Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07574-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07574-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07574-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07574-00
Demandante MARÍA LOURDES BAUTE ARAUJO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCIÓN C Y
OTROS
Temas Acción de tutela contra sentencia proferida en proceso de tutela.
Mecanismo de revisión eventual ante la Corte Constitucional. Cosa
juzgada.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora María Lourdes Baute Araujo, de conformidad con lo
dispuesto por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de noviembre de 2025, la señora María Lourdes Baute Araujo interpuso
acción de tutela, en nombre propio, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a vivir una vida libre de violencia, al debido proceso y a la vida digna;
así como el principio de «celeridad judicial».
Dirigió la tutela contra diversas autoridades judiciales y administrativas, con ocasión
de decisiones adoptadas en el trámite administrativo de una medida de protección
provisional otorgada a su favor (Ley 294 de 1996), las sentencias proferidas en una
acción de tutela, el desarchivo de una investigación penal adelantada en su contra
y la presunta mora judicial ocurrida en dos procesos de tutela.
Las autoridades frente a las cuales originalmente interpuso la tutela son las
siguientes:
(i) La Comisaría Décima de Familia de Barranquilla por la decisión de no
archivar el trámite administrativo en el que se expidió una medida de protección
provisional a su favor (Ley 294 de 1996).
(ii) El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C por la sentencia de
segunda instancia proferida en la acción de tutela 08001-33-33-001-2025-
00209-01.
(iii) El Juzgado Doce de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de
Barranquilla por la presunta mora judicial de la acción de tutela 08001-41-89-
012-2025-00781-00.
(iv) El Juzgado Primero (1°) Penal Municipal de Control de Garantías de
Barranquilla dada la decisión de desarchivar una denuncia penal instaurada
por el señor Carlos Fernando Martínez González en su contra.
(v) El Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal por la presunta mora judicial
en la acción de tutela 08001-22-04-000-2025-00611-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(transcripción literal)
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07574-00
Demandante: María Lourdes Baute Araujo
«PETICIONES
1. Declarar la procedencia de la Acción de Tutela y la ausencia de temeridad por estar
probado que existen hechos sobrevinientes y nuevos, tales como, pero sin limitarse a: Continuación del trámite de medida de protección 0084 de 2023, emisión de varios fallos
judiciales, ratificación de medida de protección definitiva No. 1412 de 2016 por sentencia
de segunda instancia emitida por la Corte Suprema de Justicia, continuación del Juez 1
penal municipal de control de garantías de la diligencia de desarchivo de denuncia penal
en mi contra pese a ser notificado de acción de tutela en su contra y a las serias
irregularidades e incongruencias y confusión en la realización de ese trámite. 2. Decretar las Medidas Provisionales solicitadas de forma inmediata ya que está probado
el daño que se me está causando y porque hoy 26 de noviembre de 2025 está agendada
diligencia de desarchivo en mi contra a las 4 de la tarde por el juez 1 penal municipal de
control de garantías de barranquilla con abogado de oficio para desarchivarme denuncia
penal en mi contra (prueba de violencia institucional). 3. Amparar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a una vida libre de
violencias, derecho al debido proceso y derecho de defensa, vida diga, buen nombre,
principio de Celeridad Judicial, No Revictimización y Derecho a una Vida Libre de
Violencias. 6. Que el CONSEJO DE ESTADO emita ORDEN JUDICIAL consistente en OBLIGACIÓN
DE HACER dirigía al Juez 1° Penal Municipal, ordenando a este juez la suspensión
inmediata de cualquier trámite de desarchivo penal en mi contra (...) Solicito se revoque
la negativa de la medida provisional y, en su lugar, se decrete la suspensión inmediata y
temporal del trámite de desarchivo o cualquier actuación del Juez 1° Penal Municipal de
Barranquilla en el caso de ejercicio arbitrario de la custodia, hasta que esta tutela sea
fallada en primera instancia. 4. Ordenar al Juez Civil del Circuito de Barranquilla a quién se le asignó el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia emitida por JUZGADO 12
DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE BARRANQUILLA QUE
CONOCIÓ LA ACCIÓN DE TUTELA No. 08-001-41-89-012-2025-00781-00 ya que a la
fecha no se ha resuelto este recurso y no se le ha dado el trámite preferente de violencia
de género a mi caso. Solicitar a este Juez que tenga en su decisión tenga en cuenta la
existencia de la medida de protección 1412 de 2016 que no tuvo en cuenta en su decisión
el Juez 12 de pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla que emitió el
fallo de primera instancia. O si su señoría considera más benéfico para GARANTIZAR la
efectividad de la protección de mis derechos como mujer y para evitar fallos judiciales
contradictorios, que usted ordene declarar la nulidad de todo lo actuado en la acción de
tutela No. 08-001-41-89-012-2025-00781-00 (incluyendo el fallo de primera instancia) (…)
5. Revocar la Sentencia de Tutela de Segunda Instancia, emitida por JORGE HERNÁN
SÁNCHEZ FELIZZOLA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO — SECCIÓN
"C" QUE CONOCIÓ LA ACCIÓN DE TUTELA No. 08-001-33-33-001-2025-00209-01 en
lo que respecta a la orden impartida a la Comisaria 10 de Familia de Barranquilla de
continuar con la medida de protección 0084 de 2023 y en su defecto, ordenar a la
Comisaria 10 de Familia de Barranquilla la obligación de hacer consistente en archivar y
cerrar el trámite de medida provisional No. 0084 de 2023, por cuanto ya existe cosa
juzgada en el trámite de medida de protección definitiva 1412 de 2016 en la Comisaria 9
de Familia de Barranquilla, medida ratificada el 19 de noviembre de 2025 por la Corte
Suprema de Justicia. En lo demás mantener el fallo que amparó mis derechos al debido
proceso y confirmó que la Comisaria 10 de Familia había sido negligente en su actuar. 6.
Ordenar al MAGISTRADO JORGE HERNÁN SÁNCHEZ FELIZZOLA, TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO — SECCIÓN "C" QUE CONOCIÓ LA ACCIÓN DE
TUTELA No. 08-001-33-33-001-2025-00209-01: 6.1. La suspensión inmediata de la ejecución de la Sentencia de Tutela Radicado 209-01 en lo que
ordena continuar el trámite de medida provisional No. 0084/2023 ante la Comisaria 10 de Familia
de Barranquilla y en consecuencia, suspender la diligencia del 29 de diciembre de 2025 en la
Comisaría 10. Asimismo que el magistrado ordene a la Comisaria 10 de Familia de Barranquilla la
obligación de HACER CONSISTENTE en que emita la Comisaria 10 de Familia de Barranquilla
auto archivando el trámite de medida de protección provisional No. 0084 de 2023 para que se
garantice la efectividad de mis derechos, pues mientras este trámite exista seguirán
revictimizándose y seguirá ocurriendo la violencia institucional sistemática que vengo padeciendo. 6.2. Que resuelva el incidente de nulidad interpuesto ante su Despacho a través de varios escritos,
incluyendo en su decisión el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia que ratificó la medida
de protección 1412 de 2016 emitida a mi favor y en contra de mi agresor. 7. Ordenar al MAGISTRADO Luigi Jose Reyes Nuñez, TRIBUNAL SUPERIOR SALA
PENAL DE BARRANQUILLA resolver y proferir fallo de fondo de la TUTELA
08001220400020250061100 a más tardar dentro de las próximas 24 horas. Requerir a
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este Magistrado que corrija los errores cometidos en el auto admisorio de la tutela que
consiste en que el magistrado sólo incluyó como accionada a la Fiscalía 5 de Soledad y
a la Fiscal 11 de Floridablanca, pero la suscrita, instauró la tutela contra la Fiscalía
General de la Nación nivel central, (…) Adicionalmente, solicito a su señoría que orden al
Magistrado Luigi Jose Reyes Nuñez que en su fallo vincule no sólo a la fiscalía 5 de
Soledad y Fiscalía 11 de Floridablanca, sino que se vinculen a las Fiscalías que tienen
asignadas las denuncias que la suscrita ha interpuesto, identificadas con SPOAS
230016099102202419294 (Inasistencia alimentaria), 30016099102202419294
(Denuncia penal por falsa denuncia (artículo 435 del Código Penal), hostigamiento
agravado (artículo 134B y 134C del Código Penal), Fraude a Resolución Judicial (artículo
454 del Código Penal), injuria (artículo 220 del Código Penal y calumnia (artículo 221
del Código Penal); 086386001109202513136 (Prevaricato por acción y ejercicio de acto
arbitrario e injusto), 080016008767202400537 (Violencia intrafamiliar), ya que estas
denuncias corresponden a las denuncias que he interpuesto para defender mis derechos
y los de mis hijos, sin haberse obtenido mayores acciones de estas fiscalías. Finalmente,
que el fallo emita una orden judicial clara respecto del trámite de desarchivo que está
adelantando el Juez 1 Penal Municipal de control de Garantías de Barranquilla en mi
contra.
8. Ordene a la Comisaria 10 de Familia de Barranquilla la obligación de HACER
CONSISTENTE en que emita la Comisaria 10 de Familia de Barranquilla auto archivando
el trámite de medida de protección provisional No. 0084 de 2023 para que se garantice
la efectividad de mis derechos, pues mientras este trámite exista seguirán
revictimizándose y seguirá ocurriendo la violencia institucional sistemática que vengo
padeciendo»1.
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
La señora María Lourdes Baute Araujo, quien a la fecha reside en el extranjero,
acudió en varias oportunidades a diferentes comisarías de familia, a fin de solicitar
medidas de protección (Ley 294 de 1996) por considerar que su ex cónyuge y padre
de sus dos hijos menores de edad, el señor Carlos Fernando Martínez González,
ejercía violencia psicológica en su contra.
A su vez, tanto ella como su ex cónyuge, ambos abogados, han presentado diversos
trámites administrativos y judiciales en contra del otro, entre los cuales se
encuentran los que se expondrán a continuación. En el escrito de tutela, la señora
María Lourdes Baute Araujo expuso una serie de inconformidades respecto de esos
procedimientos.
Medida de protección MP-0084-2023
2.1. La señora María Lourdes Baute Araujo solicitó medida de protección por
considerar que es víctima de violencia psicológica por parte del señor Carlos
Fernando Martínez González, dados los siguientes hechos ocurridos el 28 de
abril de 2023:
(transcripción literal)
«Estuve casada con el señor CARLOS FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ, (…) con quién
conviví 6 años y fruto de esa unión nacieron (…) y (…) identificados con tarjeta de identidad
(…). Me divorcié en el año 2017 por maltrato sicológico por varios años. Formalmente el
divorció se dio por mutuo acuerdo, el cual firmé porque no aguantaba mas el maltrato y quería
liberarme de él. Sin embargo han transcurrido 7 años y sigo siendo víctima de maltrato
sicológico, económico y patrimonial, porque mi ex pareja sigue aprovechando cualquier
oportunidad para amenazarme, intimidarme, descalificándome delante amigos en común y
ante las empresas para la cual he trabajado.
El día 28 de abril de presente año (2023) me amenazó en una reunión virtual a la cual fui
citada por el colegio delante deI rector Colegio San José de Barranquilla, el padre Benhur, el
abogado del colegio, el señor (…) y el Director Financiero del Colegio indicando que me había
instaurado una queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura para que me
quitaran mi tarjeta profesional, porque no acepta que he sacado adelante a mis hijos, con mi
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En el escrito de tutela, la señora María Lourdes Baute Araujo solicitó medidas provisionales semejantes a lo pedido en el
acápite de pretensiones.
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trabajo como abogada honradamente y no me he doblegado a cambio de la manutención de
mis hijos.
También aprovecha cuando ha podido ver a mis hijos para hablarles mal de mi, lo cual
ocasiona confusión emocional en ellos, situación que me afecta emocionalmente».
2.2. Mediante auto del 16 de mayo de 2023 la Comisaría Décima de Familia del
Distrito de Barranquilla admitió la solicitud y otorgó a la señora Baute Araujo
medida de protección provisional y apoyo policivo especial.
2.3. En diversas oportunidades la señora María Lourdes Baute Araujo solicitó el
archivo del trámite de la medida de protección. Dicha solicitud fue negada
mediante autos de 29 de noviembre de 2024, 2 de abril de 2025, 21 de julio de
2025 y 12 de diciembre de 2025.
La Comisaría Décima de Familia del Distrito de Barranquilla explicó que una
vez se da apertura a la medida de protección debe realizarse el trámite previsto
en la Ley 294 de 1996. Indicó que el artículo 18 de la Ley 294 de 1996 permite
que las partes soliciten la terminación de las medidas de protección
concedidas, siempre y cuando se acredite la superación de los hechos que
originaron el inicio del trámite. Tal elemento no se acreditó en el caso. De
hecho, la autoridad resaltó que en las solicitudes de desistimiento la señora
Baute Araujo no manifestó que los hechos por los que solicitó la medida de
protección hayan sido superados.
2.4. El trámite ha continuado ante la Comisaría Décima de Familia del Distrito de
Barranquilla. Entre las actuaciones que se han surtido se encuentran
solicitudes de nulidad y de levantamiento de la medida provisional otorgada y
recusaciones a la comisaria de familia.
Acción de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-00/01 interpuesta por María
Lourdes Baute Araujo relacionada con la decisión de no archivar el trámite en
que se expidió la medida de protección provisional MP-0084-2023
2.5. La señora María Lourdes Baute Araujo presentó acción de tutela en contra de
la Comisaría Décima de Familia del Distrito de Barranquilla y del Ministerio de
Justicia y del Derecho. Consideró que dicha Comisaría transgredió sus
derechos fundamentales por la decisión de no archivar el trámite relacionado
con la medida de protección 0084-2023. Manifestó que las solicitudes de
archivo se presentaron «no porque hayan cesado los actos de violencia por parte de su
agresor, sino por la excesiva demora en el trámite y en la falta de imparcialidad de la
Comisaria».
Sostuvo que la Comisaría Décima de Familia la está revictimizando
institucionalmente, en tanto que ha incurrido en dilación injustificada de más
de dos años, ha impuesto cargas procesales innecesarias, ha negado el
acceso a la información y ha practicado pruebas sin pertinencia.
Como pretensión, entre otras, solicitó que se ordenara a la Comisaría el
archivo inmediato de la medida de protección MP-084-2023 y la terminación
de la medida.
2.6. El 29 de septiembre de 2025, el Juzgado Primero (1°) Administrativo de
Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad. Decisión impugnada por la accionante.
2.7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C dictó fallo el 6 de noviembre
de 2025 en el que revocó la sentencia de primera instancia. En su lugar,
amparó el derecho fundamental de la actora al debido proceso y a vivir una
vida libre de violencia, pues consideró que la Comisaría Décima de Familia del
Distrito de Barranquilla había incurrido en una dilación injustificada en el
trámite. Por lo anterior, ordenó a la Comisaría Décima de Familia del Distrito
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de Barranquilla que celebre, sin más dilaciones, la audiencia de pruebas, fijada
para el 29 de diciembre de 2025 y luego de surtida dicha etapa,
inmediatamente, emita la respectiva decisión de fondo a la que haya lugar.
Mora judicial de la acción de tutela 08001-41-89-012-2025-00781-00 interpuesta
por el señor Carlos Fernando Martínez González relacionada con el trámite de
la medida de protección MP-0084-2023
2.8. El señor Carlos Fernando Martínez González radicó acción de tutela en contra
de la Comisaría Décima de Familia de Barranquilla por la vulneración de sus
derechos fundamentales. Censuró que en el trámite de la medida de
protección MP-0084-2023 tal autoridad decidió equivocadamente declarar
improcedente el recurso de apelación respecto de la negativa del
levantamiento de medidas cautelares.
2.9. Mediante providencia del 7 de noviembre de 2025 el Juzgado Doce (12) de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla profirió sentencia
de primera instancia en la que amparó los derechos fundamentales al debido
proceso del accionante; y ordenó a la Comisaría Décima de Familia de
Barranquilla proferir una nueva providencia en la que conceda el recurso de
apelación interpuesto por el señor Carlos Fernando Martínez González.
2.10. La Comisaría Décima de Familia de Barranquilla y la señora María Lourdes
Baute Araujo impugnaron el fallo de primera instancia.
Desarchivo de la denuncia penal 08001-60-01-257-2023-11291-00 instaurada
por el señor Carlos Fernando Martínez González contra la señora María
Lourdes Baute Araujo
2.11. El señor Carlos Fernando Martínez González denunció penalmente a la señora
María Lourdes Baute Araujo.
2.12. El 9 de abril de 2025, el Juzgado Primero (1°) Penal Municipal de Control de
Garantías de Barranquilla le notificó a la señora María Lourdes Baute Araujo
que el 19 de mayo de 2025 se realizaría audiencia de desarchivo por solicitud
de la Fiscalía 05 Local Soledad (Atlántico).
Mora judicial de la acción de tutela 08001-22-04-000-2025-00611-00 interpuesta
por María Lourdes Baute Araujo relacionada con denuncias penales
presentadas contra el señor Carlos Fernando Martínez González
2.13. La señora María Lourdes Baute Araujo interpuso acción de tutela contra la
Fiscalía 5 Local de Soledad (Atlántico), la Fiscalía 11 Local de Floridablanca
(Santander), el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, el Juzgado
01 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, el Centro de
Servicios Judiciales SPOA de Barranquilla y el Centro de Servicios Judiciales
SPOA de Soledad.
Reprochó, entre otros aspectos, que la Fiscalía no ha adelantado actuación
alguna respecto de las denuncias penales por ella interpuestas contra el señor
Carlos Fernando Martínez, por hechos que considera constitutivos de violencia
psicológica, amenazas, hostigamiento y acoso judicial.
Asimismo, censuró que el Juzgado Primero (1°) Penal Municipal de Control de
Garantías de Barranquilla haya fijado audiencia para desarchivar el proceso
penal 08001-60-01-257-2023-11291-00, programada para el 23 de octubre de
2025.
2.14. Tal acción le fue repartida al Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal. El
24 de octubre de 2025, se admitió dicha tutela.
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Demandante: María Lourdes Baute Araujo
3. Fundamentos de la acción
La actora expuso las inconformidades sobre los trámites administrativos y judiciales
referidos en el acápite previo.
3.1. Medida de protección MP-0084-2023: la tutelante reprochó la decisión de la
Comisaría Décima de Familia de Barranquilla de no archivar el trámite
administrativo en el cual se dictó la medida de protección provisional MP-
0084-2023 a su favor. Explicó que desde hace varios años goza de una
medida de protección definitiva, la 1412-2016 otorgada por la Comisaría
Quinta de Familia de Barranquilla.
Teniendo en cuenta que ya tiene ese amparo, consideró que es un acto de
revictimización y de violencia institucional que la obliguen a continuar en el
trámite administrativo MP-0084-2023 adelantado por la Comisaría Décima de
Familia del Distrito de Barranquilla. Más aún cuando ella en varias
oportunidades ha solicitado el archivo de tal procedimiento, pues no desea
continuar en diligencias y demás etapas procesales.
Además, agregó que la Comisaría Décima de Familia de Barranquilla no le
impartió celeridad al trámite en su momento, tanto así que se ha demorado
varios años surtiendo el procedimiento. En suma, el actuar de esa Comisaría
se convierte en una herramienta de revictimización y violencia institucional.
3.2. Acción de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-00/01 relacionada con la
decisión de no archivar de la medida de protección MP-0084-2023: dado
que la Comisaría Décima de Familia de Barranquilla negó las solicitudes de
desistimiento frente al trámite administrativo de la medida de protección MP-
0084-2023, la señora María Lourdes Baute Araujo presentó acción de tutela
contra tal Comisaría.
En la actual tutela la accionante controvierte la sentencia de segunda instancia
de 6 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C en la acción de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-01.
Señaló que, aunque en esa decisión se ampararon sus derechos
fundamentales dado que se comprobó la dilación y negligencia de la
Comisaría Décima de Familia de Barranquilla, lo cierto es que dicho Tribunal
se equivocó. En vez de haber ordenado el archivo de tal procedimiento
administrativo, la autoridad judicial ordenó continuar con el trámite, que era lo
opuesto a lo que ella solicitó en la tutela. Por lo tanto, consideró que el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C incurrió en defecto sustantivo por
violación al principio de congruencia.
A su vez, consideró que ese fallo de tutela transgrede el precedente de la
Corte Constitucional, según el cual «la medida de protección provisional pierde objeto
ante la existencia de una medida de protección definitiva».
Argumentó que la sentencia de tutela de 6 de noviembre de 2025 la obliga a
continuar en un proceso «inútil y superado» convirtiéndola en objeto de violencia
institucional y revictimizándola. Insistió en que la medida de protección
provisional MP-0084-2023 carece de objeto, pues existe una medida de
protección definitiva 1412 de 2016 en firme.
3.3. Mora judicial respecto de la acción de tutela 08001-41-89-012-2025-00781-
00/01: el señor Carlos Fernando Martínez González también interpuso acción
de tutela contra la Comisaría Décima de Familia del Distrito de Barranquilla,
porque consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales en el trámite
administrativo en que se dictó la medida de protección MP-0084-2023.
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Demandante: María Lourdes Baute Araujo
La señora María Lourdes Baute Araujo alegó la existencia de mora judicial
frente a tal acción, pues aún no se ha resuelto la impugnación de la sentencia
de tutela de primera instancia proferida por el Juzgado Doce (12) de Pequeñas
Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla.
3.4. Desarchivo de la denuncia penal 08001-60-01-257-2023-11291-00
instaurada por el señor Carlos Fernando Martínez González contra la
señora María Lourdes Baute Araujo: la tutelante reprochó la decisión del
Juzgado Primero (1°) Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla
de programar audiencia de desarchivo de una denuncia penal que su
excónyuge interpuso en su contra. Afirmó que «no existe certeza sobre el delito que
me pretenden desarchivar».
Agregó que desarchivar esa denuncia penal es un acto más de violencia que
va en contravía de la medida de protección definitiva 1412 de 2016, de la cual
ella es beneficiaria.
3.5. Mora judicial en la acción de tutela 08001-22-04-000-2025-00611-00: la
señora María Lourdes Baute Araujo alegó que en la acción referida existe mora
judicial, porque aún no se ha proferido fallo de primera instancia.
4. Trámite impartido
4.1. Mediante auto del 3 de diciembre de 2025 (índice 4), el despacho ponente
requirió a la parte accionante. Se le indicó que debía presentar acciones de
tutela separadas respecto de los procesos 08001-33-33-001-2025-00209-01,
08001-41-89-012-2025-00781-00 y 08001-22-04-000-2025-00611-00, al advertir que
no existe relación de conexidad jurídica o material que permita la acumulación.
4.2. El señor Carlos Fernando Martínez González (índices 8 y 20) allegó
memoriales en los que solicitó ser comunicado de las decisiones adoptadas
en la presente tutela y ser vinculado como tercero con interés.
4.3. La señora María Lourdes Baute Araujo (índice 9) radicó memorial dando
respuesta al requerimiento del 3 de diciembre de 2025, en el que reiteró los
hechos descritos en el escrito de tutela original y afirmó que no le es posible
interponer acciones de tutela separadas porque estaría incurriendo en
temeridad al interponer nuevas acciones de tutela por los mismos hechos.
Por otro lado, precisó que con la acción de tutela busca:
• Cuestionar las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del
proceso de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-00/01, instaurado por ella.
• Controvertir las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del
proceso de tutela 08001-41-89-012-2025-00781-00/01, promovido por el señor
Carlos Fernando Martínez González.
• Cuestionar la mora judicial dentro del proceso de tutela 08001-22-04-000-2025-
00611-00, presentado por ella.
4.4. La señora Baute Araujo (índice 11) radicó memorial de reforma a la acción de
tutela por hechos sobrevinientes. Informó que el 24 de noviembre de 2025 el
Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal emitió sentencia de primera
instancia dentro del proceso de tutela 08001-22-04-000-2025-00611-00. Por lo
tanto, dejó de alegar la mora judicial a la que se refirió en el escrito de tutela
original y, en su lugar, controvirtió el fallo proferido. Sostuvo que ese último
adolece de defecto fáctico por omisión probatoria y violación directa a la
Constitución.
Respecto de la acción 08001-41-89-012-2025-00781-01 informó que el 5 de
diciembre de 2025 el Juzgado Dieciséis (16) Civil del Circuito de Barranquilla
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profirió sentencia de segunda instancia. Por lo tanto, dejó de alegar la mora
judicial a la que se refirió en el escrito de tutela original y, en su lugar,
controvirtió tal decisión por considerar que se incurrió en defecto sustantivo
por desconocimiento de la cosa juzgada y defecto procedimental.
Finalmente, la accionante incluyó nuevas pretensiones contra el Juzgado
Primero Penal Municipal de Control de Garantías, la Fiscalía Quinta de
Soledad (Atlántico), la Fiscalía Once de Floridablanca (Santander), la Fiscalía
Veintiséis de Barranquilla, la Seccional de Fiscalías de Barranquilla y del
Atlántico, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de
la Nación.
4.5. Mediante auto de 16 de enero de 2026 se admitió la acción de tutela (índice
13) acumulando las pretensiones de la actora en contra del Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C que profirió la sentencia de segunda
instancia dentro del proceso de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-01, en la
cual la señora Baute controvirtió la decisión de la Comisaría Décima de Familia
de Barranquilla de no finalizar el trámite administrativo que se está surtiendo
allí.
También se admitió respecto de los reclamos que tiene en contra del Juzgado
Doce de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla y del
Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Barranquilla que conocieron del proceso
de tutela 08001-41-89-012-2025-00781-00, instaurado por el señor Carlos
Fernando Martínez González.
Se explicó que todas esas pretensiones se relacionan entre sí por versar sobre
presuntas irregularidades en el trámite de la medida de protección MP-084-
2023 que cursa ante la Comisaría Décima de Familia de Barranquilla.
En consecuencia, la acción se admitió contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C, el Juzgado Doce de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Barranquilla, el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Barranquilla
y la Comisaría Décima de Familia de Barranquilla.
De otra parte, se ordenó el desglose de la tutela frente a las pretensiones en
contra del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal por la presunta
vulneración de derechos fundamentales de la actora dentro del proceso 08001-
22-04-000-2025-00611-00. Esta misma causa incluye las pretensiones en contra
del Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla,
la Fiscalía Quinta de Soledad (Atlántico), la Fiscalía Once de Floridablanca
(Santander), la Fiscalía Veintiséis (26) de Barranquilla, la Seccional de
Fiscalías de Barranquilla y del Atlántico, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, se ordenó a la
Secretaría General del Consejo de Estado remitir a la Corte Suprema de
Justicia tales causas.
Se vinculó en calidad de terceros con interés a los intervinientes de los
procesos de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-01 y 08001-41-89-012-2025-
00781-00/01; y al Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla Autoridad
que dictó sentencia de primera instancia dentro del proceso 08001-33-33-001-
2025-00209-01.
5. Intervenciones
5.1. El Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Barranquilla (índice 19) allegó enlace
de consulta y copia del expediente de tutela 08001-41-89-012-2025-00781-
00/01 promovida por el señor Carlos Fernando Martínez González.
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5.2. La Procuraduría Provincial de Barranquilla (índice 21) manifestó que se había
pronunciado en tres procesos en los que figura como parte la señora Baute
Araujo. En la acción de tutela 08001-22-13-000-2024-00587-01, en el proceso
de custodia y cuidados personales 021-2025 y en la acción de tutela 11001-
02-05-000-2025-00729-00.
Explicó que la Procuraduría no interviene en los trámites de medidas de
protección por violencia intrafamiliar que cursan en las comisarías de familia
de Barranquilla, pues la eventual intervención como Ministerio Público en esos
asuntos corresponde a la Personería Distrital. Concluyó que no ha vulnerado
ningún derecho fundamental de la accionante.
5.3. La Comisaría Décima de Familia de Barranquilla (índices 24 y 28) hizo un
recuento detallado de lo acontecido en el trámite de la medida de protección
MP-084-2023. Manifestó que ha aplicado el debido proceso, garantizando a
las partes todos los derechos.
Enfatizó que el mismo día que la señora Baute Araujo radicó la solicitud de
medida de protección, se admitió, se expidió medida de protección provisional,
se otorgó apoyo policivo especial, se fijó fecha y hora para audiencia y se le
ordenó al accionado cesar todo acto de violencia hacia la accionante.
Indicó que según lo establecido en el artículo 18 de la Ley 294 de 1996 la única
posibilidad de terminación del trámite de protección es que se hayan superado
los hechos que originaron la solicitud. Sin embargo, de los memoriales
radicados por la señora Baute Araujo no se desprende que se hayan superado
los hechos que motivaron la solicitud de protección.
Precisó que la solicitud de medida de protección MP-084-2023 fue radicada y
solicitada por la hoy accionante en atención a hechos presuntamente
acaecidos en abril de 2023. De manera que esta última es distinta a la solicitud
de protección instaurada en el año 2016, en la cual se dictó la medida de
protección definitiva 1412-2016. Ambas se fundan en hechos puntuales
diferentes. Por lo tanto, el trámite de la medida de protección MP-084-2023 no
tiene vocación de modificar, variar o volver analizar hechos ya abordados y
decididos por otra autoridad administrativa dentro de un trámite diferente,
como lo es la medida de protección 1412-2016.
Sostuvo que la accionante interpone la presente acción de tutela con el
propósito de imponer su propia visión acerca del procedimiento que se debe
aplicar dentro de la solicitud de medida de protección. Mencionó que el objetivo
de la acción de tutela no es otro que servir de tercera instancia para discutir
los argumentos fácticos y jurídicos ventilados en el trámite que se está
surtiendo.
Por todo lo anterior, solicitó desestimar los argumentos de la señora Baute
Araujo, no acceder a la solicitud de amparo y declarar la improcedencia de la
acción de tutela.
5.4. El Juzgado Doce (12) de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de
Barranquilla (índices 26 y 31) hizo un recuento de las providencias proferidas
dentro del proceso de tutela 08001-41-89-012-2025-00781-00/01 promovida
por el señor Carlos Fernando Martínez González y allegó copia del expediente.
5.5. El Juzgado Primero (1°) Administrativo de Barranquilla (índices 27 y 32) allegó
copia del expediente de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-01 instaurada
por la señora María Lourdes Baute Araujo por la decisión de no archivar el
trámite administrativo de la medida de protección MP-0084-2023
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5.6. La Personería Distrital de Barranquilla (índices 29 y 30) manifestó que en los
hechos del escrito de tutela no se relacionan acciones u omisiones atribuibles
a la entidad.
5.7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C (índice 33), que resolvió en
segunda instancia la tutela 08001-33-33-001-2025-00209-01, señaló que bajo el
contexto del enfoque diferencial de género y el marco del derecho a una vida
en paz con el entorno y libre de violencia es imprescindible el actuar diligente,
por parte de las entidades competentes para conocer de los procesos de
violencia intrafamiliar. Sobre esa premisa, consideró que la Comisaría Décima
de Familia de Barranquilla vulneró los derechos fundamentales de la
accionante por su falta de diligencia, celeridad y cuidado dentro del trámite de
la medida de protección MP 084-2023.
Manifestó que la actora desconoce el alcance de la acción de tutela y las
facultades del juez constitucional. Este último tiene la obligación de interpretar
la vulneración manifestada por el accionante; de ahí que analizados los
elementos fácticos puede emitir una orden diferente a lo expresamente
solicitado por la parte actora, con el fin de finiquitar la vulneración o amenaza
a un derecho fundamental. Justamente, pese a que no se accedió a la totalidad
de lo pretendido por la accionante, la decisión de amparo de los derechos
fundamentales es idónea para proteger a la demandante en el trámite de la
medida de protección.
Enfatizó en que la misma demandante fue quien hizo la solicitud de la medida
de protección con radicado MP-084-2023, pese a haberse concedido en su
favor medida de protección definitiva 1412 de 2016. Además, no se acreditó la
superación de las condiciones que originaron la solicitud de protección
interpuesta en el año 2023.
Consideró que los reproches expuestos en la presente acción ya fueron
resueltos en el proceso 08001-33-33-001-2025-00209-01. También que el
asunto no cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales.
Finalmente, allegó copia del expediente y solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela ahora interpuesta.
5.8. El Ministerio de Justicia y del Derecho (índice 36) afirmó que no se encuentran
entre sus funciones la facultad de incidir en las decisiones judiciales o
administrativas como las Comisarías de Familia.
5.9. El señor Carlos Fernando Martínez González (índice 37), excónyuge de la
señora María Lourdes Baute Araujo, afirmó que existía vulneración de
garantías fundamentales por parte de la Comisaría Décima de Familia del
Distrito de Barranquilla. Aseguró que esa autoridad convirtió el trámite de la
medida de protección en un escenario de persecución y arbitrariedad, por lo
que solicitó que se proteja su derecho al buen nombre y dignidad personal y
el derecho de ambas partes a un proceso justo.
Aseveró que la Comisaría Décima de Familia de Barranquilla ha sido renuente
al no dar por terminado o archivar el trámite de la medida de protección MP
084 de 2023. Tal decisión genera un desgaste injustificado a las partes, una
sobrecarga a la administración de justicia y una afectación al derecho
fundamental al debido proceso. Enumeró los recursos y solicitudes que ha
interpuesto con el objetivo de coadyuvar la terminación del trámite que cursa
ante la Comisaría Décima.
Sostuvo que la Ley 294 de 1996 no impide el desistimiento, lo que dispone tal
norma es que las medidas de protección se deben mantener mientras
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persistan los hechos de violencia. Sin embargo, no consagra una prohibición
expresa de desistimiento, ni establece una regla que obligue a continuar un
trámite contra la voluntad de quien lo promovió. Consideró que ante la
ausencia de prohibición expresa, resulta constitucionalmente razonable
ordenar la terminación del trámite, en especial teniendo en cuenta que el
proceso ya no cumple un propósito protector real y sí genera cargas
desproporcionadas para las partes.
Informó que la señora María Lourdes Baute Araujo vive en Estados Unidos
desde el año 2024, «circunstancia objetiva que excluye la existencia de un riesgo actual,
inmediato o inminente».
5.10. La Alcaldía de Barranquilla (índice 42) afirmó que no ha vulnerado ningún
derecho fundamental de la accionante y que ninguna pretensión se dirige a
dicha entidad.
5.11. El señor Carlos Fernando Martínez González (índice 44), en respuesta a uno
de los memoriales presentados por la señora María Lourdes Baute Araujo, se
opuso a la solicitud de vincular al Juzgado Octavo (8°) de Familia de
Barranquilla, por no guardar relación directa con el objeto principal de la
presente acción de tutela.
5.12. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de
Tutelas Tres (3) remitió el auto de 12 de febrero de 2026 que profirió, en virtud
de la remisión ordenada en el auto admisorio de la presente tutela (índice 54).
La Sala de Casación Penal asumió conocimiento respecto de las
inconformidades con la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, por la tutela 08001-22-04-000-2025-00611-00 interpuesta por
la señora María Lourdes Baute Araujo. Tal decisión se fundamentó en el
numeral 5º del Decreto 333 de 2021. A su vez, ordenó remitir los demás
asuntos incluidos en la tutela a las autoridades judiciales que consideró
competentes, en virtud de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 333
de 2021.
6. Memoriales presentados por la señora María Lourdes Baute Araujo con
posterioridad a la admisión de la acción de tutela
6.1. La señora María Lourdes Baute Araujo (índice 38) allegó memorial solicitando
la integración del contradictorio y el decreto de medidas cautelares por hechos
que ocurrieron durante la vacancia judicial.
Afirmó que era necesario integrar a las siguientes autoridades como
accionadas:
(Transcripción literal)
«1. Comisaria Novena de Familia de Barranquilla: Quién ratificó medida de protección definitiva
1412 de 2016.
2. Al Jefe de Inspecciones de Policía y Comisarias de Familia y/o la autoridad competente
que tiene la competencia para resolver la recusación que interpuse contra la Comisaria 10 de
Familia de Barranquilla (Radicado EXT-QUILLA- 2025-0282235 de fecha 22 de diciembre de
2025 y/o el que haga sus veces) y debe conocer de las nuevas violaciones a mis derechos
por parte de la Comisaria de Familia, lo que demuestra la parcialidad de dicha funcionaria.
3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial: Entidad que ha sido instrumentalizada por
mi agresor interponiendo en mi contra falsas quejas disciplinarias para dañarme mis
antecedentes, para dejarme sin el mínimo vital, ya que soy abogada de profesión y es
oportuno que los diferentes magistrados que llevan los cargos en mi contra fallen estos casos
con perspectiva de género y no sean inducidos a error por mi agresor, quién está
desgastando la administración de justicia abusando del derecho a litigar que tiene como
abogado y utilizando los procesos disciplinarios como una tercera instancia de los procesos
de familia.
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4. La señora MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS, Magistrada ponente, Radicación No.
680012502000202300791 01, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien emitió
providencia el día 06 de noviembre de 2025 en mi contra indicando en general que no estaba
probado el tema de la violencia intrafamiliar en mi caso y que por esa razón la magistrada que
resolvió en primera instancia la queja disciplinaria absolviéndome, aparentemente no tuvo en
consideración si las afirmaciones en mi calidad de abogada que hice en un proceso de familia
contra mi agresor constituían o no falta disciplinaria. Cuando se da la lectura de este fallo, se
evidencia claramente que la magistrada que revocó el fallo de primera instancia omitió tener
en cuenta el maltrato al que he sido expuesta y no resolvió el caso con perspectiva de género,
emitiendo un fallo que me obliga nuevamente a afrontar nuevamente desde el inicio el trámite
de queja disciplinario instaurado por mi agresor en mi contra, revictimizándome.
5. Consejo Superior de la Judicatura: Para que tenga conocimiento de las maniobras y el
abuso del derecho a litigar por parte de mi agresor, quien es abogado y conoce la ley a la
perfección y utiliza el conocimiento de la Ley para presuntamente dilatar, enredar los procesos,
confundir a autoridades administrativas y jueces
Vinculados
1. Juez 1 Promiscuo de Familia de Sahagun que emitió sentencia ejecutoriada de demanda
ejecutiva de alimentos 2021- 133: Juez que ha sido instrumentalizado y confundido por mi
agresor y cuyas decisiones han causado un perjuicio económico a los menores de edad y a
la suscrita, afectando también nuestro mínimo vital y vida digna y demostrando la violencia
institucional a la cuál estoy expuesta por parte de los mismos jueces»
Consecuentemente, solicitó nuevas pretensiones frente a las autoridades
incluidas en la transcripción.
6.2. La accionante radicó memorial (índice 40) en el que solicitó vincular como
accionado al Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla por presuntas
irregularidades en el proceso de custodia y cuidados personales 08001-31-10-
008-2025-00021-00. Sostuvo que el juzgado no es competente para conocer de
la demanda de custodia y cuidados personales, pues los menores residen en
los Estados Unidos. Aseguró que el señor Martínez González está utilizando
la justicia de familia para ejercer violencia vicaria
Finalmente, solicitó: (i) que se ordene terminar y archivar la demanda de
custodia y cuidados personales 08001-31-10-008-2025-00021-00 iniciada por el
señor Martínez González; (ii) que se declare la nulidad de lo actuado por el
Juzgado Octavo (8°) de Familia de Barranquilla al carecer de competencia; (iii)
que se revoque la orden judicial emitida en abril de 2025 de prohibición de
salida del país de los menores; y subsidiariamente (iv) que se ordene reformar
la demanda ante el desistimiento de una de las demandantes. Como medida
cautelar solicitó la suspensión del proceso de custodia hasta la resolución de
esta acción de tutela.
6.3. La accionante (índice 45) allegó copia de la Resolución 002 del 02 de febrero
de 2026, emitida por el jefe Oficina de Inspecciones y Comisaria de Familia de
Barranquilla, en el cual decidió declarar infundadas las causales de recusación
invocadas por la actora contra la Comisaría Décima de Familia de Barranquilla.
6.4. La accionante (índice 49) solicitó vincular en calidad de accionado al Juzgado
Primero (1°) Promiscuo de Sahagún por presuntas irregularidades en el
proceso ejecutivo de alimentos 23660-31-84-001-2021-00133-00.
6.5. La tutelante (índice 53) informó que el Juzgado Primero (1°) Promiscuo de
Sahagún había cometido nuevas irregularidades en el proceso ejecutivo de
alimentos al rechazar de plano la liquidación del crédito presentada por ella e
ignorando las facturas presentadas como pruebas.
6.6. La señora María Lourdes Baute Araujo (índice 56) radicó memorial en el que
informó que el 12 de febrero de 2026 se profirió auto dentro de la MP-0084-
2023, en el cual la Comisaría Décima de Familia de Barranquilla avocó
conocimiento del trámite y ordenó la reanudación de la diligencia para el 4 de
mayo de 2026.
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También manifestó que desistía de la solicitud de vinculación del Juez Primero
(1°) Promiscuo del Circuito de Familia de Sahagún, que adelanta demanda
ejecutiva de alimentos contra Carlos Martínez.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Delimitación del planteamiento del problema jurídico
2.1. Del escrito de tutela inicial se advierte que la señora María Lourdes Baute
Araujo instauró la tutela objeto de esta decisión por sus reparos frente a
diversas autoridades judiciales y administrativas.
Allí invocó la vulneración de sus derechos fundamentales dada (i) la decisión
de no archivar el trámite relacionado con la medida de protección MP-0084-
2023, (ii) las sentencias de tutela proferidas en la acción 08001-33-33-001-2025-
00209-01 (interpuesta por la señora Baute), (iii) el desarchivo de la
investigación penal 08001-60-01-257-2023-11291-00 presentada en su contra y
(iv) la presunta mora judicial ocurrida en los procesos de tutela 08001-22-04-
000-2025-00611-00 (interpuesta por la señora Baute) y 08001-41-89-012-2025-
00781-00 (interpuesta por Carlos Fernando Martínez González).
Posteriormente, en el memorial denominado como reforma al escrito de tutela
la señora María Lourdes Baute Araujo informó que en las acciones de tutela
08001-22-04-000-2025-00611-00 y 08001-41-89-012-2025-00781-00 se profirió
sentencia. Por lo tanto, aunque inicialmente alegó la existencia de mora
judicial en tales procesos, expuso sus inconformidades frente a esas
decisiones. En tal memorial, la accionante también incluyó nuevas
pretensiones dirigidas a diferentes autoridades no incluidas en el escrito de
tutela inicial.
Teniendo en cuenta la pluralidad de finalidades que perseguía la accionante,
en auto admisorio de 16 de enero de 2026 se resaltó que tratándose de
acumulación pretensiones es imprescindible que exista un vínculo de
conexidad entre estas. Por consiguiente, en tal providencia se dispuso la
acumulación de las pretensiones de la actora respecto de las sentencias de
tutela proferidas en los procesos 08001-33-33-001-2025-00209-01 y 08001-41-89-
012-2025-00781-00. Esto obedeció a que esas dos acciones estaban
relacionadas con la medida de protección MP-0084-2023 tramitada por la
Comisaría Décima de Familia de Barranquilla.
Se explicó que no ocurría lo mismo frente a las otras causas. En consecuencia,
en el auto admisorio se ordenó el desglose del escrito de tutela y se ordenó
remitir a la Corte Suprema de Justicia las demás pretensiones.
2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Demandante: María Lourdes Baute Araujo
En suma, la acción de tutela únicamente se admitió frente a las siguientes
autoridades, por estos tres aspectos puntuales:
(i) La Comisaría Décima de Familia de Barranquilla, por su decisión de negar el
archivo del trámite de la medida de protección MP 0084 de 2023.
(ii) El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C que resolvió en segunda
instancia la acción de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-01, en la que María
Lourdes Baute Araujo controvirtió la decisión de la Comisaría Décima de Familia
de Barranquilla de negar la solicitud de archivo de la medida de protección MP
0084 de 2023.
(iii) El Juzgado Doce (12) de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de
Barranquilla y el Juzgado Dieciséis (16) Civil del Circuito de Barranquilla que
resolvieron la tutela 08001-41-89-012-2025-00781-00/01 interpuesta por el
señor Carlos Fernando Martínez González, por situaciones que él consideró
como irregulares en el trámite de la medida de protección MP- 0084 de 2023.
2.2. Con posterioridad a la admisión de la tutela, la accionante allegó memoriales
en los nuevamente que incluyó más pretensiones en contra de otras
autoridades, por hechos distintos a los planteados en el escrito de tutela. De
manera que la accionante modificó de nuevo el debate inicialmente planteado
en el escrito de tutela. La Sala considera necesario circunscribir el estudio de
esta providencia únicamente a la delimitación hecha en el auto admisorio, en
respeto al debido proceso de las partes intervinientes en esta tutela que solo
tuvieron oportunidad de pronunciarse frente a los cargos sobre los cuales se
admitió la acción.
2.3. Finalmente, se advierte que luego del desglose del escrito de tutela ordenado
en el auto admisorio y la remisión a la Corte Suprema de Justicia, la Sala de
Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas Tres de tal corporación dictó auto
de 12 de febrero de 2026, en el que se pronunció frente a su competencia para
asumir el conocimiento de la acción remitida.
La Sala de Casación Penal dispuso remitir al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla las inconformidades relacionadas con la acción de
tutela 08001-41-89-012-2025-00781-00/01 interpuesta por el señor Carlos
Fernando Martínez González, la cual fue resuelta por el Juzgado Doce de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla y el Juzgado
Dieciséis Civil del Circuito de Barranquilla. Al respecto, la Sala subraya que en
el auto admisorio de 16 de enero de 2026, proferido en el curso de esta acción,
la presente tutela ya había sido admitida frente a este punto.
Si bien ya se había asumido conocimiento sobre tal aspecto, la Sala advierte
que el 2 de marzo de 2026 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Sexta de Decisión3 profirió sentencia de primera instancia
resolviendo los reparos de la señora María Lourdes Baute Araujo sobre las
sentencias dictadas en la acción de tutela 08001-41-89-012-2025-00781-00/01.
Allí el Tribunal declaró la improcedencia de la acción. Atendiendo a lo anterior,
la Sala no emitirá pronunciamiento sobre tal punto de debate, teniendo en
cuenta que este asunto está en curso en la jurisdicción ordinaria.
2.4. Así las cosas, aunque la tutela fue admitida frente a tres reparos específicos
que incluían lo concerniente a la acción de tutela 08001-41-89-012-2025-00781-
00/01, la Sala circunscribirá su decisión a los dos puntos de debate restantes,
esto es las inconformidades sobre: (i) la decisión de la Comisaría Décima de
Familia del Distrito de Barranquilla de no archivar el trámite de la medida de
protección MP-0084-2023; y (ii) las sentencias de tutela proferidas en la acción
de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-00/01.
3
La sentencia de 2 de marzo de 2026 fue proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Sexta
de Decisión, bajo el radicado 08001-22-13-000-2026-00135-00.
14
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07574-00
Demandante: María Lourdes Baute Araujo
En consecuencia, le corresponde a la Sala establecer, por una parte, si se
configura el fenómeno de cosa juzgada frente a la decisión de la Comisaría
Décima de Familia del Distrito de Barranquilla de no archivar el trámite de la
medida de protección 0084 de 2023, en consideración a que sobre este asunto
versó la acción de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-00/01.
Y por la otra, determinar si la presente acción de tutela es procedente para
controvertir las sentencias dictadas en la acción de tutela 08001-33-33-001-
2025-00209-01, a la luz de los requisitos de procedibilidad establecidos por la
jurisprudencia constitucional para los eventos en los que la tutela se emplea
para controvertir sentencias de tutela. Solo en caso de superar dicho análisis,
se determinará si al proferir la sentencia de 6 de noviembre de 2025, el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C incurrió en alguno de los
defectos alegados por la parte actora.
3. Cosa juzgada frente a la decisión de la Comisaría Décima de Familia del
Distrito de Barranquilla de no archivar el trámite de la medida de
protección MP-0084-2023
3.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que existe actuación
temeraria «Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».
A partir de esa norma, la jurisprudencia constitucional ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: una, cuando el accionante
actúa de mala fe; otra, cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
razonable que justifique dicho actuar.
Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
objeto o pretensiones, (iii) identidad de causa petendi o hechos y (iv) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda. Evento en
que procede la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
Este último elemento (ausencia de justificación), en palabras de la Corte, tiene
lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer
un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que «deja al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción».
La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-027 de 2021, subrayó que el juez
de tutela al realizar el análisis para determinar si existe o no actuación
temeraria, «debe trascender un juicio meramente formal y realizar un estudio pormenorizado
del expediente. (…) Así, la labor del juez constitucional no es simplemente la de verificar los
elementos que constituirían la triple identidad entre las acciones de tutela para concluir que
hay una actuación temeraria y, en consecuencia, declarar su improcedencia. Si no que, de
acuerdo a todo lo expuesto, deben estudiarse las circunstancias actuales que rodean el caso
específico».
En ese estudio se deben considerar otros factores, pues es posible que incluso
existiendo multiplicidad de tutelas y cumpliéndose las tres identidades
referidas la acción no sea temeraria. Este evento se presenta, por ejemplo,
cuando la acción de tutela se funda en: «(i) la ignorancia del accionante; (ii) el
asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un
estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho»15.
Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
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vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.
La Corte Constitucional ha explicado que «la cosa juzgada se configura cuando existe
la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie
la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las autoridades
judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela»4.
Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela.
En consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuó de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas
prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.
3.2. Se advierte que la señora María Lourdes Baute Araujo considera que la
Comisaría Décima de Familia del Distrito de Barranquilla está vulnerando sus
derechos fundamentales, dada su negativa frente las solicitudes de
desistimiento y archivo del trámite administrativo relacionado con la medida de
protección MP-0084-2023. En su criterio, tal decisión implica su revictimización
por violencia institucional, en consideración a que se la está obligando a
continuar en un procedimiento que no la protege y, en cambio, la desgasta.
Además, insistió en que ella ya tiene una medida de protección definitiva, que
es la 1412-2016; y, por ende, no requiere continuar con el trámite que inició
ante la Comisaría Décima de Familia del Distrito de Barranquilla.
La Sala considera que frente a esta pretensión existe cosa juzgada, con la
acción de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-00/01 también promovida por la
señora María Lourdes Baute Araujo. Al respecto se advierte que tal tutela fue
interpuesta por ella con el fin de solicitar el archivo del trámite que estaba
cursando ante la Comisaría Décima de Familia del Distrito de Barranquilla
relacionada con la medida de protección 0084 de 2023.
En esa acción la parte actora narró que solicitó el archivo de la medida de
protección no porque hayan cesado los actos de violencia por parte de su
excónyuge, sino por la excesiva demora en el trámite y en la falta de
imparcialidad de la Comisaría.
Y explicó que en varias oportunidades ha solicitado el desistimiento de la
medida de protección MP-084-2023, porque en dicho procedimiento no se han
protegido sus derechos constitucionales. Por el contrario, este último le ha
causado «una revictimización institucional» dada la dilación injustificada de más de
dos años, la imposición de cargas procesales innecesarias, la negativa de
acceso a la información y la práctica de pruebas sin pertinencia. Además,
subrayó que goza otra medida de protección, de radicado 1412-2016, otorgada
por la Comisaría Quinta de Familia de Barranquilla.
Con fundamento en tales cargos, en la tutela Nro. 08001-33-33-001-2025-00209-
00/01, la señora María Lourdes Baute Araujo solicitó como pretensiones lo
siguiente:
(Transcripción literal)
«PETICIONES PRINCIPALES
4
Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.
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PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, derecho a la intimidad y a la vida
privada, derecho a la dignidad humana, derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias de la
señora María Lourdes Baute Araujo.
SEGUNDO: ORDENAR el archivo inmediato de la medida de protección MP-084-2023, al
evidenciarse que la Comisaría 10 de Familia de Barranquilla no ha actuado con debida diligencia,
ha prolongado injustificadamente el proceso, ha negado el acceso al expediente y ha
revictimizado a la señora María Lourdes Baute Araujo y a sus hijos.
PETICIONES SUBSIDIARIAS PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso,
derecho a la intimidad y a la vida privada, derecho a la dignidad humana, derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de violencias de la señora María Lourdes Baute Araujo.
SEGUNDO: DECRETAR la nulidad de lo actuado dentro de la medida de protección MP 084-2023
desde la audiencia celebrada el 24 de noviembre de 2024, por vulneración grave de los derechos
fundamentales de la señora María Lourdes Baute Araujo y de sus hijos, al no haberse garantizado el
debido proceso, la publicidad, la contradicción y la grabación íntegra de la diligencia, así como por la
práctica de pruebas impertinentes que generan revictimización.
TERCERO: ORDENAR a la Comisaría 10 de Familia que culmine de manera inmediata y sin más
dilaciones el proceso de medida de protección MP-084-2023, garantizando el respeto al debido
proceso de la víctima.
CUARTO: ORDENAR a la Comisaría que se abstenga de decretar o practicar pruebas impertinentes y
no solicitadas por las partes, en especial aquellas que afectan la intimidad, buen nombre y dignidad de
la señora Baute y sus hijos.
QUINTO: DISPONER que, en adelante, toda actuación se realice bajo los principios de debida diligencia
reforzada, celeridad, enfoque de género y no revictimización, garantizando el acceso pleno al expediente
y la participación efectiva de la víctima en el proceso» (Negrillas propias).
En sentencia de 29 de septiembre de 2025 el Juzgado Primero Administrativo
de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que
esta no cumple con el requisito de subsidiariedad. Explicó que la tutela se está
empleando como un mecanismo para cuestionar actuaciones administrativas
en trámite, pese a que estas han sido favorables a la señora María Lourdes
Baute Araujo.
Por lo tanto, dicha autoridad judicial consideró que con la acción constitucional
interpuesta se pretendía desconocer la existencia de recursos y
procedimientos específicos dentro del proceso administrativo a través de los
cuales la tutelante puede controvertir las decisiones allí adoptadas.
En fallo de segunda instancia de 6 de noviembre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C revocó la decisión impugnada y en su
lugar amparó los derechos fundamentales de la señora María Lourdes Baute
Araujo al debido proceso y a vivir una vida libre de violencia. En criterio de tal
autoridad no existía otro mecanismo de defensa judicial idóneo para
controvertir las actuaciones de la Comisaría Décima de Familia del Distrito de
Barranquilla.
Seguido, explicó que la Ley 294 de 1996 establece que la comisaría de familia
debe estudiar si admite o rechaza la petición de protección, tan pronto tenga
conocimiento de la solicitud. Y, si es el caso, dentro de las 4 horas hábiles
siguientes debe decretar una medida de protección provisional. Luego, deberá
dentro de los 5 a 10 días siguientes citar a las partes a audiencia en la que se
escuchará a las partes y se decretarán y practicarán las pruebas pertinentes.
De manera que el trámite de la medida de protección debe surtirse en un
término prudencial, lo cual no ha sucedido en el asunto adelantado por la
Comisaría Décima de Familia del Distrito de Barranquilla. Por el contrario,
desde la presentación de la solicitud de protección han transcurrido 2 años y
4 meses.
Por lo tanto, consideró que la falta de celeridad en el trámite de la medida de
protección constituye una vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso y a vivir una vida libre de violencia de la actora. En consecuencia,
ordenó a la Comisaría Décima de Familia del Distrito de Barranquilla celebrar
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sin más dilaciones la audiencia de pruebas y, luego de surtida dicha etapa,
emita la respectiva decisión de fondo a la que haya lugar.
A su vez, respecto a la solicitud de archivar el asunto, el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sección C no encontró reproche frente a la Comisaría Décima
de Familia del Distrito de Barranquilla. La razón obedece a que tal decisión
está fundamentada en el artículo 18 de la Ley 294 de 1996, según la cual es
posible terminar el trámite administrativo, siempre y cuando se acredite que
los hechos que dieron origen a la solicitud de protección cesaron.
Elemento que la propia tutelante aseveró no existe en el caso, pues en su
criterio ella continúa siendo víctima de violencia psicológica por parte de su
excónyuge. Así lo expresó el Tribunal Administrativo:
«Vale decir, que la actora, ha solicitado, en múltiples ocasiones, a la COMISARÍA DÉCIMA (10ª)
DE FAMILIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, el archivo del proceso argumentando que, i) Ya
no se encuentra residiendo en Colombia y la decisión que se adopte, no tendrá validez alguna para
aquella y sus hijos (Carpeta 20.1 Expediente Medida de Protección, Archivo MP 0084-2023 EXP
607-1227, página 176) y ii) La excesiva demora del trámite ha generado, una desprotección de sus
derechos y el de sus hijos (Carpeta 20.1 Expediente Medida de Protección, Archivo MP 0084-2023
EXP 607-1227, página 414).
Frente a lo cual, la COMISARÍA DÉCIMA (10ª) DE FAMILIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
a través del auto del 21 de julio (Archivo 14.1 Anexos, páginas 21 a 35), le explicó a la accionante,
que no puede desistir, archivar o terminar el trámite de la medida de protección, por razones
diferentes a las contempladas, en el artículo 18 de la Ley 294 de 1996, esto es, cuando las
circunstancias que dieron origen a la medida de protección han sido superadas.
En ese sentido, hasta tanto las partes no acrediten, que las circunstancias en las que se sustentó
la solicitud de la medida de protección, han cesado, la COMISARÍA DÉCIMA (10ª) DE FAMILIA
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, tiene el deber, de continuar con el trámite de la medida de
protección, hasta resolverla de fondo, pues la Ley, no contempla la figura del desistimiento en este
tipo de casos y por ende, no se encuentra facultada para dar por terminado el proceso basándose,
en los argumentos expuestos por la actora».
Asimismo, sobre la violencia institucional alegada por la señora María Lourdes
Baute Araujo por la decisión de no archivar el trámite administrativo, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C señaló lo siguiente:
«la jurisprudencia constitucional, en el marco de los derechos en mención, ha identificado, dentro
de las diferentes formas de violencia, de las que son víctimas las mujeres, tales como, la violencia
institucional, la cual se presenta cuando al momento de resolver los casos que involucran mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar, se “[…] toman decisiones con fundamento en actitudes sociales
discriminatorias que perpetúan la impunidad para los actos de violencia contra la mujer”.
Así, la jurisprudencia ha reconocido, que son actos de violencia institucional, aquellos, que “(i)
causan un daño emocional a la víctima y (ii) no dan una respuesta eficiente a la solicitud de
protección de los derechos fundamentales que les han sido vulnerados”».
A su vez, en auto de 25 de noviembre de 2025 mediante el cual se negó la
solicitud de nulidad de la sentencia propuesta por la señora María Lourdes
Baute Araujo, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C desvirtuó el
argumento de aquella sobre la existencia de violencia institucional por obligarla
a permanecer en un trámite del cual desea desistir. Veamos lo explicado por
la autoridad judicial:
(Transcripción literal)
«el seguimiento y acatamiento de la Ley, no es una revictimización de la accionante, pues es claro,
que mientras no se presenten las causales las contempladas, en el artículo 18 de la Ley 294 de
1996, esto es, cuando las circunstancias que dieron origen a la medida de protección han sido
superadas, no puede darse por terminada la actuación relacionada con las medidas de protección
solicitadas por la misma accionante, por lo que la referida accionante, no puede pretender, que
esta autoridad, ordene un archivo que la Ley no ordena, so pretexto que se le está revictimizando,
cuando al contrario, se le ampararon sus derechos fundamentales, a fin que sea resuelta de forma
rápida, su situación, donde la Comisaria de Familia, dentro de su autonomía, es la competente de
decidir, analizando el respectivo expediente administrativo y valorando si existen o no ya otras
medidas definitivas y si son aplicables al caso concreto que estudia, por lo que se insiste, esta
Corporación, lo que hizo, fue garantizar a la accionante, que su caso sea resuelto prontamente y
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así evitar un procedimiento dilatorio, que sí afecta sus derechos fundamentales, aspecto que esta
Sala ordenó superar.
Así las cosas, la sentencia proferida por esta Corporación, no revictimiza a la accionante, pues no
puede dar por terminada la actuación sobre las medidas de protección por ella solicitadas, al no
cumplirse lo ordenado en el artículo 18 de la Ley 294 de 1996, esto es, cuando las circunstancias
que dieron origen a la medida de protección han sido superadas y sí la protegió, para que su
situación jurídica particular, sea resulta sin dilación alguna, pues se insiste, esta Corporación, no
puede entrar a suplir a las autoridades competentes para definir lo relacionado con las medidas de
protección solicitadas por la accionante, pues ese no es el objeto de la protección de los derechos
fundamentales, máxime cuando se observa, que hay prohibición legal expresa, para actuar como
lo pretende la accionante y su apoderado, de dar órdenes de archivo de la referida actuación,
cuando ello compete a la COMISARÍA DÉCIMA (10°) DE FAMILIA DEL DISTRITO DE
BARRAQUILLA y allí es donde debe decidirse lo pertinente, con relación a la medida de protección
solicitada por la aquí accionante».
Con base en lo anterior, la Sala encuentra que entre la acción de tutela objeto
de esta providencia y la tramitada bajo el radicado 08001-33-33-001-2025-
00209-00/01 se comparte una triple identidad de partes, de objeto y de causa
petendi. Como se mencionó previamente, ambas fueron interpuestas por la
señora María Lourdes Baute Araujo contra la Comisaría Décima de Familia del
Distrito de Barranquilla, entre otras autoridades que también se incluyeron en
la presente tutela, por sus inconformidades relacionadas con la decisión de
dicha Comisaría de negar el archivo del trámite.
Se reconoce la existencia de ciertas diferencias entre las acciones aludidas,
teniendo en cuenta que la tutela objeto de esta sentencia no solo persigue el
archivo de la medida de protección MP-084-2023, como se explicó con
antelación. Pero al margen de estas, lo cierto es que en lo concerniente a la
solicitud de archivo de la medida de protección MP-084-2023 tramitada ante
la Comisaría Décima de Familia del Distrito de Barranquilla existe triple
identidad de partes, de objeto y de causa petendi.
Ya en ese proceso de tutela, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección
C aseguró que no era posible acceder a su solicitud de archivar el trámite,
debido a que el artículo 18 de la Ley 294 de 1996 establece que la terminación
únicamente es procedente cuando se acredite la superación de los hechos que
originaron la solicitud de protección. Veamos: «En cualquier momento, las partes
interesadas, el Ministerio Público, el Defensor de Familia, demostrando plenamente que se
han superado las circunstancias que dieron origen a las medidas de protección interpuestas,
podrán pedir al funcionario que expidió la orden la terminación de los efectos de las
declaraciones hechas y la terminación de las medidas ordenadas».
Ahora bien, la parte actora mencionó en las pretensiones formuladas que en
el caso no existe temeridad dada la existencia de hechos sobrevinientes y
nuevos, tales como nuevas actuaciones surtidas en el trámite de medida de
protección MP-0084-2023, la emisión de varios fallos judiciales, la ratificación
de medida de protección definitiva 1412 de 2016.
La Corte Constitucional ha reconocido que no se configura la temeridad, pese
a que exista identidad de partes, hechos y pretensiones, cuando se presentan
nuevos hechos que aparecieron con posterioridad. Sin embargo, la propia
Corte ha manifestado que estos elementos nuevos necesariamente deben
tener incidencia en el debate. Así lo expresó tal tribunal constitucional: «un
hecho nuevo que no tenga incidencia en la decisión no puede justificar reabrir una controversia
que ha cumplido el correspondiente trámite»5.
Por lo tanto, la Sala desestima la mención de la accionante consistente en que
la presente tutela contenía hechos nuevos y diferentes respecto de los
decididos en la acción 08001-33-33-001-2025-00209-00/01.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-407 de 2022.
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Si bien es cierto que en el trámite de la medida de protección MP-084-2023
han ocurrido nuevas actuaciones propias de tal procedimiento administrativo
que aún no habían ocurrido para el momento en que se resolvió la anterior
tutela, lo cierto es que tales actuaciones no tienen incidencia ni alteran lo
decidido por la Comisaría Décima de Familia del Distrito de Barranquilla con
relación al archivo del trámite. Por el contrario, el hecho de que allí se hayan
surtido nuevas actuaciones reafirma la decisión de tal Comisaría de no
archivar el asunto.
En consecuencia, no existe un nuevo hecho relevante a efectos del análisis de
la cosa juzgada que amerite analizar nuevamente una situación que ya fue
resuelta por otro juez de tutela. Al margen del criterio de esta Sala frente a lo
decidido en la acción de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-00/01, lo cierto es
que se configura el fenómeno de cosa juzgada respecto a la decisión de no
finalizar el trámite administrativo y no existe una nueva circunstancia relevante
que avale un nuevo estudio.
3.3. Finalmente, no se advierte un propósito desleal o de mala fe en cabeza de la
actora, en tanto que la señora María Lourdes Baute Araujo no ocultó la
existencia de la tutela 08001-33-33-001-2025-00209-00/01. Por ende, la Sala
concluye que en el asunto se presenta el fenómeno de cosa juzgada, mas no
actuación temeraria alguna, dado que no se observa un actuar tendiente al
engaño del juez de tutela ni al ocultamiento de la tutela previa.
Con fundamento en lo expuesto, no hay lugar a pronunciarse de fondo sobre
lo relacionado con el archivo de la medida de protección MP-084-2023 por
existir cosa juzgada al respecto. Es condición imprescindible para analizar
materialmente un asunto que se cumplan una serie de presupuestos, uno de
estos es que el caso no haya sido previamente objeto de pronunciamiento
judicial. De esta manera se busca que no se vuelvan a juzgar asuntos que ya
fueron analizados en el pasado y, además, cerrar de forma definitiva el debate
propuesto.
4. Procedencia excepcional de la tutela contra sentencias de tutela y su
análisis respecto de la acción 08001-33-33-001-2025-00209-01
4.1. La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie
de requisitos generales6 y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta,
para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos
uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que cuando
se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor,
para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los
de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del
derecho al debido proceso.
6
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
7
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
20
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Demandante: María Lourdes Baute Araujo
Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos
debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los
intervinientes en el proceso.
4.2. Uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales consiste en que la providencia reprochada no sea una decisión de
tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez se
interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es
absoluta. En la sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su
jurisprudencia señalando cuándo es procedente la tutela contra providencias
proferidas en el marco de la acción de tutela. Allí explicó que debía
diferenciarse entre dos supuestos: si la acción de tutela se interponía contra
una sentencia de tutela o contra una actuación previa o posterior a aquella
providencia.
Si la sentencia de tutela controvertida fue emitida por la Corte Constitucional,
la tutela es improcedente sin excepción alguna. Sin embargo, si fue proferida
por otro juez de la República la acción de amparo puede proceder
excepcionalmente, si además de los requisitos generales de procedibilidad, se
acredita que: (i) la acción de tutela presentada no comparte identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue producto de una
situación de fraude (cometida por una de las partes, por las dos o, incluso, con
anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar
la situación.
Frente al fraude como causal de procedencia de la acción de amparo contra
sentencias de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T-218 de 2012
explicó que: «el principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es
posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez».
Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que el principio Fraus omnia
corrumpit hace referencia a una situación fraudulenta que atenta contra la
recta impartición de justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad,
entre otros principios. En consecuencia, la aplicación de este principio busca
evitar que a través del derecho se reconozcan y avalen situaciones originadas
en hechos fraudulentos que generen un perjuicio ilícito a terceros o a la
comunidad.
Ahora bien, en la sentencia SU-245 de 2021 la Corte Constitucional se refirió
al mecanismo de selección eventual a su cargo. Explicó que de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución todas las sentencias de tutela deben ser
remitidas a la Corte Constitucional, autoridad que tiene la facultad de
seleccionar algunas providencias para su revisión, con miras a unificar la
interpretación de los derechos fundamentales. Su finalidad es la unificación de
jurisprudencia y la protección de la justicia material.
Teniendo en cuenta la existencia de este mecanismo, la procedencia de la
acción de tutela contra una sentencia de tutela está sujeta antes que nada a
que tal providencia haya sido excluida de la selección eventual, pues solo en
ese momento es definitiva. Previo a que esto ocurra aún existe la posibilidad
de que la Corte seleccione el asunto para revisión y emita una sentencia al
respecto. En la sentencia SU-245 de 2021, se expuso lo siguiente:
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07574-00
Demandante: María Lourdes Baute Araujo
«la acción de tutela contra sentencias de tutela procede de manera excepcional cuando se
configura el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. Esta última se produce cuando una
acción de tutela no ha sido seleccionada para revisión por la Corte Constitucional y finaliza
el término de insistencia de los magistrados, el Procurador General de la Nación, el Defensor
del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La consecuencia de la
exclusión de un caso de la revisión de la Corte es la firmeza jurídica del último fallo que se
haya adoptado en sede de instancia, el cual cobra entonces ejecutoria formal y material. De
este modo, la sentencia mediante la cual se ha resuelto el asunto concreto hace tránsito a cosa
juzgada constitucional» (Negrillas propias).
De ahí que «el carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce únicamente cuando ha
vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando se ha producido la decisión de
revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es posible hablar de cosa juzgada
fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal estabilidad no se ha alcanzado y
aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte Constitucional se pronuncie, revisando
las decisiones de instancia» (Negrillas propias).
Así las cosas, en la sentencia T-023 de 2023 se estableció que «en principio son
improcedentes las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de que el trámite
de selección y eventual revisión se haya surtido». Esto tiene sentido si se tiene en
cuenta que el carácter definitivo de una sentencia de tutela, en los términos
señalados por la Corte, se adquiere únicamente cuando esta es excluida de
revisión o cuando tras seleccionar el asunto el tribunal constitucional profiere
una sentencia de revisión.
Por lo tanto, la tutela es improcedente cuando el fallo de tutela que se
controvierte mediante una nueva acción de tutela aún no ha sido excluido del
mecanismo de revisión eventual. Y la razón es, como se indicó, que para ese
momento el fallo controvertido a través de una acción de tutela todavía no ha
adquirido su carácter definitivo. Justamente, esta es la situación advertida en
el caso analizado.
4.3. Como se sabe una de las pretensiones de la accionante es dejar sin efectos
la sentencia de segunda instancia de 6 de noviembre de 2025 proferida en la
acción de tutela 08001-33-33-001-2025-00209-01, por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sección C. Se reitera que tal acción fue instaurada por la señora
María Lourdes Baute Araujo contra la Comisaría Décima de Familia del Distrito
de Barranquilla, por sus inconformidades relacionadas con la decisión de dicha
autoridad de negar el archivo del trámite relacionado con la medida de
protección 0084 de 2023.
Tal fallo fue remitido a la Corte Constitucional para surtir el trámite de revisión
eventual el 19 de diciembre de 2025. Tras comunicación telefónica con la
Secretaría de la Corte Constitucional en dos oportunidades, se conoció que
aún no ha empezado el trámite de revisión eventual. De hecho, se indicó que
al asunto aún no se le ha asignado radicado interno de la Corte, con el cual se
identificará el asunto para el trámite de eventual revisión.
Por ende, se advierte que la presente tutela es improcedente contra la
sentencia de 6 de noviembre de 2025 proferida en la acción de tutela 08001-
33-33-001-2025-00209-01, en consideración a que aún ni siquiera ha empezado
a surtirse tal mecanismo. En ese sentido, existe la posibilidad de ser escogida
para revisión por parte de la Corte Constitucional. De ahí que no hay lugar a
que el juez de tutela estudie la sentencia controvertida antes de que sea
excluida de la revisión eventual, en el evento de que así suceda.
5. Conclusión
En ese orden de ideas, la Sala declarará la improcedencia de la tutela, pues (i) se
encontró que existe cosa juzgada respecto de la tutela 08001-33-33-001-2025-00209-
00/01, frente a la decisión de no finalizar el trámite administrativo relacionado con la
medida de protección MP-0084-2023; y (ii) aún no hay lugar a que el juez de tutela
se pronuncie sobre la sentencia de segunda instancia de 6 de noviembre de 2025
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Demandante: María Lourdes Baute Araujo
proferida en dicha acción de tutela, debido a que todavía no ha iniciado la revisión
eventual efectuada por la Corte Constitucional, en virtud del cual el caso puede ser
seleccionado por tal corporación.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la señora María
Lourdes Baute Araujo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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