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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07570-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07570-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 29 de enero de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la 18 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 19 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. 20 Por la cual se modifican algunos artículos de la Ley 44 de 1980 y se impone una sanción por su incumplimiento. Radicado: 11001-03-15-000-2025-07570-01 Accionante: Carmen Elena Jubiz Bendeck Se confirma la decisión de primera instancia improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07570-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07570-01
Accionante: Carmen Elena Jubiz Bendeck
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del
29 de enero de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la sentencia del 31 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que confirmó la decisión del 26 de mayo de
2025, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla, mediante la cual se declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos expedidos por Colpensiones que le habían reconocido la pensión
de sobreviviente en calidad de compañera permanente de Augusto Miguel
Bornacelly Ordóñez y, en su lugar, se negó dicho reconocimiento por no
acreditarse la convivencia. Se confirma la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 26 de noviembre de 2025, la señora Carmen Elena Jubiz Bendeck,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho /
Confirma / Improcedencia / Relevancia constitucional.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07570-01
Accionante: Carmen Elena Jubiz Bendeck
Se confirma la decisión de primera instancia

al debido proceso, a la igualdad, a la salud y al mínimo vital, así como del derecho
a la seguridad social, los cuales considera vulnerados con ocasión de la sentencia
del 31 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que
confirmó la decisión del 26 de mayo de 2025, dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 08001-33-33-002-2022-00307-
00/01, mediante la cual se declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
expedidos por Colpensiones que reconocieron la pensión de sobreviviente de
manera compartida entre la cónyuge supérstite, Magalis Maritza Vargas Lobo, y
Carmen Elena Jubiz Bendeck, en calidad de compañera permanente; y, en su
lugar, se negó el reconocimiento pensional a esta última, al no acreditarse la
convivencia en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a
continuación:

PRIMERO: Dejar sin efectos la sentencia del 31 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Tercera de Oralidad, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Magalis Maritza
Vargas Lobo contra Colpensiones y Carmen Elena Jubiz Bendeck, por haber
incurrido en errores sustantivos y fácticos al excluir a la señora Jubiz Bendeck como
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del señor Augusto Miguel Bornacelly
Ordóñez (Q.E.P.D.), en contravía de la ley, la prueba obrante y el precedente judicial.

SEGUNDO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico, proferir una nueva
sentencia en la que se valoren integralmente las pruebas, se reconozca la unión
marital de hecho entre la señora Carmen Elena Jubiz Bendeck y el causante, y se
restablezca su derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto
en la Resolución SUB-137359 de 2022 de Colpensiones2.

B. Hechos

3. La accionante Carmen Elena Jubiz Bendeck afirmó que sostuvo una unión
marital de hecho con el señor Augusto Miguel Bornacelly Ordóñez desde agosto
de 1999 hasta el 16 de febrero de 2022, fecha de su fallecimiento. Señaló que la
relación fue estable, pública y permanente, y que de ella nació su hija Gabriela
Bornacelly Jubiz.

4.Indicó que, durante la convivencia, el causante asumió la manutención del
hogar, cubrió sus aportes al sistema de seguridad social y garantizó el
sostenimiento y bienestar de la hija común.

5. Con ocasión del fallecimiento del señor Bornacelly Ordóñez, la señora Carmen
Elena Jubiz Bendeck y la señora Magalis Maritza Vargas Lobo, cónyuge del
causante, solicitaron ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.

2 Índice 2 de Samai.

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Accionante: Carmen Elena Jubiz Bendeck
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6. Mediante Resolución SUB-137359 del 19 de mayo de 2022, confirmada por la
Resolución DPE 12680 del 3 de octubre de 2022, Colpensiones reconoció la
pensión de sobrevivientes en un 33.89 % a favor de la señora Magalis Maritza
Vargas Lobo, en un 16.11 % a favor de la señora Carmen Elena Jubiz Bendeck y
en un 50 % a favor de la menor Gabriela Bornacelly Jubiz. Esta decisión se
fundamentó en una investigación administrativa en la que recaudó declaraciones,
entrevistas, registros fotográficos y demás elementos de juicio, a partir de los
cuales concluyó que la señora Carmen Elena Jubiz Bendeck acreditó convivencia
con el causante.

7. La señora Magalis Maritza Vargas Lobo presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones,
con el fin de que se declarara la nulidad parcial de los actos administrativos que
reconocieron la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Carmen Elena Jubiz
Bendeck y, en consecuencia, se le reconociera a ella el 50 % de dicha prestación,
junto con el pago del retroactivo correspondiente.

8.En ese proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue vinculada la
señora Carmen Elena Jubiz Bendeck, en calidad de tercero con interés directo, por
haber sido reconocida como beneficiaria de la prestación en condición de
compañera permanente del causante.

9. En sentencia del 26 de mayo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Barranquilla declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
expedidos por Colpensiones y dispuso que la pensión de sobrevivientes se
distribuyera en un cincuenta por ciento (50 %) a favor de la señora Magalis Maritza
Vargas Lobo y en un cincuenta por ciento (50 %) a favor de la hija menor del
causante, con exclusión de la señora Carmen Elena Jubiz Bendeck.

10. La anterior decisión fue apelada por la señora Carmen Elena Jubiz Bendeck,
quien sostuvo que el juzgado incurrió en indebida valoración probatoria al
desconocer los elementos que acreditaban la convivencia con el causante, así
como en una interpretación restrictiva del concepto de convivencia efectiva, al
exigir cohabitación permanente y desestimar pruebas testimoniales, documentales
y audiovisuales que, a su juicio, demostraban la existencia de una unión marital de
hecho prolongada.

11. Mediante sentencia del 31 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del
Atlántico confirmó la decisión de primera instancia, porque la señora Carmen Elena
Jubiz Bendeck no acreditó la convivencia efectiva con el causante en los términos
exigidos por la ley y la jurisprudencia, en particular en el período previo a su
fallecimiento.

12. La accionante manifestó que padece un tumor benigno en la mama izquierda,
por el cual fue sometida a una cuadrantectomía el 6 de agosto de 2025, con dolor
persistente que requiere controles médicos periódicos, así como esteatosis
hepática grado II-III. Señaló que su condición de salud limita su capacidad para

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generar ingresos, por lo que dependía económicamente del causante y,
posteriormente, de la pensión de sobrevivientes.

C. Fundamentos de la vulneración

13. La accionante sostuvo que la sentencia del 31 de julio de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la salud y al mínimo vital, así como su derecho a
la seguridad social, por cuanto incurrió en defecto fáctico, defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en que:

13.1. En cuanto al defecto fáctico, indicó que el Tribunal omitió la valoración integral
del acervo probatorio y desestimó pruebas determinantes que acreditaban la
convivencia con el causante, en particular los testimonios, la confesión de la
cónyuge sobre el apoyo económico y el material fotográfico y audiovisual, lo que
condujo a una apreciación parcial de los hechos.

13.2. Respecto al defecto sustantivo, señaló que el Tribunal aplicó una
interpretación restrictiva del concepto de convivencia efectiva, al supeditarlo a la
cohabitación permanente, en contravía de la normativa aplicable y de la
jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que la definen a
partir de la existencia de un proyecto de vida en común fundado en el apoyo mutuo,
la solidaridad, la estabilidad y el reconocimiento social. Sostuvo que dicha
interpretación desconoce que la convivencia puede subsistir aun en ausencia de
residencia continua bajo el mismo techo, cuando existen circunstancias
justificadas, y que, al privilegiar un criterio meramente formal, el Tribunal
desnaturalizó el alcance de la pensión de sobrevivientes y desconoció su finalidad
de protección del núcleo familiar real del causante.

13.3. En relación con el desconocimiento del precedente, afirmó que el Tribunal se
apartó de la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, en
particular de la sentencia SU-108 de 2020 de la Corte Constitucional y de la línea
jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
(entre otras, SL-5524 de 2016 y la sentencia del 5 de mayo de 2005, rad. 22560),
que reconocen la convivencia no cohabitante y privilegian la realidad material del
vínculo, lo que condujo a la exclusión de su derecho pensional.

D. Trámite procesal

14. Mediante auto del 2 de diciembre de 20253, el despacho ponente4 de la
Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico y al Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, y en calidad de tercero con interés,
a Colpensiones y a la señora Magalis Maritza Vargas Lobo5, para que rindieran un

3 Índice 4 de Samai.
4 Consejero Ponente Dr. Carlos Fernando Mantilla Navarro.
5 Índice 7 de Samai.

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informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

15. Colpensiones (tercera con interés)6 solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela, por cuanto no se configuró vulneración de derechos
fundamentales ni la existencia de los defectos alegados, y porque la decisión del
Tribunal Administrativo del Atlántico fue adoptada en ejercicio de su autonomía
judicial, con fundamento en la valoración de las pruebas, la aplicación de las
normas y la jurisprudencia pertinentes. Asimismo, indicó que la tutela no puede
emplearse como una instancia adicional para reabrir el debate probatorio ni para
controvertir la interpretación del juez natural, y advirtió que acceder a las
pretensiones implicaría desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada.

16. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla 7 remitió
el expediente digital solicitado, pero guardó silencio frente a los hechos y
pretensiones de la acción de tutela.

17.El Tribunal Administrativo del Atlántico, el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Barranquilla y la señora Magalis Maritza Vargas Lobo
guardaron silencio, pese a haber sido debidamente notificados.

F. Decisión impugnada

18. Mediante sentencia del 29 de enero de 20268, notificada el 6 de febrero de
20269, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, dado que la
solicitud de amparo se limita a expresar la inconformidad de la accionante con la
valoración probatoria y la interpretación normativa efectuada por el juez natural,
con el propósito de reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y obtener una
nueva decisión sobre el derecho a la pensión de sobrevivientes, lo que desborda
la finalidad de la tutela y desconoce su carácter subsidiario y excepcional.

19. Asimismo, precisó que las providencias judiciales cuestionadas se
encontraban debidamente motivadas, en tanto las autoridades accionadas
expusieron las razones fácticas y jurídicas que sustentaron su decisión, valoraron
el material probatorio y aplicaron las normas pertinentes, sin que se evidenciara
arbitrariedad, por lo que no correspondía al juez de tutela sustituir el criterio del
juez natural.

G. Impugnación

6 Índice 9 de Samai.
7 Índice 8 de Samai.
8 Índice 11del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
9 Índice 14 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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20. En escrito radicado el 11 de febrero de 202610, la accionante impugnó la
sentencia del 29 de enero de 2026 y sustentó su inconformidad en las siguientes
razones:

21.1. Se incurrió en un error al declarar la improcedencia por falta de relevancia
constitucional, al limitarse a verificar la existencia de una motivación formal en las
providencias cuestionadas, sin efectuar un análisis material sobre la eventual
vulneración de derechos fundamentales ni pronunciarse de fondo sobre los
defectos alegados.

21.2. Las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron en defecto fáctico, por omitir
y valorar de manera fragmentaria pruebas determinantes que acreditaban la
convivencia real, estable y prolongada con el causante, lo cual fue indebidamente
reiterado por el juez de tutela.

21.3. Se configuró un defecto sustantivo, al adoptarse una interpretación restrictiva
del concepto de convivencia, reduciéndolo a la cohabitación física, en
desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, así como la vulneración de los
derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y al mínimo
vital, aspectos frente a los cuales el juez de primera instancia omitió
pronunciamiento.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Carmen
Elena Jubiz Bendeck contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de
2019).

I. Providencia objeto de análisis

22. La accionante dirige la demanda de tutela contra el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico; no obstante, la Sala abordará su análisis en la providencia de segunda
instancia, por cuanto fue la decisión que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

J. Sentido de la decisión

23. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,

10 Índice 15 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai

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dado que la accionante pretende reabrir el debate jurídico ya definido por el juez
natural. En ese sentido y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará
la verificación de los demás requisitos generales de procedencia11.

K. El requisito de relevancia constitucional

24. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra
providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger
los derechos fundamentales12. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección de la decisión cuestionada13, con el fin de impedir “que el mecanismo
de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley
que dieron origen a la controversia judicial”.

25. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra
providencia judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir
el debate del proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte
Constitucional estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente
relevancia constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez
constitucional se involucre en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones14.

26. En la sentencia SU-215 de 202215, la Corte Constitucional identificó los
siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia
constitucional:

i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la

11 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de
evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y
extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y
f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021,

M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
14 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-

210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019,
M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;

ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental,
entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental; y el examen de la acción de
tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que
implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.

27. Para la Corte Constitucional16, el requisito de relevancia constitucional
comporta tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.

28. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el
sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional”17.

L. La falta de relevancia constitucional en el caso concreto

29. La demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
por cuanto se orienta a reabrir el debate jurídico decidido en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho. En efecto, la accionante controvierte la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico a partir de su desacuerdo con
la valoración probatoria y la interpretación jurídica adoptada.

30. En la demanda de tutela, la parte actora sostiene que el Tribunal Administrativo
del Atlántico incurrió en defecto fáctico, por omitir la valoración integral de pruebas
determinantes que acreditaban la existencia de una unión marital de hecho real,

16 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
17 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Accionante: Carmen Elena Jubiz Bendeck
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estable y prolongada; en defecto sustantivo, al adoptar una interpretación
restrictiva del concepto de convivencia efectiva, reduciéndolo a la cohabitación
física; y en desconocimiento del precedente, al apartarse sin justificación de los
criterios aplicables sobre convivencia no cohabitante y simultánea, lo que dio lugar
a su exclusión del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes previamente
otorgada por Colpensiones.

31. Del examen del expediente se advierte que, mediante sentencia del 26 de mayo
de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
accedió parcialmente a las pretensiones, al declarar la nulidad parcial de los actos
administrativos que reconocieron la pensión de sobrevivientes de manera
compartida entre la señora Magalis Maritza Vargas Lobo y la accionante Carmen
Elena Jubiz Bendeck y, en consecuencia, excluyó a esta última como beneficiaria
de la prestación, al no acreditar los requisitos legales, en particular la convivencia
permanente con el causante durante los cinco (5) años anteriores a su fallecimiento
ni la existencia de apoyo mutuo.

32. En el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, la accionante
cuestionó la valoración probatoria efectuada, por ser restrictiva y
descontextualizada, por cuanto descartó la convivencia con Augusto Miguel
Bornacelly Ordóñez con fundamento en su ausencia en la clínica y en las exequias,
sin un análisis integral del acervo probatorio. Asimismo, sostuvo que se omitió la
valoración conjunta de los testimonios, documentos y registros fotográficos y
fílmicos que, en su criterio, evidenciaban una relación estable, prolongada y con
vocación de permanencia; y afirmó que se interpretó indebidamente el concepto de
convivencia efectiva, al supeditarlo a la cohabitación permanente, en contravía de
la jurisprudencia aplicable, según la cual el distanciamiento físico, por sí solo, no
desvirtúa el vínculo afectivo cuando existen razones objetivas que lo justifican. En
estos términos, expuso:

(…) Primer Agravio: Errónea Valoración Probatoria por omitir pruebas
documentales y testimoniales determinantes y aplicación de un Concepto
Rígido de Convivencia. El pilar fundamental del fallo apelado reside en una
premisa equivocada: que la convivencia exigida por el artículo 47 de la Ley
100 de 1993 debe ser una cohabitación física, exclusiva y sin interrupciones
bajo un mismo y único techo. Esta visión, además de anacrónica, desconoce
la pacífica y reiterada jurisprudencia de las Altas Cortes que ha flexibilizado
dicho concepto para adaptarlo a las realidades sociales.
La H. Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SC3982-2022, citada por
esta defensa en la contestación de la demanda, ha sido enfática en señalar
que la convivencia es un proyecto de vida en común que se materializa en la
ayuda mutua, el socorro, el afecto y la vocación de permanencia, elementos
que pueden subsistir incluso si la pareja no comparte un domicilio único de
manera permanente por razones laborales, de salud o de otra índole.
(…)
El Juez a quo ignoró esta doctrina y, en su lugar, cometió los siguientes errores
de valoración:

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Accionante: Carmen Elena Jubiz Bendeck
Se confirma la decisión de primera instancia

1. Le otorgó un peso desmedido a testimonios con claro interés en el resultado
del pleito. La decisión se fundamenta principalmente en las declaraciones de
la nuera y la prima de la nuera de la demandante, quienes naturalmente
perciben y defienden la exclusividad del vínculo matrimonial. Sin embargo, el
fallador omitió contrastar estas versiones con las de testigos más objetivos y,
crucialmente, con las de un testigo de la propia parte demandante.
(…)
2. Minimizó y desnaturalizó la contundencia de las pruebas que acreditan la
convivencia con nuestra representada. El fallador calificó la relación del
causante con la señora Jubiz como de "visitas frecuentes", desconociendo la
robustez de los testimonios que prueban una vida familiar consolidada: o La
señora Nivea Bornacelly, hermana del causante, no habló de "visitas", sino de
una relación de amor de más de 30 años (…)
3. Omitió por completo la valoración de pruebas documentales determinantes.
Adicionalmente, el yerro probatorio se hace aún más ostensible al constatar
que el Juez omitió por completo valorar las pruebas documentales aportadas
por esta parte, consistentes en los registros fotográficos y fílmicos que dan
cuenta de la vida social y familiar entre el causante, la señora Jubiz y su hija.
Estas pruebas no son accesorias; son la representación gráfica y material del
proyecto de vida en común que la jurisprudencia ha definido como el núcleo
de la convivencia.
(…)
Tercer Agravio: Desconocimiento del Principio de Primacía de la
Realidad sobre las Formas y la Existencia de una Familia Simultánea
(…)
Asimismo, el Juez erró al valorar la ausencia de la señora Jubiz en la clínica y
en los actos fúnebres como prueba en su contra. Ignoró la explicación
razonable, prudente y respetuosa que ella ofreció: su decisión de mantenerse
al margen buscaba evitar conflictos y confrontaciones con la otra familia en un
momento de extremo dolor. Esta actitud, lejos de demostrar indiferencia,
revela sensatez y un profundo entendimiento de la complejidad de la situación
familiar, una realidad que el Juez se rehusó a ver.
(…)
En el subjudice el Juez parece asumir una máxima absoluta y equivocada: que
toda persona con un vínculo afectivo real debe, obligatoriamente, estar
físicamente presente en los actos fúnebres de su pareja, y que la ausencia es
prueba irrefutable de desamor o inexistencia de la relación.
(…)
La señora Carmen Jubiz explicó con claridad su proceder: “Yo no asistí a
ninguno, por respeto” y “había mucho temor, la verdad le digo, había mucho
temor de la entrada de Gabriela Bornacelly Jubiz allá al entierro”. No se trató
de un abandono, sino de una decisión consciente y prudente.
(…)

33. No obstante, en la sentencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del Atlántico
se pronunció sobre los reparos formulados por la señora Jubiz Bendeck y concluyó
que no se acreditó su derecho a la pensión de sobreviviente, dado que el material
probatorio no demostraba una convivencia continua con el causante durante los
últimos cinco (5) años anteriores a su fallecimiento. Precisó que, aunque existió una
relación en algún momento, no se evidenció una convivencia con vocación de

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07570-01
Accionante: Carmen Elena Jubiz Bendeck
Se confirma la decisión de primera instancia

permanencia en ese período, por lo que descartó la configuración de convivencia
simultánea y confirmó la decisión de primera instancia. En ese sentido, expuso:

“(…) En primer lugar se debe indicar, acerca de las fotografías y videos, que si bien,
en el caso de algunas, hubo el señalamiento de una fecha, o incluso, en una
fotografía se denotó quien la tomó por haber sido captada en un espejo, éstas no
pueden ser valoradas con la presión que predica el apoderado, pues de ellas, hizo
falta que se pudiera mostrar el lugar donde fueron tomadas, las condiciones del
modo en que fueron tomadas, y la identificación plena de las personas que en esas
figura, siendo esto un requisito necesario para su valoración procesal, como lo ha
indicado la jurisprudencia.28 Ahora bien, si en gracia de discusión se tuviera por
cierto que de ellas se pretende mostrar un vínculo de convivencia, de este no se
desprende con claridad necesariamente que la Sra. Jubiz Bendeck sea su
compañera, pues en mayor medida, estas imágenes muestran, ahí sí, la relación de
cariño y gran cercanía que tenía el finado con su hija Gabriela, lo que igualmente se
ve reforzado con los testimonios quienes fueron coincidentes en indicar el especial
afecto que este tenía por su hija, pese a que en un momento dado según las
formalidades de los procesos judiciales, recibió un embargo por inasistencia de
alimentos de la misma.

Frente a otro de los reparos, esto es, el distanciamiento físico que acaeció por virtud
de las circunstancias de la pandemia, si bien es cierto que la jurisprudencia ha
aceptado, como líneas considerativas previas quedó establecido, que puede ocurrir
un distanciamiento de la pareja que convive por motivos de salud, de trabajo entre
otros; no ocurre en igual medida en el caso analizado, al tener en cuenta que el Sr.
Augusto Miguel Bornacelly era una persona que para ese período no tenía una
condición médica totalmente inhabilitante y, se puede percibir, como cuentan los
testigos, de ser una persona adinerada con varias propiedades y una pensión, que
le permitía poder continuar la relación que se predica era simultánea con su
compañera permanente, situación que no ocurrió, habiendo una evidente escisión
en los períodos de convivencia en algunos de los últimos años de convivencia, esto
es, año 2020 y 2021.
Aunado a ello, no se puede aceptar en este escenario como verosímil lo expresado
por varios declarantes como la Sra. Carmen Elena y la Sra. Marta Patricia Molino
acerca de que la compañera asistió a la clínica y decidió nunca ingresar a la misma,
pues si bien era cierto que la menor para ese entonces pudiera habérsele impedido
el ingreso por existir reglas en la infraestructura hospitalaria como lo es la
mencionada Clínica Portoazul, dicho impedimento no se hacía extensible a la Sra.
Carmen Elena Jubiz Bendeck, quien advirtiendo que el finado estaba en una
situación delicada y pudo ser ese el último momento en que pudo llegar a verlo,
como en efecto pasó.

No es claro lo que se expone acerca de que la primera instancia se basó
principalmente en las declaraciones de la nuera y la prima de la nuera, quienes
tenían intereses en defender la tesis de la exclusividad de un vínculo matrimonial,
pues la sala entiende que la tesis pregonada por el juez de primer grado no se
encaminó a afirmar tajantemente que no hubiera una convivencia simultánea. Lo
que imposibilita acceder al derecho es lo interrumpido de dicha relación, en el
período de los últimos 5 años previos a su fallecimiento que se predica del artículo
47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 eran
necesarios.
(…)
En síntesis, no se logra al realizar una valoración conforme al principio de comunidad
de la prueba, entrever que sea cierto como lo pretende afirmar la parte vinculada
que hubiera por lo menos, en los últimos 5 años el predicado vínculo como
compañera permanente sin que hubiera algún tipo de separación debidamente

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07570-01
Accionante: Carmen Elena Jubiz Bendeck
Se confirma la decisión de primera instancia

sustentable. (…)”.

34. De igual manera, el Tribunal accionado sustentó su decisión en la normativa
vigente, en particular en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 199318, modificados
por la Ley 797 de 200319, así como en el artículo 6 de la Ley 1204 de 200820, y en
la jurisprudencia de unificación de las altas cortes, en especial la sentencia C-1035
de 2008 de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba
Triviño, así como en otros precedentes sobre el concepto de convivencia,
conforme a los cuales esta debe acreditarse a partir de un proyecto de vida en
común con vocación de permanencia, apoyo mutuo y estabilidad, sin que la mera
relación afectiva o la procreación de hijos resulte suficiente para estructurar el
derecho a la pensión de sobrevivientes.

35. Así las cosas, la Sala considera que los fundamentos de la presunta
vulneración invocados en la acción de tutela corresponden, en esencia, a una
reiteración de los argumentos formulados en el recurso de apelación, los cuales
ya fueron objeto de análisis y decisión por parte del juez natural en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, los cuestionamientos sobre la
valoración del material probatorio, la desestimación de los registros fotográficos y
testimoniales y la interpretación del concepto de convivencia fueron examinados
de manera expresa por el Tribunal, que concluyó que no se acreditó una
convivencia continua con vocación de permanencia en los últimos cinco años
anteriores al fallecimiento del causante.

36. De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que la accionante pretende
utilizar la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate jurídico ya
definido, sin evidenciar la configuración de un defecto que comprometa la validez
constitucional de la providencia cuestionada, lo cual desborda el carácter
excepcional y subsidiario de este mecanismo, razón por la cual el amparo resulta
improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 29 de enero de
2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la

18 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
19 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.
20 Por la cual se modifican algunos artículos de la Ley 44 de 1980 y se impone una sanción por su

incumplimiento.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07570-01
Accionante: Carmen Elena Jubiz Bendeck
Se confirma la decisión de primera instancia

improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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