Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07611-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07611-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07611-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
26 de febrero de 2026
Demandante: Ingrid Alejandra Rodríguez,
en representación de la menor S.B.R.
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07611-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07611-00
Demandante: INGRID ALEJANDRA RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN
DE LA MENOR S.B.R.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Ingrid Alejandra Rodríguez, en representación de la menor S.B.R. 1,
presentó acción de tutela2 en contra del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Primera de Decisión Oral y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial
de Sincelejo, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales de
su hija a la igualdad, a la prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los
demás, al deber del Estado de proteger reforzadamente a los menores frente a
daños que afectan su estructura emocional y su proyecto de vida, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.
Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de las providencias de 21 de
mayo y 22 de octubre de 2025, por medio de las cuales las autoridades judiciales
declararon administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional, por los daños materiales e inmateriales
causados a la parte demandante por causa de la muerte del señor Deivis David
Cárdenas Díaz, en el medio de control de reparación directa con radicado 70001-
33-33-007-2019-00220-00/01, promovida por Ana Carlina Cifuentes Pérez y otros
1 Por tratarse de una niña, y con la finalidad proteger su intimidad y demás derechos
fundamentales, se omitirá su nombre.
2 Samai, índice 1. Mediante escrito presentado el 1 de diciembre de 2025.
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Demandante: Ingrid Alejandra Rodríguez,
en representación de la menor S.B.R.
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07611-00
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, pero negaron
el reconocimiento de los perjuicios morales a la menor.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:
1. Que se amparen los derechos fundamentales de la menor S.R.B (antes
S.C.R), en especial su interés superior, igualdad, debido proceso, acceso a la
justicia y reparación integral.
2. Que se declare que las sentencias del Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Sincelejo (21 de mayo de 2025) y del Tribunal Administrativo de Sucre
– Sala Primera de Decisión (22 de octubre de 2025) incurrieron en defectos
constitucionales, exclusivamente en lo relativo a la negativa de reconocer el
perjuicio moral de la menor.
3. Que se precise que esta acción de tutela no pretende afectar la ejecución
material ya cumplida de la sentencia de reparación directa a favor de los demás
beneficiarios, ni anular el resto de la decisión, sino únicamente obtener un
pronunciamiento complementario que subsane la omisión frente a la menor.
4. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Primera de
Decisión emitir una decisión complementaria o aclaratoria en la que:
o Estudie el daño moral de la menor desde el enfoque del interés superior del niño.
o Aplique la doctrina sobre presunción de daño moral en hijos por muerte del padre.
o Tenga en cuenta la especial protección constitucional de la infancia
o Reconozca el perjuicio moral que le corresponde
5. Que se garantice que la decisión complementaria que se profiera no afectará
los pagos ya ejecutados ni los derechos adquiridos por los demás beneficiarios de
la sentencia de reparación directa, limitándose el ajuste exclusivamente al
reconocimiento del perjuicio moral de la menor
6. Que se vincule formalmente al trámite de la tutela a la Policía Nacional, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Procuraduría
Delegada para la Defensa de la Infancia, como entidades con interés directo en
la protección de los derechos de la menor.
7. Que se otorgue trámite preferente a la presente acción de tutela, dada la
condición de niña de la afectada, sin suspender la ejecución material ya cumplida
de la sentencia original.3
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:
La parte actora manifestó que, el 16 de mayo de 2017 falleció el patrullero Deivis
David Cárdenas Díaz, padre biológico de la menor, que fue registrada como su
hija. No obstante, indicó que, en el año 2022, mediante sentencia de adopción,
se autorizó el cambio de sus apellidos, por lo que actualmente, se llama S.B.R.,
cambio que no altera su filiación biológica previa, ni su condición de víctima
indirecta del daño antijurídico causado por la muerte de su padre.
3 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
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Señaló que en el año 2019 presentó demanda de reparación directa contra la
Nación – Policía Nacional y el apoderado omitió solicitar el perjuicio moral para la
menor, a pesar de tratarse de un daño que la jurisprudencia contenciosa presume
en los hijos por la muerte del padre.
Afirmó que el 21 de mayo de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Sincelejo declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por los daños materiales e inmateriales
causados a la parte demandante por causa de la muerte del señor Deivis David
Cárdenas Díaz, pero negó el reconocimiento del perjuicio moral de la menor,
porque «no fueron solicitados en la demanda y su subsanación».
Puso de presente que el 22 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Primera de Decisión Oral confirmó la decisión del a quo por aplicación
rígida del principio de congruencia.
Advirtió que debido a estas decisiones la menor continúa sin reparación moral, a
pesar de ser la hija del patrullero fallecido y encontrarse en condición de especial
protección constitucional.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio de la accionante, las sentencias del 21 de mayo y 22 de octubre de 2025
omitieron aplicar un enfoque de infancia, además no corrigieron la falla en la
defensa técnica de la menor y tampoco realizaron una ponderación reforzada de
sus derechos fundamentales.
Afirmó que las decisiones judiciales otorgaron perjuicios morales a varios
familiares del patrullero fallecido, incluyendo la madre, la compañera permanente
y los hermanos, reconociéndoles la existencia de aflicción por la muerte del
patrullero. Sin embargo, la propia hija menor, quien pertenece al núcleo familiar
primario y para quien la Constitución Política exige el mayor nivel de protección,
no se recibió ese mismo reconocimiento, pese a que su sufrimiento es no solo
lógico sino también jurisprudencialmente presumido.
Alegó un defecto por violación directa de la Constitución, porque las autoridades
judiciales aplicaron el principio de congruencia de manera rígida y formalista, sin
realizar una ponderación constitucional reforzada, indispensable cuando hay un
menor involucrado, además de ignorar que la omisión del apoderado recaía
directamente sobre un derecho fundamental de una niña para la reparación moral
por la muerte de su padre. En esa medida, al no aplicar el interés superior del niño
como un criterio constitucional obligatorio, las decisiones incurrieron en este
defecto.
Sostuvo la existencia de un defecto por «falla en la defensa técnica con impacto
constitucional», pues la Corte Constitucional ha protegido a ciudadanos en casos
donde la actuación negligente del abogado, sumada a la pasividad del juez,
termina vulnerando derechos fundamentales, situación que encaja en este caso,
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pues la menor quedó sin protección efectiva por una omisión que el juez estaba
constitucionalmente obligado a corregir dadas sus especiales condiciones.
Señaló un defecto sustantivo por interpretación irrazonable y desproporcionada
del principio de congruencia, pues las decisiones cuestionadas lo aplicaron como
si se tratara de un caso entre adultos, ignorando la obligación de interpretar las
pretensiones a la luz del interés superior del niño y omitieron un análisis sobre si
el formalismo procesal impedía la protección del derecho fundamental de la
menor.
Anotó que existía un defecto fáctico por omitir elementos determinantes del caso,
pues no valoró en conjunto hechos esenciales para la protección constitucional de
una niña que sufrió un daño que era innegable y evidente.
Mencionó que también se advertía un defecto por desconocimiento de precedente
porque las sentencias cuestionadas otorgaron perjuicios morales a los hermanos
del fallecido, grupo para el cual la jurisprudencia contenciosa no reconoce
presunción de aflicción y las autoridades judiciales enjuiciadas negaron ese mismo
reconocimiento a la hija menor, quien está dentro del núcleo familiar primario.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 5 de diciembre de 2025, el consejero ponente admitió la acción
de tutela y notificó a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Sucre y al juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y ordenó
vincular como terceros con interés al ministro de Defensa Nacional, al director
general de la Policía Nacional (entidades demandadas dentro del proceso
ordinario) y a los demandantes del proceso ordinario (los cuales se encuentran
relacionados en la providencia de segunda instancia demandada).
Encontrándose el expediente al despacho para proferir el fallo de primera
instancia, el despacho ponente advirtió que no se realizó la totalidad de las
comunicaciones ordenadas en el numeral tercero del auto admisorio del 5 de
diciembre de 2025, proferido en este trámite constitucional.
Por lo anterior, mediante auto del 28 de enero de 2026 se ordenó comunicar a las
siguientes personas: Omer Enrique Cárdenas Pérez; Cristóbal Carlos Cárdenas
Pérez; Iris del Socorro Díaz Flórez; Argemiro Rafel Cárdenas Díaz; Cristian de
Jesús Cárdenas Díaz; Ana Carlina Cifuentes Pérez, quien actúa como cónyuge
de la víctima y representante legal de los menores Sergio David Cárdenas
Cifuentes y Sebastián Cárdenas Cifuentes; Gladis Margarita Díaz Flórez y Erika
Alejandra Duran Lagos, quien actúa en calidad de representante legal de la menor
María Fernanda Cárdenas Durán4.
4 Mediante comunicaciones 14240, 14236, 14238, 14237, 14239, se comunicó al Ministerio de
Defensa Nacional, a la señora Ingrid Alejandra Rodríguez en Representación SBR, al Tribunal
Administrativo de Sucre, al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo y al Director
General de la Policía Nacional. Adicionalmente, mediante las siguientes comunicaciones: 23903,
23902, se puso en conocimiento de este trámite a la señora Erika Alexandra Durán Lagos, Ana
Carlina Cifuentes Pérez y los menores SDCC y SCC. A la señora Iris Socorro Díaz Flórez, se le
comunicó mediante oficio ZDG 93.
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Adicionalmente, mediante constancia secretarial del 16 de febrero de esta vigencia
se puso de presente que no fue posible notificar personalmente a los señores:
Omer Enrique Cárdenas Pérez; Cristóbal Carlos Cárdenas Pérez; Iris del Socorro
Díaz Flórez; Argemiro Rafel Cárdenas Díaz; Cristian de Jesús Cárdenas Díaz;
Gladis Margarita Díaz Flórez, como terceros con interés, en este trámite, por lo
que el 17 de febrero, por medio de aviso, la Secretaría General comunicó a las
personas citadas anteriormente.
1.6 Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Sucre, Despacho 002
El magistrado ponente de la providencia contra la cual se promovió esta acción de
tutela indicó que en el proceso de reparación directa no se vulneró ningún derecho
fundamental, ya que, se aplicó la normativa y la jurisprudencia que se consideró
plausible y que la acción incoada lo que pretende es generar una instancia más
de discusión, a sabiendas que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo a los medios de defensa consagrados en la ley, por lo que debe
declararse su improcedencia.
Puso de presente que, en el caso en concreto, el apelante fue la entidad
demandada (apelante único) y su objeto se concretó al estudio de su
responsabilidad extrapatrimonial.
Indicó que, los demandantes, incluido el tutelante, en ejercicio de su titularidad del
derecho pretendido renunciaron a cualquier reclamación y estaban conformes con
lo decidido por la primera instancia, incluyéndose a la menor, pues, actuaba
válidamente por medio de su madre, representante legal, y a su vez, en el proceso
lo hizo a través de apoderado judicial, situación que habilitó la renuncia, cobijada
en derecho, a los derechos patrimoniales perseguidos.
Manifestó que tan evidente fue tal renuncia, que como lo aceptó el actor, desde la
misma demanda y su subsanación nunca se persiguió como pretensión el pago
de perjuicios morales a favor de la menor; luego, al no alegarse ausencia de
representación legal de esta o ausencia o indebida representación procesal
(apoderado) no puede, ni debe aceptarse que sus derechos no hayan sido
garantizados, resultando, por el contrario, que sus representantes legales y
judiciales fueron quienes renunciaron válidamente a lo que ahora se busca por
tutela.
1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Precisó que, la decisión de segunda instancia no vulneró la igualdad procesal en
este caso, pues la tuvo en cuenta de manera inequívoca entre las partes dentro
del marco del proceso ordinario y el caso se resolvió de acuerdo con lo solicitado
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por estas, sin que se haya producido una alteración en las condiciones de equidad
procesal.
Señaló que en el caso sub examine las garantías fundamentales se aplicaron en
su conjunto y no existieron elementos de juicio que hayan acreditado una
vulneración a las reglas procedimentales y sustanciales definidas por la ley.
Subrayó que en el presente caso no se vulneró el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia, toda vez que la parte actora contó con los medios
y oportunidades necesarias para ejercer su defensa y hacer valer sus derechos
dentro del trámite judicial.
Consideró que los derechos que la accionante afirmó como vulnerados fueron
debidamente resguardados, dado que la decisión adoptada ha abordado de
manera integral las pretensiones y argumentos expuestos y evaluó el problema
jurídico totalmente.
Respecto a la falta de reconocimiento de perjuicios morales en favor de la menor
S.B.R., enfatizó en la deficiente defensa técnica por parte del apoderado de la
accionante y señaló que no era posible atribuir la responsabilidad al fallador ni al
Estado por una situación derivada de la culpa exclusiva de la propia parte actora.
Precisó que la providencia atacada no incurre en defecto fáctico ni procedimental,
toda vez que el juzgador de primera y segunda instancia actuó en estricta
observancia del principio de congruencia, según artículo 281 del Código General
del Proceso. Además, aseguró que el fallador se circunscribió a los hechos y
pretensiones debidamente acreditados y reclamados por las partes, por lo tanto,
la falta de reconocimiento de los perjuicios morales a la menor S.B.R. no se derivó
de una omisión arbitraria del despacho, sino de la ausencia de una
fundamentación técnica y probatoria por parte de la accionante, quien no cumplió
con la carga de la argumentación mínima necesaria para que el juez profiriera un
fallo condenatorio sobre dicho rubro.
Afirmó que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
(Sentencia C-070 de 1993) ha sido enfática en determinar que los errores,
omisiones o la impericia técnica de los apoderados judiciales son plenamente
atribuibles a sus mandantes, en este caso, se configuró lo que la doctrina
denomina «culpa propia de la parte», pues la falta de una defensa técnica idónea
durante las etapas de fijación del litigio y periodo probatorio rompió cualquier nexo
causal entre la actuación judicial y la supuesta vulneración de derechos
fundamentales, por lo que no es dable permitir que por este medio, el Estado
asuma la responsabilidad por la negligencia profesional de un abogado.
Concluyó que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral,
se encuentra legalmente impedido para reconocer rubros indemnizatorios que no
fueron objeto de una pretensión técnica y debidamente acreditada en la primera
instancia, en observancia del principio de congruencia y los límites de la
competencia del superior funcional. Además, que el fallador de alzada no puede
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pronunciarse sobre aspectos que no formaron parte de la litis o que fueron
omitidos por la incuria del apoderado.
Por lo anterior, solicitó, declarar la improcedencia de la acción de tutela, toda vez
que no se vislumbra la existencia de vulneración de sus derechos fundamentales.
1.6.3. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo
Informó que el 21 de junio de 2019, la señora Ana Carlina Cifuentes Pérez y otros,
entre los que figura la menor representada por señora Ingrid Alejandra Rodríguez,
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Nación- Ministerio de Defensa -Policía Nacional, en la que solicitó que se
declara a la entidad demandada administrativa y patrimonialmente responsable
por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la muerte
del señor Deivis David Cárdenas Díaz, ocurrida el 16 de mayo de 2017. Además,
solicitó el reconocimiento y pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales.
Indicó que el juzgado, por medio de sentencia del 21 de mayo de 2025, accedió a
las pretensiones de la demanda, pues encontró probado que la muerte del
patrullero Cárdenas Díaz, era imputable a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, bajo el título de riesgo excepcional. Su homicidio fue
consecuencia directa de una retaliación armada por parte de un grupo al margen
de la ley.
Resaltó que la Policía Nacional inconforme con el fallo proferido, presentó recurso
de apelación contra este, el cual fue resuelto en sentencia de 22 de octubre de
2025, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la sentencia
al encontrar acreditado que la entidad demandada incumplió un deber objetivo de
seguridad y expuso al funcionario a un peligro cierto y evitable.
Advirtió que la parte actora de esta acción, no hizo uso de las etapas procesales
legalmente previstas para formular la reclamación que actualmente pretende
obtener.
Señaló que, aunque persigue el reconocimiento del perjuicio inmaterial en su
modalidad de daño moral, omitió interponer el recurso de apelación previsto en el
artículo 243 del CPACA, de manera que al acudir al juez constitucional pretende
reabrir una etapa procesal superada, en la cual tuvo la oportunidad de controvertir
la decisión judicial que ahora cuestiona en sede de tutela.
Precisó que la normativa procesal establece expresamente que las sentencias
proferidas en primera instancia son susceptibles del recurso de apelación ante el
juez competente, conforme a la disposición antes citada. Puso de presente que,
en el caso concreto, la sentencia dictada fue apelada únicamente por la entidad
demandada, mientras que la parte accionante guardó silencio frente a la decisión
adoptada, sin formular reproche alguno en dicha oportunidad procesal.
Sostuvo que el parágrafo tercero de ese mismo artículo prevé una oportunidad
procesal adicional para controvertir la providencia judicial, consistente en la
posibilidad de adherirse al recurso interpuesto por la contraparte, mediante la
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presentación de un escrito de adhesión debidamente sustentado, ya sea ante el
juez que profirió la sentencia o ante el superior funcional, hasta el vencimiento del
término de ejecutoria, alternativa que tampoco fue ejercida por la parte accionante.
Consideró que la actora dentro de la presente tutela no hizo uso de ninguna de las
oportunidades procesales antes indicadas, por lo que manifestó que esta acción
es improcedente, por falta de relevancia constitucional.
Resaltó que el problema jurídico gira en torno a un asunto de carácter económico,
puesto que lo que pretende la accionante es que, por vía de acción de tutela, se
ordene el reconocimiento y pago de los perjuicios morales que no fueron
solicitados en las oportunidades procesales pertinentes (demanda, subsanación,
reforma, recurso) y su pretensión concreta se orientó a obtener el reconocimiento
y pago de una indemnización económica.
Manifestó que las providencias cuestionadas se ajustaron plenamente a los
principios de congruencia, justicia rogada y debido proceso, pilares estructurales
de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sostuvo que acceder oficiosamente al reconocimiento de perjuicios morales a la
menor implicaría una vulneración al principio de congruencia y justicia rogada y
además desconocería el derecho a la defensa y contradicción de la parte
demandada, quien se vería sorprendida al ser condenada por un perjuicio que no
se alegó en las etapas procesales correspondientes.
Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción, por cuanto, no se
encuentran acreditados los requisitos de subsidiariedad y de relevancia
constitucional.
1.6.4. Las señoras Ana Carlina Cifuentes Pérez y Erika Alexandra Durán
Lagos
Las señoras Ana Carlina Cifuentes Pérez y Erika Alexandra Durán Lagos
confirmaron haber sido notificadas del presente trámite constitucional y
manifestaron su interés de ser tenidas como terceras en este asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión Previa
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De la revisión del escrito de tutela, se advierte que la solicitud va dirigida contra el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral y el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, con ocasión de las
providencias de 21 de mayo y 22 de octubre de 2025.
Al respecto, se precisa que el análisis se centrará únicamente respecto de la
providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de
Decisión Oral, por tratarse de la decisión que puso fin a la controversia.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera
de Decisión Oral y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo, vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, a la prevalencia
de los derechos de los niños sobre los de los demás, al deber del Estado de
proteger reforzadamente a los menores frente a daños que afectan su estructura
emocional y su proyecto de vida, al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a la reparación integral de la menor S.B.R representada por su madre,
la señora Ingrid Alejandra Rodríguez.
Lo anterior, con ocasión de las providencias de 21 de mayo y 22 de octubre de
2025, por medio de los cuales se negó el reconocimiento de los perjuicios morales
a la menor causados por la muerte del señor Deivis David Cárdenas Díaz, padre
de esta, en el medio de control de reparación directa con radicado 70001-33-33-
007-2019-00220-00/01, promovida por Ana Carlina Cifuentes Pérez y otros contra
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedibilidad,
se abordará, ii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración5
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:
[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de 2025,
expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta
el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
2.5.1. En lo concerniente al requisito de subsidiariedad cabe indicar que está
previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución como un presupuesto de
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Demandante: Ingrid Alejandra Rodríguez,
en representación de la menor S.B.R.
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
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procedencia de la tutela, según el cual, «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.
En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
En el asunto que ocupa a la Sala, frente al reproche atinente a la falta del
reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de daño moral de la
menor, la Sala advierte que la parte actora omitió interponer el recurso de
apelación previsto en el artículo 243 del CPACA7, de manera que al acudir al juez
constitucional pretende reabrir una etapa procesal ya superada, en la cual tuvo la
oportunidad de controvertir la decisión judicial que ahora cuestiona en sede de
tutela.
En el caso concreto, la sentencia dictada dentro del medio de control de reparación
directa 70-001-33-33-007-2019-00220-01 fue apelada únicamente por la entidad
demandada, mientras que la parte accionante guardó silencio frente a la decisión
adoptada, sin formular reproche alguno en dicha oportunidad procesal.
Asimismo, la parte demandante con fundamento en el artículo 173 8 de la misma
7 ARTÍCULO 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes
autos proferidos en la misma instancia://1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue
total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. //2. El que por cualquier causa le ponga fin al
proceso. //3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que
aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público. //4. El que resuelva el
incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios. //5. El que decrete, deniegue
o modifique una medida cautelar. //6. El que niegue la intervención de terceros.//7. El que niegue
el decreto o la práctica de pruebas. //8. Los demás expresamente previstos como apelables en
este código o en norma especial.
8 ARTÍCULO 173. Reforma de la demanda. El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar
la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas: 1. La reforma podrá proponerse
hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de
la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial.
Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su
reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial. 2. La reforma
de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se
fundamentan o a las pruebas. 3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o
demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán
cumplirse los requisitos de procedibilidad. La reforma podrá integrarse en un solo documento con
la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un solo
documento con la demanda inicial.
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codificación pudo reformar la demanda para adicionar, aclarar o modificarla
conforme a las reglas establecidas y no lo hizo.
En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar la improcedencia la acción de tutela presentada por la señora
Ingrid Alejandra Rodríguez, en representación de la menor S.B.R.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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