Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07567-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07567-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07567-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07567-00
Accionante: ALIX MARÍA ACEVEDO VILLALBA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / declara improcedente por falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por la señora Alix María Acevedo
Villalba contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 2021 1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 27 de noviembre de 2025, la señora Alix María Acevedo Villalba, a través de
apoderada judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por la sentencia del 14 de
mayo de 2025, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en virtud de la cual se revocó la sentencia del 18 de septiembre de 2024,
que accedió parcialmente a las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que la actora promovió contra la Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 2 , y, en
su lugar, las negó. La demanda se tramitó bajo el radicado 70001-23-33-000-2019-
00057-01 (0332-2025).
Hechos relevantes
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Alix María Acevedo Villalba demandó a la UGPP, a fin de que se ejerciera
control de legalidad de los siguientes actos administrativos: (i) RDP 010955 del 27
de marzo de 2018, (ii) RDP 021267 del 12 de junio de 2018, y (iii) RDP 023063 del
20 de junio de 2018. En virtud de dichas resoluciones se negó a la demandante el
1
Que ingresó al despacho para fallo el 12 de diciembre de 2025.
2
En adelante, UGPP.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07567-00
Accionante: Alix María Acevedo Villalba
Accionado: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
derecho a percibir la pensión gracia y se resolvieron desfavorablemente los recursos
de reposición y apelación formulados contra la primera de ellas.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la
demandada a reconocer y pagar la mencionada prestación, a partir del 8 de
noviembre de 2014, teniendo en cuenta los factores salariales devengados durante
el año de consolidación del derecho, con su respectiva indexación y el
reconocimiento de los intereses a los que hubiera lugar.
4. Al proceso se le asignó el radicado 70001-23-33-000-2019-00057-00 y
correspondió, por reparto, a la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Sucre, que, mediante sentencia del 18 de septiembre de 2024, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. El a quo declaró la nulidad de los
actos administrativos demandados, a través de los cuales la entidad demandada
negó a la señora Alix María Acevedo el reconocimiento de la pensión gracia y, en
consecuencia, ordenó el reconocimiento y pago de la referida prestación con el 75%
como promedio de todos los factores salariales devengados por la actora en el año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, lo que, de
acuerdo con lo probado en el proceso, ocurrió el 17 de septiembre de 2010. De otro
lado, declaró prescrito el pago de las mesadas que se generarían con el
reconocimiento, anteriores al 27 de junio de 2014, por prescripción trienal.
5. Para sustentar su decisión, el fallador de primer grado expuso que la demandante
cumplía con todos los requisitos para ser acreedora de la prestación solicitada, a
saber: (i) tuvo vinculación docente en el sector municipal desde 1974, (ii) cumplió
con los veinte años de servicio docente y con la edad requerida para el
reconocimiento —50 años— y, (iii) por último, se demostró que carecía de
sanciones por faltas disciplinarias. Es decir, a su juicio, la UGPP denegó
injustificadamente la prestación requerida por la señora Acevedo Villalba, pues
desconoció que las certificaciones laborales expedidas por las autoridades
competentes daban cuenta de los servicios prestados por la docente bajo los
nombramientos y que los contratos u ordenes de prestación de servicios probaban
la relación laboral y la continuidad de ésta que se prolongó en intervalos desde 1974
hasta 2017.
6. Sobre la supuesta imposibilidad de tener en cuenta los periodos laborados bajo
la modalidad de prestación de servicios, aducida en su defensa por la parte
demandada, el a quo destacó que, en plena concordancia con la jurisprudencia de
esta Corporación, en los casos como el que se analizaba era dable incluir esos
intervalos en el cómputo de los años de servicios.
7. Sin embargo, declaró la prescripción trienal, de las mesadas pensionales
causadas desde el 17 de septiembre de 2010 hasta el 27 de junio de 2014, puesto
que la reclamación administrativa se interpuso solo hasta el 27 de junio de 2017.
8. Inconforme con la decisión, la UGPP la apeló. En esa oportunidad, alegó que,
contrario a lo que concluyó el a quo, la demandante no acreditó el cumplimiento de
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07567-00
Accionante: Alix María Acevedo Villalba
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Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. Además, adujo que el
Tribunal también omitió verificar el vínculo docente, pues la naturaleza territorial no
deviene únicamente de que el servicio se hubiere prestado a un ente de dicha
naturaleza, sino que también debía verificarse si la remuneración provenía o no de
la Nación. Circunstancia que no podía establecerse en este caso, dado que el
extremo activo no acreditó que el origen de los recursos con los que se sufragó la
plaza docente que ocupaba.
9. Además, destacó que también debía considerarse que la señora Acevedo
Villalba fue desvinculada por abandono del cargo cuando desempeñó sus labores
como docente del municipio de Corozal, lo que debía tenerse como una
contravención a sus funciones y, por tanto, a la buena conducta que se exigía para
el reconocimiento de la prestación.
10. Finalmente, indicó que, respecto al tiempo laborado en el municipio de Sincelejo,
debía considerarse que, de conformidad con la certificación de factores salariales
del 18 de octubre de 2023, la vinculación de la demandante fue de orden nacional.
11. Mediante sentencia del 14 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda. En su criterio, el segundo requisito previsto
en la ley para el reconocimiento de la pensión gracia consiste en «la acumulación
de 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada en un nivel de
primaria o secundaria»; no obstante, si bien los certificados aportados por la
demandante daban cuenta del tiempo de servicio, así como de la naturaleza de la
relación legal y reglamentaria, diferían en relación con el nivel de enseñanza
calificado.
12. Ante la inconsistencia evidenciada, el ad quem acudió a la prueba decretada de
oficio por el tribunal en primera instancia, en la que se requirió a la Secretaría de
Educación de Sincelejo para que certificara, entre otras cosas, el: «tipo de
educación prestada por el docente (primaria, secundaria, normalista, entre otras)»;
solicitud frente a la cual, la entidad territorial allegó el Formato Único para
Expedición de Certificados de Historia Laboral- Experiencia Laboral 42201873
expedido el 18 de octubre de 2023, señalando que la señora Alix María Acevedo
Villalba trabajó en un nivel preescolar, desde el 3 de marzo de 1998 hasta el 16 de
enero de 2018.
13. Teniendo en cuenta lo anterior, la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación indicó que dentro de la normativa que rige la pensión gracia no se
previó como beneficiarios a los docentes del nivel preescolar, pues la norma fue
creada para equilibrar las condiciones salariales y prestacionales de los maestros
de primaria o secundaria que estuvieron vinculados a instituciones educativas
territoriales o nacionalizadas, por «haber sido este personal el que históricamente
debió someterse a la desigualdad salarial». De ahí que los periodos laborados en
los siguientes extremos temporales: 1° de febrero de 1994 al 2 de marzo de 1998 y
del 3 de marzo de 1998 al 16 de enero de 2018, no podían ser tenidos en cuenta
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07567-00
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
para efectos de incluirlos en el cómputo de los años de servicio requeridos para el
reconocimiento de la pensión gracia.
14. En otras palabras, el juez de segunda instancia estimó que la demandante no
tenía derecho al reconocimiento y pago de la prestación requerida, al no haber
acreditado el cumplimiento del requisito relativo a contar con 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizada en un nivel de primaria o secundaria.
Pretensiones
15. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):
1. Se Ordene por parte de este H. Juez Constitucional la Nulidad de la
Sentencia, proferida en fecha 14 de mayo de 2025, por parte del H. Consejo de
Estado - Sección Segunda - Subsección A, dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del derecho con Radicado 70001-23-33-000-2019-00057-01
(0332-2025), por medio de la cual se decidió revocar la sentencia del a quo y
denegar las súplicas de la demanda.
2. Se amparen los Derechos Fundamentales invocados y como consecuencia
de ello, este H. Juez Constitucional ordene se emita una nueva sentencia en la
cual se observen las consideraciones expuestas por el Juez de tutela, es decir
acordes y coherentes con los parámetros constitucionales y legales que rigen
la pensión gracia.
Fundamentos de la demanda de tutela
16. Según la parte actora, la sentencia del 14 de mayo de 2025 adolece de los
siguientes defectos: (i) sustantivo o material, por indebida interpretación de la Ley
114 de 1913, al haber omitido analizar tal prerrogativa de manera sistemática con
otras disposiciones normativas como la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2247 de 1997;
y (ii) fáctico, por inadecuada valoración probatoria, específicamente, de los actos
administrativos de nombramiento y posesión, que, a su modo de ver, acreditaban
que trabajó como docente de tiempo completo en la escuela urbana El Salvador.
17. En cuanto al defecto sustantivo o material, la demandante alegó que la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación acudió a una
interpretación restrictiva del contenido de la Ley 114 de 1913, pues se limitó a
analizarla en su sentido literal, pero no tuvo en cuenta que, al tenor de lo dispuesto
en la Ley 115 de 1994, así como en el Decreto 2247 de 1997, la educación
preescolar también conforma el sistema educativo colombiano y que, inclusive, el
grado de transición es de carácter obligatorio. Máxime, cuando, según dijo, la Ley
115 antes citada categorizó el grado de transición dentro del marco de la educación
primaria.
18. Es así como con el simple nombramiento de «profesora de tiempo completo en
una escuela oficial», pudo desempeñarse tanto en el nivel primaria como en el de
preescolar, sin requerir una nueva designación para ejercer la docencia en este
último. Por tal razón, estimó que resulta discriminatorio otorgar un trato diferencial
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Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
a los docentes que ejercieron su labor en el nivel preescolar, circunstancia que,
además, desnaturaliza la razón que «inspiró» la creación de la pensión gracia.
19. De otro lado, sostuvo que la decisión desborda los límites competenciales del
juez de segunda instancia, pues ni en sede administrativa, ni en sede judicial la
controversia versó sobre el nivel educativo en el que ejerció su labor, sino que se
centró en el tipo de vinculación. Situación que la tomó por sorpresa y la dejó en
imposibilidad de defenderse frente a un asunto que «nunca ha sido considerado
como objeto de negación por parte de la entidad de previsión».
20. De lo expuesto, deriva también para la parte actora la configuración de un
defecto fáctico, pues, en su criterio, los actos administrativos de nombramiento y
posesión debidamente incorporados al plenario daban cuenta de que fue nombrada
docente de tiempo completo en la escuela urbana cuarta El Salvador, es decir, que
su designación se realizó para que prestara sus servicios en primaria. No obstante,
desconociendo tal circunstancia, el ad quem se centró en el contenido de los
certificados de tiempos de servicio y factores salariales, sin analizar que dichos
documentos solo contenían información de los últimos años laborados.
21. Por último, insistió en que el nivel preescolar está integrado al sistema educativo
colombiano, que los docentes de ese grado no poseen ningún tipo de prerrogativas
salariales y que la decisión que censura se centró en un debate diferente, cuando
lo realmente relevante era que nunca perdió su calidad de docente territorial.
Trámite en primera instancia
22. Mediante auto del 2 de diciembre de 20253, el despacho sustanciador del
proceso admitió la acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y vinculó, en calidad de tercero con interés, al director
general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Asimismo, ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
23. De igual forma, requirió a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre, con
el fin de que remitiera copia digitalizada del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 70001-23-33-000-2019-00057-00/01.
Intervenciones
24. La UGPP 4 solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por
considerar que no es el mecanismo idóneo para pretender la revocatoria de una
sentencia proferida por el juez natural de la causa, lo que evidencia que la intención
de la parte demandante es utilizar el amparo constitucional como una tercera
instancia del proceso ordinario. Además, destacó que la vulneración alegada en la
3
SAMAI, índice 4.
4
SAMAI, índice 9, documento electrónico con certificado D4D0B455455903DB 4AF926BF82F343F0
533344D2BB96E1E7 A26DDBF53F9223BE.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07567-00
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
demanda no existe, y que tampoco se acreditó la posible configuración de un
perjuicio irremediable.
25. Agregó que la demanda no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque,
a su juicio, la parte actora cuenta con los recursos extraordinarios previstos en el
ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones que por vía judicial pretende
sean dejadas sin efectos.
26. Resaltó que acción de tutela contra providencias judiciales solo procede
excepcionalmente cuando el juez natural adopta la decisión de forma arbitraria
caprichosa y con fundamento simplemente en su voluntad, lo que en el caso en
concreto no ocurre, pues la decisión cuestionada se encuentra ajustada a derecho.
27. Finalmente, señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la acción de tutela no es el medio adecuado para reclamar
prestaciones económicas, pues los jueces naturales son los llamados a resolver
pretensiones de esa naturaleza, en ejercicio de su autonomía e independencia
judicial.
28. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre 5 allegó copia digitalizada
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-23-33-
000-2019-00057- 00/01.
29. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervinieron, pese a que fueron
debidamente notificadas del auto admisorio de la demanda 6.
CONSIDERACIONES
Competencia
30. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20197.
Problema jurídico y metodología de la decisión
31. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
5
SAMAI, índice 8, documento electrónico con certificado 20E69B7CE7AEE82C
C57D8D7A2F08C577 7DFE5A3F1A945A4F EB61E18D6D750695.
6
Fueron notificadas a las siguientes direcciones electrónicas: notifjduque@consejodeestado.gov.co
dperezc@consejodeestado.gov.co notifjmoralest@consejodeestado.gov.co
dgavirias@consejodeestado.gov.co notiflmesa@consejodeestado.gov.co
ces2secr@consejodeestado.gov.co notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co,
agencia@defensajuridica.gov.co, el 4 de diciembre de 2025, tal como se puede observar en el índice
7 de SAMAI.
7
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
6
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
32. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a la providencia del 14 de mayo de
2025 y si, por consiguiente, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad de la accionante, al haber acogido una
interpretación caprichosa y restrictiva del contenido de la Ley 114 de 1913 y/o por
haber analizado indebidamente los medios de convicción allegados al plenario que,
en criterio de la demandante, acreditaban que era beneficiaria de la prestación
pretendida.
33. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias judiciales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
34. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20058, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
35. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar 9; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela 10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 11 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
8
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
9
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
10
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07567-00
Accionante: Alix María Acevedo Villalba
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.
Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
36. Legitimación en la causa. La señora Alix María Acevedo Villalba se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela, toda vez que es la titular de los
derechos que considera vulnerados, en su condición de demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento con radicado 70001-23-33-000-2019-00057-01, en el
marco del cual se adoptó la decisión cuestionada.
37. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado fue la autoridad
judicial que profirió la sentencia del 14 de mayo de 2025 a la que la parte actora
atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.
38. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la providencia cuestionada
fue proferida el 14 de mayo de 2025 y notificada el 10 de junio del mismo año,
mientras que la solicitud de amparo se presentó el 27 de noviembre siguiente. Este
término que resulta razonable.
39. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.
40. Subsidiariedad 12. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
41. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
42. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga
argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
12
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07567-00
Accionante: Alix María Acevedo Villalba
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Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
43. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 13 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
44. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.
45. En el caso en concreto, la señora Alix María Acevedo Villalba presentó acción
de tutela a fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, vulnerados, a su juicio, por
la sentencia del 14 de mayo de 2025, mediante la cual la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó.
46. En criterio de la parte accionante, la sentencia que se cuestiona adolece de
defecto sustantivo, por interpretación restrictiva de la Ley 114 de 1913, que devino,
en una indebida apreciación probatoria y, en consecuencia, en una denegación
injustificada de las pretensiones de su demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. Lo anterior, en la medida en que se omitió realizar una interpretación
sistemática de dicha normativa en concordancia con las disposiciones de la Ley 115
de 1994 y del Decreto 2247 de 1997, en orden a identificar que el nivel preescolar
integra el sistema educativo colombiano y que incluso el grado de transición es
obligatorio, así como el hecho de que el objeto de la ley fue equilibrar las condiciones
salariales y prestacionales de los docentes de nivel territorial, como era su caso.
47. En otras palabras, la accionante considera que la interpretación acogida por la
autoridad judicial accionada es discriminatoria, pues desnaturaliza el objeto de la
ley e impone un trato distinto a los docentes que ejercieron su labor en el nivel
preescolar, pese a que existen disposiciones normativas a partir de las cuales pudo
deducirse que era beneficiaria de la prestación reclamada.
48. En ese orden, lo primero que observa la Sala es que la controversia planteada
por la señora Acevedo Villegas ostenta una naturaleza estrictamente legal, es decir,
propone un debate en torno a la interpretación normativa que realizó la autoridad
judicial accionada, sin mayores argumentos que el simple hecho de no encontrarse
de acuerdo con ella por considerarla restrictiva y discriminatoria, pero sin ofrecer
13
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07567-00
Accionante: Alix María Acevedo Villalba
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
razones de real peso constitucional tendientes a cuestionar la validez del juicio o su
razonabilidad.
49. Lo anterior pone en evidencia que el propósito de la parte demandante es utilizar
la acción de tutela para discutir un asunto que versa únicamente sobre la
interpretación de una norma, es decir, pretende que el juez de tutela sobrepase la
competencia del juez natural de la causa, que, dicho sea de paso, es el órgano de
cierre y máxima autoridad judicial para interpretar normas de carácter laboral, con
el fin de que éste último defina si la señora Acevedo Villalba tiene o no derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.
50. Respecto de las controversias de mera legalidad planteadas en sede de tutela,
la Corte Constitucional, en sentencia SU-128 de 2021 14, a modo de reiteración de
jurisprudencia, razonó:
En cuanto al requisito de relevancia constitucional, en la Sentencia SU-033 de
2018 la Sala Plena expuso que es indispensable verificar en cada caso concreto
que la acción tutela no esté siendo utilizada como una instancia adicional para
remplazar las vías judiciales ordinarias. El contenido de la solicitud de
amparo debe buscar “resolver cuestiones que trascienden la esfera legal,
el carácter eminentemente económico de la controversia y la
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”, lo
que implica la de existencia de “un probado desconocimiento de los derechos
fundamentales al debido proceso o al acceso a la administración de justicia” 15.
En ese mismo sentido, en la Sentencia SU-573 de 2019 esta Corporación
determinó que “la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo
que una simple relación con aquel”. Así, por ejemplo, no es suficiente con que
la parte actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso
para entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.
Esto, por cuanto la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i)
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces”16. Con fundamento en estas
consideraciones, la Sentencia SU-573 de 2019 reiteró tres criterios de análisis
para establecer si una tutela es de relevancia constitucional.
Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico. Las discusiones de orden legales o aquellas
relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está
14
Postura ampliamente reiterada de manera posterior. Al respecto, ver, por ejemplo T- 024 de 2024,
T-262 de 2024,
15
Corte Constitucional, sentencia SU-033 de 2018.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
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prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal
o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones
correspondientes”17. Un asunto carece de relevancia constitucional cuando:
(i) la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de
un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones
de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés
general”18.
Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”19. La jurisprudencia
constitucional ha reiterado que la cuestión debe revestir una “clara”, “marcada”
e “indiscutible” relevancia constitucional20. Dado que el único objeto de la acción
tutela es la protección efectiva de los derechos fundamentales, es necesario
que el asunto que origina la presentación de la acción contra una providencia
judicial tenga trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la
Constitución Política, así como para la determinación del contenido y alcance
de un derecho fundamental. Por tal razón, los asuntos en los que se invoca la
protección de derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la
interpretación y aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio,
relevancia constitucional.
Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”21, pues la competencia del juez de tutela se
restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal”22. En ese
orden de ideas, la tutela en contra de un auto o una sentencia exige valorar si
la decisión se fundamentó en una actuación ostensiblemente arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho
al debido proceso.23 Solo así se garantiza “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales como de los de las demás jurisdicciones”24.
51. Entonces, la inconformidad de la parte actora con la interpretación que de la Ley
114 de 1913 hizo la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación no
trasciende a la supuesta afectación de sus derechos fundamentales, sino que se
17
Corte Constitucional, sentencia T-136 de 2015.
18
Corte Constitucional, sentencia T-610 de 2015.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia T-136 de 2015.
21
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2006.
22
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009.
23
Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, «si bien no siempre es fácil
delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta
Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así, por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso.
El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido
proceso. [Además] de desvíos absolutamente caprichosos y arbitrarios, sólo serían objeto de revisión
aquellas decisiones judiciales que no consulten los elementos básicos del debido proceso
constitucional y, en particular, que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del
proceso». Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2006.
24
Corte Constitucional, sentencia T-137 de 2017.
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circunscribe a cuestionar un asunto de mera sujeción normativa, pretendiendo que
en esta sede judicial se determine que tiene derecho al reconocimiento de la
pensión gracia, únicamente con fundamento en su propia visión del litigio, pero sin
cuestionar en ningún momento la razonabilidad del juicio que censura.
52. Así las cosas y teniendo en cuenta que la acción de amparo solo procede
excepcionalmente en los eventos en los que la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima que constituiría una violación de derechos
fundamentales —circunstancia que no se alegó y mucho menos se demostró en el
proceso—, el defecto sustantivo atribuido a la providencia cuestionada carece de
relevancia constitucional.
53. Todo lo anterior desvirtúa también la trascendencia constitucional del defecto
fáctico, por indebida valoración probatoria, pues la propia parte actora ató su
causación a la supuesta indebida interpretación de la Ley 114 de 1913, pero, más
allá de eso, se observa que, en el fondo, el reproche es el mismo, pues la postura
que pretende imponer la parte actora es que independientemente del nivel educativo
en el que el docente se hubiera desempeñado es acreedor de la prestación
pretendida. Tesis que fue razonablemente desestimada por la autoridad judicial
accionada, quien, luego de una verificación e interpretación de las normas que
regulan la pensión gracia, concluyó que los docentes de preescolar no fueron
incluidos como beneficiarios y, en tal sentido, determinó que los intervalos
comprendidos entre el 1° de enero de 1994 hasta el 2 de marzo de 1998 y el 3 de
marzo de 1998 hasta el 16 de enero de 2018 no podían tenerse en cuenta para la
contabilización de los 20 años de servicio requeridos por la ley como requisito para
el reconocimiento de la aludida pensión.
54. Valga destacar que, en el presente asunto, la decisión cuestionada fue proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, órgano de cierre
y máxima autoridad judicial autorizada para la interpretación de normas de carácter
laboral administrativo, lo que implica que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela se
suma que la parte actora debe demostrar que la decisión contenga una anomalía
de tal magnitud que riña abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia que la
Corte Constitucional ha trazado al definir el alcance y límite de derechos
fundamentales 25, circunstancias que en este caso tampoco se alegaron ni se
acreditaron.
55. Ahora bien, la Sala advierte que, en la petición de amparo la señora Acevedo
Villalba adujo que en sede administrativa y en primera instancia del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho el debate se centró en el modo de vinculación
y no en el nivel educativo en el que se desempeñaba, por lo que la conclusión a la
que arribó la autoridad judicial accionada en segunda instancia, en virtud de la cual
negó el reconocimiento que pretendía, la tomó por sorpresa y le impidió defenderse
adecuadamente.
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Consultar, por ejemplo, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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56. Tal reproche que parece estar encaminado a demostrar una supuesta
incongruencia entre el objeto del litigio, y la definición de este en la sentencia
tampoco es susceptible de ser planteada en esta instancia judicial, puesto que, de
ser esa su inconformidad, la parte actora tendría a su disposición el recurso
extraordinario de revisión, mecanismo judicial que resultaría idóneo y eficaz para
resolver tal discrepancia.
57. En suma, la presente acción de tutela carece de relevancia constitucional,
porque (i) no contiene una carga argumentativa mínima tendiente a cuestionar la
validez de la providencia censurada o a demostrar su irrazonabilidad o capricho,
sino que se limita a exponer su simple desacuerdo con la interpretación acogida por
la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación; (ii) propone un debate
estrictamente legal, pretendiendo que el juez de tutela usurpe las funciones del juez
natural y que privilegie su propia interpretación de la norma sobre la del órgano de
cierre y máxima autoridad jurisdiccional en asuntos de carácter laboral-
administrativo; (iii) pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional
del proceso ordinario, aunque la demandante afirme que el debate sobre el nivel
educativo solo vino a surgir en segunda instancia, y (iv) no se alegó ni se demostró
que la providencia censurada riña abiertamente con postulados constitucionales o
desconozca el contenido y alcance que la Corte Constitucional ha otorgado a un
derecho fundamental.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la señora Alix María Acevedo Villalba, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07567-00
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Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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