Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07602-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07602-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07602-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07602-00
Accionante: SANTIAGO VILLAMIZAR GONZÁLEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedente porque
no se cumplió el requisito de inmediatez; además, el asunto no reviste relevancia
constitucional, toda vez que carece de la carga argumentativa mínima y pretende
convertirse en una instancia adicional del proceso ejecutivo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala se pronuncia en relación con la acción de tutela instaurada por el señor
Santiago Villamizar González, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333
de 20211.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 28 de noviembre de 2025, el señor Santiago Villamizar González presentó
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la
igualdad, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Santander.
Hechos relevantes
2. En sentencia de 29 de febrero de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo de
Bucaramanga declaró la nulidad de ciertos actos administrativos que reconocieron
pensión de jubilación al señor Santiago Villamizar González y ordenó al SENA
realizar la reliquidación de esa prestación, en el equivalente al 75% de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios.
3. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante
sentencia de 14 de agosto de 2014, modificó parcialmente la decisión. Dispuso que
para efectos de la reliquidación debía excluirse el sueldo de vacaciones; además,
ordenó los descuentos de los aportes sobre los factores que se hubieran incluido y
que no hubieran sido objeto de cotización.
4. El señor Santiago Villamizar González instauró proceso ejecutivo contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, con el fin de lograr el pago del retroactivo
1 El asunto ingresó al despacho el 15 de diciembre de 2025.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07602-00
Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia
pensional indexado por la reliquidación de su pensión de jubilación, más intereses
corrientes y moratorios. Al proceso le correspondió el radicado 68001-33-33-014-
2017-00290-00.
5. El Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga dictó sentencia el 8 de abril
de 2019, en la que declaró, de oficio, la excepción de pago parcial de la obligación,
por cuanto se acreditó que el SENA canceló al accionante la suma de $11.497.191,
y ordenó seguir adelante con la ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el
mandamiento de pago.
6. Mediante sentencia de 29 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la
excepción de pago total de la obligación. Advirtió que la entidad ejecutada tomó de
manera correcta la base para la liquidación pensional, en la suma de $12.921.343,
la que incluyó los factores devengados por el demandante entre noviembre de 1999
y noviembre de 2000, por lo que se encontraba ajustada a lo ordenado por ese
Tribunal. Agregó que las liquidaciones aportadas por el demandante contenían
errores porque se incluyeron factores que fueron expresamente excluidos en la
sentencia; además existía una diferencia en los valores tomados por concepto de
descuentos y se indexaron incorrectamente los intereses de mora.
Pretensiones
7. El accionante solicita lo siguiente (transcripción literal):
Señor Juez, ruego a usted se sirva ordenar la suspensión inmediata de la
acción perturbadora de mi derecho, ordenando al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, lo siguiente:
1. Amparar los derechos fundamentales invocados.
2. Dejar sin efectos la sentencia del 29 de junio de 2023.
3. Ordenar nueva sentencia ajustada a derecho y al precedente constitucional.
4. Ordenar al SENA pagar $35.027.196,05 actualizado hasta su cumplimiento.
5. Adoptar medidas inmediatas de protección del mínimo vital.
6. Ordenar verificación judicial del cumplimiento efectivo.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. El accionante manifestó que es adulto mayor y adolece de las siguientes
patologías: «osteoporosis, parkinson atípico, alteración y deterioro de la movilidad,
alteración auditiva severa en ambos oídos, silueta cardiaca aumentada de tamaño,
insomnio nocturno, tinnitus persistente, hernia inguinal hiperplasia prostática, entre
otras», las cuales le habían impedido acudir al juez de tutela.
9. Adujo que la Resolución 1343 de 2015, a través de la cual el SENA realizó la
reliquidación de su pensión, contiene varios yerros: «ausencia de fórmula financiera,
factores incorrectos, descuentos no autorizados y ausencia de indexación real».
Precisó que el tiempo laborado en el último año de servicios fue de 341 días, que en
el año 2000 no se hizo el incremento del salario ordenado por ley, sino a la fecha de
retiro, y que se deben tener en cuenta los factores salariales al momento del retiro,
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Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia
con fecha final de 30 de noviembre de 1999. Sostuvo que se le adeuda un saldo de
$35.027.196,05.
10. Mencionó que «el Tribunal incurrió en defectos fácticos, sustantivos,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución», pero no
desarrolló esos cargos.
Trámite en primera instancia
11. A través de auto de 2 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia, ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran
el Tribunal Administrativo de Santander, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y, en calidad de tercero con interés, al director del SENA.
12. Adicionalmente, se tuvieron como pruebas los documentos aportados con la
demanda y se requirió el envío de copia digitalizada del proceso ejecutivo en el que
se profirió la sentencia cuestionada.
Intervenciones
13. El Tribunal Administrativo de Santander indicó que la acción de tutela es
improcedente, por cuanto está siendo utilizada como una tercera instancia para
obtener una nueva evaluación del asunto resuelto en el proceso ejecutivo. Señaló
que la demanda no especificó las causales específicas de procedibilidad de la acción
y las pretensiones se sustentan únicamente en la inconformidad del accionante con
lo resuelto en la sentencia cuestionada, lo que revela la falta de relevancia
constitucional del caso.
14. El SENA señaló que no se han vulnerado los derechos fundamentales del
accionante, pues el Tribunal realizó un análisis juicioso del material probatorio y
concluyó que se dio cumplimiento a la orden judicial proferida en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por consiguiente, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o negar las pretensiones del accionante.
CONSIDERACIONES
Competencia
15. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Legitimación en la causa
16. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07602-00
Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia
17. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».
18. En el caso concreto, la demanda fue interpuesta por el señor Santiago
Villamizar González, quien se encuentra legitimado en la causa por activa toda vez
que es el titular de los derechos fundamentales que estima vulnerados, en su
condición de accionante en el proceso ejecutivo con radicado 68001-33-33-014-
2017-00290-01, en el que se adoptó la decisión cuestionada.
19. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo de Santander fue la autoridad judicial que profirió la
sentencia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
20. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal. En caso de que estos se encuentren reunidos, se analizará
si la providencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales del accionante,
como se afirmó en la demanda.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 2005 2, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una especifica.
22. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar 3; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela 4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
2 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
3 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
4 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
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Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 5 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Análisis de la Sala
Inmediatez
23. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un
plazo razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de
ser en la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente
los derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales 6.
24. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó
que, aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente
establecido7, debe interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se
desnaturalice su carácter de medio urgente y excepcional de protección
constitucional.
25. La jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional 8 como del Consejo de
Estado9, ha considerado que, en algunos casos, un plazo de seis meses desde la
ocurrencia de los hechos puede catalogarse como razonable; mientras que, en otros,
es menester estudiar las circunstancias concretas del asunto para determinar si se
cumplió o no el requisito. En esa medida, la razonabilidad dependerá de las
particularidades del caso concreto, correspondiéndole al juez valorar si existen
motivos válidos que justifiquen la demora en el ejercicio de la acción.
5 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
6 Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y SU-
499 de 2016, entre otras.
7
En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
8 SU-090 de 2018 y T-367 de 2024, entre otras.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, rad. 11001-
03-15-000-2018-03905-01, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, entre muchas otras. En esa decisión
se consideró que el término debía contarse desde la notificación de la decisión cuestionada o, desde
la ejecutoria, cuando se hubieren realizado trámites adicionales que incidieron en su firmeza.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07602-00
Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia
26. Para determinar si el término es razonable, se han identificado ciertos
criterios 10: (i) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; (ii) las circunstancias
personales o coyunturales que hayan impedido acudir de forma inmediata al juez de
tutela; (iii) el aislamiento geográfico; (iv) la vulnerabilidad económica; (v) la eventual
afectación de derechos de terceros; (vi) la diligencia o negligencia del accionante, y
(vii) la posibilidad de que se genere una seria afectación a la seguridad jurídica.
27. Adicionalmente, se ha estimado que para valorar la admisibilidad de una
acción de tutela presentada después de un largo período desde la ocurrencia de la
violación o la amenaza de derechos, debe considerarse la vulneración permanente
en el tiempo, que continúa y es actual, y la situación especial del afectado que
convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir al juez, por
ejemplo, por encontrarse en estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros 11.
28. En el caso concreto se cuestiona la sentencia de 29 de junio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, la cual se notificó el 7 de julio
de 2023, según la anotación que se registró en SAMAI. El 10 de julio del mismo año,
el accionante solicitó la nulidad o la corrección de esa decisión, con base en los
mismos argumentos que refirió a lo largo del proceso ejecutivo, sobre una supuesta
liquidación errónea de la pensión.
29. Mediante auto de 1º de agosto de 2024, notificado el 8 de agosto siguiente, el
Tribunal Administrativo de Santander rechazó la nulidad y negó la solicitud de
corrección. Indicó que la petición no se sustentó en ninguna de las causales de
nulidad previstas en el artículo 133 del CGP, y tampoco persiguió la corrección de
un error aritmético o de omisión o cambio de palabras, como establece el artículo
286 del CGP, para la viabilidad de la solicitud de corrección.
30. El incidente de nulidad no alteró la ejecutoria de la sentencia, y aun
considerándolo para determinar la inmediatez de la acción, ésta resulta inoportuna,
pues la demanda se radicó sólo hasta el 28 de noviembre de 2025, con más de un
año de posterioridad.
31. Ahora, el demandante adujo en la demanda que sus complicaciones de salud
le impidieron acudir con antelación al juez de tutela. Como soporte, adjuntó copia de
algunos informes médicos, en los que se puede apreciar que, en efecto, presenta
múltiples afecciones de salud:
• Constancia médica por la especialidad de radiología, de 17 de enero de 2022,
en la que se hizo constar que el señor Santiago Villamizar González presentaba
para ese momento «silueta cardiaca ligeramente aumentada de tamaño a expensas
de cavidades izquierdas, aorta densa (…) en campos pulmonares hay un leve
aumento de la trama vascular (…) en las estructuras óseas hay material de
osteosíntesis en esternón».
10 Sentencia T-069 de 2015.
11 Sentencias T-158 de 2006, T-590 de 2014, T-069 de 2015, T-025 de 2015, entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07602-00
Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia
• Valoración de neurología, del 17 de febrero de 2022, que diagnosticó
«parkinsonismo secundario no especificado».
• Consulta de neurocirugía del 20 de junio de 2024, en la que se halló
«aneurisma cerebral muy pequeño extradural a nivel carótido cavernoso izquierdo
sin factores de riesgo para sangrado por lo cual no requiere tratamiento específico».
Además, se anotaron los antecedentes de «parkinsonismo, SAHOS 12 , HPB 13 ,
tinnitus, hipotiroidismo, enfermedad coronaria con bypass».
• Examen de rayos X practicado el 25 de marzo de 2025 que encontró
osteoporosis. Además, se consignaron los antecedentes de «hipertrofia prostática,
ateroesclerosis coronaria, dislipidemia, hipertensión arterial, hipotiroidismo».
32. La Sala no desconoce la multiplicidad de dolencias que padece el
demandante, las que representan una merma en su calidad de vida, especialmente,
a su avanzada edad (81 años). Sin embargo, no se aprecia una razón objetiva para
entender que tuvo una imposibilidad de acudir con antelación a la acción de tutela, o
que amerita una medida de protección inmediata para evitar un perjuicio
irremediable.
33. En efecto, las patologías referidas en el historial clínico allegado no acreditan
una alteración cognitiva o una seria limitación física que le hubiera impedido al
demandante entender el sentido de la decisión que se adoptó en la sentencia
cuestionada o presentar la acción en término.
34. Si bien, el diagnóstico de parkinsonismo secundario, según la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos -MedlinePlus-14, está asociado a
síntomas similares al Parkinson, como dificultad para controlar el movimiento,
temblores, voz suave y rigidez y, en casos graves, podría llevar a una discapacidad,
esto depende de la persona que la padece y la causa subyacente, entre las que se
cuentan la ingesta de medicamentos, trastornos en el sistema nervioso u otras
enfermedades, sobre lo cual no obra información en el plenario. Este diagnóstico,
además, se dio en el año 2022, es decir, un año y medio antes de que se profiriera
la sentencia y se resolviera la solicitud de nulidad, sin evidencia del avance que tuvo
o no la enfermedad con el paso del tiempo.
35. Es cierto que el demandante es una persona de la tercera edad que goza de
una protección reforzada; empero, esa sola razón no puede tomarse por suficiente
para desconocer las reglas jurisprudenciales sobre el plazo razonable para acudir a
este medio judicial, excepcional y perentorio.
36. En la demanda no se indicó que el actor se encuentre en un estado de
indefensión o vulnerabilidad concreto, por sus condiciones económicas, por estar en
12 Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño.
13 Hiperplasia Prostática Benigna.
14 Consulta realizada el 21 de enero de 2026.
Enlace: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000759.htm
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07602-00
Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia
situación de abandono, o que hubiera padecido un cuadro específico de salud que
le hubiese impedido desarrollar sus labores cotidianas, por ejemplo, por encontrarse
hospitalizado o sedado.
37. Aun más, no se expuso que estuviera en una situación apremiante para avalar
el análisis de un criterio netamente económico a través de esta acción constitucional.
Mas bien, en la demanda se informó que el accionante percibe una pensión y, en
realidad, la suma que pretende sólo refleja un supuesto saldo pendiente a su favor,
por la reliquidación equivocada de la pensión.
38. Se reitera, la Sala no pasa por alto las afecciones de salud que le aquejan al
accionante ni su condición de adulto mayor; no obstante, estima que resultaba
indispensable aportar una justificación detallada y concreta de las razones
específicas por las cuales no acudió al juez constitucional en tiempo. Ello resulta aún
más relevante si se tiene en cuenta que el señor Santiago estuvo asistido por un
profesional del derecho dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
y en el proceso ejecutivo que instauró a continuación, quien sostuvo de manera
insistente la pretensión de reliquidación pensional, incluso a través de un incidente
de nulidad contra la sentencia que ahora se cuestiona y que, en razón de sus
conocimientos jurídicos, estaba en capacidad de advertir los supuestos errores que
se le endilgan, en esta oportunidad, a esa decisión.
39. Es así como el retraso injustificado en la radicación de la demanda permite
concluir que ni siquiera el accionante reconoce la condición de urgencia de su
situación, lo cual desvirtúa la necesidad inaplazable de que el juez constitucional
intervenga y la naturaleza inmediata de la acción.
40. Cabe recalcar que la acción de tutela sólo procede excepcionalmente contra
providencias judiciales. Esto obedece a la necesidad de respetar los principios de
independencia y autonomía judicial, y para salvaguardar el principio de seguridad
jurídica, presentes en un Estado Social de Derecho como el colombiano. Es por esto
que se deben observar todas las exigencias para la procedencia de la acción de
tutela, entre estas, que la acción se ejerza en un plazo razonable, lo cual no se
observó en este caso.
41. Por las razones expuestas, se concluye que la acción de tutela no reúne el
requisito de inmediatez, lo que es suficiente para declararla improcedente. Con todo,
la acción tampoco reúne el requisito de relevancia constitucional, como se verá más
adelante.
Relevancia constitucional
42. Este requisito exige que la cuestión debatida tenga una clara y marcada
importancia constitucional, a fin de evitar que el juez constitucional se adentre en
asuntos confiados a otras jurisdicciones.
43. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07602-00
Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima
y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional
a las establecidas por el legislador.
44. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 15 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
45. En el presente asunto, la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, por cuanto no ofrece una carga argumentativa mínima y pretende
convertirse en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y del ejecutivo que se adelantó a continuación, con la intención de que se
evalúe, una vez más, la viabilidad de incluir todos los factores pretendidos por el
accionante para el aumento de su mesada pensional.
46. En la demanda, el actor se limitó a presentar la liquidación que, en su
concepto, contiene todos los factores que debían tenerse en cuenta para la
reliquidación, pero no se ocupó de explicar, con argumentos jurídicos, las razones
por las que considera equivocado o incompleto el cálculo efectuado por el Tribunal,
pese a que en la sentencia se revisó detenidamente la liquidación efectuada por el
SENA y se concluyó que había acatado lo dispuesto por el juez de la nulidad y
restablecimiento del derecho. El Tribunal fundamentó su postura, así:
De la revisión del proceso y las certificaciones aportadas en el trámite de
primera instancia, se observa que la entidad ejecutada tomó de manera
correcta base para la liquidación pensional de $12.921.343, en la que incluyó
los factores salariales devengados por el señor Villamizar González entre los
periodos comprendidos de noviembre de 1999 y noviembre de 2000, estos son,
asignación básica mensual, subsidio de alimentación, prima de servicio de
junio, prima de servicio de diciembre, prima de navidad y prima de junio, por lo
que se entiende que la reliquidación pensional se ajustó a las disposiciones de
las ordenes judicial.
Ahora bien, en contraposición a lo anterior la parte ejecutante con memoriales
del 3 de noviembre de 2021, 21 de abril de 2022 y 6 de junio de 2022 aportó
liquidaciones de la pensión del accionante, en el que la Sala encuentra los
siguientes errores que impiden tenerlas en cuenta: i) base de liquidación con
factores excluidos en las sentencias que sirven de título ejecutivo, ii) diferencia
en los valores tomados por concepto de descuentos, iii) incorrecta indexación
de intereses moratorios.
15 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07602-00
Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia
Como primer punto se indica que, la parte demandante insiste que la base que
sirve de liquidación pensional es de $14.146.219, valor que no se sujeta al título
objeto de ejecución, pues se observa que se incluyen factores salariales que
fueron expresamente excluidos en las sentencias que se traen a ejecución,
como son la bonificación por recreación y el sueldo de vacaciones, pues se
evidencia de los valores tomados como devengados en el mes de diciembre de
1990, marzo y noviembre de 2000; razón por la que las diferencias pensiones
que se solicitan no son procedentes.
En segundo lugar, se observa que en la liquidación de la parte ejecutante se
indicó que el valor a descontar por concepto de aportes es de $123.115
(actualizado), sin embargo, en la resolución que dio cumplimiento a las órdenes
judiciales quedó especificado que el valor a descontar es mayor, el cual nunca
fue controvertido por la parte ejecutante. Finalmente, llama la atención que para
calcular los intereses moratorios después de la resolución No. 1343 del 2015
se toma como capital el valor de $59.720.978, en el que se encuentran incluidos
los intereses moratorios, aspecto evidentemente improcedente, pues estarían
ante el fenómeno del anatocismo.
Teniendo en cuenta lo expuesto, para la Sala es evidente que, los valores
solicitados en la demanda ejecutiva no se ajustan a lo realmente adeudado,
encontrando que con la Resolución en mención se logró cancelar la totalidad
de las diferencias pensionales ordenadas en las sentencias que sirven de título
ejecutivo.
Una vez dispuesto lo anterior debe la Sala indicar que, el argumento principal
del A quo para seguir adelante con la ejecución es incorrecto, no solo porque
no se realizó el estudio de fondo de la resolución que dio cumplimiento a las
órdenes judiciales, sino que, de manera errónea se afirmó que el valor
reconocido en la Resolución No. 1343 de 2015 es la suma de $12.921.343,
pues de la tabla relacionada párrafos atrás se evidencia que dicho valor
corresponde a la sumatoria de los factores que el accionante devengó en el
último año de servicios.
Así mismo, llama la atención de la Sala que en la decisión de primera instancia
no se advirtió que en la parte resolutiva de la Resolución 1343, se dispuso de
manera clara que el valor total de la liquidación que se ordena cancelar es de
$17.777.089, suma de dinero que se distribuyó de la siguiente manera: (…)
Teniendo en cuenta los valores reconocidos a favor del accionante, encuentra
la Sala que dentro de los $11.497.191 no solo se incluyeron las diferencias
pensiones adeudadas con ocasión a la reliquidación realizada, sino también,
los valores por concepto de intereses moratorios, tal y como se dispuso en la
parte final del literal “a” citado anteriormente. (…)
Así las cosas, para la Sala son claros los argumentos expuestos por el SENA
en la resolución que dio cumplimiento a las órdenes judiciales, en la que, se
tomaron los factores salariales ordenados en las sentencias para la
reliquidación pensional, se realizaron los descuentos que por ley deben
pagarse al sistema de seguridad social, y se realizaron las manifestaciones
sobre la “compartibilidad” de la pensión entre el SENA y COLPENSIONES,
último aspecto que no fue objeto de reproche en la demanda, y que de manera
muy somera se hizo alusión en el recurso de apelación.
47. La supuesta vulneración de derechos fundamentales tampoco aparece
sustentada. El escrito introductorio, al respecto, únicamente enlistó los derechos que
pidió proteger, sin ningún tipo de desarrollo. Lo mismo ocurrió con los defectos de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07602-00
Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia
providencia, que solo fueron enunciados, y frente a lo cual le bastó al demandante
afirmar que el Tribunal se basó en «cálculos incompletos», porque omitió lo siguiente:
a.-) Que el total tiempo laborado en el último año de servicios por mi
poderdante, es equivalente a 341 días.
b.-) El SENA tiene programadas las vacaciones colectivas en el mes de
Diciembre.
c.-) En el año de 2000, el SENA no hizo el incremento del salario ordenado por
la Ley, sino a la fecha de retiro del mes de Noviembre de 2000.
d.-) Se debe tener en cuenta la liquidación de las prestaciones sociales
(factores Salariales) al momento del retiro.
e.-) Se debe tomar el día 30 de Noviembre de 1999 para la liquidación.
f.-) Que la liquidación presentada, es estimada.
g.-) La indexación de la primera mesada es un derecho legal y constitucional.
48. Como se observa, la controversia se encuentra desprovista de razonamiento
alguno acerca de una omisión o extralimitación, o cualquier otro vicio en la decisión
cuestionada, que permita al menos inferir la posible existencia de un yerro capaz de
vulnerar los derechos fundamentales del accionante. En realidad, lo que se pretende
es extender una discusión que ya fue zanjada por el juez natural.
49. Por consiguiente, se concluye que el asunto también carece de relevancia
constitucional. Como consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
el señor Santiago Villamizar González, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07602-00
Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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