Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07582-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07582-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07582-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de enero de 2026
Demandante: Ana Luisa Ardila de Pinilla
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07582-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07582-00
Demandante: ANA LUISA ARDILA DE PINILLA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C Y OTROS
Tema: Tutela por presunta vulneración de derechos fundamentales y
mora judicial Declara improcedente por contar con otros medios,
declara carencia actual de objeto por hecho superado y niega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide el mecanismo constitucional de la referencia de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Ana Luisa Ardila de Pinilla, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Instituto
Nacional de Vías (en adelante Invias), con el fin de reclamar el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Lo anterior, con ocasión de la presunta mora judicial presentada en los siguientes
procesos: i) ejecutivo identificado con el radicado 25000-23-26-000-1999-02008-02,
tramitado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y, ii) controversias contractuales identificado con el radicado 25000-
23-36-000-2024-00267-01, tramitado en segunda instancia por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C. Asimismo, solicitó que el Invias pagara el
valor actualizado del inmueble a su favor.
1 Radicada el 27 de noviembre de 2025.
1
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Demandante: Ana Luisa Ardila de Pinilla
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
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1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
(…)
1. Ordenar al INVIAS a pagar el valor actualizado del inmueble a favor de la
demandante con miras a la correcta indemnización de la demandante.
2. Tramitar los procesos judiciales 25000232600019990200802 y
25000233600020240026701 de forma ágil y expedita, de acuerdo con la condición de
salud y el estado de protección que requiere la demandante. (…)”
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Hernando Pinilla Pacheco presentó demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra el Invias, en la cual se expuso como pretensión
la solicitud de indemnización por los daños causados por la ocupación sobre su
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N -203244162.
Esta demanda correspondió al Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B3 que, mediante sentencia del 9 de
abril de 2002, declaró de oficio la excepción de ineptitud de la demanda por
improcedencia de la acción y denegó las pretensiones formuladas por el actor al
considerar que debió interponer la acción de controversias contractuales.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B mediante providencia del 17
de noviembre de 2017 revocó la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B del 9 de abril de 2002, y declaró
patrimonial y extracontractualmente responsable a Invias por los perjuicios
causados al señor Hernando Pinilla Pacheco en razón a la ocupación permanente
de una franja de su inmueble.
Como consecuencia de lo anterior, condenó a Invias al resarcimiento de los
perjuicios causados a título de daño emergente y lucro cesante, y señaló que los
mismos se liquidarían mediante incidente.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
mediante providencia del 25 de abril de 2018, resolvió el incidente de regulación de
perjuicios y condenó a Invias a pagar las siguientes sumas de dinero a) por concepto
2 Como fundamento se señaló que el 15 de enero de 1999 se hizo entrega material de franja de
terreno para la construcción de una vía y se acordó el precio de acuerdo con lo establecido en el
avaluó que realizaría Fedelonjas. Valor que fue desconocido porque desde esa fecha fue ocupado.
3 radicado 25000-23-26-000-1999-02008-00
2
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Demandante: Ana Luisa Ardila de Pinilla
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
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de daño emergente $368.835.702 y b) por concepto de lucro cesante $424.161.058
y reconoció a la señora Ana Luisa Ardila de Pinilla como sucesora procesal del señor
Hernando Pinilla Pacheco.
El incidente de liquidación de la condena fue modificado por el Consejo de Estado
el 22 de agosto de 2019, de la siguiente forma:
«PRIMERO: En cumplimiento al numeral segundo de la Sentencia de 17 de
noviembre de 2017, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, condenar al Instituto Nacional de Vías a pagar las siguientes sumas de
dinero:
Por concepto de daño emergente, la suma de $ 40.504.970,59 m/cte.
Por concepto de lucro cesante, la suma de $18.106.078,34 m/cte.»
1.3.1. Ejecutivo conexo radicado 25000-23-26-000-1999-02008-02
La señora Ana Luisa Ardila de Pinilla presentó demanda ejecutiva el 11 de agosto
de 2023 y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B el 9 de noviembre de 2023 libró mandamiento de pago, el 14 de
noviembre de 2023 decretó medidas cautelares y el 16 de diciembre de 2025 fijó
fecha de audiencia inicial4 para el 24 de febrero de 2026. Decisión que fue notificada
a las partes por correo electrónico enviado el 18 de diciembre de 2025 y por estado
el 19 siguiente.
1.3.2. Medio de control de controversias contractuales radicado 25000-23-36-
000-2024-00267-01
De igual manera, la tutelante interpuso demanda en ejercicio del medio de control
de controversias contractuales5, en la que solicitó como pretensión la declaración
de la inexistencia o la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado entre
el Invias y el señor Hernando Pinilla Pacheco, como consecuencia de la ausencia
de consentimiento y objeto contractual y falta del cumplimiento de las solemnidades
contractuales.
Esta demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A que, mediante providencia del 12 de septiembre de 2024,
4 Fija fecha audiencia inicial especial Art. 372 CGP.
5 Radicada el 17 de mayo de 2024
3
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inadmitió la demanda y posteriormente la rechazó el 30 de septiembre de 2024, al
considerar que se encontraba configurada la cosa juzgada 6y caducidad7.
El 7 de octubre del 2024, la parte demandante solicitó adicionar la providencia que
rechazó la demanda, en el sentido de que la Sala se pronuncie sobre las
pretensiones subsidiarias y su condena, solicitud que fue negada a través de
providencia del 14 de noviembre de 2024.
El 22 de noviembre de 2024, presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación en contra del auto que rechazó la demanda y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A mediante providencia del 20 de
agosto de 2025 repuso tal decisión en el sentido de indicar que el rechazo fue
únicamente por la causal de caducidad y, concedió el recurso de apelación.
El 2 de septiembre de 2025 se remitió el expediente al Consejo de Estado, Sección
Tercera y se recibió el 14 de octubre de 2025 para decidir el recurso de apelación
contra el auto que rechazó la demanda.
1.4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora consideró que desde el año 1999 las autoridades judiciales
accionadas han desconocido sus garantías constitucionales toda vez que las
acciones jurídicas interpuestas han sido ineficaces para el logro de su reparación.
Indicó que presenta serios problemas de salud y requiere del pago de la
indemnización para poder atender todos sus problemas financieros.
Señaló que el señor Hernando Pinilla Pacheco falleció a la espera de una
reparación, y la demandante teme a no ser reparada al ser adulta mayor, puesto
que tiene 83 años y está en riesgo su vida, por la enfermedad que padece.
6 […] la Sala encontró configurada la cosa juzgada pues la controversia se dio entre el propietario
del predio para obtener el pago del valor del inmueble y la indemnización por los perjuicios derivados
de la ocupación realizada por el INVIAS (identidad de objeto) por la negociación realizada entre esas
partes para definir el precio del predio afectado, hechos que ocurrieron entre el 15 de enero y el 23
de junio de 1999 (identidad de causa).
7 […]De aceptarse que la controversia es de naturaleza contractual porque la demandante acusa la
nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado entre el INVIAS y el anterior propietario del
predio, entonces el término para contabilizar la caducidad corrió desde cuando el INVIAS se negó a
pagar el precio del inmueble que se determinó por parte de FEDELONJAS el 8 de junio de 1999.
[…]
Por las mismas razones, tampoco se podría afirmar que la fecha cierta para contabilizar la caducidad
inicia con la ejecutoria de la providencia del Consejo de Estado que modificó la liquidación de la
condena, notificada por estado el 3 de septiembre de 2019 (índice No. 11 de Samai). Esa hipótesis
no sería lógica porque la conciliación prejudicial fue radicada el 11 de marzo de 2024, cuando el
término de los 2 años ya estaba vencido[…]
4
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1.5. Trámite de la acción de tutela
La magistrada ponente de la decisión admitió la acción de tutela de la referencia
mediante providencia el 5 de diciembre de 2025, ordenó notificar8 a la tutelante9, al
Magistrado Franklin Pérez Camargo del Tribunal Administrativo del Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B10, así como al Magistrado William Edgardo Barrera
Muñoz del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C11 y, al Instituto
Nacional de Vías12 como accionados.
1.6 Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Instituto Nacional de Vías- Invias 13
El apoderado judicial de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela, toda vez que la parte actora pretende reemplazar los medios
judiciales ordinarios y forzar un resultado favorable en los procesos en trámite, lo
cual desconoce el principio de subsidiariedad.
Indicó que no existe vulneración de derechos fundamentales atribuibles al Invias.
Precisó que se desconoce la legitimación sustancial de la señora Ana Luisa Ardila
de Pinilla, por las siguientes razones: 1) La condena fue reconocida a favor del señor
Hernando Pinilla Pacheco (Q.E.P.D.), no a favor de la accionante. 2) La figura de la
sucesión procesal únicamente habilita la continuación del proceso, pero no acredita
la titularidad del derecho patrimonial.
Expuso que la controversia es estrictamente patrimonial y procesal, no
constitucional.
8 Índice 07 Samai
9 Notificación al correo electrónico cristianfernandonino@hotmail.com
10 Notificación a los correos electrónico scs03sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co
11 ecarvajalg@consejodeestado.gov.co sbedoya@consejodeestado.gov.co
notiftutelas3@consejodeestado.gov.co ces3secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co
despacho303@consejodeestado.gov.co jcelyc@consejodeestado.gov.co
wbarreram@consejodeestado.gov.co mrodriguezd@consejodeestado.gov.co
spcalderon@consejodeestado.gov.co notifnyepes@consejodeestado.gov.co
lfaciolinceb@consejodeestado.gov.co ncardenasa@consejodeestado.gov.co
notifapolidura@consejodeestado.gov.co mcorredors@consejodeestado.gov.co
malvarezr@consejodeestado.gov.co
12 Notificación a los correos electrónicos atencionciudadano@invias.gov.co
njudiciales@invias.gov.co impedimentosyrecusaciones@invias.gov.co
13 Índice 010 Aplicativo Samai
5
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1.6.2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C 14
El magistrado ponente de la segunda instancia del medio de control de
controversias contractuales, señaló que el 14 de octubre de 2025, el proceso fue
recibido en la Corporación y el 17 de octubre de 2025, ingresó a ese Despacho para
resolver el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda.
Refirió que la parte demandante no ha solicitado impulso procesal ni tampoco usó
algún mecanismo que diera cuenta de una situación especial que implique una
«prelación para el asunto».
Explicó que ese Despacho para la elaboración de sus providencias, ha tenido en
cuenta la fecha de ingreso del proceso y el turno estricto con que deben ser
atendidos los asuntos, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
Así mismo, expresó que los presupuestos de la configuración de la mora judicial en
el caso concreto, no se reúnen, en la medida en que no se ha cumplido siquiera el
primero de ellos, el transcurso de un tiempo prolongado o irrazonable entre la
radicación del asunto y la alegación de la supuesta mora. En efecto, se insiste en
que el asunto se repartió al Despacho el 17 de octubre de 2025, lapso que no puede
considerarse desmedido o negligente para la decisión del proceso.
Adicionó que no se acreditó ninguno de los escenarios contemplados en el artículo
6 del Decreto 2591 d 1991, respecto al requisito de subsidiaridad de la acción de
tutela, toda vez que (i) existen recursos u otros medios de defensa judicial, pero
carecen de eficacia para proteger los derechos fundamentales invocados, o (ii) para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, como fue referido por la Corte
Constitucional en sentencia de unificación No.772/2014
1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B
La secretaria de la subsección compartió el expediente digital 25000-23-26-000-
1999-02008-02. Sin embargo, el magistrado notificado no emitió pronunciamiento
respecto el asunto de la tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela del asunto, presentada
por la señora Ana Luisa Ardila de Pinilla en los términos del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
14 Índice 011 Aplicativo Samai
6
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2.2. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala decidir si ampara o no los derechos fundamentales
invocados por la señora Ana Luisa Ardila de Pinilla, para lo cual deberá resolver los
siguientes problemas jurídicos:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C han vulnerado los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
invocados por la accionante al haberse incurrido en mora judicial injustificada dentro
de los procesos judiciales identificados así: ejecutivo con radicado 25000-23-26-
000-1999-02008-02, y controversias contractuales con radicado 25000-23-36-000-
2024-00267-01, respectivamente.
Invias ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la parte actora al no
pagarle el valor actualizado del inmueble a favor de la tutelante.
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
la naturaleza de la acción de tutela, (ii) las generalidades de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, (iii) carencia actual de objeto y
(iv) la mora judicial justificada, y (v) el análisis del caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable15.
2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución16, del derecho fundamental al
15 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
16 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
7
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debido proceso17 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia18.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»19.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de
los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador
acerca de los hechos materia de su decisión […]»20.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta
rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”21, y de otro
lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas
las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que
no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra
la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»22.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia23 y con sustento en los principios de
17 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
18 Sentencia T-006 de 1992.
19 Sentencia T-476 de 1998.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
21 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
22 Ibídem.
23 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
8
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celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de
las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]»24.
2.5. De la carencia actual de objeto
La Sala ha explicado en varias ocasiones25 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.
No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos:
(i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente.
Al respecto, la alta corporación, en la sentencia T-481 del 201626, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional.
24 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
25 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido
9
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desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras:
(i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente27.
Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido
que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.28
En palabras de la Corte Constitucional, la «(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto
es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto,
(i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda
27 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
28 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, la accionada ha dejado de desconocer».”29
En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese Tribunal.30
En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte
Constitucional:
En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para
Corte en sede de Revisión,31 incluir en la argumentación de su fallo el análisis
sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda.
Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir
observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la
tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so
pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.32 Según la jurisprudencia de
la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial
incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es
decir que se demuestre el hecho superado33”.34 (Negrita y subrayado fuera de texto).
29 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido.
30 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
31 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual
se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita».
32 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
33 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
34 «Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
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Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:
Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones
u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción
de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por
parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se
encuentra en riesgo35.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el
estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede
de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya
protección se solicita36, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda
conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 199137 y determinar si, con atención de
las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los
derechos conculcados38. Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre
los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó
la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no
repetición39; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección objetiva40”.41
(Negrita y subrayado fuera del texto)
El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de
la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal Constitucional: «la
segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de
la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño
o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no
es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto».42
Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
35 «Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
36 «Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
37 «ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado
los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún
caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que,
si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere
incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado
para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
38 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
39 «Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
40 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
41 «Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
42 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
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La citada corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para
declarar la carencia actual de objeto:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el
vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada.43 (Negrita y subrayado fuera del texto).
2.6. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes.44
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»45.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.
43 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
44 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
45 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial46, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un
proceso
2.7. Caso en concreto
Como punto de partida, al revisar el histórico de las actuaciones surtidas en los
procesos advertidos por la accionante con radicados 25000-23-26-000-1999-02008-
02, y 25000-23-36-000-2024-00267-01, se tiene lo siguiente:
2.7.1. Proceso Ejecutivo radicado 25000-23-26-000-1999-02008-02
Como se advierte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, mediante providencia del 16 de diciembre de 202547 fijó fecha de
audiencia inicial especial para el 24 de febrero de 2026. Esta última decisión fue
notificada a las partes por correo electrónico enviado el 18 de diciembre de 2025 y
por estado el 19 siguiente.48
Por consiguiente, esta Sala de Decisión encuentra que se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado, toda vez que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B profirió auto el 16 de diciembre de
2025 mediante el cual fijó fecha para audiencia inicial, actuación que se registró en
el sistema y se notificó a las partes el 18 siguiente en la forma prevista en la ley,
encontrándose en curso el mecanismo constitucional de la referencia.
46 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
47 Índice 047 Sami
48 Índices 049 y 050 Samai
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2.7.2. Medio de control de controversias contractuales radicado 25000-23-36-
000-2024-00267-01
El 2 de septiembre de 2025 se remitió el expediente al Consejo de Estado, Sección
Tercera y se recibió el 14 de octubre de 2025 para decidir el recurso de apelación
contra el auto que rechazó la demanda. Situación de la cual, no se puede predicar
que se ha generado una mora judicial y un retardo excesivo, puesto que en dichas
diligencias de remisión del expediente transcurrió un mes y doce días.
De lo expuesto, la Sala encuentra demostrado que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C no ha actuado de manera negligente, por lo contrario, recibió
el expediente que le fue remitido, procurando imprimir el trámite de rigor al asunto.
La mora judicial como causal de procedencia de la acción de tutela no tiene sustento
de un mero análisis objetivo de los términos procesales, sino que es necesario que
el juez constitucional verifique las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
rodean la posible mora en la adopción de una decisión por parte de la autoridad
convocada.
El mero incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo una violación al
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. Para la Corte
Constitucional, la dilación de los plazos puede estar justificada por razones
probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar
oportunamente la decisión49.
2.7.3. De la pretensión contra Invias
Ahora, en cuanto a la pretensión de la parte actora contra Invias consistente en que
dicha entidad le pague el valor actualizado del inmueble a su favor50, es pertinente
precisar que la acción de tutela no es el mecanismo pertinente para solicitarlo y
resulta improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, conforme a
49 Sentencia T-099 de 2021. Magistrado sustanciador JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
50 […]Ordenar al INVIAS a pagar el valor actualizado del inmueble a favor de la demandante con
miras a la correcta indemnización de la demandante. […]
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lo dispuesto en el numeral 151 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que
la señora Ana Luisa Ardila de Pinilla instauró el proceso ejecutivo identificado con
radicado 25000-23-26-000-1999-02008-0252 en el cual solicitó ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que se ordenara
el pago de la condena contra Invias, referido anteriormente, el , el cual sigue en
curso y su última actuación data del 16 de diciembre de 2025 mediante la cual se
fijó fecha de audiencia inicial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela interpuesta por la señora Ana Luisa Ardila de
Pinilla con relación a los reparos de la mora judicial injustificada contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones
expuestas en esta providencia
SEGUNDO NEGAR la acción de tutela interpuesta por la señora Ana Luisa Ardila
de Pinilla con relación a la mora judicial injustificada contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con los argumentos señalados.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el mecanismo constitucional de la
referencia instaurado por la señora Ana Luisa Ardila de Pinilla con relación a la
pretensión dirigida contra el Instituto Nacional de Vías- Invias, por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad, conforme a lo señalado anteriormente.
CUARTO NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento que no sea impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
51 Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante
52 Solicitó el pato de la condena contenida en la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2016,
proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Tercera y Subsección B y el
incidente de regulación de perjuicios
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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