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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07593-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07593-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación propuestas por el distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena. SEGUNDO: Deniégase el amparo presentado por la corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club por lo indicado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07593-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

22 de enero de 2026

Demandante: Corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07593-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07593-00
Demandante: CORPORACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO REPULIKA DIVANGA
SOCIAL CLUB
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Mora judicial. Niega amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y desarrollada en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Dominique Lucie Françoise Lacaf, en su calidad de representante legal de
la corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club, interpuso acción de
amparo contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, junto con el «principio de celeridad judicial»

La parte actora consideró vulneradas tales garantías con ocasión de la presunta mora
judicial en la que ha incurrido dicha autoridad, puesto que no se ha emitido sentencia
en el medio de control de nulidad simple, identificado con el radicado 11001-03-24-
000-2018-00194-00, instaurado contra el distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta, el Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental
(DADSA) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en el cual se
pretende la declaratoria de nulidad de ciertos actos administrativos expedidos por
tales entidades.

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

1

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Demandante: Corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07593-00

1. Que se declare que la Sección Primera del Consejo de Estado ha vulnerado mis
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia y al principio
de celeridad judicial, al mantener por un tiempo irrazonable el expediente
11001032400020180019400 sin decisión de fondo.

2. Que se ordene al despacho de la Sección Primera proferir sentencia de fondo, o
el auto que corresponda, en un término razonable y perentorio, no superior a
diez (10) días hábiles, salvo que exista causa legal clara y debidamente motivada
que lo impida.1

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por la corporación sin ánimo de lucro Republika
Divanga Social Club se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La parte actora afirmó que instauró medio de control de nulidad simple en contra de
las resoluciones 028 de 2007 y 142 de 2010, expedidas por el Departamento
Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), al igual que contra la
178 de 2018, expedida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),
relacionadas con la licencia ambiental concedida para un proyecto portuario en la
Bahía de Taganga, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Primera del
Consejo de Estado, siendo identificado con el radicado 11001-03-24-000-2018-
00194-00.

Puntualizó que, el 20 de enero de 2025, presentó alegatos de conclusión, tal como
consta en auto secretarial del siguiente 27 de enero, mediante el cual se registra la
recepción en tiempo de los alegatos, y se indica la extemporaneidad de un escrito
presentado posteriormente, el cual fue rechazado sin afectar el trámite principal.
Señaló que, en consecuencia, el expediente contentivo del asunto antes mencionado
se encuentra al despacho para fallo desde esa fecha.

Narró que, el 24 de octubre de 2025, radicó a través del sistema SAMAI una solicitud
de impulso procesal para fallo, al igual que un memorial aportando un hecho nuevo
relevante para el proceso, consistente en la Resolución 20257070013735 del 26 de
septiembre de 2025, expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura, que
declaró la caducidad del Contrato de Concesión Portuaria No. 003 de 2015, la cual, a
su juicio, guarda relación directa con la legalidad de los actos administrativos
demandados.

Relató que a pesar de que el sistema SAMAI registra que dicho memorial fue
incorporado al expediente, no se ha producido actuación posterior, habiendo
transcurrido más de 10 meses desde que el trámite ingresó al despacho para proferir
sentencia, y más de 1 mes desde que fue elevada la solicitud de impulso procesal.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del accionante, la Sección Primera del Consejo de Estado transgredió sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de

1 Transcripción literal del texto original.

2

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
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justicia, junto con el «principio de celeridad judicial», con ocasión de la mora judicial
injustificada en la que ha incurrido en proferir sentencia, pese a que el expediente de
la referencia se encuentra al despacho para fallo desde el 27 de enero de 2025.

Argumentó que la tardanza en proferir fallo afecta no solo sus derechos
fundamentales, sino el interés público ambiental que subyace en la acción de nulidad
presentada, relacionada con la protección de la Bahía de Taganga.

1.5. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 5 de diciembre de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar esta decisión a los magistrados que integran la Sección Primera del
Consejo de Estado, a quienes se les otorgó el término de 3 días para que se
pronunciaran.

De igual manera, se vinculó como terceros con interés al alcalde del distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta, a la directora del Departamento Administrativo
Distrital para la Sostenibilidad Ambiental (DADSA), a la directora de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), al representante legal de la sociedad
anónima Portuaria Las Américas, al director de la Corporación Autónoma Regional
del Magdalena (CORPAMAG) y al director de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado como terceros con interés en las resultas del proceso.

Adicionalmente, se requirió el expediente del proceso ordinario.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones respectivas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Sección Primera del Consejo de Estado

Allegó copia íntegra del expediente ordinario y, en informe presentado el 10 de
diciembre de 2025, la magistrada ponente del proceso cuya mora se predica dio
respuesta a la acción de tutela, realizando un recuento de las actuaciones que se han
adelantado desde la presentación de la demanda de la referencia. De igual forma,
puntualizó que el 27 de enero de 2025, ingresó el expediente al despacho para fallo,
encontrándose a la fecha de la contestación en el turno número 667 para proferir
sentencia de primera instancia.

Añadió que existió una tardanza en la proyección del auto que decidió las
excepciones previas y fijó fecha para la audiencia inicial, sin embargo, la misma fue
causada por la congestión de procesos pendientes de sustanciación.

Refirió que, de acuerdo con lo expuesto, es evidente que el proceso judicial que dio
origen a la acción de tutela se ha tramitado sin dilación o demora injustificada alguna.

Resaltó que, de conformidad con lo consagrado en el artículo 18 de la Ley 446 de
1998, las autoridades judiciales deben proferir las providencias en el orden en que
haya ingresado, sin que este pueda alterarse, excepto en los eventos en que, de

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oficio o a petición del Ministerio Público, se configure alguna de las causales que se
encuentran establecidas en la Ley 1285 de 2009 y el artículo 7 de la Ley 1105 de
2006.

1.6.2. Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta

Por medio de escrito remitido el 11 de diciembre de 2025, indicó que es la Sección
Primera del Consejo de Estado la entidad competente para atender lo solicitado en la
acción de tutela, en atención a que es esta la que presuntamente causó la
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.

En este sentido, señaló que se debía declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto del distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, al no ser la
autoridad encargada de conocer y dar solución a los trámites alegados en el escrito
de amparo.

Por consiguiente, manifestó oponerse a la prosperidad de la demanda constitucional
y solicitó su desvinculación del presente proceso o, en su defecto, denegar las
pretensiones incoadas.

1.6.3. Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)

A través de documento radicado el 11 de diciembre de 2025, puso de presente que la
accionante ya había incoado una petición de amparo en contra de la Sección Primera
del Consejo de Estado en el 2024, en la cual se perseguían pretensiones similares a
las expuestas en este medio constitucional.

Señaló que en esta solicitud de tutela se alega una presunta mora judicial que, a
juicio de la parte actora, genera una afectación a sus derechos fundamentales. Trajo
a colación jurisprudencia de esta corporación respecto de la demora en el trámite de
los procesos judiciales y argumentó que en el caso concreto no se ha demostrado la
ocurrencia de la mora judicial, ni se ha acreditado el perjuicio que adujo la accionante.

En concordancia con lo anterior, solicitó que se negara la acción de tutela impetrada.

1.6.4. Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental
(DADSA)

Mediante memorial enviado el 12 de diciembre de 2025, indicó que la accionante
estima vulneradas sus garantías fundamentales al no haberse dictado fallo en el
trámite de nulidad simple referido. Manifestó que, pese a encontrar entendible la
inconformidad de la parte actora, es necesario analizar los diversos factores que
influyen en la demora natural en la resolución de los asuntos en conocimiento de las
autoridades judiciales.

Refirió que es sabida la carga laboral que afecta a la administración de justicia,
situación que, a pesar de ser indeseable, escapa de la voluntad del funcionario
judicial. Añadió que, a su juicio, la demora en proferir sentencia de primera instancia
no comporta por sí una afectación a los derechos fundamentales de la tutelante.

4

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07593-00

Para finalizar, solicitó que se ordene al despacho enjuiciado que explique las razones
de tal demora y que informe el turno en el que se encuentra el proceso para ser
decidido.

1.6.5. Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG)

En escrito radicado el 12 de diciembre de 2025, puso de presente que la entidad
funge en el proceso como tercero con interés, motivo por el cual se ha sometido a
todas las etapas procesales correspondientes, ejerciendo su derecho de defensa y
contradicción.

De igual manera resaltó que la accionante también ha ejercido su derecho de defensa
y contradicción en todas las etapas del trámite, al interponer recursos y solicitudes
que han ocupado la atención del despacho cuestionado y que han sido diligenciadas
como corresponde, y anotó que la parte actora debe ser conocedora del cúmulo de
procesos que se ventilan dentro de los despachos judiciales.

De la misma forma, alegó que en el caso concreto no se evidencia una omisión
sistemática por parte de la autoridad enjuiciada, por lo cual no es posible determinar
que exista vulneración al derecho fundamental al debido proceso de la demandante.

Adicionalmente, adujo que, en lo que respecta a CORPAMAG, se configura la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los reproches
presentados en el escrito de amparo están dirigidos a la presunta mora judicial en la
que incurre la Sección Primera del Consejo de Estado. En virtud de lo anterior,
solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

1.6.6. Los demás vinculados al presente trámite, pese a que fueron debidamente
notificados, no rindieron informe.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

El distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y la Corporación Autónoma
Regional del Magdalena (CORPAMAG) solicitaron la desvinculación de esta acción
de amparo por no haber vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.

Al respecto, la Sala negará las peticiones, puesto que las referidas vinculaciones se
hicieron en calidad de terceros, en atención al posible interés que les asiste en las
resultas del presente trámite judicial ser partes del proceso que dio origen a la acción

5

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de tutela, por lo que su comparecencia resultaba necesaria para garantizar su
derecho de defensa y contradicción.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la Sección Primera del Consejo de Estado
vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, con ocasión de la
presunta mora judicial en la que incurrió al no haber emitido sentencia en el medio de
control de nulidad simple, identificado con el radicado 11001-03-24-000-2018-00194-
00, instaurado contra el distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, el
Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental (DADSA) y la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Para el efecto, se estudiará: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) la mora
judicial, y (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.2

2.5. Mora judicial

La Corte Constitucional explicó que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a
desconocer el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso
de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes por parte de estos3.

De modo que el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra justificado
cuando4: a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; b) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o, c) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia
en el plazo previsto en la ley.
2 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
3 Sentencia T-1019 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
4 Sentencia T-803 de 2012.

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Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra justificado
cuando5: a) se presente un incumplimiento en los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; b) se desborda el
concepto de plazo razonable que involucra el análisis sobre la complejidad del
asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
el análisis global del procedimiento; y, c) exista falta de motivo o justificación
razonable en aquel retraso.

En criterio de la Sala, existe mora judicial cuando hay dilación injustificada al resolver
los asuntos sometidos a la competencia de una autoridad judicial y, en el evento de
acreditarse esta conducta, constituye la transgresión del derecho de acceso a la
administración de justicia y, de contera, al debido proceso.

2.6. Caso concreto

En este caso, la tutelante cuestionó la mora judicial injustificada en la que
presuntamente incurrió la Sección Primera del Consejo de Estado al no haber
proferido sentencia en el medio de control de nulidad simple que promovió contra el
distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, el Departamento Administrativo
Distrital para la Sostenibilidad Ambiental (DADSA) y la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), identificado con el radicado 11001-03-24-000-2018-
00194-00.

Asegura la parte actora que promovió esta demanda el 25 de septiembre de 2018 y
que, desde el 27 de enero de 2025, el asunto ingresó al despacho accionado para
sentencia, sin que hasta el momento se haya dictado fallo.

Igualmente, la parte actora anexó al escrito de amparo copia de la solicitud de
impulso procesal presentada el 24 de octubre de 2025, al igual que copia del
memorial de la misma fecha por medio del cual aportó un hecho nuevo relevante para
el proceso.

Ahora bien, el despacho judicial accionado, por medio de la magistrada ponente del
proceso de nulidad simple que dio origen al presente trámite, manifestó en su escrito
de intervención que actualmente el mencionado proceso se encuentra en el turno
número 667 para dictar el fallo que resuelva el asunto, y que este ha sido tramitado
sin dilación o demora alguna injustificada.

Puso de presente también que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 18 de la
Ley 446 de 1998, es deber de las autoridades judiciales proferir las providencias en el
orden en que hayan ingresado los respectivos expedientes al despacho, sin que
dicho orden pueda alterarse sin justificación legal.

De lo manifestado por la Sección Primera del Consejo de Estado, es evidente que
dicho despacho está tramitando el proceso sometido a su conocimiento con sujeción
al orden cronológico asignado y, a pesar de haber transcurrido 11 meses desde que

5 Sentencias T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004.

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el expediente ingresó al despacho para fallo, lo cierto es que esta demora encuentra
respaldo en el referido sistema de turnos.

Si bien la Corte Constitucional ha indicado que la dilación injustificada que configura
la violación de derechos fundamentales se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los
términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del
funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el
trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo
razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden
contrarrestar; lo cierto es que, en el caso concreto, esta última circunstancia no se
presenta, puesto que, aunque a la fecha no se ha dictado la respectiva sentencia que
resuelva el medio de control, la tardanza aducida obedece a circunstancias ajenas a
la voluntad del tribunal accionado y no es atribuible a la negligencia u omisión en el
ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, toda vez que la dilación en el trámite de la actuación es originada en los
problemas estructurales en la administración de justicia que generan congestión
judicial, y no se debe a la falta de diligencia de la autoridad en cuestión. Así, se
advierte que la mora judicial invocada por la corporación sin ánimo de lucro Republika
Divanga Social Club está justificada, por lo cual se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación propuestas por el distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena.

SEGUNDO: Deniégase el amparo presentado por la corporación sin ánimo de lucro
Republika Divanga Social Club por lo indicado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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