Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07577-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07577-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07577-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07577-00
Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Destitución e inhabilidad general consecuencia de
acción disciplinaria / Defectos procedimental, fáctico y sustantivo,
violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del
precedente judicial
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Edinel Eduer Murcia Herrera en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Edinel Eduer Murcia Herrera promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a la dignidad humana, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 29 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
05001333301820180014301.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
mediante los cuales se le sancionó con destitución e inhabilidad general en un
proceso disciplinario, en el que se le señaló como autor de apropiación indebida de
un teléfono celular dentro de un establecimiento comercial.
2.2. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en
sentencia del 22 de marzo de 2019 negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no existió afectación al principio del debido proceso y, por el contrario,
el procedimiento disciplinario estuvo fundado en la prueba válidamente reclamada.
En contra de esta decisión interpuso recurso de apelación.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda, en sentencia del 29 de julio
de 2025 confirmó la decisión del a quo, al concluir que los vicios invocados no tenían
la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto disciplinario
acusado, en la medida en que la conducta se encontraba debidamente tipificada, por
lo que las sanciones impuestas se sustentaron en un reproche disciplinario
jurídicamente fundado y en un acervo probatorio suficiente.
2.3. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defectos sustantivo, fáctico y procedimental, desconocimiento del
precedente judicial y en violación directa de la Constitución Política al pasar por alto
la jurisprudencia del Consejo de Estado2 que estableció el estándar probatorio
aplicable en los procesos disciplinarios para que una autoridad disciplinaria pudiera
imputar responsabilidad al investigado y desvirtuar su presunción de inocencia, las
pautas para realizar el control estricto de legalidad de los actos disciplinarios, y las
reglas sobre los niveles de certeza exigidos en el auto de cargos y en la decisión
disciplinaria.
2.4. Lo anterior, por cuanto la prueba testimonial en la que se sustentó el auto de
cargos carecía de providencia que la decretara y de notificación previa para su
recaudo, además de que, para ese momento procesal, no se encontraba plenamente
acreditada la identidad del administrador del establecimiento, por lo que se recibió la
declaración de Álvaro Javier González Arroyave sin certeza sobre su calidad.
2.5. No se acreditó el estándar de certeza más allá de toda duda razonable exigido
por el artículo 142 del CDU para sustentar el fallo, ya que la sanción se apoyó en los
mismos medios probatorios de la imputación disciplinaria, los cuales, conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, solo alcanzaban un nivel de probabilidad
prevalente insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, sin explicación del
tránsito a un mayor grado de certeza ni incorporación de prueba adicional en la etapa
de juicio.
2 Al respecto citó las sentencias: i) SU-00316 de 2016; ii) 11001-03-25-000-2012-00681-00 (2362-
2012), CP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
2
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Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
2.6. No obró en el expediente disciplinario auto interlocutorio que decretara la
inspección o el análisis del video, sin que resultara explicable que el funcionario
sustanciador practicara dicha diligencia sin orden previa ni comisión para ello, lo cual
vulneró el procedimiento disciplinario.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERO. Solicito declarar procedente la presente acción de tutela. pág. 31
SEGUNDO. Tutelar los derechos fundamentales, de acceso a la administración de justicia,
debido proceso, derecho a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia derecho de la
dignidad humana, el principio de la buena fe, el principio de la confianza legítima y el
principio de la seguridad jurídica, del ciudadano EDINEL EDUER MURCIA HERERA
identificado con la cedula de ciudadanía No 1,121,842,310.
TERCERO: Revocar la Sentencia de segunda instancia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA SALA DE DECISIÓN SEGUNDA, colegiatura en la cual el recurso fue
resuelto finalmente mediante dentro del fallo de segunda instancia del 29 de julio de 2025,
radicado 05-0001-33-33-0018-2018-00143-01. […]». [sic]
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín3 si
bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.
5. La Policía Nacional4 solicitó que se declarara improcedente la petición de
amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ante la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante, comoquiera que se demostró que la actuación disciplinaria adelantada
contra el patrullero se tramitó conforme a las garantías del debido proceso, la
legalidad y la valoración racional de la prueba, descartándose cualquier vicio de
nulidad o irregularidad.
6. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 luego de hacer un recuento de las
actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso,
requirió que se declarara improcedente lo pretendido por el demandante, por no
acreditar los requisitos generales ni específicos de procedibilidad. Lo anterior, por
cuanto su verdadera intención fue convertir la tutela en una tercera instancia en un
asunto ya decidió.
3 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «14RECIBEMEMORIAL_OneDrive_1_14122025z(.zip)
NroActua 9».
4 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «17RECIBEMEMORIAL_GS2025035313SEGEN(.pdf)
NroActua 10».
5 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado
«23RECIBEPRUEBAS_Memorial_Oficio359Contestacio(.pdf) NroActua 11».
3
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Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de
abril de 20216, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema8. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo9 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos11,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales12.
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
15. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales de Edinel Eduer
Murcia Herrera con ocasión de la sentencia del 29 de julio de 2025, mediante la cual
confirmó la negativa frente a la pretensión de reintegro al cargo de «patrullero», con
la que incurrió, presuntamente, en defectos procedimental, sustantivo y fáctico,
violación directa de la Constitución Política y en desconocimiento del precedente
judicial?
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
11 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
16. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto sustantivo
17. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
18. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva
o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la
norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
19. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.4.3. Defecto procedimental
20. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue delimitado por la Corte Constitucional desde la sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el Juez
Ordinario adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso
de una etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
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Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
21. A partir de la sentencia T-1306 de 200113, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto14, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales15.
22. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y,
que lesione bienes ius fundamentales16.
2.4.4. Desconocimiento del precedente judicial
23. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
24. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
13 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973
de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
14 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto para
la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
15 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
16 Al respecto, en la sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
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25. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
26. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.5. Violación directa de la Constitución Política
27. Se recuerda que fue definida, en un principio, como un defecto sustantivo, el
cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de
las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
28. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces
de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis:
29. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a)
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
30. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.
2.4.6. Defecto fáctico
31. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional17, tiene una
17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
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dimensión negativa y otra positiva.
32. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»19. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»20.
33. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.7. Sobre el caso concreto
34. Edinel Eduer Murcia Herrera acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 29 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda, mediante la cual, confirmó la negativa frente a la declaratoria de
nulidad de los actos disciplinarios proferidos en su contra, con ocasión de los cuales
fue destituido e inhabilitado de la Policía Nacional.
35. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defectos fáctico, sustantivo y
procedimental, desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la
Constitución Política por el desconocimiento injustificado de los precedentes
jurisprudenciales del Consejo de Estado que establecen: el estándar probatorio
aplicable en los procesos disciplinarios para que una autoridad disciplinaria pueda
imputar responsabilidad al investigado y desvirtuar su presunción de inocencia, las
pautas para que realizar el control estricto de legalidad de los actos disciplinarios, y
las reglas sobre los niveles de certeza exigidos en el auto de cargos y en la decisión
disciplinaria.
36. La prueba testimonial en la que se sustentó el auto de cargos carecía de
providencia que la decretara y de notificación previa para su recaudo, además de
que, para ese momento procesal, no se encontraba plenamente acreditada la
identidad del administrador del establecimiento, por lo que se recibió la declaración
de Álvaro Javier González Arroyave sin certeza sobre su calidad.
37. No se acreditó el estándar de certeza más allá de toda duda razonable exigido
por el artículo 142 del CDU para sustentar el fallo, ya que la sanción se apoyó en los
mismos medios probatorios de la imputación disciplinaria, los cuales, conforme a la
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
19 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo
Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20 Sentencia T-538 de 1994.
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Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
jurisprudencia del Consejo de Estado, solo alcanzaban un nivel de probabilidad
prevalente insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, sin explicación del
tránsito a un mayor grado de certeza ni incorporación de prueba adicional en la etapa
de juicio.
38. No obró en el expediente disciplinario auto interlocutorio que decretara la
inspección o el análisis del video, sin que resultara explicable que el funcionario
sustanciador practicara dicha diligencia sin orden previa ni comisión para ello, lo cual
vulneró el procedimiento disciplinario.
39. Al respecto, para la Sala resulta pertinente señalar que los defectos
mencionados serán analizados de manera conjunta, debido a su poca argumentación
y por cuanto todos derivan del presunto desconocimiento injustificado de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado que fijaron el estándar
probatorio aplicable en los procesos disciplinarios, las pautas para el control estricto
de legalidad de los actos disciplinarios y las reglas sobre los niveles de certeza
exigidos para desvirtuar la presunción de inocencia del investigado.
40. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda, respecto a las presuntas
irregularidades de la prueba testimonial, en los siguientes términos:
«[…] 7.6.1 Caso concreto relativo a un testimonio que se recibió y presuntamente
no se decretó, lo que acarrearía nulidad procesal.
Al respecto, refiere la parte actora que dentro del trámite disciplinario que le fue abierto,
hubo decreto de prueba testimonial, dentro de la cual se ordenó la recepción del testimonio
del administrador del establecimiento de comercio Dubai, para lo cual se informó que este
se identificaba como el señor Luis Hernando Atehortúa Díaz, pero se recibió la declaración
del señor Alvarado Javier González Arroyave, sin que mediara decisión frente a este
sujeto, es decir, se recibió una declaración de una persona diferente y sus afirmaciones
sirvieron de fundamento al fallo de destitución, lo que en su sentir implica un
desconocimiento de lo establecido en el artículo 29 constitucional, al igual que lo
establecido en los artículos 4, 128, 140, y 143 de la ley 734 de 2002.
Como sustento probatorio para proveer se tiene que, por auto de indagación preliminar
del 10 de julio de 2016 se ordenó el testimonio del señor Luis Fernando Atehortúa Díaz,
padre de la víctima denunciante, quien no asiste a las varias diligencias programadas para
los días 26 de julio y 9 y 24 de agosto, todos de 2016.
Posteriormente, con auto del 5 de septiembre de 2016 se decretó oficiosamente el
testimonio, entre otros, del administrador del establecimiento público con razón social
Dubái ubicado en Puerto Berrío, donde ocurrieron los hechos objeto de investigación, una
vez sea identificado el sujeto. Mediante correo remitido el 8 de septiembre de 2016 a la
dirección electrónica aportada y autorizada por el patrullero investigado en el acta de
notificación personal, se indicó que para los días 13 y 23 de septiembre de 2016 se
practicaría el testimonio de los patrulleros Diego Antonio López Vásquez y Daniel Alberto
Trujillo Clemente, así como para esta última fecha se recibiría el testimonio del inasistente
Luis Fernando Díaz Atehortúa, al igual que escucharía la declaración de administrador del
establecimiento referido.
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Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
Efectivamente, el 13 de septiembre de 2016 asistió a rendir su versión de los hechos el
patrullero Diego Antonio López Vásquez. El 23 de ese mismo mes y año compareció el
patrullero Daniel Alberto Trujillo Clemente. Y en horas de la tarde de este día absolvió
cuestionario que se le formuló el señor Álvaro Javier González Arroyave, quien se
identificó como «…barman, administrador y propietario del negocio DUBAY». Sin que
asistiera nuevamente el señor Luis Fernando Atehortúa Díaz, quien es identificado en el
recuento fáctico de la cusa como el padre de víctima que formuló la queja contra el
patrullero sujeto a la instrucción disciplinaria.
Entonces, contrario a lo sostenido por la parte actora, en ningún apartado del proceso
surge que se decretó el testimonio del señor Luis Fernando Atehortúa Díaz como
administrador del local comercial Dubai, en cuyas instalaciones se perpetró la sustracción
de celular de la ciudadana denunciante, ni que así se le haya manifestado erróneamente
al patrullero disciplinado, sino que claramente surge probatoriamente que dicho
administrador se corresponde con el señor Álvaro Javier González Arroyave, a quien se
le formularon preguntas frente a los hechos en los que participó y que tuvo conocimiento.
Razón por la que no habría lugar a la confusión de sujetos aducida por el demandante, ni
que la entidad investigadora haya propiciado tal error o que se rindiera un testimonio no
decretado, por lo que no habría de prosperar el cargo que ataca el acto sancionatorio
porque se basó en un testimonio irregularmente practicado, cuando realmente se ordenó
previamente su recepción y no se presenta ninguna confusión entre sujetos. De ahí que
este medio de convicción no pueda ser excluido del acervo probatorio por esta razón, ni
por ningún otra.
También surge de esto que, al aclararse la supuesta inconsistencia, no habría lugar a
analizar si medió o no nulidad procesal frente esto, ni quién tenía la carga de solicitarla,
puesto que la supuesta irregularidad no ocurrió. Es decir, no habría que analizar la
exclusión de la prueba por presuntamente vulnerar el debido proceso, toda vez que la
prueba testimonial fue decretada y debidamente rendida por el sujeto correspondiente.
De paso, se advierte que el testimonio en comento guarda coherencia con las demás
declaraciones practicadas en el caso y afirmó que el video que le pusieron de presente en
la diligencia no fue alterado. Así como también se predica que lo narrado surge pertinente
para la resolución del caso. […]» [sic].
41. Asimismo, referente a las inconsistencias con la incorporación del video
precisó:
«[…] 7.6.2 Cargos relacionados con la práctica probatoria -Nulidad del video e
indebida valoración de testimonial.
La tesis del demandante consiste en la irregular incorporación de prueba documental que
contiene vídeo y su cadena de custodia, y porque se presentó una incorrecta o inadecuada
valoración a los testimonios y se descartaron las apreciaciones de otros.
En relación con el referido acto que ordena indagación preliminar se decretó la siguiente
prueba documental:
«- Solicitar a la Jefatura de Talento Humano o a quien corresponda, se allegue al
despacho la calidad policial del hoy disciplinado, Manual de funciones y certificado de
salario para la fecha de los hechos. - Solicítese a la administración del establecimiento
público de razón social DUBÁI, copia de los registros videográficos del sistema de
cámaras del día 22-06-2016 a partir de las 22:00 horas hasta las 03:00 horas del día 23-
06-2016. (…)»
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Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
Cuando la quejosa rindió su declaración de los hechos aportó copia de la grabación en la
que se ilustra lo ocurrido la noche del 22 a 23 de julio de 2016, cuando le fue sustraído su
celular. «EN ESTE ESTADO DE LA DILIGENCIA LA DECLARANTE HACE ENTREGA
DE UN DISCO COMPACTO COLOR BLANCO, MARCADO CON EL ESCRITO "VIDEO
DUBAI 23-06- 2016 VIVIANA DÍAZ", VIDEO QUE EL DESPACHO PROCEDE A
REPRODUCIR EN PRSENCIA DE LA DECLARANTE». En esta diligencia hizo un relato
sobre lo reproducción del contenido audiovisual […]
Este disco compacto que contiene el video en mención fue rotulado y embalado con el
respectivo formato de cadena de custodia, tal y como consta el certificado emitido por el
intendente Sergio Andrés López Vera (Págs 43 y 44). Con relación a la autenticidad, como
se expuso en considerando que antecede, el administrador del establecimiento abierto al
público Dubai, ratificó que esta grabación se correspondía con lo sucedido y no estaba
modificada.
Bajo este orden de ideas, se tiene que el medio probatorio documental de la reproducción
del video de seguridad en que constan los hechos materia de sanción fue debidamente
decretado en su oportunidad legal, también que este, independiente del canal de arribo,
fue incorporado al expediente por la víctima directa del hurto del celular e indirectamente
fue ratificado por el sujeto a quien iba dirigido esta prueba, esto es, por el administrador
del establecimiento abierto al público en el que sucedió la apropiación del dispositivo, el
cual manifestó que no fue alterado. Adicionalmente, por si fuera poco, se cumplió con el
procedimiento de cadena de custodia según el certificado emitido al respecto.
En consecuencia, el medio audiovisual se corresponde con un elemento probatorio válido
que no está viciado de nulidad alguna, de ahí que no pueda ser susceptible de la regla de
exclusión, puesto que no fue obtenido con violación al debido proceso, sino todo lo
contrario, se acreditaron los requisitos de ley, y por lo tanto, el actor no puede restarle
validez, al igual que no puede quitarle mérito probatorio. En primer lugar, porque su
decreto fue informado cuando era objeto de indagación preliminar, así como se le informó
de su existencia cuando se le indicó que aportara el medio para su reproducción y
posteriormente se le entregó copia de este a su apoderada. En segundo lugar, se tiene
que la parte actora se valió de su contenido para sustentar sus alegaciones finales y el
recurso contra la decisión de primera instancia.
Resulta un contrasentido que la parte se haya prevalido del video para sustentar su teoría
del caso, consistente en que tomó el celular que estaba por fuera de la órbita de la
denunciante, quien le dio la espalda a este como se observa en la grabación y nunca le
consultó sobre su pérdida, creyendo que este pertenecía a los miembros de la fuerza
pública que habían ingresado al establecimiento, por lo que procuró su aseguramiento
para entrega posterior. Para luego venir a señalar que este documento audiovisual no
resulta válido o no debió tenerse en cuenta a la hora de resolver. […]» [sic].
42. En lo que se refiere al estándar de convicción de «más allá de la duda razonable»
sobre la comisión de la falta, la autoridad judicial demandada precisó lo siguiente:
«[…] 7.6.3. sobre el indebido análisis de la culpabilidad y la falta de superación del
estándar de convicción para sancionar.
Dice el recurrente que no se catalogó adecuadamente el título de dolo y no se estableció
más allá de toda duda razonable la comisión de la falta por el patrullero sancionado.
Resulta contrario a la realidad que no se haya catalogado correctamente el grado de
culpabilidad del demandante, puesto que expresamente en el auto del 10 de enero de
2017, que lo citó a audiencia, se expuso directamente que la forma de culpabilidad se
endilgaba a título de dolo, así como bajo esta modalidad fue sancionado en el fallo de
primera instancia y en su confirmación.
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Dado que se ha demostrado que la conducta del patrullero afectó negativamente la función
pública que le corresponde a la Policía Nacional —institución encargada, según los
artículos 2 y 218 de la Constitución Política, de proteger la vida, la honra y otros derechos
de quienes residen en Colombia para garantizar la convivencia pacífica y un orden justo—
, resulta evidente que dicha actuación comprometió la imagen institucional y obstaculizó
la adecuada prestación del servicio público. Al incurrir en un comportamiento claramente
reprochable, como lo es la apropiación indebida de bienes de los ciudadanos, se vulneran
los principios de transparencia y rectitud que deben regir el actuar policial, lo cual perjudica
gravemente la misión y los deberes funcionales de la entidad.
Acorde con lo indicado, la Corte Constitucional en la sentencia C- 819 de 2006, precisó
que las conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario son aquellas que
comportan infracción del deber funcional por parte del servidor público, para el efecto
manifestó:
“En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia ha señalado que se
encuentra integrado por (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo,
(ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley ; (iii) garantizando una
adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se
infringe el deber funcional si se incurre en comportamiento capaz de afectar la
función pública en cualquiera de esas dimensiones. El incumplimiento al deber
funcional, es lo que configura la ilicitud sustancial que circunscribe la libertad
configurativa del legislador, al momento de definir las faltas disciplinarias”. (Negrillas
fuera del texto).
En ese orden de ideas, la Sala estima que la autoridad disciplinaria aplicó en debida forma
la disposición citada como infringida al patrullero, de ahí que la actuación desplegada por
el actor se erigió en ilicitud sustancial, y fue sancionado de acuerdo con los parámetros y
límites que establece el legislador, de cara a las funciones desempeñadas y los deberes
que guían la labor de policía.
En cuanto al grado de convicción, precisa esta agencia judicial que para responsabilizar
al investigado se tuvo en cuenta la declaración de la quejosa, el video allegado y las
declaraciones de terceros, con los cuales que se reconstruye la circunstancias de tiempo,
modo y lugar con las cuales se encuentra que el patrullero Murcia Herrera sustrae un
teléfono celular de un particular y se apropia del mismo, sin que prospere el elementos
exculpatorio invocado, por lo que la conducta se delimita como una actuación irregular
que no corresponde o desdice de sus funciones como agente del orden público.
Dado que el lenguaje empleado por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Nacional en sus decisiones fue lo suficientemente claro y específico para identificar tanto
la conducta imputada como la norma presuntamente vulnerada, y que los términos
utilizados permitieron una adecuada tipificación de la conducta del disciplinado, se
concluye que no se vulneraron los derechos al debido proceso ni a la defensa. […]» [sic].
43. Como se advierte, a partir de una lectura integral de la sentencia enjuiciada, la
Sala concluye que no se configuró la irregularidad alegada en relación con la práctica
del testimonio del administrador del establecimiento de comercio Dubái, ni se vulneró
el debido proceso. En efecto, del material probatorio se desprende que, se ordenó
oficiosamente la recepción del testimonio del administrador del establecimiento una
vez identificado, correspondiendo dicha calidad a Álvaro Javier González Arroyave,
quien compareció y rindió su declaración en debida forma.
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Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
44. Por otra parte, la autoridad judicial demandada también precisó que, el registro
videográfico de los hechos fue debidamente decretado desde la etapa de indagación
preliminar, incorporado al expediente a través de la víctima directa y sometido a los
controles legales correspondientes, incluido el rotulado, embalaje y certificación de la
cadena de custodia. Asimismo, su autenticidad fue ratificada por el administrador del
establecimiento de comercio Dubái, quien afirmó que la grabación se correspondía
con lo ocurrido y no había sido objeto de alteración. Máxime cuando el demandante
conoció oportunamente su existencia, tuvo acceso a su contenido y lo utilizó para
sustentar su teoría del caso tanto en los alegatos finales como en el recurso
interpuesto, lo que torna contradictoria la pretensión de desconocer posteriormente
su validez.
45. Finalmente, frente a la falta de superación del estándar de convicción, también
puntualizó que, desde el auto de citación a audiencia del 10 de enero de 2017 la
conducta fue imputada expresamente a título de dolo, modalidad bajo la cual fue
sancionado el patrullero en ambas instancias. Asimismo, la responsabilidad
disciplinaria se sustentó en un acervo probatorio suficiente, conformado por la
declaración de la quejosa, el registro videográfico y los testimonios recaudados, los
cuales permitieron reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los
hechos y acreditar, más allá de toda duda razonable, la falta.
46. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en las causales específicas de procedencia endilgadas,
debido a que la providencia acusada fue proferida conforme a las normas y
jurisprudencia reguladoras de su función judicial y aquella se apoyó en el material
probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más
ajustada al caso concreto, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del
asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.
47. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que
conduce a la denegatoria del recurso de amparo.
48. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
49. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Edinel Eduer Murcia Herrera, en la
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Demandante: Edinel Eduer Murcia Herrera
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Edinel Eduer Murcia
Herrera, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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