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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07608-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07608-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Revocar el ordinal primero de la sentencia de 22 de enero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, declarar la carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente respecto de los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin motivación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo.- Confirmar en lo demás la sentencia de 22 de enero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para efectos que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07608-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07608-01
Accionante: DORA YANNETH RISCANEVO ESPITIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CÓRDOBA, SALA TERCERA
DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Incidente de desacato. Defecto
procedimental absoluto, sustantivo, fáctico y decisión sin motivación.
Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la señora Dora Yanneth Riscanevo Espitia quien actúa en nombre
propio y en calidad de jefe de la Unidad Prestadora de Salud de la Policía Nacional
Córdoba, contra la sentencia de 22 de enero de 2026 proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de noviembre de 2025, la accionante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción que consideró vulnerados por la autoridad judicial accionada al
imponerle sanción por desacato a la sentencia de tutela de 3 de diciembre de 2021.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“REVOCAR la sanción impuesta dentro del incidente de desacato promovido cuyo
radicado es 23-001-33-33-007-2021-00402-0 (sic) con ocasión a que no se emitió orden
alguna en lo referente a los servicios excepcionales y, en consecuencia, dar por cumplido
la sentencia de tutela, en especial por las afirmaciones hechas tanto por la incidentista
como por el propio JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
MONTERIA”.

2. Hechos

Del escrito de tutela y los archivos obrantes en el proceso de tutela adelantado por
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Montería, se advierten como
hechos relevantes los siguientes:

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07608-01
Demandante: Dora Yanneth Riscanevo Espitia

2.1. De los hechos que dieron origen a la acción de tutela 23001-33-33-007-
2021-00402-00 de conocimiento del Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Montería

La señora Eliana Paola Gómez Núñez, en nombre propio, presentó acción de tutela
contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional con el fin que se protegieran
sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la seguridad social, a los
principios de integralidad, continuidad y confianza legítima, a la integridad física, a
la igualdad de las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta, entre otros, al mínimo vital.

Sustentó la solicitud en que padecía diversas patologías de carácter crónico, tales
como hemofilia, hipotiroidismo, enfermedad renal hipertensiva con falla renal y
enfermedad de Von Willebrand, las cuales requerían controles médicos periódicos
y tratamiento continuo, inicialmente prestados por la IPS Freseinus Medical Care y
luego en el Hospital Central de la Policía en Bogotá.

Relató que, pese a las órdenes médicas emitidas en septiembre de 2021, la entidad
accionada no había autorizado oportunamente la cita de control por nefrología, ni
había suministrado un medicamento prescrito (proteína PROWHEY), ni garantizado
los gastos de traslado necesarios para asistir a la atención especializada en Bogotá,
situación que se agravaba por su falta de capacidad económica para asumir dichos
costos.

En consecuencia, solicitó que se ordenara “autorizar de manera urgente la cita de
control con nefrología incluyendo los gastos en cuanto a los pasajes aéreos,
transporte interurbano, alimentación, hospedaje cuando se le asigne la cita y tenga
que viajar a la ciudad de Bogotá para dicho control y los suministros de
medicamentos NO POS (de la proteína denominada Prowhey), además
procedimientos quirúrgicos, exámenes médicos, radiológicos, terapias, y todo
tratamiento Integral necesarios e indispensables para proteger los Derechos
Fundamentales ya mencionados y evitar de esa forma un perjuicio mayor e
irremediable”.

La demanda de tutela se asignó por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Montería que, por sentencia de 3 de diciembre de 2021, decidió:

“PRIMERO: Declarase la carencia actual de objeto en el asunto de la referencia, por
existir hecho superado frente a la cita por Nefrología para el mes de diciembre del
presente año, la entrega del medicamento PROWHEY PROTEINA, la realización de
ECOGRAFÍA DE TIROIDES y la BIOPSIA DE GLANDULA TIROIDES, de conformidad
con lo dicho en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Conceder el amparo al derecho a la salud de la accionante y como
consecuencia de ello, se ordena a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE
CORDOBA DE LA POLICIA NACIONAL, garantizar el tratamiento médico integral que
requiera la señora ELIANA PAOLA GÓMEZ NÚÑEZ, para el tratamiento de las
enfermedades que padece: INSUFICIENCIA REAL CRONICA NO ESPECIFICADA e
HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO, sin que dicha entidad ponga como obstáculo
razones de tipo administrativo o que argumente que son medicamentos o procedimientos
no POS, lo anterior para que la paciente no se vea en la necesidad de estar acudiendo
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Demandante: Dora Yanneth Riscanevo Espitia

a la acción de tutela cada vez que tenga una cita de control o se le ordene un
medicamento o procedimiento relacionado con las enfermedades indicadas”.

Esa sentencia no fue objeto de impugnación y la Corte Constitucional no la
seleccionó para revisión.

2.2 De los hechos que dieron origen al incidente de desacato en el que se
sancionó a la ahora tutelante1

La señora Eliana Paola Gómez Núñez radicó solicitud de incidente de desacato el
10 de septiembre de 2025, en el que manifestó que la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional incurrió en la omisión de cubrir gastos de hospedaje y alimentación
requeridos para asistir a cita programada en la ciudad de Medellín el 22 de
septiembre de 2025.

Por auto de 15 de septiembre de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Montería requirió a la mayor Dora Yanneth Riscanevo Espitia como jefe
de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba para que le diera cumplimiento al fallo
de tutela y, posteriormente, mediante auto de fecha 19 de septiembre de 2025
notificado el día 22 de septiembre de esa anualidad, admitió el desacato con base
en que “no existe prueba obrante dentro del expediente que constate que se ha
dado cumplimiento a la orden impartida”.

El día 23 de septiembre de 2025, la incidentada presentó respuesta al incidente de
desacato para lo cual indicó que prestó los servicios de salud y aclaró que la orden
de tutela no incluyó servicios excepcionales como transporte interurbano,
alimentación, hospedaje o gastos de acompañante, los cuales, a su juicio,
requerían de una valoración judicial independiente en la que considerara los
factores económicos y de necesidad.

Por auto de 1 de octubre de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Montería decidió el incidente de desacato, en el sentido de sancionar a la señora
Dora Yanneth Riscanevo Espitia en condición de jefe de la Unidad Prestadora de
Salud de la Policía Nacional Córdoba, al considerar que la orden de tutela impuso
garantizar un tratamiento médico integral que no podía cumplirse de manera
fragmentada ni mediante interpretaciones restrictivas, pues su alcance comprendía
no solo la prestación directa de servicios de salud, sino también las condiciones de
accesibilidad necesarias para hacerlos efectivos.

En consecuencia, al haberse demostrado que la entidad accionada omitió cubrir
gastos indispensables como transporte, alojamiento y alimentación —en un
contexto en el que la paciente carecía de recursos y requería atención fuera de su
lugar de residencia—, concluyó que existió un cumplimiento defectuoso equivalente
a desacato, al vulnerarse el derecho fundamental a la salud en sus componentes
de integralidad, continuidad y acceso efectivo, lo que habilitó la imposición de la
sanción correspondiente.

1 La señora Eliana Paola Gómez Núñez ha promovido siete incidentes de desacato, siendo los últimos los

radicados el 10 de septiembre de 2025 (objeto de esta tutela) y 25 de noviembre de 2025 (archivado).

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Demandante: Dora Yanneth Riscanevo Espitia

El 2 de octubre de 2025, la señora Dora Yanneth Riscanevo Espitia en condición
de jefe de la Unidad Prestadora de Salud de la Policía Nacional Córdoba, radicó
escrito de nulidad y solicitó la inaplicación de la sanción.

Por auto de 20 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Córdoba, en sede
de grado jurisdiccional de consulta, confirmó la decisión del Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Montería, por las mismas razones.

2.3. De los hechos que motivaron la interposición de la tutela y las
actuaciones que se surtieron con posterioridad

El 28 de noviembre de 2025, la señora Dora Yanneth Riscanevo Espitia presentó
acción de tutela en la que solicitó al juez constitucional la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción que consideró
vulnerados por la autoridad judicial accionada que consideró vulnerados por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Montería y el Tribunal
Administrativo de Córdoba con ocasión a los autos de 1 de octubre de 2025 que la
declaró en desacato y la sancionó con multa pecuniaria, y el auto de 20 de octubre
de 2025 que confirmó la decisión.

La demanda de tutela correspondió a la Sección Quinta de esta Corporación que
por sentencia de 22 de enero de 2026, amparó el derecho fundamental al debido
proceso de la señora Riscanevo Espitia, en lo concerniente al defecto
procedimental alegado y declaró improcedente en lo demás2. Dejó sin efectos el
auto de 20 de octubre de 2025 y ordenó al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Montería que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
fecha de notificación del fallo, resolviera la solicitud de nulidad radicada por la parte
actora el 2 de octubre de 2025 y, de manera posterior, diera continuidad con la
actuación procesal a que hubiere lugar.

Por auto de 4 de febrero de 2026, el citado juzgado dio cumplimiento al fallo y negó
la solicitud de nulidad, además remitió el asunto al Tribunal Administrativo de
Córdoba para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta del auto de 1 de
octubre de 2025.

Por auto de 26 de febrero de 2026, el Tribunal accionado decidió la consulta del
auto de 1 de octubre de 2025, en el que revocó la sanción impuesta.

3. Fundamentos de la acción

La actora sostuvo que la acción de tutela resulta procedente al no existir otro
mecanismo apto para controvertir el auto que confirmó la sanción, afirmación que
sustenta en las sentencias T-233 de 2018 y SU-128 de 2021.

En ese escenario, afirmó que las providencias por medio de las cuales se le impuso
y confirmó la sanción incurrieron en defectos procedimental absoluto, sustantivo,
fáctico y decisión sin motivación.

2 La sala precisa que en el acápite de sentencia impugnada se ampliarán las razones de la decisión.

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Sobre el defecto procedimental absoluto indicó que se configuró al decretar de
manera ilegal una prueba que fue practicada por el sustanciador del despacho,
persona distinta al juez. Explicó que se realizó una llamada telefónica a la
incidentante sin auto que lo mediara y sin ser sometida a contradicción. Precisó que
no tiene plena certeza del contenido de la declaración y que al ser una llamada
realizada por un empleado, el funcionario judicial desconoce lo que dijo la señora
Eliana Paola configurándose un desconocimiento pleno del artículo 171 del Código
General del Proceso.

Adicionalmente, argumentó que esas irregularidades fueron puestas en
conocimiento del Tribunal accionado por memorial radicado el 2 de octubre de 2025,
autoridad judicial que aunque reconoció haber recibido la solicitud de nulidad, omitió
tramitarla y resolverla, lo cual comporta una grave vulneración al debido proceso.

En cuanto al defecto sustantivo expuso que se configuró porque el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Montería, exigió el cumplimiento de una
orden que no fue impartida en la sentencia de tutela, sino que surgió bajo un
entendimiento erróneo de que el tratamiento integral cubre aquello que no tiene que
ver con las tecnologías de la salud.

Insistió que los servicios adicionales como hospedaje, alimentación y transporte
urbano no están incluidos dentro del tratamiento integral conforme se deprende de
las sentencias T-062 de 2006 y T-008 de 2025, pues para su ordenamiento se
requiere de unos requisitos adicionales como determinar la incapacidad económica
del paciente o de su núcleo familiar tal como lo sostiene la sentencia T-301 de 2025.

Por ello, alegó que no es posible jurídicamente asimilar la orden de tratamiento
integral y extenderla a servicios adicionales, puesto que exigen una discusión
distinta y que no debe darse en el curso del incidente de desacato.

Del defecto fáctico comentó que se configuró porque no existe prueba que
demuestre negligencia frente al cumplimiento de la orden, por el contrario, en el
proceso incidental se demostró de manera reiterada, incluso con manifestaciones
de la demandante, que se ha garantizado el servicio de salud integral.

Reiteró que la decisión de sancionarla se fundó en una llamada que fue realizada
por un tercero distinto al juez, sin que la actuación repose en el plenario y de la que
no se otorgó traslado, circunstancias que comportan una grave irregularidad
probatoria.

Finalmente, adujo que se profirió una decisión sin motivación pues tanto la
sanción como su confirmatoria en sede de grado jurisdiccional de consulta se
basaron en una argumentación genérica, simple y sin atención a los argumentos de
defensa, para lo cual, incluso, se desconoció la petición de nulidad.

4. Oposición

4.1. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión y el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Montería, remitieron el enlace
de acceso al expediente sin hacer manifestaciones de fondo.

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4.2. Respuesta de la señora Eliana Paola Gómez Núñez (vinculada)

La señora Eliana Paola Gómez Núñez sostuvo que la sanción por desacato
impuesta a la funcionaria de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional se
encontraba ajustada a derecho, al haberse demostrado un incumplimiento reiterado
y sistemático del fallo de tutela de 3 de diciembre de 2021, mediante el cual se
ordenó garantizarle un tratamiento médico integral. Explicó que, pese a la claridad
y vigencia de dicha orden —ratificada por decisiones posteriores—, la entidad había
persistido en negar componentes esenciales del tratamiento, como transporte,
hospedaje y alimentación, indispensables para acceder a sus controles médicos
fuera de su lugar de residencia, lo cual afectó gravemente su salud y su proceso de
trasplante renal.

Asimismo, argumentó que no existió vulneración del debido proceso en la
imposición de la sanción, pues la funcionaria sancionada fue debidamente
notificada, ejerció su derecho de defensa y la decisión se fundamentó en pruebas
objetivas que evidenciaban incumplimientos continuados, más allá de cualquier
verificación puntual. En esa línea, afirmó que la conducta de la entidad configuró
una desobediencia persistente a la orden judicial, agravada por la imposición de
barreras administrativas y tratos desiguales, lo que hizo necesaria y proporcional la
sanción, no solo para restablecer la eficacia del fallo de tutela, sino para proteger
de manera efectiva sus derechos fundamentales a la salud, la vida y la dignidad
humana.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 22 de enero de 2026,
decidió:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Yanneth Riscanevo Espitia contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión,
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, respecto a los defectos
sustantivo, fáctico y decisión sin motivación.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Yanneth
Riscanevo Espitia, en lo concerniente al defecto procedimental alegado, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DEJAR sin efectos el auto del 20 de octubre de 2025 dictado por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, por las razones expuestas en la
parte motiva.

CUARTO: ORDENAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Montería que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de
notificación del presente fallo resuelva la solicitud de nulidad radicada por la parte actora
el 2 de octubre de 2025, y de manera posterior, dé continuidad con la actuación procesal
a que hubiere lugar.

(…)”.

Para el efecto, concluyó que la acción de tutela contra las providencias que
impusieron y confirmaron la sanción por desacato era improcedente respecto de los
defectos sustantivo, fáctico y falta de motivación, por carecer de relevancia
constitucional y constituir una simple inconformidad con la interpretación judicial del
alcance del tratamiento integral ordenado en la tutela previa. Sin embargo, encontró
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configurado un defecto procedimental absoluto, debido a que el tribunal resolvió el
grado jurisdiccional de consulta sin que previamente se hubiera decidido la solicitud
de nulidad presentada contra el auto sancionatorio, lo que vulneró el debido
proceso, razón por la cual dejó sin efectos la decisión del tribunal y ordenó al
juzgado resolver primero dicha nulidad y continuar el trámite.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la mayor
Dora Yanneth Riscanevo Espitia impugnó la sentencia de primera instancia
mediante escrito calendado 29 de enero de 2026 y solicitó la revocatoria únicamente
en lo que tiene que ver con la decisión de declarar improcedente, con base en los
siguientes argumentos:

Afirmó que el asunto sí presenta relevancia constitucional, pues no se trata de una
simple inconformidad con la interpretación judicial, sino de la imposición de una
sanción por desacato basada en obligaciones que no estaban contenidas de
manera clara en la parte resolutiva del fallo de tutela original. En particular,
argumentó que la orden judicial se limitó a garantizar el tratamiento médico integral,
sin incluir expresamente servicios logísticos como transporte, alojamiento o
alimentación, por lo que el incidente de desacato amplió indebidamente el alcance
de la sentencia y reabrió debates cubiertos por la cosa juzgada.

Alegó que dicha ampliación desconoce los límites del incidente de desacato fijados
por la jurisprudencia constitucional, pues este trámite solo puede verificar el
cumplimiento de la orden impartida y no introducir nuevas obligaciones ni
fundamentar sanciones sobre ellas. En esa medida, la sanción vulneró el debido
proceso, el derecho de defensa y el principio de legalidad sancionatoria,
especialmente porque la orden de tutela no era precisa respecto de los servicios
excepcionales y la entidad desplegó conductas para cumplirla.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que el juez de segunda instancia estudie de
fondo los defectos alegados —en especial el sustantivo— y declare cumplida la
orden de tratamiento integral o, subsidiariamente, ordene rehacer el incidente de
desacato limitado estrictamente a la parte resolutiva del fallo y a las pruebas
formales del expediente, evitando debates sobre servicios logísticos no ordenados
y cualquier actuación extraprocesal que comprometa tanto la imparcialidad como el
debido proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocarse la sentencia de 22 de enero de 2026, proferida por la Sección Quinta
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de esta Corporación, únicamente en lo que se refiere a la decisión que declaró la
improcedencia respecto de los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin motivación.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza

La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la
Corte Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.

Esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 20143, indicó:

“3.1. La Corte Constitucional ha consolidado una extensa línea de precedentes, en
donde ha fundamentado la posibilidad de interponer una acción de tutela contra
providencias judiciales cuando éstas vulneran derechos fundamentales, especialmente
el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.
(…)

3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la
posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no incluye
aquellos casos en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir, los
precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela no es
procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia general de la
acción de tutela contra fallos de tutela, fue precisado en la sentencia SU-1219 de 2001.
En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales por las cuales no
procede la acción de tutela contra fallo de tutela.

En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra tutela
porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la
revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear
una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de
seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la
Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad,
pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de
tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para
buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento,
seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta
volver a vencer”.

3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que cuando
un juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en una
arbitrariedad o afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho, éstos pueden
resolverse en el proceso de eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado
en el artículo 241 Superior. En otras palabras, una interpretación errada o incompleta
de la Constitución puede ser ajustada en sede de revisión”.
(…)

Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 20154 la Corte Constitucional, rectificó
su jurisprudencia e indicó que excepcionalmente, la acción de tutela procede contra
sentencias de tutela, cuando se adviertan casos de fraude, supuesto que se agrega
a los dos que habían sido contemplados por la jurisprudencia: irregularidad grave
en el curso de una acción de tutela e incidente de desacato, con la precisión que la
improcedencia absoluta, sin ninguna excepción, recae en las sentencias de tutela
que dicte la Sala Plena o las Salas de Revisión de esa Corporación. En esa ocasión,
la Corte expresó:

3 M. P. María Victoria Calle Correa.
4 Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

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“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión
de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias,
que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o
con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional”.

El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso concreto
y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las autoridades públicas.

De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido las
subreglas que determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la
providencia acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional y que ésta configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta; (ii)
cuando con anterioridad a la sentencia de tutela el juez omite su deber de informar,
notificar o vincular a los terceros que resulten afectados por la demanda de tutela y,
por último, (iii) cuando se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite incidental de desacato.

4. Estudio y solución del caso concreto

La Sala precisa, conforme se indicó en el problema jurídico, que la impugnación se
limitó a controvertir la decisión adoptada en el ordinal primero de la sentencia de
primera instancia relativo a la declaratoria de improcedencia respecto de los
defectos sustantivo, fáctico y decisión sin motivación, razón por la cual la Sala no
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hará análisis sobre los argumentos del defecto procedimental absoluto que por
demás le resultaron favorables a la demandante.

En cuanto a la configuración de los defectos sustantivo, fáctico y decisión sin
motivación, el juez de primera instancia de esta acción constitucional consideró que
los argumentos carecían de relevancia constitucional dado que lo cuestionado era
una simple inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada, por lo que
declaró su improcedencia sin hacer valoraciones de fondo.

Por lo anterior, la parte impugnante solicitó que el juez de segunda instancia estudie
de fondo los defectos alegados —en especial el sustantivo— y declare cumplida la
orden de tratamiento integral o, subsidiariamente, ordene rehacer el incidente de
desacato limitado estrictamente a la parte resolutiva del fallo y a las pruebas
formales del expediente, evitando debates sobre servicios logísticos no ordenados
y cualquier actuación extraprocesal que comprometa tanto la imparcialidad como el
debido proceso.

Atendiendo lo anterior, la Sala procedió al análisis y verificación del trámite surtido
al interior del incidente de desacato, en el que se destacan como actuaciones
relevantes para resolver el caso concreto, las siguientes:

El auto por medio del cual se sancionó a la ahora tutelante, se profirió por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Montería el 1 de octubre de 2025. El 2 de
octubre de 2025, la parte sancionada presentó solicitud de nulidad “por considerar
que la sanción se fundamentó en desconocimiento de la orden de tutela cuyo
cumplimiento se verificaba”. El 15 de octubre de 2025, el trámite incidental se remitió
al Tribunal Administrativo de Córdoba para surtir el grado jurisdiccional de consulta,
sin pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad.

El Tribunal Administrativo de Córdoba resolvió el grado jurisdiccional de consulta
por auto de 20 de octubre de 2025, sin referirse expresamente a la petición de
nulidad, circunstancia por la que, entre otras, se interpuso la presente acción de
tutela.

La Sección Quinta de esta Corporación, consideró que la omisión en resolver esa
solicitud de nulidad configuraba un defecto procedimental que llevó a la orden de
amparo, que consistió en dejar sin efecto el auto de 20 de octubre de 2025 (que
resolvió la consulta) a fin de que se devolviera el trámite al Juzgado Séptimo del
Circuito de Montería, para que se pronunciara sobre la petición de nulidad y
continuara el trámite. Se aclara que la decisión de sanción contenida en el auto de
1 de octubre de 2025, quedó incólume.

En cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia el Juzgado Séptimo del
Circuito de Montería, profirió el auto de 4 de febrero de 2026, en el cual, negó la
solicitud de nulidad y remitió el trámite al Tribunal Administrativo de Córdoba, a fin
de cumplir con el grado jurisdiccional de consulta frente al auto de 1 de octubre de
2025.

El Tribunal accionado por auto de 26 de febrero de 2026, al surtir el grado
jurisdiccional de consulta sobre la sanción impuesta en el auto de 1 de octubre de
2025, revocó la decisión de sanción por considerar que los servicios especiales -de
transporte interurbano y hospedaje- no estaban cubiertos en la sentencia de tutela
objeto de incidente. En particular consideró:
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“Se advierte que a través de sentencia de tutela de fecha 3 de diciembre de 2021, se
ordenó a la entidad accionada ‘garantizar el tratamiento médico integral que requiera la
señora ELIANA PAOLA GÓMEZ NÚÑEZ, para el tratamiento de las enfermedades que
padece: INSUFICIENCIA REAL CRÓNICA NO ESPECIFICADA e HIPOTIROIDISMO
NO ESPECIFICADO sin que dicha entidad ponga como obstáculos razones de tipo
administrativo o que argumente que son medicamentos o procedimientos no POS, lo
anterior para que la paciente no se vea en la necesidad de estar acudiendo a la acción
de tutela cada vez que tenga una cita de control o se le ordene un medicamento o
procedimiento relacionado con las enfermedades indicadas’ .

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la orden de tutela salvaguardó el
derecho de la accionante a que se le bride un tratamiento integral respecto a su patología;
no obstante, la tutelante en su escrito de incidente manifestó que se le ha asignado cita
médica para tratar su patología en la ciudad de Medellín, cubriendo únicamente los
gastos de transporte hacia esa ciudad, dejando por fuera los servicios de alimentación y
hospedaje.

A su vez, la parte incidentada en su respuesta y en escrito de solicitud de inaplicación de
sanción arrimados al trámite incidental insiste en que la sentencia de tutela ordenó
únicamente el tratamiento integral, más no el suministro de servicios de alimentación
hospedaje y transporte interurbano para la accionante, escapando del alcance de la
sentencia.

(…)

Bajo este derrotero, la Sala establece que la sentencia de tutela de 3 de diciembre de
2021, no ordenó de forma expresa brindar los servicios de hospedaje o alimentación de
la tutelante, únicamente se concedió el tratamiento integral respecto su la patología.

Adicionalmente, revisada dicha sentencia de tutela se advierte que esta se centró en que
la accionada no había autorizado a la tutelante una cita con especialista en nefrología,
no se le habían practicado unos exámenes médicos y no se había suministrado un
medicamento NO POS (proteína Prowhey), por ello el a quo consideró vulnerado su
derecho a la salud y ordenó brindar la atención integral, considerando el a quo que ‘la
atención a la salud debe comprender el cuidado, suministro de medicamentos,
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, realización de exámenes de
diagnóstico y seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore
como necesario, ordenará a UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CORDOBA DE LA
POLICIA NACIONAL, garantizar el tratamiento médico integral que requiera la señora
ELIANA PAOLA GÓMEZ NÚÑEZ, para el tratamiento de las enfermedades que padece:
INSUFICIENCIA REAL CRONICA NO ESPECIFICADA e HIPOTIROIDISMO NO
ESPECIFICADO’.

Se concluye así que, en el trámite tutelar no fue sujeto de análisis lo relativo al
alojamiento y alimentación y por ello, no se examinó si la actora reunía los requisitos
establecidos por la Corte Constitucional para que se le incluyan este tipo de servicios.

En consecuencia, en el fallo de tutela no se estableció una obligación expresa y precisa
referente a suministrar el servicio de transporte, alojamiento y alimentación, lo que de
contera impide que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional cumpla a cabalidad
dicha solicitud, pues- se reitera- no ha sido examinado si la parte accionante reúne los
requisitos jurisprudenciales para que estos sean reconocidos, máxime cuando la entidad
accionada en escrito en un escrito allegado de en fecha 09 de diciembre de 2025, aduce
que esta sí posee capacidad económica para sufragar estos gastos.

Aunado a lo dicho, la misma accionante acepta que los servicios de transporte están
siendo bridados para trasladarse a la ciudad de Medellín, además, la funcionaria
sancionada expresó que los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional
cuentan en la ciudad de Medellín, con el Hogar de Paso Madre María de San Luis de
Medellín, en el cual se cobra una tarifa integral aproximada de $20.000 por persona, que
incluye hospedaje y las tres comidas del día.
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Lo anterior, denota que la entidad accionada ha prestado el servicio de transporte a la
accionante y dispone de alternativas para que los usuarios del subsistema de salud
puedan acceder a los servicios de hospedaje y alimentación que hoy pretende la
accionante sean brindados.

En vista de todo lo expuesto, esta Sala modifica su tesis y procederá a REVOCAR la
providencia sancionatoria en sede de consulta, dejando sin efectos esta, dado que esta
no ha incumplido la orden de tutela dada”.

Conforme lo anterior, la Sala encuentra que al resolver el grado jurisdiccional de
consulta por auto de 24 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Córdoba
analizó el alcance de la orden de tutela de 3 de diciembre de 2021, para determinar
que el juez constitucional no ordenó de forma expresa brindar los servicios de
hospedaje o alimentación a la señora Eliana Paola, razón por la cual la falta de
autorización por la Unidad Prestadora de Salud de la Policía Nacional Córdoba de
estos servicios especiales no configuraba un desacato a la sentencia objeto de
incidente, lo que llevó a revocar la sanción que le fue impuesta en auto de 1 de
octubre de 2025, a la señora Dora Yanneth Riscanevo Espitia.

Es decir, el Tribunal Administrativo de Córdoba, en virtud del principio de autonomía
e independencia judicial al tramitar la consulta, acogió los argumentos de la
incidentada (ahora tutelante), para revocar la sanción. Esos argumentos de defensa
que expuso la señora Dora Yaneth y que conllevaron a revocar el auto de 1 de
octubre de 2025, son los mismos que se presentaron en la acción de tutela. De ahí
que, para la Sala no resulta del caso, hacer valoraciones de fondo sobre unas
consideraciones que ya no surten efecto, pues se reitera, el auto de sanción fue
revocado.

Así las cosas, la Sala concluye que en el asunto operó una carencia actual de objeto,
que se ha entendido como “un fenómeno procesal que se configura si luego de
acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o resuelta de alguna
forma, por lo que no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío” 5.

Además, la Corte Constitucional6 ha considerado que la carencia actual de objeto se
presenta en los eventos en que hay lugar a un daño consumado, un hecho superado
o el acaecimiento de una situación sobreviniente. El hecho superado ocurre cuando
durante el trámite de la acción de tutela las accionadas remedian la situación que
dio lugar a la presentación de la acción. Por lo tanto, este se verifica cuando se
satisface por completo lo pretendido en la acción de tutela y es el resultado del
actuar voluntario del sujeto pasivo. El daño consumado tiene lugar cuando a raíz de
la falta de garantía del derecho se ocasiona o consuma el daño que se buscaba
evitar con la orden del juez de tutela. Por último, la situación sobreviniente se
configura cuando las circunstancias fácticas que originaron la acción varían porque
el actor asume una carga que no le correspondía, un tercero satisface la pretensión
principal, el accionante ha perdido interés en el resultado del proceso o resulta
imposible llevar a cabo las pretensiones7.

5 Sentencia SU-522 de 2019 reiterada en sentencia T 322 de 2025.
6 Sentencia T 322 de 2025.
7 Ibidem.

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En este punto, es preciso aclarar que la situación sobreviniente en algunas
ocasiones8 ha sido considerada por la Corte Constitucional como un fenómeno que
también puede ocurrir con ocasión de un fallo favorable de los jueces de instancia
en el proceso de tutela, en la que se agota o se satisface la pretensión de la parte
accionante como consecuencia del cumplimiento de una orden judicial proferida en
el marco de la acción de tutela, por lo que es posible que el desarrollo del proceso
constitucional pierda sentido o relevancia para el demandante9.

Pero ha precisado que solo puede predicarse esta situación sobreviniente siempre
que la parte accionada “(i) no hubiese impugnado la decisión de instancia que
ordenó el amparo, ni solicitado la revisión del caso, y (ii) haya cumplido con lo
pretendido en los términos ordenados por el juez de tutela sin presentar disenso
alguno. Estos condicionamientos o exigencias resultan imperativos en aras de
proteger los derechos de contradicción e impugnación de los accionados, quienes,
como se anotó, tienen la posibilidad de cuestionar la reversibilidad de la orden o de
solicitar una solución alternativa10”.

Adicionalmente en sentencia SU 454 de 2025 que citó la sentencia T 262 de 2025,
al Corte Constitucional indicó que la “la situación sobreviniente ha sido catalogada
como una categoría amplia y heterogénea que remite a cualquier otra circunstancia
que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en
la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”.

En el presente asunto, los accionados (autoridades judiciales) no presentaron
impugnación y cumplieron la orden sin disenso alguno, de hecho, aun cuando de
manera directa la sentencia de primera instancia de tutela, no ordenó proferir una
nueva decisión en grado jurisdiccional de consulta en la que se analizaran los
argumentos de la directora de Sanidad de la Policía de Córdoba, sí dejo sin efectos
el auto de 20 de octubre de 2025, situación que llevó a que el Tribunal analizara
nuevamente en consulta la legalidad de la sanción impuesta el 1 de octubre de 2025.
Es decir, de manera indirecta, la orden de la Sección Quinta conllevó a la producción
del resultado de revocar la sanción.

En ese estado de cosas, como con el auto de 24 de febrero de 2026, el Tribunal
acogió los argumentos de la parte incidentada y revocó la sanción, para esta Sala
operó una carencia de objeto por situación sobreviniente que conlleva a que no haya
objeto para hacer pronunciamiento de fondo en tanto, cualquier orden, caería al
vacío y resultaría inocua ante el desaparecimiento de la sanción.

En consecuencia, se reitera, dado que el hecho que motivó la presentación de la
tutela fue resuelto en el curso de este trámite constitucional, es dable revocar el
numeral primero de la sentencia de 22 de enero de 2026 y, en su lugar, declarar la
carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente. En lo
demás, la decisión quedará incólume.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
8 En la sentencia T 092 de 2024 la Corte precisó ““las reglas sobre la carencia actual de objeto por hecho

sobreviniente –cuando está de por medio la decisión de una autoridad judicial– no están unificadas”.
9 Sentencias T-239 de 2023 y T-319 de 2017.
10 Sentencias T-239 de 2023, T-568 de 2023 y Sentencia T 322 de 2025.

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por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Revocar el ordinal primero de la sentencia de 22 de enero de 2026,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, declarar la
carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente
respecto de los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin motivación, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo.- Confirmar en lo demás la sentencia de 22 de enero de 2026, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para efectos que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia se discutió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
MONTAÑO ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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