Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07598-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07598-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07598-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07598-00
Accionante: MARÍA LOURDES BAUTE ARAÚJO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con los requisitos
generales de relevancia constitucional y subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María Lourdes Baute
Araújo contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora María Lourdes Baute Araújo, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad en conexidad con los principios de
seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 26 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 20001-33-33-002-2021-
00254-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que el 23 de enero de 2020 fue nombrada jefe de la Oficina de Rentas del
municipio de Valledupar, la cual recibió en grave estado de atraso. Ante eso, solicitó
personal de apoyo y herramientas para suplir las necesidades de la dependencia, sin
embargo, no obtuvo respuesta y el 18 de noviembre de 2020 fue declarada
insubsistente mediante Decreto 1978 a pesar de ser madre cabeza de familia y estar
incapacitada por complicaciones médicas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07598-00
Accionante: María Lourdes Baute Araújo
2.2. Manifestó que fue reintegrada en cumplimiento a una acción de tutela, sin embargo,
en enero de 2021 denunció acoso laboral y presentó renuncia por falta de garantías,
la cual no fue aceptada. El 11 de marzo de 2021 fue retirada del cargo, mediante
Resolución 742, aun cuando continuaba incapacitada, la entidad no contaba con
permiso del Ministerio de Trabajo y el acto había sido expedido sin suficiente
motivación, desconociendo su estabilidad laboral reforzada.
2.3. Señaló que interpuso la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
20001-33-33-002-2021-00254-00/01 contra el Municipio de Valledupar, con el
propósito de que se declarara la nulidad de la Resolución 742 de 11 de marzo de
2021, mediante la cual se dejó sin efectos el reintegro, y el Decreto 1978 de 18 de
noviembre de 2020 expedidos por el municipio de Valledupar.
2.4. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo de Valledupar, autoridad judicial que, mediante sentencia de 30 de
septiembre de 2022, desestimó las pretensiones de la demanda.
2.5. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo del Cesar, a través sentencia de 26 de junio de 2025, modificó
el primer ordinal de la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada de
oficio la excepción de caducidad con relación a la Resolución 1978 de 18 de noviembre
de 2020 y se inhibió en pronunciarse frente a la Resolución 742 de 11 de marzo de
2021.
2.6. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en un defecto sustantivo.
2.7. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que el Tribunal ignoró el alcance
constitucional del derecho a la estabilidad laboral reforzada (arts. 25, 43 y 53 C.P.)
y el principio pro personae desconociendo derechos fundamentales de una persona
que fue desvinculada con una condición de salud y en medio de un proceso de
acoso laboral vigente, sin valorar su condición de madre de familia como sujeto de
protección constitucional. Además, se inhibió respecto a la Resolución 742 pese a
que el acto estaba formalmente demandado con la respectiva sustentación.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1) AMPARAR los derechos fundamentales denunciados como violados en
este libelo y demás que se consideren vulnerados respecto de la accionante.
2) Que se declare que la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por María Lourdes Baute Araujo
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
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Accionante: María Lourdes Baute Araújo
3) Que se ordene al Tribunal Administrativo del Cesar dejar sin efectos la
declaratoria de ineptitud sustantiva parcial respecto de la Resolución No. 742
de 2021, y en su lugar, realizar el estudio de fondo sobre la legalidad de dicho
acto administrativo.
4) Que el Tribunal Administrativo del Cesar, al emitir su decisión de
reemplazo, adopte medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental
de la accionante a la estabilidad laboral reforzada, en su condición de mujer,
madre cabeza de familia, persona en situación de salud y víctima de acoso
laboral.
5) Se solicita a su señoría adopte las demás decisiones que considere
convenientes y en favor del actor, así sea que no se hayan solicitado por esta
defensa pero que usted en aras de salvaguardar derechos fundamentales
evidencie que merecen de su intervención. […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 4 de diciembre de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso al Municipio de Valledupar y al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar señaló que se acogía a
los fundamentos expuestos en la providencia de 26 de junio de 2025, así como a
los criterios impartidos por el tribunal.
5.2. El Municipio de Valledupar manifestó que esta acción constitucional busca
reabrir un debate concluido en la jurisdicción ordinaria y no se evidencia
arbitrariedad judicial que faculte el análisis de fondo de una presunta violación a
derechos fundamentales. Además, destacó que no se probó que la accionante
estuviera amparada por algún fuero de estabilidad reforzada y que el nombramiento
de la actora fue en un cargo de libre nombramiento y remoción por lo que su
desvinculación opero en regla.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
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Accionante: María Lourdes Baute Araújo
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto sustantivo.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
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Accionante: María Lourdes Baute Araújo
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. La señora María Lourdes Baute Araújo, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad en conexidad con los principios de
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
6
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seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 26 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 20001-33-33-002-2021-
00254-00/01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, los requisitos generales de relevancia constitucional y de subsidiariedad.
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.
20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
8
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d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.
24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la accionante alega que el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
a la igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo.
25. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que el Tribunal ignoró el alcance
constitucional del derecho a la estabilidad laboral reforzada y el principio pro
personae desconociendo derechos fundamentales de una persona que fue
desvinculada con una condición de salud y en medio de un proceso de acoso laboral
vigente, sin valorar su condición de madre de familia como sujeto de protección
constitucional.
26. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
27. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.
17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07598-00
Accionante: María Lourdes Baute Araújo
28. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, no está poniendo de presente que en la
providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el
motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta en que la decisión
controvertida fue desfavorable a sus intereses.
29. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo del Cesar en la providencia cuestionada:
“[…] Del análisis del material probatorio obrante en el expediente, se observa
que dicha resolución dispuso que la desvinculación de la demandante tendría
efectos a partir de su notificación. Asimismo, se advierte que el acto
administrativo no indicó los recursos procedentes en su contra y que la
notificación a la demandante se efectuó el 20 de noviembre de 2020.
En consecuencia, el retiro del servicio se hizo efectivo en esa misma fecha, por
lo que el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 21 de noviembre
de 2020. Así, el plazo máximo para presentar la demanda ante la jurisdicción
contencioso administrativa vencía, en principio, el 21 de marzo de 2021.
No obstante, antes del vencimiento de dicho término, la demandante interpuso
una acción de tutela. En providencia del 1 de diciembre de 2020, el Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Valledupar concedió una medida de amparo
transitorio, con el fin de evitar un perjuicio irremediable, y otorgó un plazo de
cuatro (4) meses, contados desde la notificación de la decisión, para acudir al
mecanismo judicial ordinario correspondiente.
De conformidad con el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado, el incumplimiento de este término implica la
cesación automática de los efectos del amparo transitorio.
En ese sentido, la Sala observa que el mencionado juzgado amparó los
derechos fundamentales de la actora de forma transitoria, razón por la cual la
demandante debía acudir a la jurisdicción contenciosa dentro de los cuatro
meses siguientes a la notificación de la providencia.
Dado que la providencia fue notificada el 2 de diciembre de 2020, el nuevo
término de caducidad comenzó a correr el 3 de diciembre de 2020 y venció el 3
de abril de 2021. Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial fue
radicada el 12 de julio de 2021 y la demanda el 13 de septiembre de 2021,
fechas en las que ya había operado el fenómeno de la caducidad del medio de
control.
Por lo tanto, se declara probada de oficio la excepción de caducidad.
6.4.2. Sobre los cargos formulados contra la Resolución No. 742 del 11 de
marzo de 2021
[…]
Dicha resolución dejó sin efectos la Resolución No. 002136 del 9 de diciembre
de 2020, que había dado cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia
proferido el 1° de diciembre de 2020 por el Juzgado Civil Municipal de
Valledupar, en el que se ordenó el reintegro de la señora María Lourdes Baute
Araujo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07598-00
Accionante: María Lourdes Baute Araújo
La Alcaldía consideró que, al haberse declarado la nulidad de todo lo actuado a
partir del auto admisorio de la mencionada acción de tutela —mediante auto del
3 de marzo de 2021—, se configuró el decaimiento del acto administrativo o la
pérdida de su fuerza ejecutoria, al desaparecer del ordenamiento jurídico las
disposiciones que le servían de sustento.
Ahora bien, se advierte que la parte actora formuló cargos únicamente contra la
Resolución No. 001978 del 18 de noviembre de 2020 —respecto de la cual ya
se declaró la caducidad—, en tanto cuestionó exclusivamente la legalidad de la
decisión administrativa que declaró la insubsistencia del nombramiento de la
demandante. No obstante, no se plantearon argumentos específicos de
ilegalidad frente a la Resolución No. 000742 del 11 de marzo de 2021, a pesar
de que esta también fue incluida en la demanda.
[…]
En consecuencia, al no haberse dirigido cargos contra el segundo acto
administrativo, este permanece incólume y no puede ser objeto de
pronunciamiento judicial en cuanto a su legalidad. Así lo ha sostenido
reiteradamente la jurisprudencia, al señalar que “la falta de cargos impide el
análisis de legalidad del acto demandado, lo cual conduce a su exclusión del
estudio de fondo”.
Por tanto, se declarará probada la ineptitud sustantiva de la demanda respecto
de la Resolución No. 000742 del 11 de marzo de 2021, por ausencia de cargos
dirigidos a cuestionar su legalidad […]”.
30. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante el trámite del
proceso contencioso administrativo.
31. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20.
32. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibidem
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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33. Con fundamento en lo anterior, esta Sección considera que la solicitud de tutela
no cumple con requisito general de relevancia constitucional.
VI.4.2. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad
34. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
35. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]
36. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza22), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
37. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
22
Corte Constitucional, Sala Plena. Auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”23.
38. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”24.
39. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
40. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
41. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la accionante alega que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales,
presuntamente, por incurrir en un defecto sustantivo al inhibirse de pronunciarse
respecto a la Resolución 742 pese a que el acto estaba formalmente demandado
con la respectiva sustentación
42. En criterio de la Sala, como lo ha advertido en otras oportunidades25, no se
cumple con el requisito general de procedencia de la subsidiariedad, toda vez que,
de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, la accionante cuenta, previo al cumplimiento de los
requisitos legales, con el recurso extraordinario de revisión.
43. En ese sentido, esta Sala ha considerado que el recurso extraordinario de
revisión, bajo la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código
mencionado supra, es el medio judicial idóneo para controvertir la presunta
afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
23
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
25
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo de 2024, número
único de radicación 11001-03-15-000-2024-00582-00. C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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administración de justicia, con ocasión de la expedición de una sentencia inhibitoria.
Al respecto, en la sentencia de 7 de julio de 202326, se consideró que:
“[…] Ahora, los disensos de la actora radican en que, a su juicio, el TRIBUNAL
al inhibirse del resolver el fondo del asunto, ante una indebida escogencia de la
acción, desconoció los derechos que le asistían de obtener una decisión dentro
del asunto que se sometió a su consideración.
Así pues, a partir de los fundamentos de la solicitud de tutela y de la revisión de
la actuación, la Sala advierte que no se cumple en este caso el requisito general
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial consistente en
la subsidiariedad de la acción, pues contra la providencia judicial censurada
procede el recurso extraordinario de revisión, por la causal de nulidad originada
en la sentencia.
Lo anterior, debido a que para discutir los planteamientos expuestos en la
solicitud de tutela, la actora tiene a su disposición el recurso
extraordinario de revisión de conformidad con la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, esto es,
por presuntamente existir una nulidad en la sentencia acusada.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 8 de
mayo de 2018, señaló que el citado recurso extraordinario procede por la
causal de revisión de nulidad originada en la sentencia por violación del
artículo 29 constitucional, cuando se expide un fallo inhibitorio
injustificado, como el que, según se alega por la accionante, terminó
profiriéndose en este asunto […]”. [Negrilla fuera del texto]
44. Igualmente, mediante la sentencia de 8 de mayo de 201827, la Sala Plena de esta
Corporación consideró lo siguiente:
“[…] Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos
tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como
constitutivos de nulidades originadas en sentencia, no son taxativos.
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer
efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios
cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la
violación a tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio
injustificado también configura la causal de revisión alegada.
La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los
jueces de esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y
adecuación a cada caso […]”. [Negrilla fuera del texto]
45. En ese orden de ideas, la Sala considera que el argumento objeto de estudio es
susceptible de plantearse a través de otro mecanismo de defensa judicial y,
26
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de julio de 2023, número único
de radicación 11001-03-15-000-2023-02713-00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
27
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de mayo de 2018. Radicación número:
11001-03-15-000-1998-00153-01(REV). C.P.: Alberto Yepes Barreiro.
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además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable28.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
28
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones
u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede
ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1)
el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es,
que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
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