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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07600-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07600-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Municipio de Marsella Risaralda, a través de apoderado judicial, por las razones expuestas anteriormente. 6 Corte Constitucional. Sentencias T-936 de 2013, T-1063 de 2012 y T-328 de 2010. 7 Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) 8 Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 2017 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2025-07600-00 Demandante: Municipio de Marsella SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07600-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, DC, veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07600-00
Demandantes: Municipio de Marsella – Risaralda.
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Relación laboral encubierta.
Decisión: Declara improcedencia por falta de inmediatez

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el Municipio
de Marsella contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 28 de noviembre de 2025, el Municipio de Marsella, a través de
apoderado, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda, con ocasión de la providencia del 15 de mayo de 2025 proferida en el
proceso No. 66001-33-33-005-2020-00157-011. A título de amparo constitucional,
solicitó que se deje sin efectos la mencionada providencia.

2. Como fundamentos fácticos, la parte actora señaló que Luis Norberto
Rojo García presentó una demanda contra el Municipio de Marsella, orientada a
obtener la nulidad del Oficio No 101-105 del 23 de abril de 2020, mediante el cual
se negó la existencia de una relación laboral entre el señor Rojo García y dicha
entidad territorial2.

3. El proceso fue asignado al Juzgado 5 Administrativo de Pereira 3 y, mediante
Sentencia del 7 de septiembre de 2023, dicho despacho negó las pretensiones de
la demanda, tras considerar que, en la relación existente entre el demandante y el
municipio, no se acreditaron los elementos de remuneración ni de subordinación.

4. Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, argumentando que la remuneración del actor provenía del dinero
recaudado por concepto del impuesto al degüello y sacrificio animal cobrado a los

1
La notificación de la sentencia de segunda instancia se hizo a través de mensaje de datos enviado el 19 de mayo de 2025.
2
Luis Norberto Rojo García argumentó haber laborado para el Municipio de Marsella – Risaralda como «matarife o trabajador
encargado del sacrificio del ganado bovino y porcino durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1987 y el 9 de
junio de 2017».
3
Rad. No 66001-33-33-005-2020-00157-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07600-00
Demandante: Municipio de Marsella

carniceros del municipio de Marsella. Asimismo, sostuvo que el elemento de
subordinación se encontraba probado a través de las declaraciones rendidas por
los testigos.

5. En Sentencia del 15 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Risaralda revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la existencia
de una relación laboral de hecho entre el señor Rojo García y el Municipio de
Marsella. Para ello, consideró que «i) el demandante prestó el servicio en forma
personal; ii) obtenía como contraprestación a sus servicios el pago de una suma
semanal; iii) desempeñó las labores que le encomendaron en forma subordinada y
iv) tales actividades fueron realizadas por el demandante, con la anuencia del ente
demandado».

6. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
sentencia de segunda instancia incurrió en un defecto sustantivo al vulnerar los
artículos 29 y 230 de la Constitución Política, así como los artículos 32 (numeral 3),
39 y 41 de la Ley 80 de 1993, al reconocer la existencia de un presunto contrato
verbal, pese a que la obligación de elevar a escrito los contratos estatales es de
carácter imperativo.

7. Afirmó que se configuró un defecto fáctico al acreditar el elemento de
subordinación con base en testimonios que provenían de personas que promovían
demandas de naturaleza similar contra el Municipio de Marsella, los cuales no
precisaron los periodos concretos durante los cuales el señor Rojo García había
prestado sus servicios.

8. Igualmente, alegó el desconocimiento del precedente judicial fijado en la
Sentencia del 30 de julio de 2008 proferida dentro del proceso No. 70001-23-31-
000-1997-06303-01 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el cual se
expuso que la falta del acto o contrato no puede suplirse con otra prueba, debido a
que la usencia de estos en negocios jurídicos que requieren esta solemnidad implica
que se tomen como no celebrados.

9. Finalmente, señaló que la actividad de matarife u operario de la planta de
sacrificio animal no hacia parte del objeto misional del municipio, esto es, no se
encontraba contemplada dentro de los cargos de su planta de personal, razón por
la cual no existía servidor público o trabajador oficial que desempeñara funciones
similares o equivalentes a las que, presuntamente, desarrolló Luis Norberto Rojo
García.

Intervenciones4

10. Luis Norberto Rojo García, actuando a través de apoderado judicial, sostuvo
que la acción de tutela resulta improcedente, en la medida en que no cumplió con
el requisito de inmediatez. Indicó que entre la fecha de expedición de la sentencia

4
Mediante Auto de 2 de diciembre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
Risaralda y vinculó al Juzgado 5 Administrativo de Pereira y a Luis Norberto Rojo García

2
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Demandante: Municipio de Marsella

cuestionada (15 de mayo de 2025) y la presentación de la acción de tutela (28 de
noviembre de 2025) transcurrió un lapso superior a 6 meses, sin que se hubieren
allegado pruebas que justifiquen la demora en la interposición del amparo
constitucional.

11. Igualmente, afirmó que el Municipio de Marsella podría estar utilizando la
acción de tutela como mecanismo para postergar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la sentencia judicial.

12. El Juzgado 5 Administrativo de Pereira allego copia digital del proceso.

13. El Tribunal Administrativo de Risaralda no se pronunció, a pesar de haber
sido debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer si la presente acción de tutela cumplió
con los requisitos generales de procedibilidad para controvertir la Sentencia del 15
de mayo de 2025, Rad. 66001-33-33-005-2020-00157-01, del Tribunal
Administrativo de Risaralda, entre ellos la inmediatez. En caso afirmativo, se
analizará si dicha providencia judicial incurrió en un defecto sustantivo, fáctico y/o
por desconocimiento del precedente judicial, al (i) reconocer la existencia de un
presunto contrato verbal, pese a que la obligación de elevar a escrito los contratos
estatales es de carácter imperativo, (ii) valorar de manera errónea los testimonios y
la conformación de la planta de personal del Municipio de Marsella y/o (iii)
desconocer lo dispuesto en la Sentencia del 30 de julio de 2008 proferida dentro del
proceso No. 70001-23-31-000-1997-06303-01 por la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

16. La Sala declara la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, por
no satisfacer el requisito de inmediatez5, como pasa a explicarse:

17. Tras revisar los documentos del expediente digital, se concluye que la
sentencia fue notificada a las partes, mediante mensaje de datos enviado el 19 de
mayo de 2025. Por su parte, según el aplicativo del Sistema de Gestión Judicial

5
Sobre el requisito de inmediatez, puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia SU-184 de 2019

3
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07600-00
Demandante: Municipio de Marsella

Electrónico del Consejo de Estado – SAMAI, la acción de tutela fue radicada el 28
de noviembre de 2025, lo que representa un lapso superior a 6 meses entre ambos
eventos, incluso si se contara desde la ejecutoria de aquella providencia.

18. Si bien la acción de tutela no está sujeta a un término de caducidad estricto,
la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, dada su naturaleza preferente y
sumaria, debe presentarse dentro de un plazo razonable y proporcional contado
desde el hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales. Este criterio tiene como finalidad: (i) proteger los derechos de
terceros, (ii) evitar que el amparo genere inseguridad jurídica, y (iii) prevenir que se
utilice como un mecanismo complementario frente a la falta de diligencia en el
ejercicio de los medios ordinarios de defensa judicial, lo que desvirtuaría su
naturaleza excepcional6.

19. En Sentencia del 5 de agosto de 20147, la Sala Plena del Consejo de Estado
fijó como regla general un plazo de 6 meses desde la notificación o ejecutoria de la
providencia para evaluar la oportunidad en la presentación de una acción de tutela
contra decisiones judiciales. Esta regla busca garantizar el respeto por principios
fundamentales del ordenamiento jurídico, como la cosa juzgada y la seguridad
jurídica.

20. Por su parte, la Corte Constitucional ha precisado que el análisis del
requisito de inmediatez no se agota en el simple cálculo del tiempo transcurrido
entre el hecho generador de la vulneración y la presentación de la acción, sino que
debe considerar la razonabilidad del plazo, evaluada a la luz de las circunstancias
concretas del caso. En esa línea, el juez de tutela debe valorar si existen razones
justificadas para la demora, si la amenaza o vulneración persiste y si la parte actora
se encuentra en una situación de vulnerabilidad que haga desproporcionado o
injusto exigir estrictamente dicho requisito temporal8.

21. En el caso bajo estudio, no se allegaron pruebas que acrediten la existencia
de circunstancias excepcionales ni se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable. En consecuencia, la Sala concluye que no hay elementos que
justifiquen la tardanza de la parte actora en solicitar la protección de sus derechos
fundamentales.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
Municipio de Marsella Risaralda, a través de apoderado judicial, por las razones
expuestas anteriormente.

6
Corte Constitucional. Sentencias T-936 de 2013, T-1063 de 2012 y T-328 de 2010.
7
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
8
Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 2017

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07600-00
Demandante: Municipio de Marsella

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

5
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