Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07571-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07571-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07571-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07571-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
20 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07571-00
Accionante: MOVIMIENTO PODER POPULAR
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCION QUINTA-
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Movimiento Poder Popular
representado por Ernesto Samper Pizano contra la providencia de 18 de septiembre
de 2025 proferida por el Consejo de Estado- Sección Quinta-.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 18 de diciembre de 2025, el Movimiento Poder Popular representado por el señor
expresidente de la república Ernesto Samper Pizano, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección a sus derechos
fundamentales a constituir partidos políticos, debido proceso, solicitando además el
respeto al precedente judicial que considera vulnerado por el Consejo de Estado –
Sección Quinta-, al haber proferido providencia de 18 de septiembre de 2025.
En virtud de la acción de tutela solicita la protección a los precitados derechos, se
revoque la sentencia de 18 de septiembre de 2025 y se deje sin valor las actuaciones
2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07571-00
Accionante: Movimiento Poder Popular
Acción de tutela – Primera instancia
jurídicas realizadas por el Consejo Nacional Electoral con posterioridad a la
mencionada sentencia judicial.
2. Hechos relevantes
El movimiento Poder Popular es una organización política fundada en 1982 al interior
del partido Liberal.
Entre 1984 y 1990 el Movimiento Poder Popular logró la elección de representantes
al Concejo de Bogotá y Asamblea de Cundinamarca.
En 1986 se eligieron nombre del Movimiento Poder Popular los senadores Ernesto
Samper y Jaime Niño Diez y como representantes a la Cámara Sergio Martínez y
Martha Catalina Daniels.
El movimiento Poder Popular se expandió por distinta regiones del país, como
Santander, Atlántico, Cesar Tolima y Huila.
Con ocasión de la consolidación en la participación política del Poder Popular, por
elección mayoritaria en la Convención Liberal, el señor Ernesto Samper Pizano fue
escogido para hacer parte de la Dirección Nacional Liberal y, en 1990, precandidato
Liberal a la presidencia de la república.
El 3 de marzo de 1989 el señor Ernesto Samper Pizano fue víctima de un atentado.
Según el apoderado del accionante, aunque en el atentado fue asesinado el señor
José Antequera, la Fiscalía General de la Nación cuenta con soporte para afirmar
que se quiso, aprovechar el encuentro político para afectar las demás tendencias
internas liberales y populistas.
Se afirma que el movimiento poder popular hizo parte de la Asamblea Nacional
Constituyente, a través de los señores Horacio Serpa, Guillermo Perry y Eduardo
Verano de la Rosa.
El 23 de diciembre de 1992, como consecuencia de las múltiples denuncias por
despojo de tierras en el Magdalena derivadas de su función política y periodística, el
3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07571-00
Accionante: Movimiento Poder Popular
Acción de tutela – Primera instancia
señor Ricardo Villa, militante del Poder Popular y ficha clave en la región del Caribe,
fue asesinado por un pistolero.
En 1994 el señor Ernesto Samper Pizano fue elegido como Presidente de la
República por el partido Liberal aunque se afirma que bajo el amparo y conocimiento
del Movimiento Poder Popular.
El 28 de septiembre de 1995, el señor Antonio José Cancino, militante del Poder
Popular y abogado del señor Ernesto Samper Pizano, sufrió un atentado como
consecuencia de la defensa y representación judicial del expresidente ante distintos
reproches por supuestas financiaciones del narcotráfico a la campaña electoral.
Se afirma que en atención a los múltiples hechos de violencia, intimidación y
amenaza a sus militantes, el movimiento Poder Popular se vio limitado para participar
políticamente como un partido político individual, obligándose a actuar bajo la sombra
del Partido Liberal, pero reconocido como una tendencia “social” de alto impacto.
El 31 de marzo de 2023, el señor Ernesto Samper Pizano presentó solicitud de
reconocimiento de personería jurídica como partido político al movimiento Poder
Popular y mediante Resoluciones 6886 y 4819 de 2023, el Consejo Nacional
Electoral otorgó el reconocimiento de personería jurídica como partido político al
Poder Popular.
El 18 de septiembre de 2025, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, profirió sentencia de única instancia
declarando la nulidad de las resoluciones 6886 y 4819 de 2023.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante considera que con la providencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, se le están vulnerando los derechos fundamentales de Poder Popular a
constituir Partidos Políticos, a la igualdad y respeto al precedente judicial, en razón
a que según su apoderado, se desconocen las sentencia C 320 de 2017, SU 257 de
2021 y SU 316 de 2021 proferidas por la Corte Constitucional.
4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07571-00
Accionante: Movimiento Poder Popular
Acción de tutela – Primera instancia
Solicita que al Movimiento Poder Popular se le permita un reconocimiento político, a
través de decisiones que reconozcan su historia, apliquen los precedentes judiciales
y desarrollen los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz.
Sostiene que se aplicó una interpretación regresiva, desproporcionada y contraria al
principio pro homine de los artículos 40 y 108 de la Constitución Política, al exigir al
Movimiento Poder Popular una limitación del acervo probatorio, imposible de cumplir
sobre la violencia política sufrida por sus fundadores y dirigentes.
Manifiesta que al accionante se le vulneró el derecho al debido proceso y a la verdad
material, al negar y limitar injustificadamente la práctica de valoración de pruebas
conducentes para demostrar la violencia política alegada por el movimiento
accionante.
Aduce que el precedente jurisprudencial no fue respetado por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, toda vez que la sentencia SU 257 de 2021 estableció en su
contenido la aplicación de su decisión bajo los efectos inter comunis para aquellos
movimientos políticos y terceros que estuvieron en similares condiciones a las ahí
reconocidas según los hechos de violencia iguales o parecidos a los analizados en
esa providencia.
Con relación a la sentencia SU 316 de 2021, la Corte Constitucional reconoció
personería jurídica al movimiento Colombia Humana con fundamento en una
interpretación teleológica y no formalista del artículo 108 constitucional, teniendo en
cuenta el respaldo popular, la identidad ideológica y el contexto de representación
política.
4. Trámite procesal
El 18 de diciembre de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación
a la autoridad judicial accionada así como así como a Samuel Alejandro Ortíz
Mancipe, Manuela Arredondo Roa y al Consejo Nacional Electoral, como terceros
interesados.
5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07571-00
Accionante: Movimiento Poder Popular
Acción de tutela – Primera instancia
El 13 de enero de 2026, Luis Fernando Delgado Galviz escribiente de la secretaría
de la Sección Quinta, envío copia del expediente digital.
Mediante memorial de 15 de enero de 2026, el señor Manuel Ortiz Mancipe, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que la sentencia SU-257 de
2014, de la Corte Constitucional, no le era aplicable puesto que (i) puede
establecerse que el movimiento político Poder Popular -PP-, después de 1991, no
participó autónomamente, sino que lo hizo al amparo del Partido Liberal Colombiano
como bien lo acreditaron los medios documentales; y (ii) en los aspectos que resultan
neurálgicos para la aplicación de los efectos inter comunis desarrollados por la
Sentencia de Unificación anteriormente referida, no se consolidaron supuestos
graves de violencia en las condiciones de tiempo, modo y lugar que dejó sentada la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia
de 18 de septiembre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental1. De conformidad con
1 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07571-00
Accionante: Movimiento Poder Popular
Acción de tutela – Primera instancia
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela2.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional3: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
2 Ibidem.
3 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07571-00
Accionante: Movimiento Poder Popular
Acción de tutela – Primera instancia
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
Conforme lo manifestado por el apoderado del accionante, la sentencia proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado del 18 de septiembre de 2025, desconoció
el precedente jurisprudencial, específicamente lo señalado por la Corte
Constitucional en sentencia SU 257 de 2021, en virtud de la cual se le devolvió la
personería jurídica al Partido Nuevo Liberalismo, bajo el entendido que el ambiente
de violencia política que se vivía en ese entonces fue determinante para el asesinato
su Líder y en consecuencia la eliminación de un proyecto político. En procura del
resarcimiento a las víctimas de quienes fueron asesinados y del restablecimiento de
los derechos políticos de los seguidores del partido se consideró necesario
restablecer la personería jurídica a dicho partido.
Sostiene que existe respecto de este antecedente jurisprudencial un efecto inter
comunis para aquellos precedentes movimientos políticos y terceros que estuvieron
en similares condiciones a las ahí reconocidas según los hechos de violencia iguales
o parecidos a los analizados en la mencionada jurisprudencia.
Citó además la sentencia SU 316 de 2021 que reconoció la personería jurídica al
movimiento Colombia Humana y la sentencia SU 316 expresamente del 2.3.7 del
Acuerdo Final, que ordena la remoción de obstáculos institucionales y jurídicos para
8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07571-00
Accionante: Movimiento Poder Popular
Acción de tutela – Primera instancia
el reconocimiento de nuevos partidos, así como la adopción de medidas para facilitar
la transición de movimientos sociales y a movimientos políticos con personería
jurídica.
Para el apoderado del accionante esos precedentes jurisprudenciales son aplicables
al movimiento Poder Popular, afirmando que este movimiento cumple con los
elementos, condiciones y características establecidas por la Corte Constitucional.
Al respecto, la Sala entrará a revisar el análisis sobre el particular realizado por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en el fallo de 18 de septiembre de 2025.
Sostiene el juez natural del asunto, que Poder Popular actuó con cierta autonomía
antes de la Constitución Política de 1991 pero no en vigencia de esta, toda vez que
el propio Partido Liberal al contestar un derecho de petición formulado por el
accionante del proceso de nulidad electoral, insistió en que no había registro alguno
de ello, así como del expediente administrativo allegado por el Consejo Nacional
Electoral.
De cara al análisis de la sentencia de unificación SU 257 de 2021 se señaló que para
la aplicación de los efectos inter comunis desarrollados era preciso clarificar si se
consolidaron supuestos graves de violencia de tiempo modo y lugar que dejó sentada
la jurisprudencia constitucional y contenciosa.
La Sección Quinta de esta Corporación, hace una análisis de los siguientes aspectos:
1) los escenarios de violencia, extraordinaria e incluso catalogada como de lesa
humanidad, que impidieron la participación de Poder Popular en los certámenes
electorales. 2) los eventos parecidos, afines o similares a los que surgió el Nuevo
Liberalismo. 3) la relación directa y efectiva para que la agrupación no hubiese
podido participar en términos de libertad e igualdad con sus pares.
Fue concluyente la Sección Quinta al manifestar que no existe ningún elemento que
permita señalar cuál fue el móvil del homicidio del excongresista Ricardo Villa
9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07571-00
Accionante: Movimiento Poder Popular
Acción de tutela – Primera instancia
Salcedo, ex senador del Partido Liberal y cómo este consecuencialmente impidió la
continuidad de la participación en política.
Frente a los hechos violentos de los que fue víctima el señor expresidente Ernesto
Samper Pizano, el juez natural del asunto no los encontró asimilables a los señalados
en la Sentencia de Unificación SU 257 de 2021. En ese sentido se expuso:
“De igual modo, considera la Sala que los anteriores argumentos y pruebas no son
equiparables a los razonamientos esbozados tanto por la Corte Constitucional como
por el Consejo de Estado, pues si bien dichos eventos violentos contra la humanidad
de Ernesto Samper están demostrados, y merecen reproche por parte de este
juzgador, estas no son semejantes a las que se precisaron en la SU 257 de 2021.
Sin demeritar lo complejo que puede resultar un atentado con el uso de armas,
revisados los presupuestos del primer capítulo de la parte considerativa de la
presente decisión judicial, estos no fueron –realmente excepcionales– para
imposibilitar la actividad proselitista del PP, no constituyó una razón poderosa de
fuerza mayor, que le hubiese limitado, con garantía de libertad poder ejercer este
derecho, tampoco tuvo una relación causal directa con el impacto en la igualdad de
condiciones con las demás agrupaciones y no se demostró una incapacidad real de
participación política. Considera esta Sección que el CNE, so pretexto de ampliar la
democracia participativa, tomó esos dos episodios para encuadrar forzadamente los
requisitos que estableció el tribunal constitucional y el juez contencioso, a través de
un marco difuso y abstracto de cara al otorgamiento excepcional de personería
jurídica, y comprendió que, como estaba acreditada:- la presencia del narcotráfico
en las campañas políticas; el atentado a José Antequera el homicidio de Ricardo
Villa, por tales razones, debía conceder el atributo aquí demandado, algo con lo cual
esta Sección no está de acuerdo.”
En virtud de lo anterior, la Sala no encuentra que la acción de tutela cumpla con los
requisitos de procedencia para entrar a estudiar el incumplimiento de algunos de los
requisitos de procedibilidad. Concretamente, anticipa que no cumple con el requisito
de relevancia constitucional.
Afirma el accionante que la Sección Quinta del Consejo de Estado desconoció el
alcance vinculante del precedente constitucional. A juicio de esta Sala, la Sección
10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07571-00
Accionante: Movimiento Poder Popular
Acción de tutela – Primera instancia
Quinta del Consejo de Estado como juez natural del asunto realizó un análisis fáctico
y probatorio para llegar a la conclusión que concretamente los criterios analizados
en la sentencia SU 257 de 2021, no le eran aplicables al caso del movimiento Poder
Popular.
No le corresponde al juez constitucional de tutela, sustituir al juez natural del asunto
para dar una interpretación probatoria distinta. La acción de tutela contra providencia
judicial implica un juicio de validez y no de corrección.
Analizados los argumentos expuestos en la acción de tutela, encuentra la Sala que
el accionante busca una interpretación distinta a la realizada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, lo que no solo afectaría la independencia y autonomía del
juez natural del asunto, sino que implicaría la materialización de la acción de tutela
como una tercera instancia desnaturalizando su esencia.
La acción de tutela no está instaurada para desconocer la autonomía judicial del juez
ni la seguridad jurídica como cimientos del Estado de Derecho.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario. Por las razones expuestas, la acción
de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela del Movimiento Poder
Popular representado por Ernesto Samper Pizano, contra la providencia de 18 de
septiembre de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
11
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07571-00
Accionante: Movimiento Poder Popular
Acción de tutela – Primera instancia
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO4 NICOLAS YEPES CORRALES
Vf
4
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del
Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar
su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
JCC/DRP
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.