempo atrás ha
entendido que, cuando las pruebas trasladadas desde otro proceso no fueron practicadas
contra la parte a quien se oponen, ni con su audiencia, ni han sido objeto de ratificación,
pueden ser valoradas si (i) son allegadas a petición de una de las partes y la otra parte
estructura su defensa con fundamento en aquella, (ii) o cuando las dos partes lo solicitan
como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación”.
“En este caso, se repite, la parte actora no solicitó la práctica de la aludida prueba, así como
tampoco fue solicitada por alguno de los demandados, sin embargo, en la audiencia inicial de
fecha 5 de septiembre de 2018, los apoderados del Municipio de San José del Palmar y del
señor Jhony Elizalde Aldana (demandados), solicitaron al Juez que decretara el allegamiento
del expediente penal de manera “oficiosa”, lo que fue decretado de esa manera, pese a que
no era el momento procesal oportuno, y, en su decreto se incorporaron como solicitantes a los
apoderados de la parte actora y del Ministerio del Interior, cuando no se advierte del acta
respectiva que así lo hubieran solicitado, ---------------“.
3). En relación con el análisis del Informe Policial de Tránsito – IPAT No. 0068, dice lo
siguiente:
“La experticia mencionada, no se refiere a la causal establecida en el IPAT ni para rebatirla ni
para confirmarla, así como no se aventura a establecer la causa eficiente o al menos una
probable del accidente, pues sólo se apoya en el IPAT para enunciar las características de la
vía, así como la posible velocidad de los vehículos colisionados y el sitio donde recibieron los
golpes. Es decir, no es concluyente respecto de las causas del accidente, y menos, sobre la
responsabilidad de los dos conductores comprometidos”.
“Así pues, en este punto del análisis, se tienen dos conclusiones diferentes sobre la causa
probable del accidente, una, contenida en el IPAT que señala la impericia del conductor de la
motocicleta y otra, la contenida en el fallo anterior, que indica que fue la imprudencia del señor
Jhony Elizalde Aldana al conducir la camioneta que colisionó con el mencionado automotor”.
“Sobre la autonomía de este tipo de procesos frente al penal, se ha referido el Consejo de
Estado para afirmar que el proceso penal tiene como finalidad la realización del ius puniendi y
establecer, más allá de toda duda razonable, si una persona es o no responsable de la
comisión de un delito, mientras que el medio de control de reparación directa está instituido
para reclamar la reparación del daño antijurídico imputable al Estado al margen de que su
causa pueda constituir o no un delito y, en esa medida, son procesos autónomos e
independientes, que se rigen por principios y reglas diferentes, pero aclara que, en el evento
que exista una sentencia penal condenatoria debidamente ejecutoriada, la misma puede servir
de fundamento y ofrecer criterios para establecer los elementos de la responsabilidad del
Estado”.
“En el presente caso, no se podría tener en cuenta el fallo de condena emitido por la autoridad
judicial penal, pese a estar debidamente ejecutoriado, ya que la conclusión a la que allí se
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Tutela: Fallo
arriba tiene como fin la demostración de la responsabilidad penal del señor Jhony Elizalde
Aldana por el delito de lesiones personales culposas cometido contra la humanidad del señor
Wilson Alexander Sánchez, bajo la consideración de que aquel conducía el vehículo oficial a
alta velocidad, lo que le permite concluir que dicha imprudencia fue la causante del accidente,
lo que es perfectamente viable dado su objetivo; empero, en este caso, debe determinarse si
los perjuicios sufridos por los actores como consecuencia del citado siniestro pueden ser
imputados a una actuación u omisión del Estado, el que se encuentra representado por las
entidades demandadas”.
4) Después de analizar los diferentes documentos que obran en el expediente, se afirma lo
siguiente:
(..) “Teniendo claro lo anterior, debe anotarse que, de la documentación aportada al plenario,
sólo el IPAT determina la causa probable del accidente, sin que se encuentre otro documento
o medio probatorio que lo desvirtúe. Pues, como ya se dejó claro en otro aparte, la experticia
practicada en proceso penal no aporta nada sobre el particular”.
“En el aludido documento, se plasmó por el funcionario público de tránsito, luego de verificar
el lugar de los hechos, que la causa probable del accidente fue la impericia del conductor de
la motocicleta, es decir del joven de 13 años, Andrés Felipe Gómez Ospina, de quien destaca
que no poseía una licencia para conducir”.
“La parte actora insistió en la acción de tutela que se valoraran las piezas del proceso penal,
con el propósito probablemente de desvirtuar el contenido de dicho documento con el del
informe pericial al que se ha hecho mención, sin embargo, éste como ya se anotó no contribuye
en nada a esclarecer las causas del siniestro. Además, tampoco puede ser útil la providencia
judicial de condena, ya que, contiene unos análisis que, aunque son respetables para la Sala,
tampoco contribuyen a determinar las circunstancias reales del accidente”.
“Así pues, del contenido del IPAT, se advierte que allí se anota como causa del accidente la
“impericia” del conductor de la motocicleta, lo que se establece del croquis elaborado por el
funcionario que atendió el incidente, y que permite determinar que, aquel al parecer invadió el
carril por el que avanzaba el vehículo oficial. Para entender el alcance de la aludida anotación
hubiera sido útil escuchar el testimonio de su autor, pero no fue citado como testigo en este
proceso”.
“Sobre la actividad de la conducción de vehículos automotores, se tiene claro que, en nuestro
país, en la actualidad aún se considera como una peligrosa, por tanto, para su desarrollo,
deben cumplirse los requisitos establecidos en la ley 769 de 2002, entre ellos, obtener una
licencia de conducción, la que sólo puede ser otorgada a partir de los 16 años, tal como lo
dispone su artículo 19. En este caso, como se sabe, el menor Andrés Felipe Gómez no tenía
reconocida licencia de conducción, por tanto, no era apto para conducir ningún tipo de
vehículo”.
“Dicha situación, permite establecer que, el señor Wilson Alexander Sánchez, por su propia
voluntad decidió abordar la motocicleta como parrillero, cuando era conducida por un menor
de escasos 13 años, y sin licencia de conducción, lo que a su vez indica que, era consciente
de los riesgos a los que se exponía”.
“De otra parte, según lo establece el artículo 2356 del Código Civil por regla general, todo daño
que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta.
Igualmente, según el artículo 2347 ibidem, toda persona es responsable, no sólo de sus
propias acciones para efectos de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que
estuvieren a su cuidado, pero cesará su responsabilidad respecto de tales personas, si con la
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autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieran podido
impedir el hecho”.
“Dado que el señor Wilson Alexander Sánchez, mayor de edad para la época de los hechos,
consintió que el menor Andrés Felipe Gómez, condujera una motocicleta sin ser apto para ello,
así como permitió que lo transportara como pasajero, puede deducirse que la guarda de la
actividad peligrosa estaba a cargo del primero de los citados, y no del menor, por tanto, era
responsable de los daños que produjera la conducción del aludido vehículo, ya que, estaba en
sus manos impedir que esa actividad se desarrollara, pero contrario a ello, de manera por
demás irresponsable, lo permitió”.
“De suerte que, al haber abordado el señor Wilson Alexander Sánchez aquel 11 de junio de
2011, la motocicleta en las condiciones anotadas, la responsabilidad por las lesiones sufridas
en el accidente de tránsito producido, era suya exclusivamente, ya que, no fue obligado de
manera alguna a hacerlo, y, además bien pudo controlar de alguna manera la actividad del
menor, quien de manera imperita no supo sortear la situación al encontrarse de frente con un
vehículo de mayor tamaño al suyo, perdiendo el control, lo que, propició la colisión entre los
dos automotores”.
Como se puede ver, el Tribunal en la sentencia de reemplazo hace una valoración razonable
e integral de las pruebas que obran en el expediente, por lo que no le asiste razón al actor en
insistir que se vuelvan a valorar por el juez de tutela, siguiendo los parámetros del escrito de
tutela.
4.4.3. Jurisprudencia constitucional sobre defecto fáctico
La Corte Constitucional en sentencia T-168 de 2025, ha dicho lo siguiente:
1). En relación con el defecto fáctico, sostiene:
(…) “64. El defecto fáctico no se configura por cualquier error. Debe ser (i) irrazonable, es
decir, ostensible, flagrante y manifiesto; y (ii) trascendente, dado que debe tener un impacto
directo, fundamental o sustancial en la decisión judicial adoptada. Esto implica que, de no
haberse presentado el error alegado, la decisión hubiera sido distinta. Por lo tanto, el defecto
fáctico no se configura por divergencias subjetivas de la valoración probatoria, debido a la
función que tiene el juez natural de determinar cuál de todas las interpretaciones razonables
posibles es la que mejor se ajusta al caso concreto.”
2). En relación con la labor del juez constitucional, dice:
(..) “65. El juez constitucional, en consecuencia, debe privilegiar los principios de
autonomía e independencia judicial, y considerar en principio que la valoración de las pruebas
realizada por el juez natural es razonable y legítima. No puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad probatoria de la autoridad que ordinariamente conoce de un asunto.
La intervención del juez de tutela debe ser de carácter extremadamente reducido, porque no
puede percibir como fuente directa los elementos probatorios en la misma medida que el juez
ordinario en ejercicio del principio de inmediación probatoria”.
La Sala encuentra que en la sentencia objeto de esta acción de tutela se hizo una valoración
razonable y legítima de las pruebas, por lo cual, en relación con este punto, considera que no
le asiste razón al accionante, por lo cual este cargo no está llamado a prosperar.
Además, la acción de tutela no se puede convertir en una instancia adicional al proceso
ordinario de reparación directa.
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_____________________________________________________
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07561-00
Actor: Maritza Ospina en representación de su hijo SSO
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Cuarta de Decisión
Tutela: Fallo
No habiéndose superado este requisito, la Sala no entra a estudiar los otros cargos expuestos
en la acción de tutela, pues basta con que no se configure el defecto fáctico para negar la
acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta Sala de Conjueces, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DENEGAR las peticiones de la presente acción de tutela, por cuanto la sentencia
impugnada no cumplió con la causal específica de defecto fáctico en la valoración de las
pruebas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional.
SEGUNDO: DESVINCULAR del presente proceso: al municipio de San José del Palmar,
Chocó, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de
Defensa, a la Policía Nacional, a los señores Jhony Elizalde Aldana y Juan Manuel Cuellar
Mendoza, a la Compañía Seguros del Estado S.A., a la Unidad Nacional de Protección, como
terceros con interés en el presente proceso.
TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia a todos los interesados por el medio que
resulte más ágil.
CUARTO: En caso de que no llegare a ser impugnada la presente providencia, enviar a la
Corte Constitucional para una eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ ALFREDO LEWIN FIGUEROA
Conjuez Ponente Conjuez
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ CARMEN SANABRIA GÓMEZ
Conjuez Conjuez
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