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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07563-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07563-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora. TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión que, dentro de un término de 20 días, siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta las consideraciones en las que se fundó este amparo. CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 28 Sentencia identificada con el número de radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01 [61.033] del 29 de enero de 2020. Consejo de Estado, Sección Tercera. Consejero Ponente: Martha Nubia Velásquez Rico. 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Alexander de Jesús Orrego y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07563-01 QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07563-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

23 de abril de 2026

Demandantes: Alexander de Jesús Orrego y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07563-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07563-01
Demandantes: ALEXANDER DE JESÚS ORREGO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
OCTAVA DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Tutela contra la providencia judicial – caducidad de la acción
en el medio de control de reparación directa por ejecución
extrajudicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la sala la impugnación presentada por los accionantes contra la
sentencia de primera instancia proferida el 12 de febrero de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 27 de noviembre de 2025 los señores Alexander de Jesús Orrego, Elvia Rosa
Orrego Castañeda, Fenicia Margarita Orrego y Jorge Eliécer Orrego, por
intermedio de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión y el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, con el objetivo de solicitar
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
de acceso a la administración de justicia, desconocimiento del precedente y del
“bloque de constitucionalidad”.

Las anteriores garantías las consideraron vulneradas con ocasión de la sentencia
de 5 octubre de 2025, proferida por el tribunal accionado mediante la cual
confirmó la providencia de 24 de enero de 2023, dictada por el Juzgado Treinta
y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que declaró la caducidad
del medio de control de reparación directa con radicado 05001-33-33-035-2017-
00439-00/01.
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Demandantes: Alexander de Jesús Orrego y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07563-01

1.2. Petición de amparo constitucional

Con esta acción la parte actora solicitó:

Con el debido respeto solicito a los honorables Consejeros declare la existencia
de la violación de los derechos fundamentales invocados en la presente acción,
y en segundo lugar con base en anterior declaración, que la misma jurisdicción
proceda a amparar los derechos vulnerados, ordenando dejar sin efecto la
providencias de primera instancia proferida por el Juzgado 35 Administrativo de
Oral del Circuito de Medellín del 24 de enero de 2023 y segunda instancia del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión Oral que confirma
la sentencia de primera instancia del 05 de octubre de 2025, dentro del radicado
número 05001 33 33 035 2017 00439 01, y que las accionadas procedan a
proferir las sentencias, teniendo en cuenta los parámetros ordenados por el
Honorable Consejo de Estado.1

1.3. Hechos

De la narración realizada por la parte actora y las sentencias cuestionadas se
extraen los siguientes eventos relevantes:

El joven Juan Carlos Ramírez Orrego, quien tenía 23 años en el año 2003, residía
en la comuna 13 de la ciudad de Medellín con su madre, la señora Elvia Rosa
Orrego Castañeda. Era una persona con discapacidad intelectual y cognitiva y
tenía dificultades en el habla, lo que lo convertía en un sujeto de especial
protección.

Los accionantes relatan que el 1° de mayo de 2003, aproximadamente a las 11:00
p.m. hombres encapuchados, presuntamente paramilitares, sustrajeron de su
vivienda al joven Juan Carlos Ramírez Orrego.

El 2 de mayo de 2003 algunas personas informaron a la señora Elvia Rosa
Orrego Castañeda de la muerte de su hijo Juan Carlos. En compañía de su hijo,
Alexander de Jesús Orrego, acudieron al sitio al que les habían informado que
se hallaba el cadáver de Juan Carlos Ramírez. Allí se encontraban soldados del
Ejército Nacional rodeando el área, quienes le informaron que “el muerto [era] un
guerrillero que ellos mataron”.

El 7 de abril del 2011 la Fiscalía 36 Especializado UNDH-DIH de Medellín, emitió
concepto en el que concluyó que sí ameritaba la asignación del caso a la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y DIH, no solo porque se vislumbraba “duda”
respecto al procedimiento militar, pues según versiones de sus familiares, la
víctima fue sacada de su casa horas antes de los trágicos hechos y luego
presentada como miliciano de las FARC, era “retardado mental” y no pertenecía

1 Transcripción literal que puede contener errores.

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Demandantes: Alexander de Jesús Orrego y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión y otro
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a ningún grupo armado ilegal, sino también por las versiones fragmentadas, poco
claras y contradictorias de los militares partícipes en la operación.

Los accionantes manifestaron que el 16 de diciembre de 2011 radicaron petición
ante el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para Colombia,
en la que solicitaron que se condenara al Estado Colombiano por la muerte del
joven Ramírez Orrego. Asimismo, el 10 de abril de 2012, el apoderado de los
demandantes pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigara el homicidio
de su familiar, solicitud en la que afirmaron que los autores de la muerte de su
familiar habían sido miembros del Ejército Nacional.

El 10 de marzo de 2016 los accionantes presentaron demanda civil en el proceso
adelantado en la Fiscalía 20 Especializada de Derechos Humanos de Bogotá y
fue esta la primera oportunidad en la que tuvieron acceso al expediente y
conocieron los detalles relacionados con el homicidio de Juan Carlos Ramírez,
una vez le fue reconocida personería al abogado.

El 20 de junio de 2017 presentaron solicitud de conciliación ante la Procuraduría
Delegada para Asuntos Administrativos de Medellín. El 14 de agosto de 2017 se
celebró la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 111 Judicial
I, la cual se declaró fallida.

El 4 de septiembre de 2017 los accionantes presentaron demanda de reparación
directa por la muerte de Juan Carlos Ramírez ocasionada por el Ejército Nacional,
la cual correspondió al Juzgado Treinta y Cinco del Circuito Judicial de Medellín
bajo el radicado No. 05001-33-33-035-2017-00439-00 que en sentencia del 24
de enero de 2023 declaró configurada la caducidad de la acción con fundamento
en que: i) los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte de Juan Carlos
Ramírez Orrego el mismo día en que ésta ocurrió, esto es, el 2 de mayo de 2003;
ii) los tutelantes tuvieron conocimiento de la participación del Estado en el
lamentable suceso 13 años antes de ser interpuesta la demanda; iii) se
evidencian actuaciones desplegadas ante la justicia penal por parte del grupo
familiar del joven Juan Carlos Ramírez Orrego y, también de manera individual
por su madre, de las cuales se puede inferir el conocimiento de los demandantes
sobre los hechos y de la participación de miembros del Ejército Nacional en el
resultado dañoso que se pretende, tardíamente, sea indemnizado.2

Asimismo, consideró que no se encontraban acreditadas circunstancias
especiales que, conforme la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, ameritaran la inaplicación del término
de la caducidad del medio de control, en tanto no obraban pruebas que indicaran

2 Mencionó los documentos radicados ante el alto comisionado de los Derechos Humanos de la

ONU para Colombia y la Fiscalía General de la Nación, el 16 de diciembre de 2011 y 10 de abril
de 2012, respectivamente.
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Demandantes: Alexander de Jesús Orrego y otros
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Sala Octava de Decisión y otro
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la imposibilidad material de los demandantes para acudir oportunamente ante la
administración de justicia a ejercer la acción judicial correspondiente, lo cual
tampoco fue alegado por la parte actora.

La anterior decisión fue apelada por los accionantes con fundamento en que son
personas de escasos recursos que viven en condiciones de extrema pobreza y
desconocían las acciones que se podían adelantar contra el Estado cuando este
produce daños a los administrados. Mencionaron que solo hasta el año 2016
conocieron de la posibilidad de presentar demanda en contra del Ejército
Nacional por la muerte de Juan Carlos Ramírez Orrego, pues, en dicho año un
abogado tuvo acceso a la investigación que adelantaba la Fiscalía General de la
Nación y encontró suficientes elementos de prueba para endilgarle
responsabilidad a la institución castrense.

En sentencia de segunda instancia de 5 de octubre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión confirmó la decisión
proferida por el a quo con fundamento en que el cómputo de la caducidad para
la interposición de la demanda de reparación directa es de 2 años e inicia a contar
a partir del momento en que los demandantes podían inferir que el Estado estuvo
involucrado y era el llamado a responder patrimonialmente por el hecho dañoso.

En ese sentido, indicó que desde la fecha del fallecimiento de Juan Carlos
Ramírez Orrego los demandantes tenían indicios de la presunta responsabilidad
que le asistía a la entidad demandada en la muerte de su familiar. Por ese motivo
el tribunal accionado tomó como fecha para iniciar el cómputo de tal fenómeno,
el 10 de abril de 2012, fecha en que se radicó petición ante el fiscal general de la
Nación para que fuera investigada la muerte del joven Ramírez Orrego. Por esa
razón concluyó que al iniciar el cómputo de la caducidad desde esa fecha, los 2
años para interponer la demanda dentro del medio de control de reparación
directa vencieron el 11 de abril de 2014 y solo hasta el 4 de septiembre de 2017
fue presentada, es decir, extemporáneamente.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante indicó que se presentó un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria por cuanto solo hasta el 10 de marzo de 2016 tuvieron
acceso al expediente penal y fueron informados de la vinculación a la
investigación de los militares que participaron en el supuesto operativo en el que
perdió la vida Juan Carlos Ramírez Orrego.

Mencionaron las sentencias T-354 de 2023 y T-378 de 2024 proferidas por la
Corte Constitucional en las que se señalan que “no es solamente que los
afectados conocieran o debieran conocer la participación por acción u omisión
del Estado, sino que, además, era necesario que tuvieran la posibilidad de
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imputarle responsabilidad patrimonial. En otras palabras, un asunto es tener la
convicción según la cual su familiar fue víctima de una ejecución extrajudicial y,
por tanto, alegarlo de esta manera para que sea investigado por la justicia penal,
y otro distinto es poder probar dicha afirmación”.

Asimismo, mencionaron la sentencia de 28 de noviembre de 2024 del Consejo
de Estado3, en la que se amparó el derecho fundamental al debido proceso de
los demandantes al considerarse que “en la providencia de segunda instancia no
se realizó un análisis de la fecha en la cual los actores tuvieron la posibilidad de
ver el expediente y conocer los pormenores de la investigación seguida contra
los miembros del Ejército Nacional implicados en el homicidio de su pariente”.

Bajo el anterior entendido, indicaron que es en el momento en que se tiene
acceso al expediente por parte de familiares de la víctima cuando se puede contar
con elementos de juicio para presentar el medio de control de reparación directa.

Adujeron que con la simple narración de los hechos que realizaron en la demanda
sobre la forma en que ocurrieron los hechos en que perdió la vida Juan Carlos
Ramírez y lo manifestado por los soldados que estaban acordonando el lugar,
quienes les informaron que “el muerto [era] un guerrillero que ellos mataron”, no
se puede arribar a la conclusión por parte de las accionadas, que desde la misma
fecha de la muerte de Juan Carlos Ramírez, sus familiares contaban con indicios
para presentar el medio de control de reparación directa.

Señalaron que 22 años después de ocurridos los hechos en que perdió la vida
Juan Carlos Ramírez, ni siquiera la Justicia Penal militar, la Fiscalía General de
la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han podido declarar la
responsabilidad del Ejército Nacional por la muerte de Juan Carlos Ramírez, lo
anterior teniendo en cuenta, que a noviembre de 2025 la investigación por su
muerte se encuentra en etapa de instrucción.

Mencionaron que la sentencia cuestionada le impuso a los demandantes una
carga de la prueba excesiva, además de no permitirles adecuar el proceso para
que actualizaran sus planteamientos, se adecuaran a las reglas de unificación
previstas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero
del 2020 y expusieran las razones por las cuales no acudieron ante la jurisdicción
en los dos años siguientes a la ocurrencia de la muerte de Juan Carlos Ramírez
Orrego.

Finalmente argumentaron que se incurrió en un desconocimiento del precedente
al no seguir lo señalado en las sentencias SU-167 de 2023, T-044 de 2022, T-
354 de 2023, T-024 de 2024, T-378 de 2024, SU-406 de 2016 y en la sentencia

3 M.P.: Omar Joaquin Barreto Suarez, Radicado: 11001031500020240564200, Sección Quinta.

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de unificación del Consejo de Estado, Sección Tercera del 29 de enero de 2020;
todas referentes a la aplicación del término de caducidad del medio de control de
reparación directa cuando se discuten asuntos relacionados con violaciones
graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como es el caso
de las ejecuciones extrajudiciales.

Mencionaron que la Corte Constitucional en su precedente reiterado establece
reglas claras sobre el tema, en donde fija como punto de partida para el conteo
del término de dos años en los casos de delitos de lesa humanidad («falsos
positivos»), la fecha en que los demandantes tuvieron acceso al expediente que
contiene el proceso penal. Asimismo, establecieron que el juez contencioso
dentro del proceso de reparación directa debe adecuar el proceso y permitir que
los demandantes expongan las razones por las cuales no acudieron a la justicia
durante el término de los dos años después de conocer el daño o de estar en
posibilidad de hacerlo y de advertir la posibilidad de imputarle la responsabilidad
patrimonial al Estado, regla que fue unificada en sentencia SU-167 de 2023.

Por otra parte, indicaron que exigirles a las víctimas que interpongan la demanda
de reparación directa sin contar con los elementos probatorios mínimos y
necesarios para fundamentar la imputación al Estado puede significar un
sacrificio grave de los derechos a la justicia y a la reparación integral.

Cuestionaron que la autoridad judicial accionada hiciera una indebida aplicación
de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, al
tomar como punto de partida para contabilizar los dos años de la caducidad, la
fecha en que presentaron queja ante el alto comisionado de los Derechos
Humanos de la ONU para Colombia (2011), y posteriormente en el año 2012
cuando solicitaron a la Fiscalía que adelantara investigación por la muerte de su
familiar.

Hicieron claridad en que una cosa es conocer del hecho en que pierde la vida su
ser querido por información verbal suministrada por los soldados que estaban
acordonando el lugar y otra muy diferente es tener conocimiento de todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos al tener
acceso al expediente que contiene la investigación que se adelantaba por parte
de la Justicia Penal Militar y posteriormente por la Fiscalía General de la Nación.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 2 de diciembre de 2025, el magistrado ponente de la primera
instancia admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar como parte accionada al
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión y al juez Treinta
y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín. A su vez, dispuso la
vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
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1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia

La autoridad accionada manifestó que la decisión que se cuestiona se profirió
con base en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por el
Consejo de Estado, a través de la cual se expuso que en los casos donde se
solicita la indemnización de perjuicios a través del medio de control de reparación
directa, con ocasión del delito de desaparición forzada, el cómputo de la
caducidad debe efectuarse desde el momento en que los demandantes
conocieron o tuvieron la posibilidad de saber que el Estado participó en tales
hechos.

En ese sentido, expresó que desde abril de 2012 los demandantes tenían
conocimiento sobre la presunta participación del Ejército Nacional en la muerte
del señor Juan Carlos Ramírez Orrego y más aún, de la posibilidad de perseguir
la declaratoria de responsabilidad del Estado por tal hecho, en la medida que en
esta fecha se radicaron peticiones ante la Fiscalía General de la Nación y ante el
alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para Colombia, por medio
de las cuales se señalaba como responsables de la muerte del señor Ramírez
Orrego a los miembros del Ejército Nacional.

Como consecuencia de lo anterior reiteraron lo señalado en la sentencia
enjuiciada relativo al conteo de la caducidad respecto de las mencionadas
fechas.

1.6.2. Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín

Remitió link del expediente de Samai. Sin embargo, no se pronunció frente a los
hechos ni pretensiones de la tutela.

1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional

Guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

El 12 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, denegó el
amparo solicitado por cuanto el tribunal demandado no incurrió en los defectos
alegados por la parte actora.

Consideró que la autoridad judicial accionada aplicó la regla jurisprudencial
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vigente al momento de dictar la decisión cuestionada, que ordenaba que el
término de caducidad debía contabilizarse a partir del momento en que los
demandantes podían inferir que el Estado estuvo involucrado y era el llamado a
responder patrimonialmente por la muerte del joven Juan Carlos Ramírez Orrego.

Al respecto, señaló que, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente,
desde el día de la muerte de Juan Carlos Ramírez Orrego, sus familiares tenían
conocimiento de la presunta responsabilidad del Ejército Nacional en esos
hechos, puesto que los mismos tutelantes indicaron que cuando el señor
Alexander Orrego llegó al lugar donde se encontraba el cuerpo de su hermano,
integrantes del Ejército Nacional le informaron que “el muerto es un guerrillero
que ellos mataron”.

Precisó que lo anterior resultaba concordante con la declaración rendida por la
señora Elvia Orrego Castañeda el 8 de febrero de 2010 ante la Unidad Nacional
de Justicia y Paz, donde manifestó que los soldados que custodiaban el cuerpo
de su hijo fallecido le habían dicho que había sido asesinado en un intercambio
de disparos con un grupo armado al margen de la ley.

Consideró que la decisión del tribunal demandado de contabilizar el término de
caducidad desde el 10 de abril de 2012 resulta razonable, por cuanto, como se
vio, desde esa fecha, incluso antes, los tutelantes ya solicitaban a organismos
internacionales que se declarara la responsabilidad del Estado Colombiano por
la muerte del señor Ramírez Orrego, en hechos en los que participaron
integrantes del Ejército Nacional.

Concluyó que los demandantes no acreditaron que se encontraran en una
circunstancia que imposibilitara la radicación de la demanda de reparación
directa en el término fijado por el legislador. Por el contrario, se observa un
análisis integral del material probatorio, que no resulta contraevidente y que
permitió arribar a la conclusión razonable de que la parte actora presentó la
demanda de reparación directa por fuera del término previsto para el efecto.

Finalmente, respecto del desconocimiento del precedente, indicó que esas
decisiones judiciales ratifican la aplicación de la regla de unificación fijada en la
sentencia del 29 de enero de 2020 dictada por el Consejo de Estado, por lo que,
de las mismas, no puede predicarse un desconocimiento del precedente para el
caso concreto.

1.8. Impugnación

Los accionantes solicitaron que se revoque el fallo de primera instancia, para que,
en su lugar, se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo. Indicaron
que la valoración de las pruebas hecha por parte del a quo, es idéntica a la
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realizada de manera errónea por las accionadas, ya que nadie niega la
información registrada en el expediente y lo narrado por los demandantes sobre
la forma en que sucedieron los hechos, así mismo las veces en que los
accionantes acudieron a la Fiscalía e incluso a organismos internacionales para
que se investigara la muerte de su ser querido, víctima de una ejecución
extrajudicial. En ese sentido, reiteraron que lo que se presenta en la presente
acción es una vulneración del debido proceso por defecto fáctico, en razón a que
solo hasta el año 2016 los demandantes tuvieron acceso al expediente
relacionado con la muerte de su ser querido.

Mencionaron que todos los actos realizados dentro de la investigación que
adelantó inicialmente la Justicia Penal Militar y posteriormente la Fiscalía General
de la Nación eran incorporados al expediente y de ellos no se permitió conocer a
los demandantes absolutamente nada hasta el año 2016 a través de su
apoderado.

Manifestaron que el simple hecho de que los demandantes hubiesen solicitado a
la Fiscalía General de la Nación que investigara el homicidio de su familia el 10
de abril del año 2012, no es un elemento de juicio para determinar la
responsabilidad por la muerte de su ser querido al Ejército Nacional y presentar
el medio de control de reparación directa.

Concluyeron que, de manera inexplicable, el a quo interpretó que cuando un
ciudadano acude a la Fiscalía General de la Nación a exigir que se investigue la
comisión de un delito, es por que ese ciudadano ya conoce quiénes fueron sus
autores y tiene resuelto el caso. Esto desconoce que, si un ciudadano exige que
se investigue sobre un caso, es porque no se tiene conocimiento de los autores
del mismo o por lo menos no hay claridad y esa es la razón por la que se exige
que se investigue.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 12 de febrero de 2026, proferido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de
1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

Al igual que lo realizó el a quo constitucional, el análisis se abordará a partir de
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la sentencia de segunda instancia, puesto que fue la que resolvió de manera
definitiva la controversia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si la sentencia de 5 de octubre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión
que confirmó el fallo de 24 de enero de 2023 dictado por el Juzgado Treinta y
Cinco del Circuito Judicial de Medellín que declaró la caducidad del medio de
control, desconoció los derechos fundamentales de los accionantes
presuntamente por incurrir en defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de
los requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de
los defectos invocados; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de

tutela, actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
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expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la
sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de
este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal8 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”10

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal.”11 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional
exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”12

8 Sentencia SU-573 de 2019.

9 Sentencia SU-103 de 2022.

10 Sentencia SU-103 de 2022.

11 Sentencia SU-103 de 2022.

12 Sentencia SU-128 de 2021.

11
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En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los
litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal14. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C –
590 de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los
defectos15 en los que incurrió la decisión atacada.

Ahora bien, en el presente caso se tiene que la controversia es de eminente
relevancia constitucional, puesto que se encuentra en discusión la posible
afectación al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
comoquiera que, con la declaratoria de caducidad, las autoridades accionadas
se abstuvieron de proferir una decisión de fondo respecto de un juicio de
responsabilidad del Estado con ocasión de unos hechos que, presuntamente, se
enmarcan en lo que se conoce como una ejecución extrajudicial que
comprometen violaciones a los derechos humanos.

Adicionalmente, de ser cierto que en las providencias cuestionadas se omitieron
las reglas jurisprudenciales que deben seguir los jueces al verificar el momento
a partir del cual debe contarse la oportunidad para acudir al medio de control de
reparación directa en eventos que pueden implicar crímenes de lesa humanidad,
es posible que se haya configurado una afectación al debido proceso.

En este punto se recuerda que los accionantes afirman que se configuraron los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente consolidado del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional, en lo relativo a que, en casos como el suyo,
el término de caducidad debe contabilizarse a partir de «el momento en que la
víctima tiene conocimiento cierto y efectivo del hecho y de la participación del
Estado», lo cual solo ocurrió a partir de que tuvieron acceso efectivo al expediente
penal.

13 Sentencia SU-573 de 2019.

14 Ibid.

15 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error

inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
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Por lo tanto, el estudio propuesto va más allá de una simple inconformidad con
la postura asumida por la autoridad judicial demandada, sino que implica un
verdadero análisis desde el punto de vista constitucional sobre la posible
vulneración de las garantías fundamentales invocadas, a partir de la decisión de
declarar probada la excepción de caducidad en el proceso promovido por la parte
actora.

En tal sentido, se reitera, el caso puesto de presente a la sala sí cumple el
requisito bajo examen.

2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia
de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura el
accionante fue proferida en el marco de un proceso de reparación directa.

2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia
atacada data del 5 de octubre de 2025 y la acción de tutela se interpuso el 27 de
noviembre de 2025. Por lo que, sin necesidad de contar la ejecutoria, es claro
que el mecanismo de amparo se presentó de manera oportuna.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 16, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200517,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y
solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados
con estas.

2.5.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que la acción de tutela se
dirigió contra una sentencia de segunda instancia mediante la cual concluyó el
proceso judicial. Además, no se encuentra acreditada ninguna de las causales

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto

en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
13
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previstas en el artículo 308 del C.P.A.C.A. para acudir al recurso extraordinario
de revisión18.

2.6. Generalidades del defecto fáctico

La Corte Constitucional, siendo respetuosa de la autonomía19 e independencia
judicial,20 ha sostenido que la acción de tutela procede contra una sentencia, por
incurrir en un defecto fáctico, cuando “la irregularidad en el juicio valorativo [sea]
ostensible, flagrante y manifiesta, es decir, de tal magnitud que incida
directamente en el sentido de la decisión proferida.”21

El mencionado defecto fáctico puede presentarse de dos formas: una positiva y
una negativa. La primera tiene ocurrencia en los eventos en que se decide
acudiendo a argumentos irrazonables, que hacen que la valoración probatoria
sea por completo deficiente. La segunda obedece a las omisiones del juzgador
en la etapa probatoria. Puede presentarse cuando no se decretan o no se
practican pruebas relevantes para llegar al conocimiento de los hechos, teniendo
el deber de hacerlo.22

2.7. Generalidades del defecto del desconocimiento del precedente judicial

Esta Sección precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte como órgano de cierre en determinada materia para solucionar un conflicto
jurídico en particular, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que aquella sea considerada como precedente. También se

18 El artículo 308 del CPACA indica que “los procedimientos y las actuaciones administrativas, así

como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
19 Constitución Política. Artículo 230. “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al

imperio de la ley”.
20 Cfr., Sentencia T-450 de 2018. “[S]e puede afirmar que la autonomía e independencia judicial

comporta tres atributos básicos en nuestro ordenamiento superior: i) Un primer atributo, cuya
connotación es esencialmente negativa, entiende dicho principio como la posibilidad del juez de
aplicar el derecho libre de interferencias tanto internas como externas; ii) Un segundo atributo
que lo erige en presupuesto y condición del principio de separación de poderes, del derecho al
debido proceso y de la materialización del derecho de acceso a la administración de justicia de la
ciudadanía; y, finalmente, iii) un tercer atributo que lo instituye en un principio estructural de la
Carta Política de 1991”.
21 Cfr., Sentencia SU-337 de 2019. Sobre este mismo punto, en la misma providencia se citó la

Sentencia T-786 de 2011. Donde la Corte sostuvo que “(…) la simple discrepancia sobre la
interpretación que pueda surgir en el debate jurídico y probatorio en un caso no puede constituir
por sí misma, una irregularidad o defecto que amerite infirmar la decisión judicial mediante acción
de tutela, debido a que ello conllevaría admitir la superioridad en el criterio valorativo del juez
constitucional, respecto del juez ordinario, con clara restricción del principio de autonomía judicial.
Cuando se está frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez del conocimiento debe
establecer, siguiendo la sana crítica, cuál es la que mejor se ajusta al caso analizado (…)”.
22 Cfr., Sentencias SU-337 de 2017 y T-074 de 2018.

14
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considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las
de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo
de Estado.

Sin embargo, resulta necesario advertir que «debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o
subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que
viene al caso, sin una actividad creadora del juez»23.

2.8. Caso concreto

Previo a abordar el fondo de la controversia, es necesario resaltar que esta sala,
actuando como juez constitucional, debe tener especial cuidado de no
constituirse en una instancia adicional, en ese orden de ideas, al valorar si lo
resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia se encuentra inmerso en
algún defecto específico, debe limitarse a las consideraciones que expuso esa
colegiatura para motivar su decisión.

Partiendo de lo anterior, se observa que el fundamento por el cual la autoridad
accionada resolvió que en el caso de los accionantes había operado la
caducidad, se condensa en los siguientes argumentos:

[…]

En el presente asunto, de las pruebas recaudadas en el proceso, se tiene que
el homicidio del señor JUAN CARLOS RAMÍREZ ORREGO, al parecer, fue
perpetrado por miembros del Ejército Nacional, quienes refirieron que tal
suceso fue producto de un combate con un grupo armado al margen de la ley
y manifestaron que el fallecido era miembro de dicha organización subversiva.

En ese orden de ideas, la Sala considera que el homicidio del señor JUAN
CARLOS RAMÍREZ ORREGO no puede catalogarse como un crimen de lesa
humanidad, pues, si bien al parecer fue perpetrado por miembros del Ejército
Nacional, no se trató de un ataque sistemático, ni se ejecutó por razones de
filiación política, raza, nacionalidad, creencia religiosa o identidad de género.

Según lo relatado en los hechos de la demanda, específicamente en el numeral
5, se colige que desde la fecha del fallecimiento del señor JUAN CARLOS
RAMÍREZ ORREGO los demandantes tenían indicios de la presunta
responsabilidad que le asistía a la entidad demandada en la muerte de su
familiar, pues, nótese que en el citado hecho se indicó que una vez el señor
ALEXANDER DE JESÚS ORREGO llegó al lugar donde se encontraba el

23 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.
15
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cuerpo sin vida de su hermano, los soldados que estaban acordonando el lugar
le informaron que “el muerto es un guerrillero que ellos mataron”.

De igual manera, en el expediente se tiene una solicitud radicada el 16 de
diciembre de 2011 por el apoderado de los familiares del fallecido JUAN
CARLOS RAMÍREZ ORREGO, a través de la cual se solicita al Alto
Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para Colombia que se
condene al Estado colombiano por esta muerte, la cual fue perpetrada el 2 de
mayo de 2003 por miembros del Ejército Nacional, presentando luego al occiso
como un delincuente muerto en combate.

Asimismo, se tiene la petición radicada el 10 de abril de 2012 por la apoderada
de los familiares de los fallecidos JUAN CARLOS RAMÍREZ ORREGO y JAIME
RINCÓN CHALARCA, ante el fiscal general de la Nación, por medio de la cual
solicita adelantar las investigaciones por estos homicidios, en los que, según
se afirma, los autores fueron miembros del Ejército Nacional.

[…]

De este modo, al iniciar el cómputo de la caducidad el 10 de abril de 2012, los
dos (2) años para interponer la demanda dentro del medio de control de
reparación directa vencieron el 11 de abril de 2014 y solo hasta el 4 de
septiembre de 2017 fue presentada, es decir, extemporáneamente.

Se precisa que la parte demandante radicó solicitud de conciliación prejudicial
el 20 de junio de 2017 ante la Procuraduría 111 Judicial I para Asuntos
Administrativos, expidiéndose el 14 de agosto del mismo año la constancia
de declaratoria de conciliación fallida, es decir, entre uno y otro momento
transcurrieron aproximadamente 2 meses, lo cual no cambia el hecho de que
la demanda se presentó extemporáneamente, pues el trámite prejudicial se
surtió cuando ya había operado el fenómeno extintivo.

Como puede observarse, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava
de Decisión, fundó su decisión únicamente en que: i) los demandantes tenían
indicios de la responsabilidad que le asistía a la entidad demandada en la muerte
de su familiar por cuanto el día de su deceso el Ejército les informó que ellos lo
habían matado; ii) por la solicitud radicada por sus familiares el 16 de diciembre
de 2011 al alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para Colombia
en la que pidieron que se condenara al Estado Colombiano por esta muerte; y,
iii) por la petición radicada el 10 de abril de 2012 ante la Fiscalía General de la
Nación por la apoderada de los familiares de Juan Carlos Ramírez en la que
solicitó adelantar las investigaciones por este homicidios.

De acuerdo con la parte accionante, estos motivos son contrarios a la reiterativa
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que establecen
que el término de caducidad, en estos procesos, debe contabilizarse desde que
se tiene acceso al expediente penal.
16
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Para resolver, la sala recuerda que en los fallos SU-060 de 202124, SU-062 de
201825 y SU-035 de 201826, la Corte Constitucional estableció que debía
aplicarse una valoración probatoria flexible en los casos que comprometen
violaciones a los derechos humanos (falsos positivos), puesto que en ellos se
presenta «una ruptura deliberada e injusta de la correlación entre la prueba del
daño y la prueba del perjuicio».

En concordancia con dichas premisas, en la sentencia T-378 de 2024, en la que
el órgano de cierre en materia de tutela revocó una decisión adoptada por esta
misma sala, se manifestó:

148. Por otra parte, el juez de segunda instancia no tuvo en cuenta el
argumento expuesto en la apelación según el cual solo hasta el 25 de marzo
de 2016 el apoderado de la señora Yépez Leyva pudo tener acceso al
expediente penal, luego de que presentara nuevamente la demanda de
constitución de parte civil. Como se evidenció líneas arriba, solo hasta el
momento en que los demandantes en el proceso de reparación directa
pudieron tener acceso al expediente y a las pruebas que, a su juicio,
demostraban que el señor Martínez Yépez fue ejecutado
extrajudicialmente, es que podía empezar a contar el fenómeno de
caducidad. Cabe aclarar que esta afirmación de los demandantes respecto
del acceso al expediente no fue controvertida por el Ejército Nacional ni
respondida por el Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia.

[…]

150. Así, este caso no se enmarca dentro de la regla del Consejo de Estado
según la cual el cómputo de caducidad no puede empezar a correr “cuando
se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción”, pues en este caso la imposibilidad de acceso al
expediente no impidió que acudieran ante el juez sino que en realidad lo que
no permitió fue que las afectadas advirtieran la posibilidad de imputarle
responsabilidad al Estado por los hechos en los que ocurrió la muerte de su
familiar. Como lo reconoció la Sección Tercera del Consejo de Estado “en
materia de reparación directa el término de caducidad no corre hasta
tanto se cuente con elementos para deducir la participación del Estado
en los hechos y se advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial”.

[…] la Sala, confirma que para el año 2012 las demandantes no estaban en
posibilidad de demostrar su tesis en cuanto a la responsabilidad del
Estado, porque al no poder acceder al expediente, contaban con
información inexacta e incompleta que no les permitía tener la certeza
de las circunstancias en las que ocurrió la muerte de su familiar, lo que
además les impedía sustentar probatoriamente la falla del servicio alegada en
el proceso de reparación directa (Resaltado fuera de texto)

24 Sentencia de 12 de marzo de 2021, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

25 Sentencia de 7 de junio de 2021, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

26 Sentencia de 3 de mayo de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

17
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Asimismo, la sentencia T-084 de 2026 en la que la Corte Constitucional revocó
varias decisiones adoptadas por esta corporación, reiteró el criterio seguido por
el Consejo de Estado27 y esa misma Corte dentro de las cuales ambas
autoridades judiciales han aplicado las subreglas de unificación sobre la
caducidad del medio de control de reparación directa en casos de daños
originados por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de
guerra y en las que se realizó un análisis de los elementos del caso concreto para
identificar cuándo fue el momento real en que los afectados conocieron o
debieron conocer la participación del Estado, y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad.

Ahora bien, hay que decir que este análisis sobre la posibilidad de acceder al
expediente debe hacerse para cada caso en concreto, en el que se pueda valorar
si se presentaron obstáculos o dificultades para su conocimiento, incluso, si de
plano era imposible que los demandantes tuvieran acceso a la información
detallada de los hechos en que falleció su familiar.

La tesis de la Corte Constitucional fue reiterada en la sentencia T-202 de 2025
en la que, por segunda vez, revocó una decisión de esta sección, para en su
lugar acceder al amparo, en aquella ocasión el alto tribunal constitucional afirmó:

98. Segundo estándar constitucional: el juez contencioso administrativo debe
adoptar un enfoque flexible en materia probatoria para determinar la fecha en
que los demandantes no solo conocieron o debieron conocer del hecho
dañoso, sino que pueden inferir de manera fundada la responsabilidad del
Estado. En los fallos T-378 de 2024 y SU-439 de 2024, la Corte Constitucional
indicó que se configura un defecto fáctico cuando, en casos de ejecuciones
extrajudiciales, los jueces no adoptan un enfoque garantista en la valoración
probatoria. En particular, esto ocurre cuando no se valoran
adecuadamente las pruebas que determinan el momento en que los
demandantes pudieron inferir, además del hecho y la participación del
Estado, su responsabilidad en el presunto daño antijuridico.

99. Esta Corte recordó que, según el precedente del Consejo de Estado, el
cómputo de caducidad no solo se cuenta desde la ocurrencia del hecho, sino
desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer (i) la
ocurrencia los hechos constitutivos del daño, (ii) participación por acción u
omisión del Estado y (iii) la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial. Sobre el último elemento, esta corporación distinguió las
nociones de simple convicción, inferencia y certeza. Precisó que no basta
con la convicción íntima, sospecha o mera afirmación de los
demandantes de que un familiar fue víctima de una ejecución extrajudicial
para que desde ese momento se marque el inicio del cómputo de la
caducidad. Un asunto es “tener la convicción según la cual su familiar fue
víctima de una ejecución extrajudicial y, por tanto, alegarlo de esta manera para
que sea investigado por la justicia penal”, y otra es contar con elementos de
juicio que permitan acreditar dicha inferencia ante un juez. La Corte aclaró

27
En Sentencia del 29 de enero de 2020. Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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que esto no significa el agotamiento del proceso penal, dado que no es un
requisito para la activación de la jurisdicción de lo contencioso administrativa y
tampoco se exige la certeza absoluta sobre los hechos. (Resaltado fuera de
texto)

Nótese que la Corte Constitucional diferencia entre la simple convicción, como
un ejercicio íntimo, de la inferencia y la certeza, e indicó la importancia del
conocimiento fundado en elementos de juicio que permitan sustentar una
imputación al Estado por ocasionar un daño antijurídico.

A su vez, el alto tribunal no se queda en el mero concepto de la «existencia de
obstáculos» para que los particulares puedan acceder al expediente, es decir, no
necesariamente debe existir una actuación ilegal de ocultamiento de la
información para que se considere la fecha de acceso al plenario como momento
para iniciar el conteo de caducidad.

Con base en lo expuesto, la sala estima que, en este caso, el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión sí vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora, por los motivos que pasan a explicarse.

Respecto del cómputo de la caducidad desde el momento en que se radicó
petición ante el fiscal general de la Nación, se trata de un aspecto que no solo
desconoce la tesis jurisprudencial de la Corte Constitucional, sino que se torna
contraevidente.

Es imperativo recordar que la responsabilidad extracontractual del Estado debe
fundarse en tres elementos, a saber: (i) la existencia de un daño antijurídico; (ii)
que dicho daño sea imputable a una acción u omisión del Estado, y (iii) que entre
uno y otro elemento se configure un nexo causal.

A su vez, se tiene claridad en que la actividad de las fuerzas militares, por su
naturaleza, tiene la potencialidad de generar daños a los ciudadanos; no
obstante, no todo daño causado por los agentes del orden público puede
calificarse como antijurídico.

Partiendo de esta premisa, es evidente que, si un miembro del Ejército Nacional
causa la muerte de un ciudadano, este hecho genera, de por sí, un daño en sus
seres queridos; no obstante, es el contexto en que ocurrieron los hechos lo que
permite establecer si aquel daño es antijurídico o no, pues solo a partir de allí es
que se definirá si hubo un rompimiento de las cargas públicas.

En ese orden de ideas, es evidente que los familiares de Juan Carlos Ramírez
Orrego supieron que el daño causado por su muerte fue ejecutado por agentes
del Estado, esto desde el momento mismo que supieron que había fallecido en
una operación del Ejército Nacional.
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Sin embargo, dicha información no puede calificarse como suficiente para que
pudieran enmarcar tal daño como antijurídico, puesto que las particularidades en
las que ocurrieron los hechos no emergían evidentes de la versión entregada por
el Ejército Nacional, de hecho, las inconsistencias en tales detalles son las que
suscitaron la investigación penal, pues el día que sustrajeron el joven Ramírez
Orrego sus familiares fueron informados que había sido realizado presuntamente
por parte de paramilitares.

Asimismo, y contrario a lo expuesto por los jueces ordinarios, el hecho de que los
accionantes hayan solicitado a distintas autoridades, como el alto comisionado
de los Derechos Humanos de la ONU para Colombia y a la Fiscalía General de
la Nación, que se investigara o condenara al Estado Colombiano por la muerte
de su familiar, solo da asomo de que la parte actora sabía que el Ejército Nacional
le había generado un daño, pero no demuestra per se que tenían un conocimiento
suficiente de que aquel era antijurídico solo por dicha actuación.

De hecho, tal afirmación resulta contraevidente, esto por cuanto si los familiares
de Juan Carlos Ramírez Orrego hubiesen tenido indicios suficientes para endilgar
la responsabilidad extracontractual al Estado, habrían acudido directamente a la
conciliación extrajudicial y, de plano, al medio de control de reparación directa y
no como sucedió, que solicitaran previamente ante otras instancias que se
investigara la muerte de su familiar o que se condenara al Estado Colombiano
por la misma causa.

Pero, por el contrario, se observó la necesidad de recaudar elementos materiales
probatorios que pudieran fundar razonadamente sus pretensiones, lo que genera
duda sobre el nivel de certeza o claridad que tenía la parte actora sobre la
antijuridicidad del daño y, en su lugar, es un indicativo de que, para ese momento,
los tutelantes solo se encontraban en un momento de convicción íntima
atendiendo a los pronunciamientos en sede de revisión del alto tribunal
constitucional resumidos en líneas que anteceden.

Así las cosas, es ostensible que, solo hasta el 10 de marzo del año 2016 cuando
los accionantes presentaron demanda de parte civil en el proceso que se
adelanta en la Fiscalía 20 Especializada de Derechos Humanos de Bogotá, fue
que tuvieron acceso al expediente penal, una vez le fue reconocida la personería
jurídica a su apoderado, fecha, a partir de la cual, puede afirmarse que contaban
con los elementos básicos para formular la responsabilidad al Estado por un
eventual daño antijurídico.

Partiendo de esa fecha, el término de caducidad de 2 años para presentar el
medio de control de reparación directa, vencía el 11 de marzo de 2018 y la
demanda de reparación directa se presentó el 4 de septiembre de 2017, en ese
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Demandantes: Alexander de Jesús Orrego y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07563-01

orden de ideas, el mencionado medio de control se radicó oportunamente.

Este criterio resulta concordante con la regla fijada en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado [61.033]28,
según la cual el término de caducidad debe contabilizarse desde el momento en
que los afectados conocen o pueden inferir razonablemente la participación del
Estado en los hechos y advierten la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, lo cual supone contar con elementos que permitan sustentar dicha
imputación ante el juez.

2.9. Conclusión

Así las cosas, se evidencia probada la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora y, en consecuencia, se dejará sin efectos el fallo
de 12 de febrero de 2026 y se ordenará al Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Octava de Decisión que, dentro de un término de 20 días, siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia en la que se tenga
en cuenta las consideraciones en las que se fundó este amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la parte actora.

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de
Decisión que, dentro de un término de 20 días, siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta las
consideraciones en las que se fundó este amparo.

CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

28 Sentencia identificada con el número de radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01 [61.033]

del 29 de enero de 2020. Consejo de Estado, Sección Tercera. Consejero Ponente: Martha Nubia
Velásquez Rico.
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Demandantes: Alexander de Jesús Orrego y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07563-01

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva Voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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