Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07604-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07604-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07604-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
21 de enero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07604-00
Demandante: ADOLFO FONSECA ALARCÓN
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: DERECHO DE PETICIÓN. SOLICITUD DE PAGO DE
DEPÓSITOS JUDICIALES. SUCESORES PROCESALES.
Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró su
derecho fundamental de petición por no dar respuesta a la solicitud que presentó, dirigida a que
se entregaran y pagaran unos títulos judiciales. La Sala accederá al amparo invocado, porque no
se respondió a lo solicitado.
La Sala procede a resolver el proceso de acción de tutela presentado por el señor Adolfo
Fonseca Alarcón en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para la protección de su derecho constitucional
fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta Política.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción1 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Los señores Adolfo Fonseca Alarcón, Elizabeth Hernández Bonilla, Lexi Carolina
Fonseca Hernández, Ana de Jesús Alarcón de Fonseca, Manuel Fonseca Sánchez, Ana
Teresa Fonseca Alarcón, Carmen Alicia Fonseca Alarcón, Gloria Fonseca Alarcón,
Sandra Xiomara Fonseca Alarcón, Jorge Eliécer Fonseca Alarcón, Germán Ricardo
Fonseca Alarcón, Óscar Jaime Fonseca Alarcón y Mónica Liliana Ramírez Fonseca,
presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Salud
y Protección Social, a efectos de que se declarara su responsabilidad por los perjuicios
causados por la desaparición forzada de que fue víctima el señor Manuel Fernando
Fonseca Alarcón, el 29 de octubre de 1984, cuando se encontraba en comisión en
1 La acción de tutela fue presentada el 27 de noviembre de 2025, índice 1, Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07604-00
Demandante: Adolfo Fonseca Alarcón
Acción de tutela
jurisdicción del municipio de Saravena (Arauca), como empleado del Servicio Nacional
de Erradicación de la Malaria "SEM".
2) El proceso correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca2, quien en providencia del 1 de marzo de 2023 accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y reconoció en favor de los señores Ana
de Jesús Alarcón de Fonseca y Manuel Fonseca Sánchez la suma de 300 salarios
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), para cada uno, decisión que fue apelada
por la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, en adelante “el ministerio”.
3) El 25 de octubre del 2023, los apoderados de la parte demandante y demandada
propusieron fórmula conciliatoria, razón por la cual, el 27 de noviembre del 2023, se
celebró la audiencia de conciliación de que trata el numeral 2 del artículo 247 del CPACA,
en el marco de la cual decidieron conciliar el 80% de la totalidad de la condena, acuerdo
conciliatorio aprobado por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en providencia del 29 de noviembre del 2023.
4) El 7 de marzo del 2024, el expediente de reparación directa se archivó.
5) El 4 de febrero del 2025, los señores Óscar Jaime Fonseca Alarcón, Ana Teresa,
Carmen Alicia, Germán Ricardo, Gloria, Jorge Eliécer, Sandra Xiomara y Adolfo Fonseca
Alarcón y Lexi Carolina Fonseca Hernández, quienes alegaron su condición de herederos
de los señores Ana de Jesús Alarcón de Fonseca (QEPD) y Manuel Fonseca Sánchez
(QEPD), solicitaron autorizar el pago de los dineros depositados en su favor, con ocasión
de lo cual se desarchivó el expediente desde el 12 de marzo del 2025.
6) El 27 de agosto del 2025, se requirió a los señores Ana Teresa, Carmen Alicia, Germán
Ricardo, Gloria, Jorge Eliecer, Sandra Xiomara y Adolfo Fonseca Alarcón y a señora Lexi
Carolina Fonseca Hernández para que solicitaran su reconocimiento como sucesores
procesales en la causa de los demandantes, a través de apoderado, con poder
debidamente otorgado, y se ordenó a la Secretaría que verificara si existían los depósitos
judiciales nos. 280634037 y 280633961 realizados el 3 de abril del 2024 en favor de los
fallecidos.
7) El 27 de octubre del 2025, el señor Adolfo Fonseca Alarcón, en su condición de
demandante y heredero, solicitó que se le informara “en qué trámite se encuentra el pago
de los depósitos judiciales a favor del suscrito y de mis familiares” y se le indicara “la
fecha aproximada en la que se efectuará el pago”, en la medida que necesitaba
urgentemente esos recursos debido a que padecía cáncer de pulmón.
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Proceso con radicación no. 25000-23-36-000-2017-00302-00.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07604-00
Demandante: Adolfo Fonseca Alarcón
Acción de tutela
2. Los fundamentos de la vulneración
A juicio del actor, se vulneró su derecho constitucional fundamental de petición, por
cuanto a la fecha de presentación de la demanda de acción de tutela no se ha dado
respuesta a la solicitud presentada el 27 de octubre de 2025, dirigida a que se paguen
unos títulos judiciales.
2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“a) Se me conceda la protección inmediata del derecho fundamental de petición,
consagrado en el art. 23 de la Constitución Política el cual fue vulnerado por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA
– SUBSECCIÓN C, al no resolver la petición radicada el día 27 de octubre de
2025.
b) Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, para que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de la providencia, dé respuesta al derecho de
petición radicado el día 27 de octubre de 2025.
c) Que se conmine al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, a pagar inmediatamente los
depósitos judiciales a favor del suscrito.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 2-negrillas y mayúsculas del
original).
3. Actuación procesal
Mediante auto de 3 de diciembre de 20253 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al presidente, magistrados integrantes de la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al secretario (a) de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
4. Actuación de las autoridades demandadas
La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 4
puso de presente que la solicitud formulada el 27 de octubre del 2025 se encuentra
supeditada al trámite de reconocimiento de la sucesión procesal, en el cual los
demandantes y herederos (incluido el señor Adolfo Fonseca Alarcón) otorgaron poderes
el 16 y 17 de septiembre del 2025 al abogado Guber Alfonso Zapata Escalante, quien
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Índice 4, Samai.
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Índice 9, Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07604-00
Demandante: Adolfo Fonseca Alarcón
Acción de tutela
solicitó “la entrega de dichos depósitos judiciales a las cuentas bancarias que cada uno
haya indicado”, asunto que se encuentra al despacho para resolver.
Lo solicitado por la parte actora no corresponde al ejercicio del derecho de petición, sino
a una solicitud paralela al trámite formal que se está adelantando para decidir las
cuestiones procesales pendientes, por lo cual se debe tener en cuenta los términos del
proceso contencioso administrativo y la carga laboral del despacho.
Los plazos dentro de los cuales se han adelantado las actuaciones en el proceso de
reparación directa han sido razonables y no se ha incurrido en moras injustificadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con
el fin de que se proteja el derecho constitucional fundamental de petición presuntamente
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Demandante: Adolfo Fonseca Alarcón
Acción de tutela
vulnerado por no dar respuesta a la solicitud del 27 de octubre de 2025, dirigida a que se
paguen unos títulos judiciales.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala accederá al amparo
invocado, por las razones que procederán a exponerse:
2.1 Diferencia entre peticiones administrativas y peticiones judiciales
1) Sea lo primero diferenciar entre el ejercicio del derecho de petición y las peticiones
judiciales, el primero se presenta para obtener información, requerir copias, solicitar la
intervención de un funcionario y/o entidad o elevar consultas ante autoridades
administrativas, mientras que las segundas se presentan en el marco de los procesos
judiciales con el fin de poner en marcha el aparato judicial o solicitar que un funcionario
cumpla sus funciones jurisdiccionales.
2) Las primeras se rigen por lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, de manera que, las
autoridades ante quien se presenten peticiones con la finalidad antes expuesta deben
acatar los términos allí previstos según el tipo de petición de que se trate.
3) Sin embargo, las peticiones judiciales no se encuentran sujetas a dichos términos, sino
a los plazos consagrados en los estatutos procesales, de conformidad con el tipo de
proceso, el procedimiento y la etapa procesal en la que se encuentre el asunto.
4) Ambas figuras se distinguen por la naturaleza de la respuesta, es decir, si la
contestación a la petición implica decisión judicial sobre algún asunto relacionado con la
litis en el que la respuesta equivale a un acto expedido en función jurisdiccional, el juez
no está obligado a responder bajo las previsiones normativas del derecho de petición.
5) No obstante, el funcionario deberá distinguir si se exige su pronunciamiento en virtud
del ejercicio jurisdiccional o, si lo solicitado por el peticionario se aviene a los lineamientos
y términos propios del derecho de petición.
6) La jurisprudencia constitucional ha insistido que las reglas del derecho fundamental de
petición no son aplicables cuando se le solicita a un servidor judicial que cumpla sus
funciones jurisdiccionales, ya que las peticiones sobre actuaciones judiciales se
encuentran reguladas en procedimientos propios5.
5 Corte Constitucional. Sentencia 290 de 1993. (MP José Gregorio Hernández Galindo; julio 28 DE 1993):
“el derecho de petición no puede invocarse para solicitar a un juez que haga o deje de hacer algo dentro
de su función judicial, pues ella está gobernada por los principios y normas del proceso que aquél conduce.
Las partes y los intervinientes dentro de él tienen todas las posibilidades de actuación y defensa según las
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07604-00
Demandante: Adolfo Fonseca Alarcón
Acción de tutela
7) Por tanto, los memoriales y los recursos se rigen por los términos y etapas procesales
previstos por el legislador y, en general, por las leyes procedimentales propias de cada
mecanismo judicial, lo cual significa que las peticiones y escritos que se interponen ante
autoridades judiciales sobre aspectos relacionados con el litigio se regulan por las reglas
propias de cada juicio.
8) En esa medida, las disposiciones que rigen el derecho de petición no son aplicables a
las solicitudes que pretendan obtener pronunciamientos relacionados con procesos
judiciales, pues, en estos casos el derecho presuntamente vulnerado es el del debido
proceso, así estos se presenten bajo el rótulo de derecho de petición.
2.2 Análisis de la presunta vulneración del debido proceso en el caso concreto
1) La Sala observa que la parte demandante elevó una solicitud ante el tribunal
demandado, mediante la cual requirió información relacionada con una actuación
procesal específica, así:
“1. Se me informe en qué trámite se encuentra el pago de los depósitos
judiciales a favor del suscrito y de mis familiares.
2. Se indique la fecha aproximada en la que se efectuará el pago.”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 2).
2) Ahora bien, a partir de las pruebas allegadas al proceso y, en particular, del informe
rendido por el magistrado demandado, se advierte que se trata de una solicitud judicial
que fue presentada directamente por el interesado, sin la intervención de apoderado
judicial, y que, adicionalmente, existe un trámite pendiente dentro del proceso principal,
relacionado con el reconocimiento de la calidad de herederos de varias personas que han
comparecido al mismo; sin embargo, aun cuando no se cumple con el derecho de
postulación, tal circunstancia no exonera a la autoridad demandada de su deber mínimo
de pronunciarse frente a la solicitud elevada para rechazarla, requerir al actor para que
se dirija a la administración de justicia a través de su apoderado judicial o al menos para
reglas propias de cada juicio (artículo 29 C.N.) y, por tanto, los pedimentos que formulen al juez están
sujetos a las oportunidades y formas que la ley señala. En ese contexto, el juez, en el curso del proceso,
está obligado a tramitar lo que ante él se pida pero no atendiendo a las disposiciones propias del derecho
de petición, cuyos trámites y términos han sido previstos en el Código Contencioso Administrativo para las
actuaciones de índole administrativa, sino con arreglo al ordenamiento procesal de que se trate. A la
inversa, las funciones de carácter administrativo a cargo de los jueces, dada su naturaleza, sí están
sometidas a la normativa legal sobre derecho de petición, tal como resulta del artículo 1º del Código
adoptado mediante Decreto 01 de 1984.”
Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos; abril 11 de 2016): “resulta
necesario hacer una distinción entre los actos de carácter estrictamente judicial y los actos administrativos
que pueden tener a cargo los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos son aplicables las
normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras que, respecto de los actos de carácter
judicial, se estima que estos se encuentran gobernados por la normatividad correspondiente a la Litis”.
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indicar que resulta improcedente.
3) En efecto, la Sala observa que el despacho judicial no emitió respuesta alguna
tendiente a precisar la naturaleza de la solicitud, a informar sobre la imposibilidad de darle
trámite en los términos solicitados, ni a orientar al peticionario respecto de los requisitos
formales exigibles o la necesidad de dirigirse al despacho a través de su apoderado de
confianza.
4) Dicha omisión adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el demandante
manifestó que se encontraba en una situación de debilidad manifiesta, derivada de una
grave condición de salud, lo cual lo ubica, prima facie, como sujeto de especial protección
constitucional, por lo cual, la autoridad judicial estaba llamada a observar un deber
reforzado de diligencia, orientación y garantía efectiva de sus derechos fundamentales.
5) En efecto, la jurisprudencia constitucional6 ha sostenido de manera reiterada que
frente a personas en condición de debilidad manifiesta, las autoridades públicas, incluidas
las judiciales, deben observar un estándar más exigente de actuación, que se traduce en
la obligación de brindar información clara, suficiente y oportuna, así como de orientar
activamente al interesado sobre los requisitos, canales y condiciones necesarias para la
adecuada formulación de sus solicitudes, aun cuando estas adolezcan de defectos
formales o procesales.
6) Así las cosas, la Sala considera que la solicitud, no fue resuelta en ningún sentido,
puesto que no se le informó si su solicitud era improcedente, si debía presentarse por
conducto de apoderado, si estaba supeditada a la definición previa de otros trámites
procesales, o si no era posible atenderla por razones de competencia o procedimiento.
7) En consecuencia, la falta absoluta de respuesta configura una vulneración del derecho
del debido proceso de la parte actora, en la medida en que el tribunal omitió cumplir con
su deber de dar una respuesta clara, expresa y oportuna, con independencia de que la
respuesta de fondo estuviera o no condicionada a decisiones judiciales posteriores, pues,
incluso en ese escenario, subsistía la obligación mínima de informar al interesado sobre
el estado de la actuación y las razones de la imposibilidad de acceder a lo solicitado en
ese momento.
8) Por lo anterior, atendiendo la condición del demandante como sujeto de especial
protección constitucional, la Sala amparará el derecho fundamental del debido proceso y
ordenará a la autoridad judicial demandada que emita una respuesta expresa y motivada
6 Sentencia T-324 de 2024, T-454 de 2024, T-066 de 2024.
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Demandante: Adolfo Fonseca Alarcón
Acción de tutela
de la solicitud presentada, en la cual se indique de manera clara la naturaleza de la
petición, su viabilidad o improcedencia, y las razones jurídicas que sustenten dicha
determinación, respuesta que debe ser debidamente comunicada al interesado.
9) En consideración a lo antes expuesto, se accederá al amparo deprecado, por las
razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1°) Concédese el amparo del derecho fundamental del debido proceso del demandante,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Ordénase a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que en un término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, emita una respuesta expresa y motivada de la solicitud
judicial presentada, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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