RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07608-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07608-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07608-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora Yanneth Riscanevo Espitia contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, respecto a los defectos sustantivo, fáctico y decisión sin motivación. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Yanneth Riscanevo Espitia, en lo concerniente al defecto procedimental alegado, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: DEJAR sin efectos el auto del 20 de octubre de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva. CUARTO: ORDENAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de notificación del presente fallo resuelva la solicitud de nulidad radicada por la parte actora el 2 de octubre de 2025, y de manera posterior, dé continuidad con la actuación procesal a que hubiere lugar. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07608-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

22 de enero de 2026

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07608-00
Demandante: YANNETH RISCANEVO ESPITIA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por falta
de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Yanneth Riscanevo Espitia, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela1 contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión a
efectos de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso,
de defensa, de contradicción y de acceso a la administración de justicia.

Dichas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
providencia del 1º de octubre de 2025 proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, a través de la cual le fue
impuesta una sanción, y la del 20 de octubre de 2025 que confirmó tal decisión, al
interior del incidente de desacato identificado con el radicado 23001-33-33-007-
2021-00402-00/02.

1 La cual fue radicada el 28 de noviembre de 2025.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] PRIMERO: REVOCAR la sanción impuesta dentro del incidente de desacato
promovido cuyo radicado es 23-001-33-33-007-2021-00402-0 con ocasión a que no
se emitió orden alguna en lo referente a los servicios excepcionales y, en
consecuencia, dar por cumplida la sentencia de tutela, en especial por las
afirmaciones hechas tanto por la incidentista como por el propio JUZGADO
SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERIA.2

De igual forma, solicitó como medida provisional «SUSPENDER la sanción proferida
por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
MONTERIA y posteriormente confirmada por el TRIBUNAL ADMINSITRATIVO EN
SU SALA TERCERA DE DECISIÓN dentro del incidente de desacato dentro del
proceso de tutela cuyo radicado es 23-001-33-33-007-2021-00402-0 hasta tanto se
resuelva la presente acción constitucional».

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora Eliana Paola Gómez Núñez instauró acción de tutela contra la Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional, a efectos de que le fuera agendada una cita de
control con nefrología, incluyendo los gastos de transporte aéreo e interurbano,
alimentación y hospedaje, siempre y cuando la respectiva cita le fuera programada
en la ciudad de Bogotá.

Así mismo, solicitó que, le fuera suministrada la proteína denominada
«PROWHEY», y autorizados los demás procedimientos quirúrgicos, exámenes
médicos, radiológicos, terapias, y tratamientos integrales que se tornaran
necesarios e indispensables para proteger sus derechos fundamentales a la vida
digna, a la salud, a la seguridad social, a la integridad física, a la igualdad, y al
mínimo vital.

El mecanismo constitucional correspondió por reparto al Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería que, mediante sentencia del 3
de diciembre de 2021, resolvió:

PRIMERO: Declarase la carencia actual de objeto en el asunto de la referencia, por
existir hecho superado frente a la cita por Nefrología para el mes de diciembre del
presente año, la entrega del medicamento PROWHEY PROTEINA, la realización de

2 Transcripción literal que puede contener errores.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00
ECOGRAFÍA DE TIROIDES y la BIOPSIA DE GLANDULA TIROIDES, de
conformidad con lo dicho en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Conceder el amparo al derecho a la salud de la accionante y como
consecuencia de ello, se ordena a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE
CORDOBA DE LA POLICÍA NACIONAL, garantizar el tratamiento médico integral
que requiera la señora ELIANA PAOLA GÓMEZ NÚÑEZ, para el tratamiento de las
enfermedades que padece: INSUFICIENCIA REAL CRONICA NO ESPECIFICADA e
HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO, sin que dicha entidad ponga como
obstáculo razones de tipo administrativo o que argumente que son medicamentos o
procedimientos no POS, lo anterior para que la paciente no se vea en la necesidad
de estar acudiendo a la acción de tutela cada vez que tenga una cita de control o se
le ordene un medicamento o procedimiento relacionado con las enfermedades
indicadas.

El 10 de septiembre de 2025, la señora Eliana Paola formuló incidente de desacato
contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional por el incumplimiento de la
orden judicial aludida, bajo el argumento que la referida entidad omitió asumir los
gastos de hospedaje y alimentación requeridos para asistir a la cita médica que le
fue programada en la ciudad de Medellín el 22 de septiembre de 2025.

Mediante auto del 15 de septiembre de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Montería requirió a la mayor Dora Yanneth Riscanevo
Espitia, en calidad de jefe de la Unidad Prestadora de Salud del departamento de
Córdoba, como entidad desconcentrada de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, para que informara el trámite impartido por dicha autoridad, en pro de dar
cumplimiento al fallo referenciado.

A través de proveído del 1. º de octubre de 2025, se impuso como sanción a la
referida funcionaria una multa equivalente a tres (3) S.M.L.M.V., al no haberse
corroborado que la entidad accionada hubiere dado cumplimiento a la orden del 3
de diciembre de 2021, por cuanto si bien otorgó los tiquetes aéreos a la accionante
ida y regreso para asistir a la cita que le fue programada el 22 de septiembre de
2025, los gastos de alojamiento y alimentación, al igual que el transporte urbano e
interurbano no fueron suministrados, siendo su obligación hacerlo.

La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Tercera de Decisión, en grado jurisdiccional de consulta mediante auto del 20 de
octubre de 2025, al considerar que, si bien la parte incidentada en respuesta al
requerimiento que le fue efectuado y en escrito posterior allegado al trámite, fue
insistente en señalar que el fallo de tutela no ordenó el suministro de los servicios
de hospedaje, transporte interurbano y alimentación; dicho argumento no resulta de
recibo, toda vez que en la sentencia aludida, se ordenó a la unidad prestadora de
salud que el tratamiento integral relacionado con los diagnósticos de la señora
Eliana Paola debían brindarse eliminando todas las barreras para que la prestación
y el acceso a los servicios de salud prescritos por el médico tratante fueran
garantizados.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00
Tratamiento que necesariamente implicaba el suministro del transporte, alojamiento
y alimentación para acudir a las citas médicas especializadas que le permitieran
continuar con el mentado procedimiento, máxime cuando se trata de una
enfermedad crónica donde la prestación de los servicios de salud y
complementarios están enfocados a precaver que se agrave su condición.

En consecuencia, concluyó que la decisión adoptada por el juez de primera
instancia se encontraba ajustada a derecho, en tanto se acreditó el incumplimiento
de la orden judicial y se garantizó el debido proceso a la funcionaria sancionada,
además de estimar proporcional la sanción que le fue impuesta a la ahora
accionante, por considerar que la misma resulta razonable y adecuada a la
gravedad de la conducta omisiva que ha sido reiterada, comprometiendo además
de manera directa los derechos fundamentales de una persona que por su condición
de salud es sujeto de especial protección constitucional.

La providencia aludida, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el
23 de octubre de 20253.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La tutelante consideró que las autoridades judiciales accionadas a través de las
providencias acusadas, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental absoluto y decisión sin motivación.

Respecto al procedimental absoluto, manifestó que, un funcionario del Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería realizó una llamada
telefónica a la señora Eliana Paola Gómez, sin que mediara auto que la decretara y
sin que lo manifestado en dicha comunicación fuera sometido a contradicción por
parte de la señora Dora Yanneht Riscanevo Espitia.

Refirió que, al haberse realizado la comunicación telefónica aludida por un
sustanciador, el juez que le impuso la sanción carece de certeza sobre su contenido,
incumpliendo así el deber de practicar personalmente las pruebas, conforme lo
establece el artículo 171 del Código General del Proceso (en adelante C.G.P.), lo
cual va en abierta vulneración de los principios de publicidad, igualdad y
contradicción, máxime cuando dicha prueba, al día de hoy, aún no ha sido
incorporada al expediente.

Manifestó que las anteriores irregularidades fueron puestas de presente ante el
Tribunal Administrativo de Córdoba mediante comunicación oficial GS-2025-
094244-DECOR del 2 de octubre de 2025 en donde se solicitó de forma subsidiaria
que se declarara la nulidad del auto mediante el cual le fue impuesta la sanción que
ahora ocupa la atención de la Sala, conforme a la causal 5º del artículo 133 del

3 Índice 03 de Samai proceso radicado 23001-33-33-007-2021-00402-00/02

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00
C.G.P., sin que se hubiere dado trámite a su solicitud.

En cuanto al defecto sustantivo, señaló que, mediante el incidente de desacato
formulado, el juzgado accionado pretende exigir el cumplimiento de una orden que
no fue impartida en la sentencia de tutela, sino que surge únicamente a partir de la
creencia errónea de que el tratamiento integral cubre incluso aquello que no tiene
que ver con tecnologías en salud.

Aseveró que las órdenes judiciales son mandatos claros, directos y obligatorios que
deben cumplirse en un término perentorio y que constituyen norma de conducta
para el destinatario.

Afirmó que, de la parte resolutiva de la sentencia del 3 de diciembre de 2021, se
puede extraer que se ordenó garantizar a la señora Eliana Paola Gómez Núñez el
tratamiento médico integral derivado de sus diagnósticos de insuficiencia renal
crónica no especificada e hipotiroidismo no especificado, sin que los servicios
excepcionales, tales como hospedaje, alimentación y transporte urbano puedan
considerarse desatendidos.

Indicó que, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias T-062
de 2006 y T-008 de 2025, el concepto de «tratamiento integral», comprende el
suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación
y, en general, cualquier componente que el médico tratante determine como
necesario.

En consecuencia, dicho tratamiento se circunscribe exclusivamente a tecnologías
en salud, entendidas como procedimientos, insumos, dispositivos o consultas
especializadas que cuenten con respaldo mediante orden médica, sin que en algún
momento se desprenda de la providencia judicial que el tratamiento integral deba
incluir servicios ajenos al ámbito de las tecnologías en salud, máxime cuando estos
no han sido prescritos por el profesional tratante.

Refirió que, de acuerdo con lo señalado por el Órgano Límite de Interpretación
Constitucional en sentencia T-301 de 2025 la prestación de los servicios
excepcionales por los cuales fue sancionada, requieren para su autorización el
análisis de unos requisitos diferentes al del tratamiento integral, ya que los mismos
exigen la valoración de la capacidad económica del paciente y de su núcleo familiar,
así como la pertinencia de dichos servicios.

Por dicha razón consideró, que jurídicamente no es posible asimilar la orden de
tratamiento integral y extenderla a tales servicios, puesto que exigen una discusión
distinta y que no debió darse dentro del incidente de desacato, ya que no es posible
revivir discusiones ya realizadas o incluir nuevas, sino verificar el estricto
cumplimiento de la orden impartida.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00

Señaló que de dicha manera, la decisión cuestionada desnaturaliza el carácter
excepcional de los servicios de transporte, alojamiento y alimentación, pues los
convierte en una obligación automática y permanente de la Unidad Prestadora de
Salud, cuando en realidad la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar
que dichos apoyos solo pueden ser reconocidos previa verificación de requisitos
específicos relacionados con la capacidad económica del paciente y la necesidad
médica concreta.

En lo atinente al defecto fáctico, arguyó que, en el presente asunto no existe
prueba que demuestre negligencia frente al cumplimiento de la orden de tutela. Por
el contrario, en el expediente se evidencia de manera reiterada, tanto por
manifestaciones realizadas por la incidentista como por lo señalado por el propio
juez que la señora Eliana Paola Gómez Núñez efectivamente asistió a la cita médica
programada el 22 de septiembre de 2025 y que, para garantizar su presencia, se le
suministró el transporte aéreo correspondiente.

Insistió que la prueba empleada para declarar el incidente de desacato se redujo
exclusivamente a lo manifestado por la incidentista, vertido en una llamada
telefónica que no obra en el expediente, y que fue practicada por un tercero distinto
al juez, sin que se hubiera otorgado traslado a la funcionaria involucrada.
Circunstancia que, según su sentir, pone en evidencia una grave irregularidad
probatoria, ya que la sanción que le fue impuesta se fundamentó en un elemento
carente de validez, sin soporte documental ni contradicción.

Decisión sin motivación, por cuanto la argumentación expuesta tanto por el juez
que impuso la sanción, como por el tribunal que la confirmó resulta genérica, simple
y sin atención a los argumentos expuestos por la sancionada, en especial, porque
no se emitió pronunciamiento alguno, en lo atinente a la solicitud de nulidad y a los
escritos que advertían la grave afectación al debido proceso frente a la prueba
practicada de manera ilegal.

Aunado a lo anterior, precisó que el argumento empleado por el tribunal
administrativo accionado en la providencia acusada resulta desproporcionado, ya
que extiende de manera irrazonable el alcance de la orden de tutela al pretender
que esta elimine cualquier barrera existente para el acceso a los servicios de salud;
interpretación que desborda el contenido literal y material de la providencia,
desconociendo que la orden se circunscribía exclusivamente a garantizar el
tratamiento integral en lo relativo a los servicios médicos y tecnologías en salud
prescritas de manera taxativa por el profesional tratante.

Conforme a lo analizado, señaló que el auto sancionatorio desnaturalizó el alcance
de la orden de tutela, desconoció el debido proceso y se apoyó en pruebas
inexistentes o irregulares, circunstancias que tornan procedente la acción de tutela
de la referencia, en pro de que se restablezcan sus derechos fundamentales.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 4 de diciembre de 2025, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Montería4 y al Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera
de Decisión5, como autoridades judiciales accionadas.

Así mismo, se negó la medida provisional solicitada por la parte actora, y se dispuso
vincular en calidad de terceros con interés jurídico en el resultado del proceso, a la
señora Eliana Paola Gómez Núñez6 [parte actora en el incidente objeto de estudio]
y a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional7, Unidad Prestadora de Salud
Córdoba8 [parte accionada en el incidente objeto de estudio].

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión

Remitió el link de acceso al expediente correspondiente a la acción de tutela
tramitada bajo el radicado el radicado 23001-33-33-007-2021-00402-00/01. Sin
embargo, no se pronunció respecto al contenido de la solicitud de amparo.

1.6.2. Eliana Paola Gómez Núñez

Allegó escrito en el que solicitó que, se denieguen las pretensiones invocadas por
la parte actora, toda vez que la Dirección de Sanidad ha persistido en
incumplimientos sistemáticos y reiterados, negándole el hospedaje, la alimentación,
equipaje y transporte oportuno, lo cual le ha generado un gran perjuicio a su estado
salud, debido al proceso de trasplante al que fue sometida y, por ende, a su dignidad
humana.

Refirió que, pese a que la accionante es insistente en señalar que la sanción por
desacato que le fue impuesta, se habría fundamentado en una llamada telefónica

4 La notificación fue realizada a: adm05mon@cendoj.ramajudicial.gov.co Si bien la notificación realizada, se

efectuó al correo electrónico del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería; lo cierto
es que el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del referido Circuito, se pronunció en el presente trámite,
allegando el link correspondiente al incidente de desacato objeto de controversia.
5 La notificación realizada a: setradmon@cendoj.ramajudicial.gov.co tadmin04crb@notificacionesrj.gov.co
tadmin02crb@notificacionesrj.gov.co sectradmon@cendoj.ramajudicial.gov.co
des03tacrb@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 La notificación fue realizada a: eliana7980@hotmail.com
7 La notificación fue realizada a: segen.consejo@policia.gov.co
8 La notificación fue realizada a: decor.upres@policia.gov.co; decor.upres-rad@policia.gov.co; decor.upres-

asj@policia.gov.co

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00
realizada por el juzgado accionado, afirmando que esta constituiría una prueba
irregular no decretada ni controvertida.

Dicha afirmación es completamente infundada ya que la referida llamada no fue una
prueba en sí misma, sino un acto de verificación dentro de un trámite en el que ya
se encontraban plenamente acreditados múltiples incumplimientos reiterados desde
el año 2021, evidenciados en más de nueve incidentes de desacato, informes
contradictorios enviados por la entidad, constancias de negación del apoyo logístico
ordenado, obstáculos administrativos persistentes y la imposibilidad real de asistir a
citas las médicas que le fueran programadas debido a la falta de transporte,
alojamiento y alimentación.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Córdoba, al momento de resolver la
consulta de la sanción, fue explícito en que no existió vulneración al debido proceso
de la tutelante, puesto que la funcionaria sancionada fue debidamente notificada de
cada una de las actuaciones surtidas, tuvo la oportunidad de presentar sus
descargos, además de haber sido valorados sus argumentos; por lo que la decisión
adoptada estuvo sustentada en pruebas objetivas, documentales y reiteradas.

Recalcó que la llamada telefónica a la que se ha hecho referencia, no fue la prueba
única, ni determinante para arribar a la decisión que se cuestiona, toda vez que la
sanción que le fue impuesta a la señora Yanneth Riscanevo se fundamentó, en el
incumplimiento reiterado y continuado de la orden de tratamiento integral contenida
en la sentencia del 3 de diciembre de 2021.

Por lo expuesto solicitó, que (i) se niegue integralmente la acción de tutela
promovida por la tutelante, (ii) se declare que no existió vulneración al debido
proceso en la sanción por desacato, (iii) mantener incólume la sanción del 1. ° de
octubre de 2025 y su confirmación en consulta, (iv) reiterar que la sentencia del 3
de diciembre de 2021 ordena tratamiento médico integral, (v) reconocer los nuevos
incumplimientos posteriores a la sanción, (vi) dejar constancia del trato desigual
frente a otros pacientes renales, (vii) exhortar a la Dirección de Sanidad a garantizar
el cumplimiento inmediato y permanente del fallo, (viii) solicitar la apertura de
investigaciones disciplinarias por las obstrucciones cometidas por la Oficina
Jurídica, y (ix) exhortar al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Montería para
que tramite y resuelva de manera oportuna y eficaz los incidentes de desacato,
evitando demoras injustificadas que agraven su condición clínica.

1.6.3. Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería

Remitió el link de acceso al expediente correspondiente a la acción de tutela
tramitada bajo el radicado el radicado 23001-33-33-007-2021-00402-00/01, sin que
se hubiere pronunciado respecto al contenido de la solicitud de amparo.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00

1.6.4. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Unidad Prestadora de Salud
Córdoba, pese a estar debidamente notificado de la presente acción, guardó
silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, los artículos 2.2.3.1.2.4 y
2.2.3.1.2.1. numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige entre otros, contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba.

2.2. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, y
el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, vulneraron
los derechos fundamentales de la accionante, con ocasión de las
providencias dictadas el 1. º y 20 de octubre de 2025, de manera respectiva,
al interior del incidente de desacato identificado con el radicado 23001-33-
33-007-2021-00402-00/02, y a través de las cuales le fue impuesta una
sanción por desacato a la sentencia proferida por el juzgado accionado el 3
de diciembre de 2021?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato; (iii) el requisito de relevancia constitucional, y (iv) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10 y declaró su
procedencia.11

Esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su
estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Procedencia de la tutela contra autos que resuelven incidente de desacato

Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que
se adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la
siguiente manera:

[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas
en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la
Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre
que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es

10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00
claro que, por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman
decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse
presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que
afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo
de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así,
el estudio de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato
deberá limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el
incidente mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo
contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada […]12

De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento sancionatorio de
creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición de la parte interesada y
requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.

Es así como mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el incidente de
desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del funcionario
encargado de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a omitir el deber de
atender la orden judicial.

En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un
trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de la
Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales del
Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez constitucional
es hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio del
poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva […]»13 en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad objetiva,
en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial es necesario
que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente
del agente.

La mencionada corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:

[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser
coherentes con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas
que pretenda hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa
incidental porque de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no
puede ser utilizada como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del
interesado […]14

El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden
impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma
específica en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe
verificar de manera rigurosa.

12 Corte Constitucional, sentencia T-482 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos
13Corte Constitucional, sentencia T-763 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
14 Corte Constitucional, sentencia T-343 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00

Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al funcionario
el derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que, de advertirse una
conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse que ha obrado de
buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden judicial, no hay lugar
a la imposición de sanciones.15

Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela
contra providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra
limitado a establecer:

i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida, ii)
si se respetó el debido proceso de las partes y, iii) si la sanción impuesta, de ser el
caso, resulta arbitraria, sin que con ello se pueda reabrir el debate de fondo ni
cambiar la protección concedida o el alcance y contenido de aquella.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

La actora pretende, vía acción de tutela, dejar sin efectos la providencia dictada por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión el 20 de octubre
de 2025 que confirmó el auto proferido el 1. º de octubre de 2025 por el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, al interior del incidente
de desacato identificado con el radicado 23001-33-33-007-2021-00402-00/01, y a
través del cual le fue impuesta una sanción por el incumplimiento a la orden emitida
en la sentencia del 3 de diciembre de 2021.

Lo anterior, al considerar que a través de la misma se incurrió en un defecto
procedimental absoluto, al haberse permitido que se practicara una prueba
irregular mediante una llamada telefónica realizada por un sustanciador, sin auto
que la decretara, y sin haber sido debidamente incorporada al expediente para que
fuera controvertida por la contra parte, además de no haberse tramitado la solicitud
de nulidad elevada en tal sentido el 2 de octubre de 2025.

Sustantivo, al haberse extendido de manera indebida el alcance de la orden de
tutela y convertir en obligación automática servicios excepcionales como hospedaje,
alimentación y transporte urbano que no fueron ordenados de manera expresa en

15 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado: «…Conforme a la naturaleza

sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar soportada por la garantía del
debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y precedida por la comprobación probatoria de cada
uno de sus elementos, es decir, el incumplimiento de la orden y la responsabilidad subjetiva de cada uno de
sus destinatarios. De no reunirse cualquiera de los presupuestos mencionados, conforme al reglamento que
rige la acción de tutela y la jurisprudencia de esta Corporación, no será posible impartir sanción alguna, pero si
ello llegare a ocurrir, procederá el examen de las decisiones a partir de los criterios de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales»

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00
el fallo de tutela y que la jurisprudencia ha definido como subsidiarios y sujetos a
valoración independiente.

Fáctico y decisión sin motivación, al carecer de prueba válida que demostrara el
incumplimiento de la orden judicial impartida, y limitarse a afirmaciones genéricas
sin atender los argumentos de defensa ni el precedente aplicable, lo que evidencia
una ausencia de motivación y vulneración del principio de igualdad.

Previo a resolver lo que es objeto de controversia, resulta pertinente recordar el
criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216, en
cuanto a la procedencia de la acción tutela de cara al presupuesto de relevancia
constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes

16 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal17 (Énfasis de la
Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico18; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional19 […]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal20”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales21”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental
[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto22, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal23. (Resaltado de
la Sala)

Acorde con la pauta jurisprudencial aludida, advierte la Sala que los argumentos
expuestos en los defectos sustantivo, fáctico y decisión sin motivación, pese a
hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de lenguaje de carácter no
gozan de relevancia constitucional, toda vez que lo cuestionado es una simple
inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada, lo cual, per se, no
implica una trasgresión de las garantías constitucionales que se aducen como
vulneradas a través del presente mecanismo.

Ello, por cuanto revisada la motivación desplegada por el ad quem en la providencia
censurada, se avizora que frente a los reparos realizados por la parte actora se dejó
precisado lo siguiente:

17 Sentencia SU-573 de 2019.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-128 de 2021.
22 Sentencia SU-573 de 2019.
23 Ibid.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00
La parte incidentada en su respuesta y en escrito posterior arrimado al trámite
incidental insiste en que la sentencia de tutela no ordenó el suministro de servicios de
alimentación hospedaje y transporte interurbano para la accionante, por lo cual
escapan del alcance de la sentencia.

Al respecto, advierte la Sala que, a través de sentencia de tutela de fecha 3 de
diciembre de 2021, se ordenó garantizar el tratamiento médico integral que requiere
la señora Eliana Paola Gómez Núñez para el tratamiento de sus patologías
Insuficiencia renal crónica no especificada e hipotiroidismo no especificado, “sin que
dicha entidad ponga como obstáculos razones de tipo administrativo o que argumente
que son medicamentos o procedimientos no POS, lo anterior para que la paciente no
se vea en la necesidad de estar acudiendo a la acción de tutela cada vez que tenga
una cita de control os e le ordene un medicamento o procedimiento relacionado con
las enfermedades indicadas” <sic>.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala no son de recibo los argumentos
esbozados por la funcionaria incidentada, toda vez que, se reitera, el juez de tutela
ordenó a la unidad prestadora de salud que el tratamiento integral relacionado con los
diagnósticos de la accionante deben brindarse eliminando todas las barreras para que
la prestación y el acceso a los servicios de salud prescritos por el médico tratante
sean garantizados, lo cual necesariamente implica el suministro de del transporte,
alojamiento y alimentación para acudir a las citas médicas especializadas que le
permitan continuar con el mentado tratamiento, máxime cuando se trata de una
enfermedad crónica como la que padece la señora Gómez Núñez, donde la
prestación de los servicios de salud y complementarios están enfocados a precaver
que se agrave su condición.

Lo anterior, permite concluir que, si bien la parte actora intenta exponer las razones
por las cuales considera que el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera
de Decisión incurrió en una vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad
lo que se evidencia es una simple inconformidad con lo dispuesto por el ad quem
en el auto censurado, y las conclusiones a las cuales arribó, lo cual, per se, no
implica una trasgresión de los mencionados derechos.

En ese sentido, es dable concluir que el amparo constitucional estudiado no tiene la
identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, ya que la discusión planteada por la parte accionante pone en
evidencia su desacuerdo con la conclusión a la que llegó el juez de la causa.

De igual forma, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprocharlas vía acción de
tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate
planteado por la tutelante busca mutar el amparo constitucional en una tercera
instancia.

Así mismo, se advierte que los reparos formulados al enmarcarse en una tutela
contra providencia judicial, exige con mayor énfasis que se ejecute una exposición
que sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00
objeto de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en
su núcleo esencial, sin que dicha exigencia se evidencie en el sub examine.

Acorde con lo analizado y de las argumentaciones expuestas en el escrito de
amparo, concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida
por la autoridad judicial accionada, sin que sea permitido reabrir el debate zanjado
de manera previa, so pretexto de la interpretación realizada por la accionante con
relación al concepto del tratamiento integral, y los servicios que, según su sentir, se
encuentran excluidos de su cobertura.

Lo anterior adquiere mayor relevancia, si se tiene en cuenta que el mismo juez
constitucional que dictó el auto sancionatorio, fue claro en señalar que el alcance
de la sentencia por él proferida y que se predica incumplida, incluía necesariamente
el suministro del transporte, alojamiento y alimentación para que la señora Gómez
Núñez pudiera acudir a las citas médicas especializadas que le permitan continuar
con el tratamiento médico brindado, toda vez que se trata de una persona que por
su condición de salud es sujeto de especial protección constitucional ya que padece
de una enfermedad crónica, en donde la prestación de los servicios de salud y
complementarios están enfocados a precaver que se agrave su condición.

A partir de lo expuesto, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.

En consecuencia, se considera que, lo pretendido por la accionante en cuanto a los
aspectos anteriormente analizados carece de relevancia constitucional, y en dicho
entendido se declarará su improcedencia.

Ahora bien, en lo referente al defecto procedimental absoluto, se puede avizorar
que lo alegado transciende de la esfera legal a la constitucional, pues la parte actora
afirma que a la fecha no ha sido resuelta por parte de la autoridad judicial
competente la solicitud de nulidad formulada el 2 de octubre de 2025 contra el auto
del 1. º de octubre de la misma anualidad, circunstancia que generó una afectación
a su derecho fundamental al debido proceso.

En línea con lo expuesto, advierte la Sala que en cuanto a dicho cargo se satisface
el requisito de la relevancia constitucional, debido a que, se observa la posible
vulneración de la garantía constitucional aludida, lo cual impone al juez
constitucional el deber de revisar si se configuró el quebrantamiento de los derechos
fundamentales de la parte actora.

2.5.2. Tutela contra tutela

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00

La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida al interior
del incidente de desacato identificado con el radicado 23001-33-33-007-2021-
00402-00/02, y que se formuló, con ocasión al mecanismo constitucional instaurado
por la señora Eliana Paola Gómez Núñez contra la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional.

2.5.3. Subsidiariedad

En consideración al requisito de subsidiariedad, este se encuentra satisfecho por
tratarse del auto dictado el 20 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Tercera de Decisión en el grado jurisdiccional de consulta de que
trata el artículo 52 del decreto 2591 de 1991.

Así mismo, se observa que lo pretendido vía amparo constitucional, no es
susceptible de ser ventilado a través de otros mecanismos judiciales, por cuanto la
providencia que se cuestiona no es susceptible de otro recurso ordinario.

2.5.4. Inmediatez

Es preciso señalar que esta colegiatura24 ha considerado como plazo prudencial el
de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al
fondo del debate jurídico planteado.

En el caso objeto de estudio, se observa que el auto del 20 de octubre de 2025,
proferido por el tribunal accionado, se notificó a las partes el 23 siguiente; y la
presente acción fue promovida el 28 de noviembre de 2025, por lo que, sin ahondar
en su ejecutoria, se tiene que el amparo fue promovido en un término razonable, ya
que no se alcanzan a completar los 6 meses contemplados como plazo prudencial.

2.6. Caso concreto

Como se señaló, la parte actora pretende, vía acción de tutela, dejar sin efectos la
providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de
Decisión el 20 de octubre de 2025 que confirmó el auto proferido el 1. º de octubre

24 Ver sentencias: de 18.04.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P: Susana Buitrago Valencia;
03.07.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01891-01, 12.08.13, Rad.11001-03-15-000-2013-1435-00, M.P: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12.09.13, Rad. 11001-03-
15-000-2012-02203-01, M.P: Alberto Yepes Barreiro; 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P:
Rocío Araújo Oñate; entre otras.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00
de 2025 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Montería, al interior del incidente de desacato identificado con el radicado 23001-
33-33-007-2021-00402-00/01, y a través del cual le fue impuesta una sanción por el
incumplimiento a la orden emitida en la sentencia del 3 de diciembre de 2021.

Para sustentar la solicitud de amparo, la parte accionante adujo que la autoridad
judicial accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto toda vez que,
para la fecha de formulación de la presente acción no había sido resuelta por parte
de la autoridad judicial competente la solicitud de nulidad formulada el 2 de octubre
de 2025 contra el auto del 1. º de octubre de la misma anualidad.

Acorde con lo expuesto, y en aras de determinar si en el presente asunto se
configuró el defecto procesal alegado, se hace menester analizar las actuaciones
registradas por las autoridades judiciales accionadas en el aplicativo Samai y de las
cuales se desprende lo siguiente:

Mediante auto del 1º de octubre de 2025 a la señora Yanneth Riscanevo Espitia le
fue impuesta una sanción por desacato a la orden emitida en un fallo judicial, y el 2
de octubre siguiente, presentó ante el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Montería solicitud de nulidad contra la aludida providencia, al
encontrarse inconforme con la llamada telefónica realizada por parte del
sustanciador del referido Despacho; prueba que según su juicio, sirvió de
fundamento para adoptar la decisión que se cuestiona mediante el presente asunto.

No obstante, el 15 de octubre de 2025 el juzgado referido remitió el proceso
correspondiente a su superior jerárquico, para que surtiera el grado jurisdiccional de
consulta previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Actuación que fue
resuelta por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión
mediante auto del 20 de octubre; aun cuando se encontraba una solicitud pendiente
de resolver.

En este orden, y a criterio de la Sala, lo procedente era que el tribunal accionado
regresara el expediente al juzgado de origen para que se diera trámite a la solicitud
de nulidad que le fue formulada y que aún no había sido resuelta, para de manera
posterior, se diera continuidad con la actuación procesal correspondiente.

Así las cosas, y al estimarse que ante la circunstancia descrita se incurrió en un
defecto procedimental, se amparará el derecho fundamental al debido proceso de
la tutelante, y como consecuencia, se dejará sin efectos el auto del 20 de octubre
de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de
Decisión, y se ordenará al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Montería que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de
notificación del presente fallo resuelva la solicitud de nulidad radicada por la parte
actora el 2 de octubre de 2025, y de manera posterior, dé continuidad con la
actuación procesal a que hubiere lugar.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Yanneth Riscanevo Espitia contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera
de Decisión, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, respecto a
los defectos sustantivo, fáctico y decisión sin motivación.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Yanneth Riscanevo Espitia, en lo concerniente al defecto procedimental alegado,
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DEJAR sin efectos el auto del 20 de octubre de 2025 dictado por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, por las razones
expuestas en la parte motiva.

CUARTO: ORDENAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Montería que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de
notificación del presente fallo resuelva la solicitud de nulidad radicada por la parte
actora el 2 de octubre de 2025, y de manera posterior, dé continuidad con la
actuación procesal a que hubiere lugar.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

_________________________________________________
Demandante: Yanneth Riscanevo Espitia
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-00

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.