Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07567-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07567-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07567-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-07567-011
Accionante : Alix María Acevedo Villalba
Accionados : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Vinculado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, reconocimiento pensión gracia
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la accionante contra el fallo
del 30 de enero de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A2, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El 27 de noviembre de 2025, la señora Alix María Acevedo Villalba, quien actúa
por intermedio de apoderada judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
C. P (e). Fernando Alexei Pardo Flórez.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07567-01
Accionante: Alix María Acevedo Villalba
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
acceso a la administración de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
3. Por consiguiente, solicitó:
1. Se Ordene por parte de este H. Juez Constitucional la Nulidad de la Sentencia, proferida
en fecha 14 de Mayo de 2025, por parte del H. Consejo de Estado - Sección Segunda
• Subsección A, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho con
Radicado 70001-23-33-000-2019-00057-01 (0332-2025), por medio de la cual se
decidió revocar la sentencia del a quo y denegar las suplicas de la demanda.
2. Se amparen los Derechos Fundamentales invocados y como consecuencia de ello, este
H. Juez Constitucional ordene se emita una nueva sentencia en la cual se observen las
consideraciones expuestas por el Juez de tutela, es decir acordes y coherentes con los
parámetros constitucionales y legales que rigen la pensión gracia. (sic)
1.3 Hechos3
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por la
accionante, se puede evidenciar que, la señora Alix María Acevedo Villalba en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), encaminada a obtener
la nulidad de las Resoluciones núm. RDP 010955 del 27 de marzo, RDP 021267 del
12 de junio y RDP 023063 del 20 de junio, todas ellas del 2018, por medio de las
cuales la entidad pensional negó la pensión gracia y resolvió desfavorablemente los
recursos de reposición y apelación, respectivamente.
5. A título de restablecimiento, solicitó el reconocimiento y pago de dicha
prestación, a partir del 8 de noviembre de 2014, teniendo en cuenta todos los
factores salariales devengados durante el año de consolidación del derecho, su
indexación y los intereses a que hubiere lugar.
6. De ese asunto ordinario conoció el Tribunal Administrativo de Sucre 4 que
mediante sentencia del 18 de septiembre de 2024, accedió parcialmente a las
pretensiones, al considerar que la accionante acreditó los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia. Para tal efecto, precisó que la actora se
desempeñó como docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
4
Proceso núm. 70001-23-33-000-2019-00057-00/01.
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Accionante: Alix María Acevedo Villalba
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
concretamente en el municipio de Corozal (Sucre) y posteriormente laboró como
docente municipal en Sincelejo desde el 1 de febrero de 1994, primero por órdenes
de prestación de servicios y luego bajo vinculación legal y reglamentaria.
7. Agregó que, el hecho de que un certificado de factores salariales indicara por
error que la actora laboró como docente nacional no podía tenerse como única
prueba, por el contrario, correspondía valorar de manera integral el acervo
probatorio.
8. De otro lado, estimó que los periodos laborados bajo la modalidad de órdenes
de prestación de servicios podían computarse para completar el tiempo exigido,
por cuanto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha concluido que tales periodos
son tenidos en cuenta para el reconocimiento pensional reclamado. Sin embargo,
declaró la prescripción trienal de las mesadas pensionales causadas entre el 17
de septiembre de 2010 y el 27 de junio de 2014, en consideración a que la
reclamación administrativa solo se presentó el 27 de junio de 2017.
9. Inconforme con esa decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación, desatado
el 14 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, en el sentido de revocarla, con fundamento en que la actora no acreditó el
requisito relativo a haber prestado 20 años de servicio como docente en los niveles
de primaria o secundaria. Para ese efecto, precisó que, si bien el período
comprendido entre el 6 de junio de 1974 y el 19 de octubre de 1977 podía
computarse, por corresponder a una vinculación territorial, no ocurría lo mismo con
los demás tiempos.
10. Al respecto, señaló que la prueba recaudada en especial el Formato Único para
Expedición de Certificados de Historia Laboral – Experiencia Laboral núm.
42201873, expedido por la Secretaría de Educación de Sincelejo, permitía
establecer que la accionante se desempeñó en el nivel de preescolar entre el 3 de
marzo de 1998 y el 16 de enero de 2018. A partir de esa certificación, concluyó que
tampoco podían computarse los períodos laborados bajo órdenes de prestación de
servicios entre el 1.º de febrero de 1994 y el 2 de marzo de 1998, por cuanto del
análisis del acervo probatorio se infería que también correspondieron a ese mismo
nivel educativo. Precisó que dichos tiempos no podían ser tenidos en cuenta para
efectos de la pensión gracia, al evidenciar que el ejercicio de la docencia en
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07567-01
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preescolar no se enmarca en los cargos inicialmente previstos en la Ley 114 de
1913, referido a maestros de primaria, ni en aquellos que posteriormente fueron
incluidos por la Ley 116 de 1928, esto es, maestros de secundaria, de escuelas
normales e inspectores de instrucción pública.
11. En esas condiciones, advirtió que la señora Alix María Acevedo Villalba solo
acreditó 2 años, 4 meses y 11 días de servicio computable para efectos de la
pensión gracia, lapso insuficiente para consolidar el derecho reclamado.
12. Sobre la precedente situación, la actora sostuvo que la providencia reprochada
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto efectuó una interpretación indebida,
restrictiva, irrazonable y descontextualizada de la Ley 114 de 1913, al concluir que
el tiempo servido en el nivel de preescolar no es computable para el reconocimiento
de la pensión gracia. En su criterio, la autoridad judicial omitió realizar una lectura
sistemática de esa disposición con la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2247 de 1997,
normas que, según afirma, permiten concluir que la educación preescolar integra el
sistema educativo colombiano y que el grado de transición tiene carácter obligatorio
y fue categorizado dentro del marco de la educación primaria.
13. De otro lado, afirmó que la discusión sobre el nivel educativo en el que prestó sus
servicios no fue planteada ni en sede administrativa ni en el trámite ordinario, por lo
que la decisión la sorprendió con un asunto respecto del cual no tuvo la oportunidad
de defenderse y que, además, «nunca ha sido considerado como objeto de negación por parte
de la entidad de previsión».
14. Finalmente, en defecto fáctico «dada la indebida valoración probatoria, al desconocer los
actos administrativos de nombramiento y posesión que dan cuenta que el nombramiento de la
docente fue como PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO MUNICIPAL EN LA ESCUELA URBANA
CUARTA EL SALVADOR [...] lo que significa que fue nombrada para prestar sus servicios en
primaria, donde efectivamente laboró, circunstancia descartada por el fallador» . Sostuvo que la
autoridad judicial accionada concentró su análisis «en los certificados de tiempo de servicio
y en los factores salariales, que indicaron que la docente laboró en preescolar, sin analizar que dichos
documentos contienen información de los últimos años laborados».
1.4 Contestación de la acción
4
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Accionante: Alix María Acevedo Villalba
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1.4.1 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP5
15. Manifestó que la decisión cuestionada se ajustó a la normatividad y a la
jurisprudencia aplicable al caso, pues la autoridad judicial accionada concluyó, con
fundamento en el material probatorio, que la señora Alix María Acevedo Villalba no
cumplía los requisitos legales para acceder a la pensión gracia. Por ello, sostuvo
que no se configuraron los defectos invocados por la tutelante, en tanto no existió
interpretación indebida de la ley ni valoración arbitraria de las pruebas, sino una
decisión fundada en las reglas que gobiernan la materia y en el acervo probatorio
allegado al proceso.
16. De otro lado, expuso que la acción de tutela resulta improcedente, al considerar
que no es el mecanismo idóneo para pretender la revocatoria de una sentencia
proferida por el juez natural de la causa, lo que, en su criterio, evidencia que la
demandante pretende utilizarla como una tercera instancia del proceso ordinario.
Agregó que no existe vulneración de derecho fundamental alguno y que tampoco
se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.
17. Aunado a ello, indicó que la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad,
por cuanto la tutelante dispone de los recursos extraordinarios previstos en el
ordenamiento jurídico para controvertir la decisión cuestionada por esta vía.
18. Finalmente, resaltó que la acción de tutela contra providencias judiciales solo
procede de manera excepcional cuando la decisión reprochada obedece a una
actuación arbitraria, caprichosa o abiertamente contraria al ordenamiento jurídico,
supuesto que, a su juicio, no se presenta en este caso. En esa misma línea, señaló
que el amparo no constituye el medio adecuado para reclamar prestaciones
económicas, pues esa clase de controversias corresponde definirlas a la jurisdicción
competente. Por último, adujo que la sentencia censurada hizo tránsito a cosa
juzgada, toda vez que, el juez ordinario ya resolvió el asunto.
1.4.2 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
19. Guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
5
Índice 9 de SAMAI del expediente de primera instancia.
5
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1.5 Providencia impugnada6
20. Mediante sentencia del 30 de enero de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al
considerar que no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
Como fundamento de ello, adujo que la accionante no expuso una carga
argumentativa mínima dirigida a demostrar que la providencia censurada fuera
caprichosa o irrazonable, sino que se limitó a manifestar su desacuerdo con la
interpretación que hizo la autoridad accionada sobre la Ley 114 de 1913 y con la
valoración probatoria efectuada en el proceso. En ese sentido, precisó que el asunto
planteado era de mera legalidad, pues buscaba reabrir la discusión sobre el
reconocimiento de la pensión gracia y convertir la tutela en una instancia adicional
del proceso ordinario. Agregó que, aun frente al reproche según el cual el debate
sobre el nivel educativo solo surgió en segunda instancia, la actora disponía del
recurso extraordinario de revisión, mecanismo idóneo para controvertir una eventual
incongruencia entre el objeto del litigio y la decisión adoptada.
1.6 La impugnación7
21. Inconforme con esa determinación, la demandante la impugnó, para cuyo
propósito aseguró que sí cumple con el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto compromete el debido proceso. En ese sentido, adujo que la providencia
cuestionada introdujo en segunda instancia un argumento nuevo, relacionado con
que su labor docente correspondió al nivel de preescolar y no a primaria o
secundaria, pese a que ese aspecto no había sido debatido en la vía administrativa
ni en la primera instancia del proceso ordinario. A partir de ello, afirmó que se
configuró una violación del principio de congruencia, en la medida en que no se le
permitió ejercer su derecho de contradicción frente a ese fundamento decisorio.
22. Además, reiteró que la providencia incurrió en defecto sustantivo. Finalmente,
precisó que la tutela no pretende constituirse como una tercera instancia, sino
obtener el control constitucional de una decisión que, en su criterio, desconoció el
debido proceso. En consecuencia, solicitó revocar el fallo impugnado.
6
Índice 13 de SAMAI del expediente de primera instancia.
7
Índice 42 de SAMAI del expediente de primera instancia.
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
23. De otro lado, la UGPP8, con fundamento en los argumentos expuestos en la
contestación de la acción, solicitó que se confirmara el fallo impugnado.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
24. En virtud de los artículos 329 del Decreto Ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201912 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción
25. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico
26. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del 14
de mayo de 2025, mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, revocó la providencia del 18 de septiembre de 2024, en la que el
Tribunal Administrativo de Sucre accedió parcialmente a las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
la tutelante contra la UGPP (expediente 70001-23-33-000-2019-00057-00/01); y,
en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,
8
Índice 23 de SAMAI del expediente de primera instancia.
9
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
12
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
7
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acceso a la administración de justicia e igualdad invocadas en la solicitud de
amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
27. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 13 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado14, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
28. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
29. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
13 Sentencia C-590 de 2005.
14 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
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al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.5 Caso concreto
30. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad de la actora por una indebida aplicación
normativa y valoración probatoria, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la
configuración de un defecto sustantivo y fáctico; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron
el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó
ejecutoriada el 17 de junio de 202515 y la solicitud de amparo se presentó el 27 de
noviembre de 2025, es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es
de tutela.
31. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
15
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 10 de junio de 2025, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 12 de junio de 2025, conforme al artículo 205 (numeral
2) del CPACA.
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del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico, invocadas por la accionante.
2.5.1 Defecto sustantivo
32. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
33. La jurisprudencia constitucional16 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 17.
2.5.2 Defecto fáctico
34. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 18.
35. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
16
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
17
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra19.
2.6 Análisis del caso concreto
36. En el asunto sub examine, la demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto efectuó una interpretación indebida,
restrictiva, irrazonable y descontextualizada de la Ley 114 de 1913, al concluir que
el tiempo servido en el nivel de preescolar no es computable para el reconocimiento
de la pensión gracia. En su criterio, la autoridad judicial omitió realizar una lectura
sistemática de esa disposición con la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2247 de 1997,
normas que, según afirma, permiten concluir que la educación preescolar integra el
sistema educativo colombiano y que el grado de transición tiene carácter obligatorio
y fue categorizado dentro del marco de la educación primaria.
37. Asimismo, en defecto fáctico, «dada la indebida valoración probatoria, al desconocer los
actos administrativos de nombramiento y posesión que dan cuenta que el nombramiento de la
docente fue como PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO MUNICIPAL EN LA ESCUELA URBANA
CUARTA EL SALVADOR [...] lo que significa que fue nombrada para prestar sus servicios en
primaria, donde efectivamente laboró, circunstancia descartada por el fallador» . Sostiene que la
autoridad judicial accionada concentró su análisis «en los certificados de tiempo de servicio
y en los factores salariales, que indicaron que la docente laboró en preescolar, sin analizar que dichos
documentos contienen información de los últimos años laborados».
38. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
sostuvo:
[...] la Sala considera necesario abordar inicialmente el estudio del segundo requisito
atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la reclamante como docente
territorial o nacionalizada en un nivel docente de primaria o secundaria, pues la
determinación del incumplimiento de este, sería suficiente para poder tener por no
cumplida dicha exigencia y por tanto negar las pretensiones.
• Periodo I: del 6 de junio de 1974 al 19 de octubre de 1977
En lo referente a este período, en el expediente reposa el Decreto 329 del 31 de marzo
de 1974, mediante el cual el gobernador de Sucre creó dos plazas docentes y nombró
a la accionante como seccional de la Escuela Rural de Co-instrucción de El Roble,
Corozal, quien se posesionó para el efecto el día 6 de junio de 1974 y desempeñó el
cargo de manera ininterrumpida hasta el 19 de octubre de 1977 según consta en el
Certificado de Tiempo de Servicios No. 0 del 30 de enero de 2017 , documento que a
su vez señala que la educadora prestó sus servicios en el nivel básica primaria bajo un
vínculo nacionalizado.
19
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Respecto a la naturaleza jurídica del vínculo docente, es adecuado resaltar que la Corte
Constitucional en sentencia C-084 de 1999, por medio de la cual se estudió la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, precisó
que:
«[…] antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años,
es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de
docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de
manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales,
vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la
Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
"pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros
docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la
prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de
diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al
principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público
[…]» (Negrilla de la Sala)
Por tanto, en el entendido de que el nombramiento de la accionante (31 de marzo de
1974), fue anterior al proceso previsto en la Ley 43 de 1975 (11 de diciembre de 1975)
y en consideración a que en dicho tiempo sólo existían dos categorías de docentes
oficiales, aplica a este caso para la educadora la calidad territorial del vínculo.
Lo anterior encuentra sustento en que en el referido acto se observa que la decisión fue
adoptada sin que se advierta intervención directa del Ministerio de Educación o aval de
este para que, en virtud de la desconcentración, la autoridad departamental en su
representación efectuara la designación en comento, descartando en este sentido una
vinculación nacional.
Pese a que el certificado de tiempo de servicios referido indicara que la vinculación fue
nacionalizada, lo cierto es que, aunque la actora siguió prestando sus servicios aun
después de la expedición de la Ley 43 de 1975, es claro por un lado que, al momento
del nombramiento ni siquiera se contemplaba en el ordenamiento jurídico la plaza
nacionalizada, y por otro, tampoco existe en el sumario prueba alguna que dé cuenta
que la plaza ocupada haya sido objeto del proceso de nacionalización; a diferencia de
lo anterior, sí se concluye con claridad que el nombramiento de la actora en este caso
tuvo lugar por decisión autónoma y directa de la autoridad nominadora, lo que logra
acreditar una calidad territorial de la actividad docente.
La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 en el
que dispuso «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975», condición que fue desarrollada en
el mismo sentido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CESUJ2-011-
18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial la plaza creada de forma exclusiva
por el distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos se cubran con cargo
a su propio presupuesto.
Ahora, en gracia de discusión, no puede desconocerse la existencia del acto
administrativo que se aportó en el expediente, del cual nació el vínculo y que demuestra
una categoría docente distinta a la certificada. En todo caso, al margen del tipo de
vinculación que se hubiese demostrado en este período, lo cierto y definitivo es que
aquella no sería del orden nacional, sino territorial o nacionalizada, lo cual, en cualquiera
de estos dos eventos, no cambia ni afecta la inclusión y cómputo de tales tiempos de
servicio para el reconocimiento de la pensión gracia, pues ambos permiten colmar el
requisito bajo estudio.
En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como educador territorial
entre el 6 de junio de 1974 y el 19 de octubre de 1977 (2 años, 4 meses y 11 días),
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puede considerarse para cumplir la exigencia de 20 años de servicio necesarios para
acceder a la prestación solicitada.
• Periodo II: del 1.° de febrero de 1994 al 2 de marzo de 1998 (interrumpido)-
órdenes de prestación de servicios y del 3 de marzo de 1998 al 16 de enero de
2018
Para los periodos bajo análisis, se observa en el expediente que la demandante allegó
los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedidos el
23 de febrero de 2017, el 22 de noviembre de 2017 y el 26 de octubre de 2018, emitidos
por la Secretaría de Educación de Sincelejo, en los que se evidencia que laboró bajo la
modalidad de orden de prestación de servicios en los siguientes lapsos: del 1.° de
febrero de 1994 al 30 de noviembre de 1994, (ii) del 1.° de febrero de 1995 al 30 de
noviembre de 1995, (iii) del 1.° de febrero de 1996 al 13 de diciembre de 1996, (iv) del
1.° de febrero de 1997 al 13 de diciembre de 1997, y (v) del 1.° de febrero de 1998 al 2
de marzo de 1998, y que fue nombrada por Decreto 066 de 1998 como educadora
desde el 3 de marzo de 1998 hasta el 16 de enero de 2018.
Los mentados documentos además de acreditar el tiempo de prestación del servicio,
también señalan la calidad municipal del vínculo y que el cargo fue ejercido en un nivel
educativo preescolar. Sin perjuicio de lo anterior, en el expediente administrativo
allegado por la entidad, se encuentra el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral expedido el 23 de febrero de 2015, el cual, si bien coincide con los
documentos aportados por la actora en cuanto al tiempo de servicio y la naturaleza de
la relación legal y reglamentaria, difiere en cuanto al nivel de enseñanza calificado, pues
este indica que fue docente de primaria.
Como ya lo ha resuelto esta Subsección en casos anteriores, la inconsistencia
evidenciada puede aclararse con la prueba de oficio decretada por el tribunal de primera
instancia, en la que requirió a la Secretaría de Educación de Sincelejo para que
certificara, entre otras cosas, el: «tipo de educación prestada por el docente (primaria,
secundaria, normalista, entre otras)», a lo cual, la entidad territorial allegó el Formato
Único para Expedición de Certificados de Historia Laboral- Experiencia Laboral No.
42201873 expedido el 18 de octubre de 2023 señalando que la educadora trabajó en
un nivel preescolar, desde el 3 de marzo de 1998 hasta el 16 de enero de 2018.
Pese a que la entidad territorial solo certificara el lapso desempeñado en virtud del
nombramiento efectuado por el Decreto 066 de 1998, es dable concluir que de la misma
manera el tiempo laborado por órdenes de prestación de servicios también fue
desempeñado en el mismo nivel educativo, esto en virtud de lo señalado en el artículo
176 del CGP […] pues debe tenerse en cuenta que, de la revisión de todos los
certificados presentados por la propia accionante para respaldar los hechos alegados,
los cuales tienen fecha posterior al documento que consta en el expediente
administrativo, coinciden todos en señalar que la misma desempeñó su cargo como
docente de preescolar.
Ahora, en consideración a lo anterior, no se encuentra que dentro de la normativa que
rige la pensión gracia estén llamadas a ser beneficiarias las personas que prestaron sus
servicios en tal nivel educativo, puesto que, aquella está dirigida a los maestros de
primaria o secundaria que estuvieron vinculados a planteles educativos territoriales o
nacionalizados, por haber sido este personal el que históricamente debió someterse a
la desigualdad salarial.
Como resultado de lo anterior, los periodos laborados bajo órdenes de prestación de
servicios desde el 1.° de febrero de 1994 al 2 de marzo de 1998 y el prestado desde el
3 de marzo de 1998 al 16 de enero de 2018, no pueden ser tenidos en cuenta al
evidenciar que la actora no cumple con la calidad docente a la cual está destinada la
pensión gracia, pues su cargo no se enmarca en aquellos contemplados inicialmente
en la Ley 114 de 1913 (docentes de primaria) ni en los que posteriormente fueron
incluidos (maestros de secundaria, normales e inspectores) en la Ley 116 de 1928.
Se advierte que en el recurso de apelación la entidad demandada manifestó que «la
parte accionante no acreditó con suficiencia y de manera idónea el cumplimiento de los
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requisitos legales exigidos para el reconocimiento de una pensión gracia, (…), haber
accedido al reconocimiento de la misma sin plena certeza del cumplimiento de todos los
requisitos estipulados para tal fin, fue ir en contravía de (…) el principio de legalidad y
el principio de sostenibilidad financiera del sistema». Tal situación expuesta implica
realizar un análisis de la totalidad de requisitos para el reconocimiento del derecho
pretendido, y en los que se encuentra que efectivamente, la docente no cumplió con las
condiciones mínimas para resultar beneficiaria del derecho, no por no acreditar una
calidad territorial del vínculo, sino por no prestar el servicio en los niveles permitidos por
la norma para conceder la pensión gracia.
39. De lo expuesto se colige que, contrario a lo afirmado por la accionante, la
autoridad judicial accionada no negó la prestación pretendida por falta de
acreditación de la naturaleza de la plaza ocupada, pues incluso tuvo por computable
el período comprendido entre el 6 de junio de 1974 y el 19 de octubre de 1977, al
estimar que correspondió a una vinculación territorial. La negativa obedeció a que
los tiempos laborados entre el 1.° de febrero de 1994 y el 2 de marzo de 1998, así
como entre el 3 de marzo de 1998 y el 16 de enero de 2018, fueron desempeñados
en el nivel de preescolar, el cual no se encuentra comprendido entre los niveles
docentes beneficiarios de la pensión gracia.
40. En ese orden, la Sala advierte que la providencia cuestionada no deviene de una
interpretación caprichosa de la Ley 114 de 1913, pues el accionado explicó que
dicha prestación fue concebida inicialmente para los docentes de primaria,
posteriormente, extendida mediante la Ley 116 de 1928 a los, normalistas e
inspectores de instrucción pública y de secundaría en virtud de la Ley 37 de 1933,
razón por la cual estimó que el nivel en el que se desempeñó la señora Acevedo
Villalba no se enmarcaba en las mencionadas categorías.
41. Aunado a ello, la decisión cuestionada, además, tuvo en cuenta la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201820, pues no desconoció la
naturaleza territorial de la plaza de la accionante ni descartó, por esa sola razón, el
tiempo de servicio acreditado. Por el contrario, admitió como computable el período
respecto del cual encontró demostrada esa condición. La controversia se centró en
que la tutelante prestó el servicio en el nivel preescolar el cual no hace parte de los
destinatarios de la prestación pretendida.
42. Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento empleado por la accionante
en cuanto sostiene que de una lectura sistemática de la Ley 114 de 1993 con la Ley
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, proceso núm. 25000-23-42-
000-2013-04683-01(3805-2014).
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115 de 1994 y el Decreto 2247 de 1997 conduce a equiparar el nivel de preescolar
con la educación primaria. En efecto, la ley 115 organiza la educación formal en los
niveles de preescolar, básica y media, de manera que distingue con claridad el
preescolar de la educación básica primaria. A su turno, el Decreto 2247 de 1997
regula específicamente la prestación del servicio educativo en el nivel preescolar y
dispone que este comprende los grados prejardín, jardín y transición, este último
obligatorio. Por tanto, aunque el grado de transición tenga el carácter de obligatorio
y el preescolar haga parte del sistema educativo colombiano, ello no significa que
haga parte de la primaria.
43. De otro lado la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación valoró
los documentos obrantes en el expediente y, en especial, el Formato Único para
Expedición de Certificados de Historia Laboral- Experiencia Laboral, aportado por la
Secretaría de Educación de Sincelejo, con base en el cual tuvo por acreditado que
la actora laboró como docente de preescolar desde el 3 de marzo de 1998 hasta el
16 de enero de 2018.
44. A partir de esa certificación y del examen conjunto de los demás elementos
aportados, infirió que también los periodos servidos por órdenes de prestación de
servicios, entre el 1.° de febrero de 1994 y el 2 de marzo de 1998 correspondieron
a ese mismo nivel educativo.
45. Cabe aclarar que el hecho que la autoridad accionada no haya valorado los
medios de convicción adosados al proceso ordinario, como lo pretendía la
demandante, no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, en razón a que en
acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la
pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos probatorios obrantes en el
expediente, así como la de brindarles diferentes grados de certeza, siempre que lo
hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, como aconteció en
el asunto materia de controversia.
46. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita
al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las
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garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. En lo que atañe a este
aspecto, la Corte Constitucional21 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e
independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus
actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez
de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario,
que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].
47. Ahora bien, en cuanto al argumento de la demandante según el cual la
providencia cuestionada introdujo un aspecto no debatido previamente —relativo al
nivel educativo en el que prestó sus servicios— y, que según en su sentir incurrió
en una supuesta incongruencia, la Sala advierte que dicho reproche no resulta
susceptible de examinarse en esta sede constitucional.
48. En efecto, si la inconformidad de la accionante radica en que la sentencia resolvió
la cuestión con base en un argumento que, a su juicio, no integró el debate procesal
y le impidió ejercer su derecho de defensa, tendría a su alcance el recurso
extraordinario de revisión, previsto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
mecanismo judicial que resultaría idóneo para debatir tal cuestionamiento.
49. En ese orden de ideas, para la Sala, es evidente que la única intención de la
tutelante es reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez natural con el fin de
obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, como si la acción de
tutela comportara una instancia adicional.
50. En consecuencia, no se configuraron los defectos sustantivo y fáctico alegados
por la accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo
debidamente fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las
pruebas que fueron aportadas en el proceso ordinario, aunado a que atendió la
21
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Accionante: Alix María Acevedo Villalba
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postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.
51. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
52. La Sala considera que en el presente asunto la parte actora no acreditó que la
providencia cuestionada haya incurrido en las causales especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial invocadas (defecto sustantivo y
defecto fáctico), por tal motivo, se revocará el fallo impugnado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, para en su lugar, negar el amparo
deprecado.
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 30 de enero de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
invocados por la señora Alix María Acevedo Villalba, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección A
de esta Corporación y remitir copia.
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Accionante: Alix María Acevedo Villalba
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Ausente con excusa)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
18
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