Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07599-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07599-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07599-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C, veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07599-01
Accionante: Víctor Capuro Gómez y otros.
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Segunda de Decisión.
Tema: Derechos a la igualdad, debido proceso, libertad y acceso a la
administración de justicia. Reparación Directa. Privación injusta de
la libertad. REVOCA SENTENCIA – NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 10 de abril de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
ANTECEDENTES
Los señores Víctor Capuro Gómez, Khateryn Julieth Capuro Pereira, Víctor Andrés
Capuro Quintero, Ortabina Capuro Gómez y Enadis María Capuro Gómez,
promovieron acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, y a la libertad, que consideran vulnerados con la sentencia del 16 de
septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Segunda de decisión, en el medio de control de reparación directa, al que se le
asignó el radicado 23-001-33-33-006-2014-00269-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 12 de mayo de 2011 el señor Víctor Capuro fue detenido en un operativo de
la Fiscalía y, se le acusó de pertenecer a la estructura delincuencial de «Los
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Urabeños / Águilas Negras», atribuyéndole los delitos de concierto para - Archivo Central.
delinquir
agravado con fines de homicidio y narcotráfico y, a partir del 15 de mayo de 2011
se le impuso medida de aseguramiento intramural.
Que el 8 de agosto de 2012 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bogotá profirió fallo absolutorio a favor del señor Víctor y ordenó la libertad
inmediata del acusado; decisión que no fue objeto de recursos.
Que el señor Víctor y su familia interpusieron demanda de reparación directa en
contra de la Nación – Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, porque
consideraron que «la privación injusta de la libertad» durante 17 meses generó un
daño antijuridico, además solicitaron indemnizaciones por perjuicios morales y
materiales.
Que el 28 de febrero de 2018 el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Montería
declaró responsable a los demandados y los condenó al pago de las
indemnizaciones. Sin embargo, que el 16 de septiembre de 2024 el Tribunal
Administrativo de Córdoba revocó el fallo del Juzgado y negó todas las
pretensiones.
Consideran que en la decisión judicial de segunda instancia se incurrió en:
1. Defecto fáctico, por valoración arbitraria de la prueba, espacialmente de la
sentencia penal absolutoria que acreditó la «inexistencia de elementos
incriminatorios fiables y la falencia probatoria» de la Fiscalía, así mismo, que
la medida cautelar se basó en sospechas no corroboradas, y que ante todo
esto el Tribunal sostuvo la legitimidad de la detención preventiva y calificó
como probados hechos que no tenían respaldo.
2. Defecto sustantivo, por la aplicación incorrecta de normas, como el artículo
68 de la Ley 270 de 1996 respecto a la cláusula general de responsabilidad
estatal, al desnaturalizar el concepto de privación injusta de la libertad
exigiendo prueba de «una actuación abiertamente desproporcionada o
violatoria de los procedimientos legales».
3. Desconocimiento del precedente, puesto que i) desconoció la línea
constitucional en la cual la libertad es la regla y su restricción la excepción;
ii) aplicó indebidamente la figura del «dolo civil de la víctima» insinuando una
culpa del absuelto sin sustento fáctico; iii) no siguió los lineamientos de la
sentencia SU-054 de 2025, mediante la cual se estableció que no es
admisible revalorizar el proceso penal para justificar la detención y que la
responsabilidad debe examinarse integralmente bajo el artículo 90 C.P.
Agregaron que se vulnera el derecho fundamental a la igualdad y al debido proceso
en su componente de confianza legitima, pues el mismo Tribunal ha fallado a favor
de los demandantes en casos similares, y no justificó el apartamiento que hizo
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respecto de los precedentes. - Archivo Central.
PRETENSIONES
Solicitaron que se amparen los derechos fundamentales invocados; que se revoque
la sentencia del 16 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, y en consecuencia que se ordené a la entidad judicial que profiera una
nueva sentencia.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 18 de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela; se vinculó a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación como
terceros con interés; se negó la medida provisional; y se ordenó efectuar las
notificaciones correspondientes.
El 20 de febrero de 2026, mediante auto se vinculó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Montería, en calidad de tercero con interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Segunda de Decisión guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que no intervino
como extremo accionado o vinculado dentro del proceso de reparación directa, por
lo que no existe un interés jurídico o sustancial en el marco de la acción
constitucional, y en consecuencia que se configura la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Que la entidad llamada a comparecer como tercero vinculado en la presente acción
de tutela es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, puesto
que ejerció la representación de la Nación – Rama Judicial en el proceso de
referencia.
Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, se vinculara
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Monteria y, que se ordenara
su desvinculación de la presente acción.
La Fiscalía General de la Nación dijo que las pretensiones de la presente acción
de tutela no están dirigidas a actuaciones o hechos de su competencia, sino que
están encaminados a dejar sin efectos una providencia judicial, por lo tanto, que
carece de legitimación en la causa por pasiva.
Que no existe una relación de causalidad entre sus actuaciones y la presunta
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vulneración de derechos fundamentales alegados, y precisó que la acción - Archivo Central.
de tutela
sólo «incumbe a aquellos que han tenido parte en los hechos que motivaron la
acción o quienes deban intervenir en ella», y que en el caso en estudio no puede
hacer nada para que cese la presunta violación de los derechos.
Agregó que la acción carece de relevancia constitucional, puesto que se está
utilizando el amparo constitucional como una tercera instancia, para reabrir el
debate legal ya definido y ejecutoriado; además, considera que la sentencia tutelada
no vulneró las garantías procesales de la parte accionante.
Solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, y que se le desvincule del
proceso al existir falta de legitimación en la causa por pasiva.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería
manifestó que no son la entidad competente de responder las pretensiones de la
acción, además que no tienen injerencia en las decisiones judiciales, y que dentro
del proceso ordinario de reparación directa actuó en defensa de la Rama Judicial,
así las cosas, considera que se encuentra ante una falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Solicitó que se nieguen las pretensiones y que se le desvincule del proceso de la
acción constitucional.
SENTENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 10
de abril de 2026, declaró improcedente la acción, por considerar que no se superó
el requisito de relevancia constitucional.
Afirmó que de la sentencia reprochada se evidenció que sí se estudió el régimen de
responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad y definió con
claridad el problema jurídico; que el Tribunal explicó que era necesario establecer
si se había configurado el daño alegado, para lo cual desarrolló un marco jurídico
sobre la cláusula general de responsabilidad del Estado basándose en normativas
y jurisprudencia vigente; así mismo, que la entidad judicial no prescindió del análisis
probatorio ni dejó de estudiar la sentencia absolutoria, y que por el contrario,
examinó rigurosamente todo lo concerniente al proceso penal.
Que no se avizoró que el Tribunal vulnerara algún derecho fundamental de los
accionantes, y que, por lo tanto, no se demostró una verdadera controversia
constitucional, sino que los alegatos se centraron en un desacuerdo con la forma en
la que el Juez natural resolvió el litigio, puesto que la parte actora pretendía que se
le atribuyera a la sentencia absolutoria un alcance definitivo «para declarar, por sí
sola, la responsabilidad patrimonial del Estado».
Que no es suficiente invocar providencias en las que se hubiera declarado la
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responsabilidad del Estado por privación de la libertad, sino que era- Archivo Central.
necesario
demostrar que los casos comparados compartían identidad fáctica, jurídica y
probatoria, y que se evidenciara que en esa semejanza el Tribunal se apartó
injustificadamente de la línea decisional. Que en la presente acción no se hace un
ejercicio argumentativo suficiente para demostrar lo anterior.
Que los accionantes pretenden reabrir el debate sobre la valoración de los
elementos del proceso, por lo que no se justifica la intervención excepcional del juez
de tutela. Así las cosas, concluyó que no se superó el requisito de relevancia
constitucional al no evidenciarse una afectación a algún derecho fundamental, por
lo cual declaró improcedente la acción.
IMPUGNACIÓN
Los accionantes impugnaron la decisión por considerar que sí se cumple el requisito
de relevancia constitucional. Afirman que no pretenden que el juez constitucional
sustituya al juez contencioso en la definición del régimen de responsabilidad, ni que
liquide perjuicios o profiera una condena patrimonial.
Que lo solicitado fue un juicio de validez sobre una providencia judicial que: i)
desconoció la sentencia penal absolutoria; ii) resolvió de manera distinta frente a
personas vinculadas en el mismo proceso penal; iii) omitió el control de
convencionalidad; y, iv) revivió sospechas penales contra el absuelto.
Que en el trámite de segunda instancia del proceso de reparación directa pusieron
en conocimiento al Tribunal sobre la existencia de sentencias favorables en casos
derivados del mismo proceso penal, respecto de personas que fueron capturadas
por los mismos hechos y llevadas a juicio por el mismo delito; evidenciando un
problema de igualdad sustancial y coherencia judicial, pues otros procesados dentro
del mismo núcleo penal habían obtenido decisiones favorables en el proceso
administrativo, entre los que se encuentran los señores «Marlon Rodolfo Marulanda
Mejía, Melkin Suárez Coha y Efraín de Jesús Villalba Sanmartín», con quienes el
señor Víctor Capuro compartía idéntica situación fáctica y jurídica al haber sido
«investigados, imputados, detenidos penalmente y acusados dentro del mismo
proceso penal». Además, que el Tribunal no ofreció una motivación suficiente para
que el caso del señor Víctor se resolviera de forma distinta.
Que los alegatos no versaban simplemente en una discrepancia probatoria respecto
de la sentencia penal absolutoria, sino que consideran que no se le dio la
importancia requerida, pues era la decisión del juez competente que definió que la
Fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia, y que si bien el juez de lo
contencioso administrativo podía analizar la antijuricidad del daño y la razonabilidad
de la medida de aseguramiento, no podía «reconstruir un reproche penal indirecto
para concluir que el propio investigado dio lugar a su privación de la libertad».
Que el Tribunal afirmó que para establecer la responsabilidad estatal se debía
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analizar si el investigado contribuyó a la apertura del proceso penal, sin - Archivo Central.
embargo,
considera la parte actora que la culpa exclusiva de la víctima no puede ser una vía
para juzgar nuevamente la conducta penal investigada ni para revivir sospechas
contra una persona que en el proceso penal fue absuelta.
Que resulta incongruente que la Subsección C, Sección Tercera encontrara la falta
de relevancia constitucional, cuando se estaban planteando afectaciones a la
presunción de inocencia, a la igualdad, al debido proceso y al control de
convencionalidad, y en ese sentido que el asunto si revestía de relevancia, que «otra
cosa es determinar si tales defectos estaban probados».
Solicitó que se revoque la sentencia de tutela de la primera instancia, que se declare
que la acción si cumple con el requisito de relevancia constitucional, que se amparen
los derechos invocados y, que se acojan las pretensiones.
CONSIDERACIONES
Cuestión Previa – Impedimento
El doctor Luis Eduardo Mesa Nieves, magistrado integrante de la Sala manifestó
impedimento para conocer de la presente acción con fundamento en la causal 6
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a que en su anterior
condición de Magistrado integrante de la Sala Segunda del Tribunal Administrativo
de Córdoba, suscribió dentro del proceso de reparación directa aquí estudiado, la
providencia judicial del 25 de abril de 2019, mediante la cual se decretó una prueba
para mejor proveer.
El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 en relación con las causales de
impedimento para el conocimiento de las acciones de tutela señala que son las
contempladas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, el cual establece:
«ARTÍCULO 56, CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de
impedimento:
(...)
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o
hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero
permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar».
Según lo manifestado por el señor magistrado en el sentido de que participó dentro
del proceso de reparación directa, observa la Sala dual que la situación encaja en
la causal 6 invocada, por lo cual se declarará fundado el impedimento y se le
separará del conocimiento del asunto, en aras de salvaguardar los principios de
imparcialidad y transparencia.
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
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decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto. - Archivo Central.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-128/21,
se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello - Archivo
(…) Central.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
(:..) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedencia cuando se discuten providencias judiciales y, de
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
Contrario a lo determinado por la primera instancia, la Sala considera que sí se
satisface el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que se alega la
presunta vulneración de los derechos fundamentales por incurrir en los defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, además, los accionantes
argumentaron suficientemente la solicitud.
En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que I) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que la sentencia
del 16 de septiembre de 2024 fue notificada el 14 de julio de 2025, y esta acción fue
instaurada el 27 de noviembre de 2025; II) se agotaron los medios judiciales con los
que se contaba; III) se identificaron claramente los hechos generadores de la
vulneración y los derechos estimados como transgredidos; y IV) no se trata de una
sentencia de tutela. Por lo anterior, se procederá al estudio del fondo del asunto.
Se examinará el defecto fáctico planteado, teniendo en cuenta lo siguiente:
La Corte Constitucional al caracterizar este defecto, ha dicho que para su
configuración se requiere que la sentencia se adopte sin «respaldo probatorio o que
haya dejado de valorar una prueba que resultaba determinante para la solución del
problema jurídico sometido a su consideración». Que es uno de los defectos más
exigentes para su comprobación, debido a que «la valoración de las pruebas en el
proceso es uno de los campos en que se expresa, en mayor medida, el ejercicio de
la autonomía e independencia judicial».
En ese sentido, ha expresado que para su acreditación, «el error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto»7, porque, «el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de la evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»”8.
El Tribunal encontró probado que el señor Víctor Capuro Gómez estuvo privado de
la libertad, entre el 12 de mayo de 2011 hasta el 22 de junio de 2012, y fue absuelto
de responsabilidad penal con fundamento en el principio de in dubio pro reo, porque
«la fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados».
Estudió el régimen de responsabilidad según los lineamientos establecidos en la
norma y en la jurisprudencia, y estableció que la privación de la libertad debía
analizarse bajo los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la
medida de aseguramiento.
7 SU-048 de 2022 con reiteración en SU-126-25
8 SU-048 de 2022
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Determinó que el daño sufrido era la privación del derecho fundamental a la libertad
del señor Capuro Gómez, como consecuencia de una medida restrictiva dictada en
el marco de una investigación penal; además consideró que debía analizarse si la
decisión que restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria.
Procedió a estudiar las pruebas allegadas al proceso y que llevaron a la Fiscalía
Octava Seccional Unidad contra Bacrim de Montería a solicitar la medida preventiva
y al Juez de control de garantías a decretarla, de las cuales precisó que:
«Se cuenta con los elementos materiales probatorios y evidencia física
recaudados en el marco de la investigación, (…) cuyo propósito era lograr la
individualización de las personas que integraban la banda criminal.
De dichas diligencias e investigaciones se logró identificar e individualizar al
señor Víctor Capuro Gómez, como presunto integrante de la banda criminal en
el municipio de San Juan de Urabá, motivo por el cual se solicitó la respectiva
orden de captura
(…)
La imposición de la medida de aseguramiento decretada por el Juez
Segundo Penal Municipal de Garantías Ambulante de Monteria, con funciones
de control de garantías, resultó razonable y no irracional, además de
proporcional, necesaria e idónea.
Existía, al momento de imponer la medida de aseguramiento, inferencia
razonable de que el señor Víctor Capuro Gómez podía ser autor de la
conducta delictiva».
Que la urgencia de la medida de aseguramiento también respondía a los bienes
jurídicos afectados como la vida, la libertad, el patrimonio económico, la salud y la
seguridad pública; y que la permanencia en libertad de los sujetos capturados podía
poner en peligro el interés público. Que la medida fue decretada siguiendo todo el
procedimiento establecido, teniendo en cuenta las pruebas legalmente allegadas y
cumpliendo los requisitos necesarios.
Concluyó que, si bien el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bogotá profirió sentencia absolutoria a favor de los procesados, también compulsó
copias porque consideró que «la fiscalía declinó de importantes pruebas en la etapa
de juicio»; además que, aunque se comprobó el daño que sufrió el señor Víctor
Capuro Gómez, no podía calificarse como antijurídico e imputable a las
demandadas, pues la medida impuesta se ajustó a derecho y fue razonable,
necesaria y proporcional.
Los argumentos que exponen los accionantes para sustentar los defectos se
encaminan a demostrar que: (i) no se valoró adecuadamente la sentencia penal
absolutoria; (ii) no se aplicó correctamente la ley 270 de 1996 respecto de la
responsabilidad estatal; (iii) se valoró nuevamente el proceso penal para justificar la
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detención; y (iv) no justificó el apartamiento que hizo respecto a providencias
similares en las que se falló a favor del demandante.
Al respecto, la Sala encuentra que el Tribunal valoró en conjunto el material
probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica y de la experiencia, lo que le
permitió concluir que había una inferencia razonable de que el señor Víctor podía
ser autor de la conducta delictiva y pertenecer a la banda criminal, por lo que era
procedente imponer la medida de aseguramiento. De igual modo, la autoridad
judicial sí tuvo en cuenta la sentencia absolutoria del proceso penal, sin embargo,
consideró que el análisis primordial era si la medida preventiva era legal, razonable,
necesaria y proporcional al momento de su imposición.
En cuanto a la aplicación errónea de la ley 270 de 1996, se observa que el Tribunal
desarrolló ampliamente el régimen de responsabilidad, haciendo énfasis en los
artículos 66, 68 y 69 de la ley referenciada, analizando las sentencias de la Corte
Constitucional C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, y desglosando
jurisprudencialmente el art. 90 de la Constitución Política.
Frente al argumento de desconocimiento del precedente, no se avizora que el
Tribunal haya ignorado la libertad como regla constitucional, tanto así, que encontró
acreditado el daño que sufrió el señor Capuro Gómez al estar privado de su derecho
fundamental a la libertad, mas no, los otros elementos de la responsabilidad;
conclusión a la que llegó el Tribunal, luego de realizar un análisis de las pruebas
que sustentaron la solicitud de la medida preventiva.
El actor argumenta de que en casos similares se falló a favor de los demandantes y
que en el presente no se justificó el apartamiento respecto de los precedentes
contenidos en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Tercera de Decisión que accedió a las pretensiones de reparación directa por
privación injusta de la libertad del señor Oscar David Pitalua; y la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que
accedió a similares pretensiones respecto del señor Marlon Rodolfo Marulanda.
Al respecto, se tiene que los señores Pitalua y Marulanda fueron, junto con el aquí
accionante «investigados, imputados, detenidos penalmente y acusados dentro del
mismo proceso penal» y al igual, fueron absueltos por la sentencia del 8 de agosto
de 2012; además, cada uno inició proceso de reparación directa por la supuesta
privación injusta de la libertad.
Los jueces de lo contencioso administrativo asumieron posiciones distintas: por un
lado, el Tribunal de Córdoba, Sala Tercera, precisó que, la responsabilidad no era
objetiva y que debía estudiarse cada uno de los elementos de la responsabilidad,
en consecuencia, encontró que al momento de proferirse la medida de
aseguramiento no existían el material probatorio suficiente para inferir
específicamente la participación del señor Pitalua en los delitos, por lo que la medida
de aseguramiento no resultaba necesaria.
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Por el contrario, el Tribunal de Cundinamarca, consideró que el régimen aplicable
era objetivo, por lo que si el señor Marulanda había sido absuelto en «aplicación del
principio in dubio pro reo» no era necesario evaluar «las funciones a cargo de la
administración de justicia, como tampoco una falla en el servicio».
No se trata en este caso del propio precedente, sino de decisiones de un Tribunal y
de una Sala diferente de la misma Corporación; los cuales no son vinculantes para
la autoridad judicial accionada.
Al respecto debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia sobre
privación injusta de la libertad, los jueces deben estudiar cada caso y determinar el
régimen aplicable en el asunto determinado.
Así las cosas, la Sala evidencia que no le asiste razón a los tutelantes, y que por el
contrario, el Tribunal fundamentó su decisión en las normativas y jurisprudencia
aplicables al caso, realizó una adecuada valoración probatoria acorde a las reglas
de la sana crítica y a las reglas de la experiencia, motivos por los cuales no se
configura ninguno de los defectos alegados.
En conclusión, lo manifestado por los actores no pasa de ser una simple
inconformidad con las conclusiones a las que arribó el Juez contencioso
administrativo; lo cual, por sí solo no invalida la decisión ni la califica como errónea.
En consecuencia, se revocará la sentencia del 10 de abril de 2026, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, y, en su lugar, se negará
el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el doctor Luis
Eduardo Mesa Nieves y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto.
Segundo. Revocar la sentencia proferida el 10 de abril de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, y en su lugar,
Tercero. NEGAR la tutela solicitada, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Cuarto. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07599-01
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
13
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