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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07598-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07598-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Revocar la sentencia de 22 de enero de 2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado. En su lugar, Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora María Lourdes Baute Araujo, quienes actúa por intermedio de apoderado judicial, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07598-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07598-01
Accionante: MARÍA LOURDES BAUTE ARAUJO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se declaró probada la inepta
demanda. Defectos sustantivo, procedimental y por desconocimiento
del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante contra la sentencia de 22 de enero de 2026,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que declaró
improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de noviembre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que
solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los principios de
seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela formuló las siguientes:

“1) AMPARAR los derechos fundamentales denunciados como violados en este libelo y
demás que se consideren vulnerados respecto de la accionante.

2) Que se declare que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por María Lourdes Baute Araujo vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.

3) Que se ordene al Tribunal Administrativo del Cesar dejar sin efectos la declaratoria
de ineptitud sustantiva parcial respecto de la Resolución No. 742 de 2021, y en su lugar,
realizar el estudio de fondo sobre la legalidad de dicho acto administrativo.

4) Que el Tribunal Administrativo del Cesar, al emitir su decisión de reemplazo, adopte
medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental de la accionante a la
estabilidad laboral reforzada, en su condición de mujer, madre cabeza de familia, persona
en situación de salud y víctima de acoso laboral.

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Accionante: María Lourdes Baute Araujo

5) Se solicita a su señoría adopte las demás decisiones que considere convenientes y en
favor del actor, así sea que no se hayan solicitado por esta defensa pero que usted en
aras de salvaguardar derechos fundamentales evidencie que merecen de su
intervención”.

2. Hechos

De la lectura de la acción de tutela y de los documentos que obran en el expediente,
se advierte lo siguiente:

2.1. Actuaciones previas a la interposición de demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho

El 23 de enero de 2020, la señora María Lourdes Baute Araujo fue nombrada jefe de
la Oficina de Rentas de la Secretaría de Hacienda del municipio de Valledupar
mediante el Decreto n.° 00041. Posteriormente, el 18 de noviembre de 2020, a través
del Decreto n.° 1978, se declaró insubsistente su nombramiento en dicho cargo de
libre nombramiento y remoción “a pesar de ser madre cabeza de familia y presentar
incapacidad por complicaciones médicas”.

Con fundamento en lo anterior, la señora Baute promovió acción de tutela contra la
Alcaldía de Valledupar, la Secretaría de Talento Humano y la Secretaría de Hacienda
Municipal, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales “a la salud,
a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social, el derecho de los niños, a la
igualdad, la protección integral de la familia, a la protección especial de la mujer
cabeza de familia, al mínimo vital, al buen nombre y a la intimidad personal y familiar”.

El asunto fue asignado al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar, que
mediante sentencia del 1° de diciembre de 2020 decidió amparar el derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada y concedió a la accionante el término
de cuatro meses para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa a fin de
controvertir el acto administrativo de insubsistencia.

Adicionalmente, el juzgado ordenó el reintegro de la señora Baute al cargo de jefe
de la Oficina de Rentas de la Secretaría de Hacienda de Valledupar, su inclusión en
nómina y la prohibición de terminar la relación laboral, salvo que se demostrara que
las afecciones de salud que justificaron el amparo, y que las incapacidades
prorrogadas habían desaparecido por completo. Esta decisión fue impugnada por la
parte accionada.

El 13 de enero de 2021, la accionante presentó una denuncia por acoso laboral ante
la Secretaría de Talento Humano y el Comité de Convivencia Laboral del ente
municipal.

Mediante auto del 3 de marzo de 2021, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Valledupar, antes de resolver la impugnación, declaró la nulidad de lo actuado por
falta de integración adecuada del contradictorio, debido a que no se vinculó al
Ministerio de Trabajo, a la Procuraduría General de la Nación y al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

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En virtud de lo anterior, el 11 de marzo de 2021 se expidió la Resolución n.° 742,
notificada al día siguiente, por medio de la cual se dio cumplimiento al auto de nulidad
del 3 de marzo de 2021 y, en consecuencia, se dejaron sin efectos las órdenes
impartidas en la Resolución n.° 002136 del 9 de diciembre de 2020, que había
dispuesto el reintegro de la accionante en atención al fallo de tutela inicial.

El 26 de marzo de 2021, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar profirió
nueva sentencia de primera instancia, en la cual negó el amparo solicitado al
considerar que existían otros mecanismos judiciales idóneos para la protección de
los derechos fundamentales invocados. Esta decisión fue impugnada por la
accionante y resuelta el 21 de junio de 2021 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito
de Valledupar, que confirmó la sentencia.

2.2. Relacionados con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

El 20 de septiembre de 2021, la accionante presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de
Valledupar, solicitando la declaratoria de nulidad del Decreto n.° 1978 del 18 de
noviembre de 2020, que dispuso la insubsistencia de su nombramiento, así como de
la Resolución n.° 742 del 11 de marzo de 2021, mediante la cual se dejaron sin
efectos las órdenes de reintegro impartidas en virtud del primer fallo de tutela,
conforme al auto de nulidad proferido el 3 de marzo de 2021.

El proceso fue asignado al Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, bajo el
radicado n.° 20001-33-33-002-2021-00254-00, que mediante sentencia del 30 de
septiembre de 2022 negó las pretensiones de la demanda al considerar que los actos
administrativos demandados no estaban viciados de nulidad. Señaló que, tratándose
de un cargo de libre nombramiento y remoción, la declaratoria de insubsistencia no
requería motivación y que la incapacidad médica vigente al momento del retiro no
acreditaba, por sí sola, una situación de debilidad manifiesta que activara una
protección especial.

Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
argumentando que los actos administrativos carecían de motivación y se habían
expedido con infracción de las normas aplicables, debido a que no se valoró la
incapacidad médica, la condición de madre cabeza de familia ni el proceso de acoso
laboral en curso.

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 26 de junio de 2025,
modificó el primer ordinal de la sentencia de primera instancia y declaró probada de
oficio la excepción de caducidad respecto del Decreto n.° 1978 del 18 de noviembre
de 2020. Asimismo, se inhibió de pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución
n.° 742 del 11 de marzo de 2021, al advertir que en el concepto de violación no se
formularon cargos específicos contra este acto, pues la exposición de motivos se
dirigió exclusivamente contra la decisión de insubsistencia.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que en el caso se cumplían los presupuestos para
controvertir una decisión judicial mediante acción de tutela y afirmó que la sentencia
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Accionante: María Lourdes Baute Araujo

del 26 de junio de 2025 incurrió en los defectos sustantivo, procedimental y por
desconocimiento del precedente judicial.

En particular, indicó que la autoridad judicial accionada omitió realizar el análisis de
legalidad de la Resolución n.° 742 de 2021, bajo el argumento de que los cargos no
estaban organizados y de que no se presentó un reproche expreso frente a dicho
acto administrativo. Por lo que consideró que dicha postura vulneró los principios de
hermenéutica procesal y constituyó una restricción artificial al derecho de acción.
Asimismo, señaló que la Resolución n.° 742 de 2021 fue el acto administrativo
mediante el cual se ejecutó la desvinculación del cargo de jefe de la Oficina de
Rentas en un contexto de especial vulnerabilidad. Agregó que, respecto de
decisiones inhibitorias injustificadas, el Consejo de Estado en la “sentencia 03032 de
2018” desarrolló un criterio esencial sobre la garantía del acceso material a la
administración de justicia y recordó la necesidad de remover obstáculos formales y
procurar la emisión de decisiones de fondo.

Señaló que “de manera especialmente relevante para el caso presente, la sentencia 03032
de 2018 concluyó que cuando la jurisdicción ha admitido la demanda, ha tramitado el
proceso y ha permitido el curso de todas sus etapas sin advertir supuestos defectos
formales, se genera en el demandante una legítima confianza de que el asunto será decidido
de fondo. En tal contexto, una decisión inhibitoria tardía vulnera los principios de buena fe,
seguridad jurídica y respeto por los actos propios”.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Cesar

El oficial mayor de la Secretaría General del Tribunal mencionó que la corporación
reitera y acoge los fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial
expuestos en la providencia cuestionada, así como los criterios impartidos por el juez
constitucional en la decisión que se llegue a adoptar dentro del trámite.

4.2. Respuesta del municipio de Valledupar

La apoderada judicial del municipio sostuvo que el asunto carece de relevancia
constitucional ya que la accionante pretende reabrir un debate que fue zanjado por
el juez natural en el curso del proceso ordinario, pues en ambas instancias se efectuó
un pronunciamiento sobre la Resolución n.° 742 de 2021.

4.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar remitió el
enlace del expediente digital.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 22 de enero de
2026, resolvió declarar improcedente la acción de tutela. Al respecto, precisó que la
controversia planteada carece de relevancia constitucional, toda vez que el debate
no se adelantó desde una perspectiva constitucional y se pretende utilizar el
mecanismo de amparo como una tercera instancia para reabrir una discusión ya
resuelta por el juez natural.
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Asimismo, consideró que no se cumple el requisito de subsidiariedad, pues, según
los planteamientos expuestos en la solicitud de tutela, la parte actora cuenta con el
recurso extraordinario de revisión, de conformidad con la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Ello, en la medida en que se
alega la existencia de una presunta nulidad en la sentencia cuestionada, derivada de
una decisión inhibitoria injustificada, sin que se advierta la posible configuración de
un perjuicio irremediable que haga viable la intervención del juez constitucional.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
demandante impugnó el fallo de primera instancia, solicitó su revocatoria y que, en
su lugar, se concediera el amparo de los derechos fundamentales invocados.

Sostuvo que la decisión impugnada concluyó que no se cumplía el presupuesto de
relevancia constitucional, sin considerar que en el asunto se debate la falta de
respuesta judicial de fondo frente a la totalidad de las pretensiones formuladas en la
demanda ordinaria, situación que vulnera el derecho de acceso a la administración
de justicia.

Indicó que la providencia cuestionada se abstuvo de pronunciarse sobre la
Resolución n.° 742 de 2021 bajo una interpretación meramente formalista, sin
analizar de fondo ese aspecto. Señaló que ello pasa por alto que acoger dicha
interpretación desconoce la finalidad esencial del proceso judicial, consistente en la
resolución de conflictos y en la garantía de los derechos fundamentales.

Afirmó que la acción de tutela no fue utilizada como una instancia adicional, pues su
propósito es cuestionar la falta de pronunciamiento sobre la legalidad de un acto
administrativo que fue debidamente demandado y respecto del cual se formularon
cargos.

En cuanto a la procedencia del recurso extraordinario de revisión, adujo que ninguna
de las causales previstas en la norma permite controvertir la negativa del juez a
ejercer control judicial sobre un acto administrativo expresamente cuestionado, ni
restablecer el derecho de acceso a la administración de justicia y, expuso que su
exigencia no ofrece una solución efectiva de protección.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

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Accionante: María Lourdes Baute Araujo

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 22 de enero de 2026 de la Sección Primera del
Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela, y de
encontrarse superados los demás presupuestos generales cuando se cuestiona una
decisión judicial, si se debe acceder al amparo constitucional en los términos
propuestos por la parte actora.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir la
procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

1
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6

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vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
Constitución13.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen
formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba
mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado.
Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, el asunto bajo examen cumple el
requisito de relevancia constitucional y los demás generales de procedencia

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 22 de enero de 2026,
6
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
7
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
9
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
12
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
13
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del
27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
7

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declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que la parte actora no
cumplió con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto acudió a la acción
de tutela como si se tratara de una tercera instancia, con el propósito de reabrir una
discusión ya resuelta por el juez natural.

Para la Sala, en este caso la acción de tutela sí satisface dicho requisito, toda vez
que corresponde determinar si el fallo de segunda instancia proferido dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -que modificó la decisión
que negaba las pretensiones para, en su lugar, declarar probada la excepción de
inepta demanda- afecta el ejercicio de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad, así como los principios
de seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Además,
se advierte que, si bien las decisiones adoptadas en el proceso ordinario resultaron
desfavorables para la demandante, ambas se basaron en razones distintas.

En cuanto a los demás requisitos de procedencia, estos se encuentran acreditados.
En efecto, (ii) la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial,
puesto que ya se agotó el recurso de apelación contra la sentencia cuestionada y no
se advierte la configuración de ninguna de las causales que habilitan el recurso
extraordinario de revisión. Aunque el a quo sostuvo que dicho recurso era el
mecanismo idóneo para alegar la nulidad originada en la sentencia por tratarse, a su
juicio, de una decisión inhibitoria injustificada, para la Sala, en este caso, no resulta
procedente porque no se configura alguno de los supuestos que ha precisado la
jurisprudencia de esta Corporación para que se configure la precitada causal prevista
en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la
providencia inicial objetada fue notificada mediante correo electrónico enviado el 2
de julio de 2025 y la acción de tutela se presentó el 28 de noviembre de 2025, dentro
de los seis (6) meses establecidos como plazo razonable precisado por esta
Corporación y la Corte Constitucional16; (iv) se identificaron de manera razonable los
hechos que generaron la supuesta vulneración de derechos fundamentales y (v) la
acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia que declaró la improcedencia de la
acción de tutela y procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos procedimental
y por desconocimiento del precedente judicial

La parte actora impugnó la decisión referida e insistió en que la autoridad judicial
accionada no ejerció el control de legalidad sobre uno de los actos administrativos
demandados en debida forma y respecto del cual se formularon cargos. Por lo que
consideró que dicha circunstancia vulnera su derecho fundamental al debido
proceso.

16
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Accionante: María Lourdes Baute Araujo

De manera previa, la Sala precisa que si bien la decisión objeto de reproche declaró
probada la ineptitud de la demanda de la Resolución n.° 742 del 11 de marzo de
2021, y la caducidad respecto del Decreto n.° 1978 del 18 de noviembre de 2020 -
mediante el cual se dispuso la insubsistencia del nombramiento-, lo cierto es que ese
último aspecto no será objeto de pronunciamiento, por cuanto no fue alegado en el
escrito de tutela ni se señaló la configuración de algún defecto, pues el fundamento
de la solicitud de amparo se limitó a cuestionar la falta de pronunciamiento sobre la
Resolución n.° 742 de 2021.

Así las cosas, de los argumentos propuestos en el escrito de tutela la Sala advierte
que estos se enmarcan en los defectos procedimental y por desconocimiento del
precedente judicial. En efecto, se cuestiona la decisión inhibitoria por configurar un
exceso ritual manifiesto, al concluir que no se habían propuesto cargos frente al acto
administrativo y, con base en ello, abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo.

Además, la actora alegó que se desconoció la sentencia 03032 de 2018 del Consejo
de Estado relacionada con decisiones inhibitorias tardías o injustificadas, que exige
remover obstáculos formales para garantizar el acceso material a la administración
de justicia.
17
Sobre el defecto procedimental la Corte Constitucional ha precisado que tiene
lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de
manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al desconocer
completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo
un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se ha admitido que,
en forma excepcional, éste puede configurarse debido a un exceso ritual manifiesto,
a consecuencia del cual el juez resta o anula la efectividad de los derechos
fundamentales por motivos excesivamente formales.

El defecto procedimental puede ser absoluto, que se configura cuando el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido para el
trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno
al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto ii) omite etapas
sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso. También por exceso ritual
manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a manera
de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.

Sobre la aplicación del precedente judicial la Corte Constitucional ha dicho que
implica que18: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

17
Sentencia T-181 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterada en la sentencia T-401 de 2019, M.P.:
Cristina Pardo Schlesinger.
18
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que
dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado
por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de
los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial, de los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una facultad
discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento.
Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad,
los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que
haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las
siguientes reglas19:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció 20.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente
judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del
precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el
juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto21.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.

De las pruebas obrantes en el expediente se encuentra demostrado que la señora
María Lourdes Baute Araujo fue nombrada jefe de la Oficina de Rentas de la
Secretaría de Hacienda del municipio de Valledupar mediante el Decreto n.º 00041
y que, posteriormente, mediante Decreto n.º 1978 del 18 de noviembre de 2020, fue
declarada insubsistente mientras cursaba incapacidades médicas.

En virtud de lo anterior, la accionante promovió acción de tutela contra la Alcaldía de
Valledupar, la Secretaría de Talento Humano y la Secretaría de Hacienda Municipal,
19
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
20
La Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario
que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten
elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las
sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de
ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica” (se destaca).
21
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia
T-443 de 2010.
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con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales. El 1 de diciembre de
2020, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar amparó su derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada y le concedió un término de cuatro
meses para acudir a la jurisdicción contencioso‑administrativa con el fin de
controvertir el acto administrativo de insubsistencia.

Además, el juzgado ordenó su reintegro al cargo de jefe de la Oficina de Rentas de
la Secretaría de Hacienda de Valledupar, su inclusión en nómina y la prohibición de
terminar la relación laboral, salvo que se demostrara que las afecciones de salud que
justificaron el amparo -y las incapacidades prorrogadas- habían desaparecido por
completo.

El 13 de enero de 2021, la accionante presentó una denuncia por acoso laboral ante
la Secretaría de Talento Humano y el Comité de Convivencia Laboral del ente
municipal. Posteriormente, mediante auto del 3 de marzo de 2021, el Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Valledupar, antes de resolver la impugnación, declaró la nulidad
de lo actuado por falta de integración adecuada del contradictorio.

En cumplimiento de la declaratoria de nulidad, el 11 de marzo de 2021 se expidió la
Resolución n.º 742 mediante la cual se dejaron sin efectos las órdenes impartidas en
la Resolución n.º 002136 del 9 de diciembre de 2020, que había dispuesto el
reintegro de la accionante en atención al primer fallo de tutela.

El 26 de marzo de 2021, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar profirió una
nueva sentencia de primera instancia, en la cual negó el amparo solicitado al
considerar que existían otros mecanismos judiciales idóneos para la protección de
los derechos fundamentales invocados. Esta decisión fue confirmada el 21 de junio
de 2021 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar.

El 20 de septiembre de 2021, la accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Valledupar con la pretensión de
que se declarar la nulidad del Decreto n.º 1978 del 18 de noviembre de 2020 -que
dispuso la insubsistencia de su nombramiento-, así como de la Resolución n.º 742
del 11 de marzo de 2021, mediante la cual se dejaron sin efectos las órdenes de
reintegro impartidas con base en el primer fallo de tutela.

En esa oportunidad, la parte demandante indicó dentro del concepto de violación
que los actos administrativos cuestionados carecían de motivación y se habían
expedido con infracción de las normas en que debían fundarse. Señaló que, si bien
la remoción en cargos de libre nombramiento y remoción es discrecional, dicha
facultad debe ejercerse dentro de los parámetros de racionalidad, proporcionalidad
y razonabilidad, y sujeta a límites.

Agregó que “en ninguna de las líneas del acto mediante el cual se declara la insubsistencia
se evidencia explicación mínima que indique que el relevo de la demandante de su cargo de
Jefe de la Oficina de Rentas obedezca al mejoramiento del servicio o de la función pública,
esto en aras de la satisfacción del interés general y, por ende, la adopción de la decisión que
mejor convenga a la comunidad”.

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De igual forma, expuso que la administración carecía de motivos para declarar la
insubsistencia y que, para el momento en que se notificaron las decisiones
cuestionadas, ella presentaba un quebranto de salud demostrado con incapacidades
médicas. Añadió que la desvinculación se produjo sin solicitar el debido permiso al
Ministerio del Trabajo, y que no se valoró su estabilidad ocupacional reforzada
derivada de su estado de salud ni su condición de madre cabeza de hogar.
Finalmente, sostuvo que no habían transcurrido más de seis meses desde la
presentación de la queja y denuncia por acoso laboral.

El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de
Valledupar, que mediante sentencia del 30 de septiembre de 2022 negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que los actos administrativos
cuestionados no estaban viciados de nulidad. Señaló que, tratándose de un cargo
de libre nombramiento y remoción, la declaratoria de insubsistencia no requería
motivación, y que la incapacidad médica vigente al momento del retiro no acreditaba,
por sí sola, una situación de debilidad manifiesta.

Dicha decisión fue apelada por la parte actora, quien insistió en que los actos
administrativos demandados carecían de motivación y se expidieron con
desconocimiento de las normas aplicables, al no considerarse la incapacidad
médica, su condición de madre cabeza de familia ni el proceso de acoso laboral en
curso.

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 26 de junio de 2025,
modificó el primer ordinal de la sentencia de primera instancia y declaró de oficio
probada la excepción de caducidad respecto del Decreto n.º 1978 del 18 de
noviembre de 2020, que declaró insubsistente el nombramiento. Ello bajo las
siguientes consideraciones:

“En consecuencia, el retiro del servicio se hizo efectivo en esa misma fecha, por
lo que el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 21 de noviembre
de 2020. Así, el plazo máximo para presentar la demanda ante la jurisdicción
contencioso administrativa vencía, en principio, el 21 de marzo de 2021.

No obstante, antes del vencimiento de dicho término, la demandante interpuso
una acción de tutela. En providencia del 1 de diciembre de 2020, el Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Valledupar concedió una medida de amparo transitorio,
con el fin de evitar un perjuicio irremediable, y otorgó un plazo de cuatro (4)
meses, contados desde la notificación de la decisión, para acudir al mecanismo
judicial ordinario correspondiente.

De conformidad con el artículo 8o del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado, el incumplimiento de este término implica la
cesación automática de los efectos del amparo transitorio.

En ese sentido, la Sala observa que el mencionado juzgado amparó los derechos
fundamentales de la actora de forma transitoria, razón por la cual la demandante
debía acudir a la jurisdicción contenciosa dentro de los cuatro meses siguientes
a la notificación de la providencia.

Dado que la providencia fue notificada el 2 de diciembre de 2020, el nuevo
término de caducidad comenzó a correr el 3 de diciembre de 2020 y venció el 3
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de abril de 2021. Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada
el 12 de julio de 2021 y la demanda el 13 de septiembre de 2021, fechas en las
que ya había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control”.

Respecto de los cargos formulados contra la Resolución n.º 742 del 11 de marzo de
2021 -mediante la cual se dejó sin efectos el reintegro de la demandante al cargo
que venía desempeñando, en cumplimiento de la declaratoria de nulidad de la
sentencia de tutela-, la autoridad judicial consideró lo siguiente:

“Ahora bien, se advierte que la parte actora formuló cargos únicamente contra la
Resolución No. 001978 del 18 de noviembre de 2020 -respecto de la cual ya se
declaró la caducidad-, en tanto cuestionó exclusivamente la legalidad de la
decisión administrativa que declaró la insubsistencia del nombramiento de la
demandante. No obstante, no se plantearon argumentos específicos de
ilegalidad frente a la Resolución No. 000742 del 11 de marzo de 2021, a pesar
de que esta también fue incluida en la demanda.

De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el juez contencioso
solo puede ejercer control de legalidad sobre aquellos actos administrativos
respecto de los cuales se hayan formulado cargos concretos. La ausencia de
reproches jurídicos impide el análisis de fondo, pues el juez no puede suplir la
carga argumentativa que corresponde a la parte actora.

En consecuencia, al no haberse dirigido cargos contra el segundo acto
administrativo, este permanece incólume y no puede ser objeto de
pronunciamiento judicial en cuanto a su legalidad. Así lo ha sostenido
reiteradamente la jurisprudencia, al señalar que “la falta de cargos impide el
análisis de legalidad del acto demandado, lo cual conduce a su exclusión del
estudio de fondo”.

Por tanto, se declarará probada la ineptitud sustantiva de la demanda respecto
de la Resolución No. 000742 del 11 de marzo de 2021, por ausencia de
cargos dirigidos a cuestionar su legalidad.

De conformidad con lo expuesto, se advierte que la sentencia objetada resolvió, entre
otras cosas, declarar probada la excepción de inepta demanda al considerar que la
parte demandante no formuló cargos de nulidad respecto de la Resolución n.º 742
de 2021, motivo por el cual no era posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre
dicha actuación administrativa.

Dicho lo anterior, la Sala advierte que la parte actora alega la vulneración de sus
garantías ius fundamentales, en tanto la autoridad judicial accionada al resolver el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia decidió no ejercer
pronunciamiento sobre la Resolución n.º 742 de 2021 por considerar que frente a la
misma no se presentó concepto de nulidad, lo que, a su juicio, configura los defectos
procedimental y por desconocimiento del precedente judicial.

Al respecto, la Sala observa que en el caso no se configuran los defectos alegados,
toda vez que, según se extrajo del escrito de la demanda ordinaria si bien la parte
actora mencionó que el concepto de violación se dirigía contra los actos
administrativos acusados, lo cierto es que, según se expuso en líneas anteriores las
causales de falta de motivación e infracción a las normas en que debía fundarse se
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dirigieron a cuestionar el retiro del cargo por la declaratoria de insubsistencia bajo la
facultad discrecional, la cual debe ejercerse dentro de los parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, y sujeta a límites.

Adicionalmente, la parte actora expuso que no existía explicación que indicara que
el retiro del cargo obedecía al mejoramiento del servicio y la satisfacción del interés
general, sumado a que al momento en que se surtió la notificación presentaba un
quebranto de salud y ostentaba la condición de madre cabeza de hogar.

En ese sentido, se resalta que la Resolución n.º 742 de 2021 fue expedida con
fundamento en la declaratoria de nulidad de las actuaciones surtidas dentro de la
acción de tutela promovida por la accionante, a través de la cual, en una primera
oportunidad, se había concedido el amparo y ordenado su reintegro al cargo. No
obstante, una vez decretada la nulidad, la administración cumplió la orden judicial y,
en consecuencia, dejó sin efectos el acto que había dispuesto el reintegro, con el fin
de mantener en firme la desvinculación inicial adoptada mediante el Decreto n.º 1978
del 18 de noviembre de 2020, que declaró insubsistente su nombramiento y respecto
del cual se declaró la caducidad.

Así las cosas, los fundamentos relativos al retiro del cargo no recaían sobre el
segundo acto administrativo demandado, pues este se limitó a dar cumplimiento a
una orden judicial dentro del trámite de tutela, sin generar por sí mismo una situación
jurídica particular para la accionante, como sí lo hizo el decreto que dispuso su
desvinculación del servicio.

De igual forma, expuso que la administración carecía de motivos para declarar la
insubsistencia y que, para el momento en que se notificaron las decisiones
cuestionadas, ella presentaba un quebranto de salud demostrado con incapacidades
médicas. Añadió que la desvinculación se produjo sin solicitar el debido permiso al
Ministerio del Trabajo, y que no se valoró su estabilidad ocupacional reforzada
derivada de su estado de salud ni su condición de madre cabeza de hogar.
Finalmente, sostuvo que no habían transcurrido más de seis meses desde la
presentación de la queja y denuncia por acoso laboral.

En consecuencia, el hecho de que el Tribunal accionado hubiera declarado la
excepción de inepta demanda, al no encontrar que los fundamentos expuestos en la
demanda ordinaria se dirigieran contra la Resolución n.º 742 de 2021, no configura
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Ello, por cuanto la decisión se
sustentó en que el juez no puede suplir la carga argumentativa que corresponde
exclusivamente a la parte actora al estructurar los cargos de nulidad.

Ahora bien, frente al presunto desconocimiento de la sentencia 03032 de 2018 del
Consejo de Estado -relacionada con la proscripción de decisiones inhibitorias tardías
o injustificadas y con la obligación de remover obstáculos formales que impidan el
acceso material a la administración de justicia-, tampoco se advierte que dicho
precedente judicial fuera determinante para la resolución del caso. Ello obedece a
que la declaración de inepta demanda tuvo un fundamento autónomo y objetivo,
derivado de la ausencia de cargos concretos y específicos contra la Resolución n.º
742 de 2021, y no de una valoración meramente formal o de un rigorismo procesal

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que cercenara el acceso a la justicia. En esos términos, no se encuentra configurado
el desconocimiento del precedente alegado.

Por las razones expuestas, la Sala revocará el fallo de 22 de enero de 2026,
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado que resolvió declarar
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, negará las pretensiones de la
solicitud de amparo.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad
de la ley,
FALLA

Primero.- Revocar la sentencia de 22 de enero de 2026, dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora
María Lourdes Baute Araujo, quienes actúa por intermedio de apoderado judicial,
por las razones aquí expuestas.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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