Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07579-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07579-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07579-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
21 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07579-01
Demandante: UAE DIAN
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07579-01
Demandante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Requisitos generales de procedencia. Subsidiariedad.
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 29 de enero de 2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de noviembre de 2025, por conducto de apoderado, la UAE Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por estimar vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Que se deje sin efectos la sentencia del 2 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala Mixta de Decisión, dentro del proceso 76-
001-33-33-009-2022-00026-01, notificada el 8 de octubre de 2025.
• Que se ordene al Tribunal dictar una nueva sentencia aplicando correctamente el
artículo 565 del Estatuto Tributario y respetando el precedente jurisprudencial y
doctrinal aplicable, o en su defecto, motivar expresamente el apartamiento.
• Medida provisional: que se suspendan los efectos de la sentencia del 2 de octubre de
2025 mientras se decide esta acción, para evitar la continuación del proceso principal
con base en una interpretación errónea.»
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
Situación que origina el medio de control
Mediante Liquidación Oficial de Revisión 15241202000008 de 16 de junio de 2020, la
DIAN modificó la declaración del impuesto de renta y complementarios del año
gravable 2016, presentada por la Organización Empresarial NRC S.A.
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Demandante: UAE DIAN
El 20 de agosto de 2020, la contribuyente interpuso recurso de reconsideración. Por
Resolución 000584 de 25 de mayo de 2021, se confirmó el acto recurrido.
Para efectos de notificar personalmente el anterior acto administrativo, la DIAN expidió
citación del 9 de junio de 2021, enviada el 16 siguiente por correo a la dirección
procesal informada por la contribuyente (CAVASA BG 5, Km 12 vía Cali-Candelaria).
El 18 de junio de 2021, el correo fue devuelto por la empresa de mensajería con la
anotación «cerrado».
Sobre el anterior trámite de notificación, la DIAN expidió comunicación de 30 de junio
de 2021 y la envió el 6 de julio de 2021 a la dirección electrónica de la Organización
Empresarial NRC S.A.: info@nrc.com.co, informada en el RUT (actualizado el 10 de
mayo de 2021). Posteriormente, la entidad notificó por edicto, fijado del 7 al 23 de julio
de 2021.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El 1° de febrero de 2022, la Organización Empresarial NRC S.A. promovió medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de liquidación oficial y
su confirmatorio, expedidos por la DIAN. Como pretensiones formuló que se declarara
la nulidad de esos actos y la ocurrencia del silencio administrativo positivo. A título de
restablecimiento del derecho, pidió dejar en firme la declaración privada.
Como cargos de la demanda alegó, entre otros, que la DIAN no resolvió
oportunamente el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial
de revisión, en el entendido de que notificó extemporáneamente la Resolución 00584
de 25 de mayo de 2021. Sostuvo que solo conoció ese acto con la respuesta de una
petición que formuló ante la administración tributaria, por lo que se notificó por
conducta concluyente. Los demás cargos se dirigieron a atacar las modificaciones de
la declaración privada, realizadas por la entidad demandada, como el rechazo de
costos y de deducciones y la imposición de la sanción de inexactitud.
Al proceso le correspondió el radicado 76001-33-33-009-2022-00026-00. El Juzgado
Noveno Administrativo de Cali, mediante sentencia de 4 de junio de 2025, declaró
probada la excepción de caducidad planteada por la DIAN. Las razones que
sustentaron la decisión fueron:
La Resolución 000584 de 25 de mayo de 2021 se notificó en debida forma. El envío
por correo de la citación para comparecer con causal «cerrado» era prueba suficiente
de que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración no se pudo notificar
personalmente, lo que habilitó a la DIAN para proceder con la fijación del edicto, como
forma supletoria de notificar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 565 del ET.
La demanda se presentó extemporáneamente (1°/02/2022), esto es, después de
transcurridos cuatro meses desde la notificación de la Resolución 000584 de 25 de
mayo de 2021. Para contabilizar la caducidad del medio de control, el juzgador de
primera instancia tomó el 26 de julio de 2021, por ser el día hábil siguiente al 23 de
julio de 2021 (fecha de notificación por edicto del acto que puso fin a la actuación
administrativa).
La sociedad demandante en el proceso ordinario apeló la anterior decisión con el
objetivo de acreditar que la demanda fue oportuna. En concreto sostuvo lo siguiente:
La resolución que decidió el recurso de reconsideración no se notificó en debida forma.
La notificación personal es la principal forma de que se conozcan las decisiones y para
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que procedan las notificaciones subsidiarias es necesario que el administrado conozca
o reciba la citación, pero no se acerque a notificarse.
En el 2021, el paro nacional afectó el orden público y en el Valle del Cauca se
presentaron bloqueos indefinidos en distintas carreteras, entre estas la que
comunicaba a Cali con Candelaria. Esos bloqueos se extendieron hasta junio de 2021
e impidieron el acceso a la Central de Abastecimientos del Valle del Cauca (CAVASA),
lugar en el que se ubicaba la dirección de notificaciones de la demandante.
Por la anterior situación, no recibió ni conoció la citación remitida por la DIAN para
comparecer a notificarse personalmente y agregó que la DIAN no agotó la notificación
electrónica. De manera que, consideró que la notificación por edicto no era la
procedente. Informó que fue solo hasta el 21 de diciembre de 2021 que conoció la
Resolución 000584 de 25 de mayo de 2021, como consecuencia de la respuesta dada
por la DIAN a una petición.
En sentencia de 2 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, ordenó al Juzgado Noveno
Administrativo de Cali que procediera a pronunciarse sobre el fondo de las
pretensiones de la demanda. La decisión se sustentó así:
Encontró una irregularidad en la notificación de la Resolución 000584 del 25 de mayo
de 2021, dado que debió notificarse por aviso y no por edicto.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto Tributario, si la notificación
se envía por correo y es devuelta por cualquier motivo, la DIAN debe notificar los actos
administrativos mediante aviso en que se transcribe la parte resolutiva del acto a
notificar, ese aviso debe ponerse en el portal web de la entidad y en un lugar de acceso
al público de la misma entidad.
En relación con la fecha de notificación por conducta concluyente, observó que la
demandante para el 22 de noviembre de 2021, fecha en la que elevó petición a la
DIAN, ya tenía conocimiento de la existencia del acto que resolvió el recurso de
reconsideración, por lo que ese día tuvo por notificada a la contribuyente. Entonces,
concluyó que entre el 22 de noviembre de 2021 y el 1º de febrero de 2022 no
transcurrieron los cuatro meses para tener por extemporánea la demanda.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
Señaló que estaban cumplidos los presupuestos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, puesto que el tribunal demandado resolvió la
excepción de caducidad a través de sentencia, por lo que quedó resuelta la discusión
sobre dicha circunstancia, en forma definitiva, dado que el expediente se devolvió al
juzgado para que se pronunciara sobre el fondo del asunto, es decir, para realizar el
estudio de los actos y la pretensión de silencio administrativo positivo; significa que
frente a esa sentencia no existen recursos ordinarios ni extraordinarios.
También, advirtió cumplido el requisito de inmediatez porque la acción se interpuso
dentro de un término razonable; y que el asunto reviste evidente relevancia
constitucional por comprometer el debido proceso en el marco de la determinación del
tributo y el correcto funcionamiento del sistema de recaudo.
En relación con las causales específicas, señaló que la sentencia atacada incurrió en
defecto sustantivo por indebida aplicación de las normas especiales que regulan el
procedimiento de notificación de los actos administrativos tributarios. En concreto,
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alegó que cuando la citación para notificación personal es devuelta por cualquier
motivo lo procedente es acudir a la notificación supletoria por edicto, conforme lo
ordena el artículo 565 del ET y no la notificación por aviso del artículo 568.
Explicó que el Estatuto Tributario distingue entre la notificación por correo y la
notificación personal precedida de citación; en concreto, el artículo 565 establece que
los actos administrativos proferidos dentro de un proceso de determinación y discusión
del tributo, como requerimientos, liquidaciones oficiales y resoluciones que decidan
recursos, se notifican personalmente al contribuyente, responsable o declarante, y que
si «no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir del
día siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de citación» procede la
notificación por edicto. Y que, por su parte, el artículo 568 dispone que «los actos
administrativos enviados por correo que, por cualquier razón, sean devueltos, se notificarán
mediante aviso con transcripción de la parte resolutiva en la página web y en lugar de acceso
al público».
Entonces, indicó que la diferencia es sustancial porque en la notificación por correo lo
que se remite al contribuyente es el acto administrativo mismo, y su devolución activa
el procedimiento del artículo 568 de la notificación por aviso; en cambio, el aviso de
citación es una comunicación preparatoria que invita al contribuyente a comparecer
para ser notificado personalmente, y su devolución activa el mecanismo supletorio del
artículo 565, esto es, la notificación por edicto.
En este caso, aclaró que no notificó la resolución por correo, sino que envió un aviso
de citación para notificación personal que fue devuelto con la anotación «cerrado».
Por tanto, concluyó que el procedimiento aplicable era el del artículo 565, y la
notificación por edicto practicada posteriormente fue plenamente válida. En ese
entendido, alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confundió estas
dos figuras jurídicas al sostener que la devolución de la citación debía generar la
aplicación del artículo 568 del ET y que, por ende, se debió notificar mediante aviso
publicado en la página web.
Aclarado lo anterior, precisó que la discusión no solo trata de una posible afectación
del debido proceso en las notificaciones realizadas por esa entidad, sino que involucra
la aplicación de los procedimientos especiales en materia tributaria para el
cumplimiento de las funciones frente al recaudo tributario, el cual es esencial para el
sostenimiento del Estado. Por eso, aseguró que el asunto trasciende lo administrativo
y adquiere importancia constitucional.
Consideró que la interpretación diferente, aquí cuestionada, desconoce el principio de
legalidad en materia tributaria y procedimental al invalidar el correcto actuar de esa
dirección de impuestos, en concreto el ejercicio de las funciones de determinación,
fiscalización y cobro.
Además, indicó que ese defecto sustantivo también se configuró por desconocimiento
del precedente jurisprudencial porque la autoridad demandada se aparta sin
justificación de la línea uniforme fijada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en materia de notificación de actos que deciden recursos, según la cual la devolución
del aviso de citación para notificación personal activa la notificación supletoria por
edicto, conforme al artículo 565 del ET. Afirmó que tal desconocimiento quebranta los
principios de legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad en la
aplicación del derecho.
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En ese orden, estimó que, si se mantiene el errado criterio, se consolidaría un
precedente negativo aplicable a numerosos procesos administrativos y judiciales en
curso, con impacto directo y negativo en la seguridad fiscal del Estado.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 11 de diciembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora; al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, en calidad de demandado y al Juzgado Noveno Administrativo de
Cali y a la Organización Empresarial NRC S.A., en calidad de terceros con interés.
Adicionalmente, en esa providencia se negó la medida provisional solicitada al no
estar cumplidos los presupuestos para decretarla.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rindió informe frente a los hechos
que dieron origen a la presente acción de tutela, en los siguientes términos:
Sostuvo que no se vulneró el derecho al debido proceso, puesto que el fallo
cuestionado se dictó en segunda instancia como consecuencia del estudio del
expediente, de las pruebas aportadas y con estricto apego a los criterios
jurisprudenciales del Consejo de Estado.
En efecto, advirtió que al revisar el expediente encontró una irregularidad en la
notificación del acto demandado, por lo que no era posible contabilizar el término de
caducidad en los términos planteados por el juez de primera instancia.
Explicó que el primer intento del envío de la citación para notificación personal fue
devuelto por la empresa de correos con la anotación de «cerrado», lo que significa
que el citado no se enteró de la misma y, por ende, el edicto no era la actuación
procesal procedente para continuar con la etapa de notificaciones.
En relación con los actos de notificación, precisó que son el pilar fundamental de todas
las actuaciones administrativas y judiciales, por lo que la notificación por edicto solo
procede en los eventos en que se surta debidamente la citación para la notificación
personal y el citado no comparezca, lo que aquí no ocurrió.
Por lo anterior, concluyó que la decisión cuestionada en tutela explicó la irregularidad
en la que la DIAN incurrió al momento de notificar el acto demandado y la fecha en la
que debió entenderse que operó la notificación por conducta concluyente.
De todas formas, resaltó que las partes cuentan con los recursos que tienen a su
alcance al momento de proferirse la sentencia de fondo.
6. Terceros con interés
El Juzgado Noveno Administrativo de Cali informó lo siguiente:
Conoció del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
76001-33-33-009-2022-00026-00, formulado por la Organización Empresarial NRC
S.A. contra la DIAN.
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En sentencia del 4 de junio de 2025, una vez valorados los hechos y las pruebas
aportadas y decretadas, declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control.
La decisión fue recurrida, por lo que remitió el asunto al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca. Esa Corporación, en sentencia de 2 de octubre de 2025 revocó la
decisión y ordenó a ese despacho pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de
la demanda.
En auto del 18 de noviembre de 2025, ese juzgado obedeció y cumplió lo dispuesto
por el Tribunal Administrativo del Valle, y ordenó darle el trámite de sentencia
anticipada.
7. Sentencia de primera instancia
El 29 de enero de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia, en la cual declaró improcedente la acción de tutela
porque la cuestión en estudio no tenía relevancia constitucional.
En primer lugar, advirtió que la argumentación de la parte actora reveló la
inconformidad con la decisión adoptada en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicación 76001-33-33-009-2022-00026-01, pero
no que el asunto girara en torno al alcance de algún derecho fundamental.
Sobre el particular, explicó que la DIAN no alegó que la autoridad judicial haya
incurrido en una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la
cual se evidencie la afectación desproporcionada a algún derecho fundamental.
Por último, consideró que la inconformidad de la demandante frente a la decisión
adoptada por la autoridad accionada lo que revela es su intención de tener este
mecanismo constitucional como un recurso o instancia adicional, lo que no es
admisible porque el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de
otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de
paso invadir la competencia y la independencia del juez natural.
8. Impugnación
La actora impugnó la decisión de primer grado con el fin de que se revocara y se
accediera al amparo solicitado. Sostuvo que el asunto tiene relevancia constitucional
porque el error del Tribunal en la interpretación de la notificación incide de manera
directa en la vulneración del debido proceso, así como en la afectación de la seguridad
jurídica y del principio de legalidad tributaria.
Alegó que la providencia impugnada se limitó a concluir, de manera genérica, la
inexistencia de relevancia constitucional, sin realizar un examen material de lo
planteado en la demanda de tutela.
Precisó que la discusión en este caso no se reduce a una discusión de legalidad ni a
un interés económico particular, sino que involucra la correcta aplicación de los
procedimientos de determinación del tributo, la firmeza de los actos administrativos y
la seguridad jurídica del sistema tributario, pilares reconocidos por la Corte
Constitucional como asuntos de relevancia constitucional.
Insistió en que la decisión atacada genera un impacto institucional y sistémico, al
apartarse sin justificación del precedente uniforme de la Sección Cuarta del Consejo
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de Estado e introducir un criterio que afecta múltiples procesos administrativos y
judiciales en curso y compromete la eficiencia del recaudo tributario.
Sustentó que el requisito de relevancia quedó satisfecho porque: (i) se identificó el
derecho al debido proceso como vulnerado; (ii) la controversia exige interpretar el
alcance de ese derecho en el marco del régimen especial tributario y no una simple
discrepancia legal; y (iii) se acreditó una afectación desproporcionada al permitirse la
apertura de un proceso frente a un acto administrativo ejecutoriado, lo que alteró las
reglas de caducidad y firmeza.
Resaltó que en la sentencia SU-017 de 2024, la Corte Constitucional reconoció
expresamente la relevancia constitucional de las controversias relacionadas con la
notificación de actos administrativos tributarios y su impacto en el sistema de recaudo.
Frente al argumento del a quo de que la acción de tutela se usó como instancia
adicional, afirmó que la finalidad no era reabrir el debate del proceso contencioso-
administrativo ni cuestionar la valoración probatoria, sino corregir una afectación
constitucional autónoma, derivada de la indebida aplicación del derecho y del
desconocimiento del precedente judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que declaró
improcedente la solicitud de tutela promovida por la DIAN contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca al proferir la sentencia de 2 de octubre de 2025,
por la cual revocó la decisión de primera instancia que declaró probada la excepción
de caducidad y, en su lugar, ordenó al Juzgado Noveno Administrativo de Cali (juez
de primera instancia) que se pronunciara sobre el fondo de las pretensiones de la
demanda. (rad. 76001-33-33-009-2022-00026-00/01).
Para realizar un estudio de fondo, respecto de la configuración del defecto sustantivo,
de manera previa la Sala deberá analizar si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada, pero porque en este caso no
se cumple el requisito general de subsidiariedad.
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Demandante: UAE DIAN
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales y (ii) el requisito de subsidiariedad en el caso
concreto.
(i) Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
(ii) Del requisito de subsidiariedad4 en el caso concreto
La DIAN ejerce la presente acción con el fin de cuestionar la sentencia de 2 de octubre
de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la cual revocó
el fallo de primera instancia de 4 de junio de 2025 del Juzgado Noveno Administrativo
de Cali que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y, en su
lugar, ordenó al juez de primera instancia que se pronuncie de fondo sobre las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
la Organización Empresarial NRC S.A. (rad. 76001-33-33-009-2022-00026-01).
Según la actora esa decisión vulneró el derecho fundamental al debido proceso
porque dio una indebida interpretación al artículo 568 del ET, a pesar de que en este
caso el supuesto cuestionado está regulado en el artículo 565 ib. La DIAN sostiene
que esa es la norma aplicable cuando es devuelta la citación para notificar
personalmente la resolución que decide un recurso y el edicto debe practicarse como
forma supletoria de notificación.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
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Demandante: UAE DIAN
Advirtió que la postura asumida por la autoridad demandada desconoce el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado, así como los principios de legalidad, seguridad
jurídica, confianza legítima e igualdad en la aplicación del derecho.
No obstante, en el presente caso la Sala encuentra que la acción de tutela es
improcedente y no resulta pertinente la intervención del juez de tutela, ni siquiera de
manera excepcional, porque el referido proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho está en curso y la demandante ejerció el medio de defensa idóneo y eficaz
para hacer valer el derecho fundamental que aquí invoca como vulnerado.
En efecto, de la revisión del expediente en Samai5 se observa lo siguiente:
• En sentencia del 4 de junio de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo de Cali
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovido por la Organización Empresarial NRC
S.A.
• El 18 de junio de 2025, la demandante en ese proceso interpuso recurso de
apelación contra la anterior decisión.
• En providencia de 8 de julio de 2025, el juzgado concedió el recurso. En
consecuencia, el expediente se remitió al superior.
• Repartido entre los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el despacho sustanciador, en auto de 5 de agosto de 2025,
admitió el recurso de apelación.
• En sentencia de 2 de octubre de 2025, ese tribunal decidió lo siguiente:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia nro. 113 del 4 de junio de 2025 proferida
por el Juzgado Noveno Administrativo de Cali, que resolvió DECLARAR probada
la excepción de caducidad.
SEGUNDO: En su lugar, se ORDENA que el Juez de primera instancia que
proceda a pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de la demanda, para
lo cual deberá otorgarle prelación a este asunto, dado el transcurso del tiempo.
[…]
• Devuelto el expediente al despacho de origen. En providencia de 18 de
noviembre de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo de Cali, en
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, resolvió: (i) fijar el litigio, (ii) tener
como prueba los documentos aportados por las partes y (iii) correr traslado para
las alegaciones finales. En el mismo proveído, anunció que se dictaría
sentencia anticipada.
• Recibidos los alegatos de conclusión de las partes, el juzgador de primera
instancia dictó sentencia de 24 de marzo de 2026, en cuya parte resolutiva
dispuso lo siguiente:
Primero: Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
152412020000008 del 16 de junio de 2020, así como de la Resolución nro.
000584 del 25 de mayo de 2021, “Resolución que resuelve recurso de
reconsideración confirmando liquidación oficial de revisión”, ambas expedidas
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.
Segundo: A título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de la
declaración privada del impuesto de renta y complementarios del año gravable
2016, presentada por la sociedad Organización Empresarial NRC S.A. el día 11
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Se consultó en Samai/Juzgados Administrativos de Cali el proceso con radicado 76001-33-33-009-2022-00026-00. Índices 26
a 49. Y Samai/Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, exp. 76001-33-33-009-2022-00026-01, índices 1 a 20.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07579-01
Demandante: UAE DIAN
de abril de 2017, mediante formulario nro. 1112601353071 y radicado nro.
91000411942118.
Tercero: Sin condena en costas.
• El 14 de abril de 2026, la DIAN interpuso recurso de apelación contra el anterior
fallo.
Esta Sala observa que, en la sentencia de 24 de marzo de 2026, el Juzgado Noveno
Administrativo de Cali, acogió el análisis realizado por el superior en el fallo de 2 de
octubre de 2025. En concreto, tuvo por presentada en tiempo la demanda (1/02/2022)
bajo el entendido de que el 22 de noviembre de 2021 la demandante quedó notificada
por conducta concluyente del acto que decidió el recurso de reconsideración. Y, con
fundamento en esa fecha, concluyó que se configuró el silencio administrativo positivo
al no practicarse la notificación dentro del año siguiente a la interposición del recurso.
La anterior postura fue apelada por la DIAN, precisamente con los argumentos
expuestos en sede de tutela, con los que ataca la sentencia de 2 de octubre de 2025.
En concreto, en ese escrito, entre los cargos planteados, alega que el a quo incurrió
en defecto sustantivo por una indebida interpretación del artículo 565 del ET al exigir
la notificación por aviso, desconociendo que la notificación por edicto es el
procedimiento legalmente previsto y válido para las resoluciones que deciden recursos
de reconsideración cuando no es posible la notificación personal. La DIAN también
advierte que el juzgado se equivocó al tener como válida la notificación por conducta
concluyente.
En virtud de lo anterior, la Sala encuentra que el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho está en curso, pues, como quedó acreditado, el Juzgado Noveno
Administrativo de Cali dictó nuevamente sentencia el 24 de marzo de 2026, en
cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la
providencia de 2 de octubre de 2025, que es la cuestionada en esta oportunidad; y
esa decisión [la de 24 de marzo de 2026] aún no está en firme, pues está pendiente
que el juzgador de primera instancia decida sobre la concesión del recurso de
apelación interpuesto por la DIAN.
Asimismo, concedido el recurso de apelación, el expediente se remitirá al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que como superior deberá pronunciarse sobre su
admisión y, posteriormente, decidir en segunda instancia el asunto; en concreto, si
prosperan o no los cargos dirigidos a demostrar que la DIAN actuó conforme a derecho
al notificar por edicto a la Organización Empresarial NRC S.A., una vez verificada la
imposibilidad de surtir la notificación personal, sin que le fuera exigible acudir
previamente a la notificación por aviso.
De lo expuesto, la Sala encuentra que además de que está en curso el proceso en el
que se dictó la providencia atacada en sede de tutela, la actora (DIAN) ejerció el medio
de defensa judicial para la defensa del derecho al debido proceso aquí invocado, como
lo es el recurso de apelación contra la sentencia de 24 de marzo de 2026, en el que,
como se indicó, expuso en esencia los mismos argumentos de inconformidad traídos
respecto de la sentencia de 2 de octubre de 2025, precisamente porque el punto en
discusión es el mismo.
En los anteriores términos, se concluye que el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que la DIAN actúa como demandada está en curso y está pendiente
de que se conceda el recurso de apelación contra la sentencia de 24 de marzo de
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07579-01
Demandante: UAE DIAN
2026 y, una vez remitido al superior jerárquico, se decidirá la controversia planteada
en segunda instancia.
La anterior consideración es suficiente para reiterar que en este caso no se supera el
requisito general de subsidiariedad. En consecuencia, en el presente caso se impone
confirmar la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por la DIAN, pero por otras razones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada del 29 de enero de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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