Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07586-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07586-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07586-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
5 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07586-00
Demandante: Jhon Jair Segura Toloza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 5 de febrero de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07586-00
Demandante: JHON JAIR SEGURA TOLOZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Mora judicial en proceso de reparación directa. Medidas cautelares de
protección a la vida e integridad personal.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jhon Jair Segura Toloza contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 26 de noviembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el
señor Jhon Jair Segura Toloza pidió la protección de sus derechos fundamentales a la
vida e integridad personal.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a la tardanza del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en resolver sobre una medida cautelar
solicitada en el proceso de reparación directa con radicado 76001-23-33-000-2025-
00760-00, relacionada con la adopción de medidas de seguridad, debido a que recibe
amenazas por la actividad política que ejerce.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Sírvase usted señor juez como MEDIDA PROVISIONAL ordenar a la UNIDAD NACIONAL DE
PROTECCION que en un término no mayor a 8 hora ajuste la seguridad del señor JHON JAIR SEGURA
TOLOZA a 3 vehículos blindados 3 conductores 6 unidades de escoltas mientras se resuelve esta tutela
de fondo esto para evitar daños irremediable los señores escoltas deberán hacer sus acompañamientos
en las giras que tiene programadas en candidatos ya que las mismas fueron suspendida por los hechos
narrados en la tutela las que continua el 26 de noviembre.
Sírvase usted honorable juez como PRETENSIONES DIFINITIVAS ordenar a la UNIDAD NACIONAL
DE PROTECCION mantener esta medida provisional por un término de 90 días mientras se resuelva la
demanda de REPARACION DIRECTA teniendo en cuenta los nuevos hechos y si es posible dentro de
los 90 días realizar un estudio de riesgo al señor SEGURA TOLOZA y tener en cuenta todos los hechos.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El actor manifestó que promovió demanda de reparación directa contra la Unidad
Nacional de Protección y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los daños
causados con el incumplimiento de las sentencias dictadas en la acción de tutela con
radicado 76001-23-33-000-2025-00392-00/01.
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Demandante: Jhon Jair Segura Toloza
Con la demanda solicitó que se decretara como medida cautelar que se ordenara a la
Unidad Nacional de Protección que le otorgara 3 vehículos blindados, 3 conductores y 6
unidades de escoltas.
La demanda se adelanta bajo el radicado 76001-23-33-000-2025-00760-00 ante el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
El 5 de noviembre de 2025, los magistrados Bertha Lucy Ceballos Posada, Katia
Alexandra Domínguez Garcés y Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas del mencionado
tribunal manifestaron encontrarse impedidos para decidir la demanda de reparación
directa.
El 11 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Primera,
declaró fundado el impedimento manifestado por la magistrada Domínguez Garcés,
declaró infundadas las manifestaciones de impedimento de los otros dos magistrados y
ordenó remitir el asunto a la Sala Quinta de Decisión de esa Corporación para lo de su
cargo.
El 18 de noviembre de 2025, el demandante presentó memorial de impulso procesal
respecto de la medida cautelar pretendida.
4. Fundamentos de la acción de tutela
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora alegó que es candidato a la presidencia de
la República de Colombia. Que el 20 de noviembre de 2025, a las 8 de la mañana, cuando
se encontraba en el municipio de Iscuandé, vereda Los Caimanes, fue abordado por 12
sujetos que se identificaron como guerrilleros y desarmaron a sus dos escoltas.
Que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, la autoridad judicial demandada
no se había pronunciado sobre la solicitud de medida cautelar, con lo que se ponen en
riesgo sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal.
5. Trámite procesal
El 5 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras
cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al director de la Unidad Nacional de Protección y al
fiscal general de la Nación, y en calidad de tercero con interés a la directora ejecutiva de
administración judicial.
Adicionalmente, decretó como medida provisional, ordenar al director de la Unidad
Nacional de Protección que de manera inmediata adelantara las actuaciones pertinentes
para evaluar la situación de seguridad del demandante y, de ser necesario, adoptara las
medidas de protección pertinentes, conforme con el Decreto 1139 de 2021.
En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 9 de diciembre de
2025.
6. Intervenciones
El magistrado Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas, del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, señaló que el proceso de reparación directa con radicado 76001-23-33-000-
2025-00760-00 se encuentra pendiente de estudio y de decisión correspondiente.
Que si bien los medios de control tramitados en la jurisdicción contenciosa - administrativa
no cuentan con términos procesales estrictos, el análisis del asunto debía tener en cuenta
que la sustanciación de los procesos se rige, entre otros, por criterios cronológicos.
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Demandante: Jhon Jair Segura Toloza
Que el actor ha presentado múltiples acciones de tutelas con la finalidad de que se
ordenara la ampliación de su esquema de seguridad, lo que, a su juicio, evidencia un uso
desleal y abusivo del mecanismo constitucional.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó que se ordenara su desvinculación y que se denegaran las
pretensiones de la demandada.
Dijo que no era la llamada a responder por las pretensiones del actor, porque la solicitud
de amparo estaba relacionada con una presunta mora judicial en resolver una solicitud
de medidas cautelares. Que no existía vulneración de los derechos fundamentales
reclamados.
La Unidad Nacional de Protección pidió: i) que se declarara improcedente la acción de
tutela y que se incurrió en temeridad, ii) disponer las medidas sancionatorias a que haya
lugar, iii) que se declarara que el actor incurrió en el delito de fraude a resolución judicial,
iv) que se condenara en costas al tutelante y, iv) instar al señor Segura Toloza para que
acuda a su EPS para que le brinde servicios de psicología y/o psiquiatría.
Respecto de la medida provisional decretada, informó que, a través de la comunicación
interna MEM-2025-00068872 del 9 de diciembre de 2025, trasladó la orden a la
subdirección de evaluación de riesgo, para que realizara la gestión correspondiente.
Que la subdirección de evaluación había informado que el análisis del caso del actor
correspondía al Comité CORMPE, que era la autoridad competente para determinar las
medidas de protección aplicables a los candidatos en procesos electorales.
Que el CORMPE el 26 de junio de 2025, había ratificado las siguientes medidas de
protección para el tutelante, a saber, un vehículo blindado, dos hombres de protección,
un medio de comunicación y un chaleco blindado. Que esas medidas fueron ordenadas
en la Resolución 5172 del 30 de julio de 2019, que se expidió en cumplimiento de una
orden judicial del 12 de julio de ese mismo año.
Con relación al estudio de evaluación de riesgo, en favor del señor Segura Toloza sostuvo
que se le asignó la orden de trabajo OT-722200, con la que se dio inicio al procedimiento
de evaluación del nivel de riesgo dentro de la ruta de protección individual, que adelanta
el cuerpo técnico de análisis de riesgo.
Que en razón de esa orden de trabajo se contactó al actor vía telefónica y se fijó fecha
para realizar entrevista. Que el actor tenía pleno conocimiento del proceso de evaluación
que se encuentra en curso, lo que constituía el cumplimiento de la medida provisional.
Que el demandante pretende desconocer el procedimiento legalmente establecido para
la valoración del riesgo e inducir a error al juzgador, al señalar un presunto
incumplimiento.
Que en la actualidad el señor Toloza cuenta con un esquema de protección robusto y
ajustado a su perfil de riesgo.
Que, en razón a la orden de trabajo OT-722200, el actor presentó un memorial en el que
recusaba al director general de esa entidad, por una presunta enemistad. Que, por lo
anterior, el director general pidió al Ministerio del Interior que designara un director ad
hoc que estudiara el caso del señor Toloza, que, sin embargo, el nombrado ministerio
informó que no podía designar un funcionario ad hoc y trasladó la petición al presidente
de la República, quien a la fecha no se había pronunciado.
Que, sin embargo, el trámite del caso del actor se encuentra ante el Comité de Evaluación
del Riesgo y Recomendación de Medidas, instancia competente para validar el resultado
del estudio técnico y determinar las medidas de protección correspondientes, de
conformidad con el nivel de riesgo establecido para el accionante.
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Demandante: Jhon Jair Segura Toloza
Que en la actualidad al señor Toloza se le han realizado 6 estudios de riesgos, que han
dado como resultado que se encuentra en <<RIESGO ORDINARIO>>. Que lo pretendido
por el actor es que se le otorgue esquema de seguridad tipo 4, pero que para ello el riesgo
debía ser extraordinario y/o extremo, situación que no ocurría con el tutelante.
Que la acción de tutela de la referencia era temeraria porque el actor había instaurado la
acción constitucional con radicado 760013109023-2025-00168-00 con identidad de
partes, causa y objeto. Que, además, había presentado otras acciones de tutela en las
que pide que se incremente su esquema de seguridad: 76001-22-05-000-2025-00290-
00, 76001-23-33-000-2025-00392-00, 76001-23-33-000-2025-00569-00, 76001-23-33-
000-2025-00574-00, 76001-23-33-000-2025-00543-00, 76001-23-33-000-2025-00532-
00, entre otras.
Dijo que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Que se incumplía el
requisito de subsidiariedad, debido a que el actor cuenta con un procedimiento ordinario
ante esa entidad para pedir la protección de los derechos reclamados y, finalmente,
señaló que la información contenida en el informe de tutela goza de reserva legal.
II. CONSIDERACIONES
1. Sobre la temeridad
El artículo 381 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación es temeraria cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales. También señala que,
en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o decidirán desfavorablemente.
Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en la
indebida utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe (i)
identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en
cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma persona o su representante; (iii)
identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción. Así lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional 2, que a la letra dice:
(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona
natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma
persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales;
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo
de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa;
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma
pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental;
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los
tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez
constitucional tiene la obligación, a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo
proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido quepermita convalidar la
duplicidad en el ejercicio del derecho de acción.
Ahora bien, la Sala advierte que la acción de tutela con radicado 76001-31-09-023-2025-
00168-00 no comparte identidad de partes con la acción constitucional de la referencia,
puesto que, en esa solicitud de amparo, se demandó a la Unidad Nacional de Protección
y la Fiscalía General de la Nación.
1 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por
dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar.
2 Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.
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2. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional3 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la presunta tardanza en la incurrió el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en resolver sobre una medida cautelar
solicitada en el proceso de reparación directa con radicado 76001-23-33-000-2025-
00760-00 y si se debe ordenar o no que se incremente su esquema de seguridad en los
términos pedidos por el tutelante.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura pidió su desvinculación, al considerar que no es la entidad llamada a
responder por las pretensiones del actor. No obstante, la vinculación de esa autoridad no
fue como parte demandada, sino en calidad de tercera con interés.
En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.
3. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Jhon Jair Segura Toloza para proteger sus derechos fundamentales a la vida e integridad
personal, presuntamente vulnerados con ocasión a la tardanza del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en resolver sobre una medida cautelar solicitada en el
proceso de reparación directa con radicado 76001-23-33-000-2025-00760-00,
relacionadas con la adopción de medidas de seguridad, debido a que recibe amenazas
por la actividad política que ejerce.
La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la acción de tutela porque no ha
transcurrido un tiempo desproporcionado desde el paso al despacho y porque, en todo
caso, el actor cuenta con un esquema de seguridad acorde al riesgo que le fue
determinado por la autoridad competente.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii), sobre la mora judicial, y finalmente, (iii) análisis del caso
concreto.
4. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
3
Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
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existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
5. Sobre la mora judicial
La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por
parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes
presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la
actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y
(iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez4.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada
mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los
plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones
estructurales, como la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica en
los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal
punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o
no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los
medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial
solo estará justificada cuando:
o Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
o Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral
u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que
se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite 5.
6. Análisis del caso concreto
En el sub-lite, la Sala advierte de los confusos argumentos presentados en el escrito de
tutela que el señor Jhon Jair Segura Toloza alega que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca incurre en mora judicial injustificada, pues no ha resuelto sobre la medida
cautelar solicitada en el proceso de reparación directa con radicado 76001-23-33-000-
4 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018
y T-441 de 2020.
5 La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al
plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad del asunto; b)
la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs Italia, sentencia de
19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso Genie Lacayo Vs
Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).
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recibe amenazas por la actividad política que ejerce.
La Sala verificó el expediente digital del proceso de reparación directa y encontró lo
siguiente:
• El 5 de noviembre de 2025, el señor Jhon Jair Segura Toloza presentó demanda de reparación
directa contra la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de la Rama Judicial, por los daños causados con el incumplimiento de las sentencias dictadas en
la acción de tutela con radicado 76001-23-33-000-2025-00392-00/01.
• Con la demanda solicitó que se decretara como medida cautelar que se ordenara a la Unidad
Nacional de Protección que le otorgara 3 vehículos blindados, 3 conductores y 6 unidades de
escoltas.
• La demanda se adelanta bajo el radicado 76001-23-33-000-2025-00760-00 y correspondió al
despacho 015 de la magistrada Katia Alexandra Domínguez Garces del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
• Ese mismo día, los magistrados Bertha Lucy Ceballos Posada, Katia Alexandra Domínguez Garcés
y Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas manifestaron encontrarse impedidos para conocer sobre el
asunto.
• El 6 de noviembre de 2025, el demandante presentó memorial de adición de la demanda.
• El 11 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Primera, declaró
fundado el impedimento manifestado por la magistrada Domínguez Garcés, declaró infundadas las
manifestaciones de impedimento de los otros dos magistrados y ordenó remitir el asunto a la Sala
Quinta de Decisión de esa Corporación para lo de su cargo.
• El 18 y el 24 de noviembre de 2025, el demandante presentó memorial de impulso procesal
respecto de la medida cautelar pretendida.
• El 18 de noviembre de 2025, el expediente ingresó al despacho del magistrado Gabriel Ernesto
Figueroa Bastidas para lo de su cargo.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que, si bien el expediente 76001-23-33-000-2025-
00760-00 ingresó el 18 de noviembre de 2025 al despacho para dictar la providencia que
resuelva sobre la admisión y la medida cautelar y no se ha proferido decisión al respecto,
ello no constituye una mora judicial injustificada atribuible al magistrado que tiene a cargo
ese expediente, pues, como se vio, asumió como ponente el mismo 18 de noviembre de
2025.
Además, desde que el expediente ingresó al despachohasta la fecha de presentación de
esta acción de tutela, transcurrieron solo 8 días, que no constituyen un plazo
desproporcionado si se tiene en cuenta la carga laboral de los despachos que pertenecen
a la Rama Judicial.
Dicha carga laboral considerable se relaciona con los problemas estructurales en el
sistema judicial, que ocasionan represamiento en los despachos judiciales, el cual
imposibilita cumplir de manera estricta los términos procesales 6.
En ese orden de ideas, la Sala no advierte que en el proceso de reparación directa con
radicado 76001-23-33-000-2025-00760-00, acontezca una tardanza injustificada por
parte del tribunal demandado, lo que impide acceder al amparo solicitado, conforme a la
jurisprudencia constitucional, que sobre el particular ha señalado: «[…] si bien la
administración de justicia debe ser pronta […] no todo retardo en la adopción de una decisión
judicial genera per se una infracción a la Constitución. Para que esto ocurra debe probarse que
la dilación injustificada tuvo origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en el
cumplimiento de sus deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable […]» 7,
Adicionalmente, se trata de un proceso judicial en curso, en el cual no se ha proferido
una decisión definitiva, por lo que no le es dable al juez constitucional entrometerse en la
órbita propia del juez natural del asunto.
La Corte Constitucional ha señalado que las etapas, recursos y procedimiento que
conforman un proceso configuran el primer espacio de protección de los derechos
6 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7 Corte Constitucional, sentencia T-052 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
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Demandante: Jhon Jair Segura Toloza
fundamentales; por ejemplo, en la sentencia SU-458 de 2010, señaló que las
controversias relacionadas con derechos fundamentales deben ser resueltas, en
principio, por la vía ordinaria y que solo en casos excepcionales se puede acudir a la
acción de tutela.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela.
La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho 8:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio y como respuesta que armonice con las-particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela. Máxime si
se tiene en cuenta que, de acuerdo con la información suministrada por la Unidad
Nacional de Protección, el señor Jhon Jair Segura Toloza cuenta con un esquema de
seguridad conformado por un vehículo blindado, dos hombres de protección, un medio
de comunicación y un chaleco blindado.
Que la Unidad Nacional de Protección, a través de la comunicación interna MEM-2025-
00068872 del 9 de diciembre de 2025, trasladó la orden impartida en la medida
provisional decretada en esta acción constitucional a la subdirección de evaluación de
riesgo, para que se realizaran las correspondientes acciones para que se determinara si
resulta necesario o no modificar el esquema de seguridad con el que cuenta el señor
Segura Toloza.
Por otro lado, y respecto a las peticiones realizadas por la Unidad Nacional de Protección,
relacionadas con que se ordenen sanciones, se condene en costas y se declare que el
actor incurrió en fraude a resolución judicial, la Sala advierte que la acción de tutela tiene
como objetivo principal proteger derechos fundamentales, de modo que la condena en
costas, en este caso, solo sería procedente si el accionante hubiese incurrido en
temeridad, de acuerdo con el artículo 25 del Decreto 2591 de 19919. Al respecto, la Corte
Constitucional ha dicho10:
8 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.
9 ARTÍCULO 25. INDEMNIZACIONES Y COSTAS. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la
violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo
dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela, el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar
en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del
derecho, así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis
meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la
actuación.
La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si se considera que ha
mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles
o penales en que haya incurrido.
Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare
fundadamente que incurrió en temeridad.
10 Sentencia T.032 del 2 de febrero de 1994.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07586-00
Demandante: Jhon Jair Segura Toloza
La condena en costas, tal como aparece descrita en el inciso final del artículo anterior, se aplica cuando
"fundadamente" se estime que el petente de la tutela incurrió en temeridad. El legislador exigió esa
calificación por cuanto, dada la naturaleza informal y expedita de la acción de tutela, puede suceder que
una persona no conocedora de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la tutela
presente su solicitud e incurra en algún error, pero si esto ocurre sin temeridad, no sería viable la
imposición de la condena en costas.
En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para denegar las pretensiones
de la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Jhon Jair
Segura Toloza, conforme a lo expuesto en esta providencia.
3. Levantar la medida provisional ordenada en el auto admisorio de esta acción
constitucional.
4. Por Secretaría, límitese el acceso a los documentos y al informe rendido por la Unidad
Nacional de Protección.
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
7. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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