Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07602-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07602-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07602-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
17 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07602-01
Accionante: Santiago Villamizar González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07602-01
Accionante: Santiago Villamizar González
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Improcedencia - Inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta la parte actora contra de la sentencia
proferida el 30 de enero de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El señor Santiago Villamizar González, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la
igualdad, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander, con
ocasión de la sentencia del 29 de junio de 2023, por medio de la cual se revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, se declaró probada la excepción de
pago total de la obligación dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado
núm. 68001-33-33-014- 2017-00290-01.
2. Hechos
La solicitud de tutela se sustenta en los siguientes supuestos fácticos1:
2.1. El accionante, en su condición de pensionado, promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos
administrativos expedidos por el SENA, mediante los cuales se negó la reliquidación
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 4A0627E69A3DB790 E81EF748050AAEE1
36B3D047F6DB5783 E2713EE58026F1FD.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07602-01
Accionantes: Santiago Villamizar González
de su pensión. Dicho proceso fue conocido por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Bucaramanga.
2.2. Mediante sentencia del 29 de febrero de 2012, ese despacho accedió a las
pretensiones de la demanda; en consecuencia, declaró la nulidad de actos
acusados y ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación en un equivalente al
75 %, con fundamento en todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.
2.3. Posteriormente, el 14 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo de
Santander profirió sentencia de segunda instancia, en la que modificó las órdenes
impartidas por el juez de primer grado. En particular, confirmó la declaratoria de
nulidad de los actos demandados, pero varió los factores que debían tenerse en
cuenta para efectuar la reliquidación de la prestación.
2.4. Con fundamento en lo resuelto dentro del proceso ordinario, el señor Santiago
Villamizar González promovió proceso ejecutivo contra el SENA, con el propósito
de obtener el pago del retroactivo pensional indexado derivado de la reliquidación
de su pensión de jubilación, así como de los intereses corrientes y moratorios. Dicho
trámite fue identificado con el radicado núm. 68001-33-33-014-2017-00290-00.
2.5. Por sentencia del 8 de abril de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo de
Bucaramanga declaró de oficio la excepción de pago parcial de la obligación, por
cuanto se probó que el SENA había pagado en favor del accionante la suma de
$11.497.191 y ordenó seguir adelante con la ejecución.
2.6. Mediante sentencia del 29 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó la decisión de primera instancia y declaró probada la excepción
de pago total de la obligación, aclarando que no existía suma adicional exigible pues
el monto cancelado por el SENA se encontraba ajustada a lo ordenado por el
Tribunal dentro del proceso ordinario.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, que se dejara sin efectos la sentencia
del 29 de junio de 2023, para en su lugar ordenar la expedición de una nueva
decisión ajustada a derecho y al precedente constitucional; asimismo, pidió que se
ordenara al SENA el pago de la suma de $35.027.196,05, debidamente actualizada
hasta su cancelación, junto con la adopción de medidas inmediatas para la
protección de su mínimo vital y la verificación judicial del cumplimiento efectivo de
lo que se dispusiera.
Como fundamento de sus pretensiones, el actor sostuvo, en primer lugar, que, en
atención a su situación de adulto mayor —81 años— y a sus condiciones de salud,
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Accionantes: Santiago Villamizar González
no le fue posible promover con anterioridad la acción de tutela, por lo que invocó la
aplicación de un criterio de protección reforzada.
Asimismo, alegó que la providencia cuestionada incurrió en defectos fáctico y
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución;
no obstante, no desarrolló de manera concreta tales cargos. Finalmente, cuestionó
la Resolución 1343 de 2015, mediante la cual el SENA efectuó la reliquidación de
su pensión, al afirmar que dicha decisión presenta inconsistencias, entre ellas la
ausencia de una fórmula financiera, la utilización de factores incorrectos, la
realización de descuentos no autorizados y la falta de una indexación real.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 2 de diciembre de 20252 el magistrado ponente de la
Subsección A, de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela, ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Santander, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
y, en calidad de tercero con interés, al director del SENA. Asimismo, dispuso
requerir copia digital del expediente correspondiente al proceso ordinario.
Una vez surtido el trámite de notificación, se allegaron los siguientes informes:
4.2. El Tribunal Administrativo de Santander3 solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela. Como fundamento de su solicitud, sostuvo
que el accionante no acreditó la configuración de ninguna de las causales
específicas de procedibilidad exigidas para la interposición de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Asimismo, reiteró el carácter residual y subsidiario de
la acción de tutela, al precisar que no puede ser utilizada como una tercera instancia,
y concluyó que la solicitud carece de relevancia constitucional, en la medida en que
pretende reabrir un debate de naturaleza eminentemente legal que ya fue resuelto
por el juez natural.
4.3. El Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga4 remitió el expediente
del proceso ordinario y señaló que su defensa se encuentra contenida en las
decisiones proferidas dentro de dicho trámite.
4.4. El SENA5 solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o,
en subsidio, que se negara el amparo invocado, al considerar que la providencia
2 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 91ED4A22C40FA7C9 BACDB957303E0BF6
26796FEAAADE0F80 E66280482DD3B584.
3 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado 6931669334815463 90E17AC8A3273018
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4 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado 599DE9D4D274FB53 E808EDA1027FE252
98174313BF09EE1D 866DFF7FD7A02F9B.
5 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado AFB746E7E62753A5 F0EC68277F288E1C
FA8F427DE5572333 05227D4828CEDC76.
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cuestionada se ajusta a derecho y que no se configura vulneración alguna de los
derechos fundamentales del accionante.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia6 del 30 de enero de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado, al
considerar que no se cumplían los requisitos de inmediatez y relevancia
constitucional.
En relación con el requisito de inmediatez, el a quo advirtió que: (i) la sentencia
cuestionada fue proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 29 de junio
de 2023; (ii) las partes fueron notificadas el 7 de julio de 2023; y (iii) la acción de
tutela fue presentada el 28 de noviembre de 2025. Con fundamento en lo anterior,
concluyó que transcurrió un lapso superior a seis (6) meses desde la ejecutoria de
la providencia cuestionada, lo que tornaba improcedente la solicitud de amparo.
Adicionalmente, precisó que el auto de 1 de agosto de 2024, mediante el cual el
tribunal rechazó la solicitud de corrección o de nulidad del fallo presentada por el
accionante, no afectó la ejecutoria de la sentencia objeto de cuestionamiento, razón
por la cual el cómputo del término de inmediatez debía efectuarse a partir de esta.
En todo caso, indicó que, aun si se tomara como referencia la ejecutoria de dicho
auto, la acción de tutela resultaría igualmente extemporánea.
En cuanto a los argumentos del actor relativos a la imposibilidad de acudir
oportunamente al juez constitucional, el a quo señaló que, si bien no desconocía las
patologías alegadas, no obraba en el expediente prueba alguna que acreditara una
afectación cognitiva o una limitación física que le hubiera impedido comprender el
contenido de la decisión y promover la acción dentro de un término razonable.
Asimismo, destacó que, tanto en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho como en el ejecutivo, el señor Villamizar estuvo asistido por un profesional
del derecho, quien contaba con la capacidad para advertir oportunamente los
eventuales errores atribuidos a la providencia.
De igual forma, frente a la condición de adulto mayor del accionante, el juez de
primera instancia consideró que dicha circunstancia, por sí sola, no resulta suficiente
para desconocer las reglas jurisprudenciales relativas al plazo razonable para la
interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En consecuencia, concluyó que no se acreditaban circunstancias excepcionales
que justificaran la inaplicación del requisito de inmediatez, ni se evidenciaba la
configuración de un perjuicio irremediable. En ese sentido, resaltó que la
6 índice 00017 del aplicativo SAMAI, certificado DFF91D74A64E617C EE91632326308F05
1D52C097B2B6AF30 E6D75B682EC72A30.
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observancia de dicho requisito garantiza la seguridad jurídica y se ajusta a la
jurisprudencia vigente.
Por otra parte, el a quo estimó que tampoco se satisfacía el requisito de relevancia
constitucional, ante la ausencia de una carga argumentativa mínima y la intención
del accionante de utilizar la acción de tutela como una instancia adicional de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y ejecutivo, con el propósito de
reabrir el debate sobre la reliquidación de su mesada pensional.
Finalmente, destacó que la solicitud de amparo carecía de un desarrollo
argumentativo que permitiera identificar una omisión, extralimitación o defecto en la
providencia cuestionada, susceptible de configurar una vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
6. Impugnación7
La parte actora presentó escrito de impugnación en el que solicitó revocar el fallo
de primer grado y, en su lugar, se conceda el amparo solicitado.
En sustento de su inconformidad, señaló que la providencia carece de una debida
fundamentación, en la medida en que el a quo aplicó de manera rígida y
desproporcionada el término de seis (6) meses para la interposición de la acción de
tutela. Asimismo, sostuvo que la jurisprudencia constitucional no exige la
acreditación de una imposibilidad absoluta para acudir oportunamente al juez de
tutela, sino que resulta suficiente demostrar la existencia de circunstancias que
dificulten el acceso efectivo a la administración de justicia, las cuales, a su juicio, se
encuentran debidamente probadas en el expediente.
Adicionalmente, argumentó que se configura una vulneración actual y continuada
de su derecho fundamental al mínimo vital, en tanto percibe mensualmente una
mesada pensional inferior a la que considera legalmente debida.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la impugnación presentada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de
Santiago Villamizar González, al ser el titular de los derechos que afirma fueron
7 Índice 00021 del aplicativo SAMAI, certificado C06808191F32E1A1 FEC607D9D68CC402
E04B5E41F3F89A9D CFF9027826AF1E2B.
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vulnerados, dado que actuó como extremo activo al interior del proceso ejecutivo
trámite incidental identificado con el radicado número 68001-33-33-014- 2017-
00290-00/01.
2.2. De igual forma, se acredita la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Santander, toda vez que dicha autoridad judicial actuó como juez
de segunda instancia dentro del referido proceso y es la providencia por él proferida
la que la parte actora cuestiona por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente el amparo solicitado.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20058 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela9 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
10 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.
4.1. Inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.
Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que
implica que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 12, según
las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios
que dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad13, al punto que la
Corte Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis
(6) meses14.
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
12 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente
sentido:
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en
cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela
se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de
terceros. || Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de
antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto
de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los
derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un
elemento determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente. Así,
cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho
requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una
controversia constitucional”.
13 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:
“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el
análisis de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada, pues ´la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente´. En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que
la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que, en
cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro
sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con lo cual se produciría una violación del derecho
de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones
judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-
315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
14 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo
han definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude
a este criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014,
en la que, explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también
en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07602-01
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El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias
fácticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las
siguientes variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante
una situación excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en
mención:
“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual (…)”15.
La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se
supera cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración”16. Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el
término razonable que define la inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente”17.
En este escenario, el examen del requisito de inmediatez en el trámite de tutela en
contra de providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de
determinar el hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta
certeza se deriva de la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos
procesales.
Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la
eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en
que se perfecciona su notificación y ejecutoria.
a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la
ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de
2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y
autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable
y proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar
la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer
la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.
15 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la
Corte Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158
de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
16 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
17 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de
2014.Resaltado fuera del texto original.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07602-01
Accionantes: Santiago Villamizar González
5. Caso concreto
La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
inmediatez. En consecuencia, confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente el amparo.
5.1. Del examen de las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo
identificado con el radicado 68001-33-33-014-2017-00290-00/01, se destacan las
siguientes decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander:
a. Mediante sentencia del 29 de junio de 2023, se revocó la decisión de primera
instancia y se declaró probada la excepción de pago total de la obligación18.
b. Dicha providencia se notificó el 7 de julio de 202319.
c. Posteriormente, a través de auto del 1.º de agosto de 2024 20, notificado el 8
del mismo mes y año21, se resolvió de manera desfavorable el incidente de
nulidad promovido por el actor.
En ese orden, la providencia cuestionada fue proferida el 29 de junio de 2023 22 y
notificada el 7 de julio del mismo año23. No obstante, la acción de tutela fue
presentada hasta el 28 de noviembre de 2025, esto es, cuando había transcurrido
un lapso ampliamente superior al término razonable de seis (6) meses fijado por la
jurisprudencia constitucional, lo que conduce a su improcedencia por
incumplimiento del requisito de inmediatez.
Si bien el interesado promovió un incidente de nulidad contra la providencia
cuestionada, este fue resuelto de manera desfavorable, por lo que carece de efectos
jurídicos para incidir en el cómputo del término de inmediatez. Con todo, aun si se
contabilizara dicho término a partir de la notificación del auto que resolvió la nulidad
—esto es, el 8 de agosto de 2024—, la solicitud de amparo igualmente resultaría
extemporánea.
5.2. En el escrito de tutela el accionante adujo que las diversas complicaciones de
salud que lo aquejan le impidieron acudir con antelación al juez de tutela.
La Sala no desconoce la multiplicidad de patologías24, que aquejan al demandante,
las cuales inciden en su calidad de vida, en especial si se tiene en cuenta su
18 Índice 00031 del expediente ordinario de segunda instancia del aplicativo SAMAI, certificado
CD32BE1D9B6A9BF8 B67153669AF70C44 049BCDA1BF320AB6 C12FD069899437B0.
19 Índice 00033 del expediente ordinario de segunda instancia del aplicativo SAMAI.
20 Índice 00038 del expediente ordinario de segunda instancia del aplicativo SAMAI, certificado
66D2095AB70C10CE BF8DDD81173C7943 4A14EA6C7A4215BE 95BA7CAA2751877B.
21 Índice 00042 del expediente ordinario de segunda instancia del aplicativo SAMAI.
22 Índice 00031 del expediente ordinario de segunda instancia del aplicativo SAMAI, certificado
CD32BE1D9B6A9BF8 B67153669AF70C44 049BCDA1BF320AB6 C12FD069899437B0.
23 Índice 00033 del expediente ordinario de segunda instancia del aplicativo SAMAI.
24 Según los documentos aportados por el accionante junto con la solicitud de tutela, se registraron antecedentes
de «parkinsonismo, Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño., Hiperplasia Prostática Benigna,
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07602-01
Accionantes: Santiago Villamizar González
avanzada edad (81 años), sin embargo, no se acreditó la existencia de una
alteración cognitiva, ni de una limitación física de tal entidad que hubiese
imposibilitado el ejercicio oportuno del mecanismo constitucional. Por el contrario,
se advierte que varias de las patologías son contemporáneas al desarrollo de los
procesos ordinarios en los cuales el actor intervino oportunamente a través de
apoderado judicial, lo que desvirtúa la alegada imposibilidad de acudir en tiempo a
la acción de tutela.
En cuanto al argumento planteado en la impugnación, según el cual no se exige la
prueba de una “imposibilidad absoluta”25 para flexibilizar el requisito de inmediatez,
la Sala precisa que, si bien la jurisprudencia constitucional ha permitido dicha
situación en circunstancias excepcionales, tratándose de tutela contra providencia
judicial exige una justificación suficiente y debidamente acreditada.
En el presente asunto, no se configuran las circunstancias que, de manera
excepcional, permiten atenuar la exigencia de inmediatez, por cuanto: (i) no existe
un motivo válido que justifique la inactividad del accionante; (ii) no se acreditó que
se encontrara en estado de indefensión, vulnerabilidad extrema o incapacidad física
o mental que le impidiera ejercer sus derechos; y (iii) la presunta vulneración no
tiene carácter permanente.
En consecuencia, el retardo injustificado en la interposición de la acción desvirtúa
la urgencia que caracteriza este mecanismo constitucional y resulta incompatible
con su naturaleza subsidiaria y perentoria.
Conviene recordar que la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
carácter excepcional, en atención a la necesidad de preservar los principios de
autonomía e independencia judicial, así como la seguridad jurídica, pilares del
Estado social de derecho. Por ello, su procedencia se encuentra supeditada al
cumplimiento estricto de los requisitos definidos por la jurisprudencia, entre ellos, su
ejercicio dentro de un plazo razonable, exigencia que no se satisface en el caso
concreto.
Finalmente, se resalta que la Defensoría del Pueblo se encuentra facultada para
interponer acciones de tutela en favor de quienes así lo soliciten o se encuentren en
situación de indefensión26. En ese sentido, de haber existido una limitación real
derivada de su estado de salud o edad, el actor pudo acudir a dicha entidad para
promover oportunamente la acción constitucional.
En conclusión, la Sala no advierte la concurrencia de circunstancias excepcionales
que justifiquen la flexibilización del requisito de inmediatez, ni elementos que
tinnitus, hipotiroidismo y enfermedad coronaria con bypass»; se diagnosticó osteoporosis. Asimismo, se
consignaron antecedentes de «hipertrofia prostática, ateroesclerosis coronaria, dislipidemia, hipertensión
arterial e hipotiroidismo»
25
Índice 00002 del expediente digital en Samai de la acción de tutela en primera instancia, certificado
4A0627E69A3DB790 E81EF748050AAEE1 36B3D047F6DB5783 E2713EE58026F1FD.
26 Corte Constitucional Sentencia T-896A de 2006.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07602-01
Accionantes: Santiago Villamizar González
permitan excusar la inactividad del accionante, lo que impide adelantar un estudio
de fondo de los cargos formulados.
5.3. En suma, la acción de tutela fue presentada por fuera del plazo considerado
razonable por la jurisprudencia constitucional, sin que se hubieran acreditado
circunstancias que justifiquen la flexibilización de dicho término. En consecuencia,
se confirmará el fallo impugnado.
5.4. En atención al incumplimiento del requisito de inmediatez, la Sala se abstendrá
de analizar los demás requisitos generales y específicos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2026 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo por no superar el requisito de inmediatez, conforme a los
motivos expuestos en la parte considerativa de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB
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