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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07615-01

Fecha
24 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07615-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 5 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07615-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

24 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07615-01
Accionante: Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 5 de
febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 28 de noviembre de 20251, la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a través de apoderado, interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos a la igualdad, debido
proceso y “principio de legalidad del gasto y responsabilidad fiscal” que considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de La Guajira, debido a que, a través de
la sentencia del 31 de marzo de 2025, revocó la decisión de primera instancia del
30 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de
Maicao, que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, accedió
parcialmente a ellas, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, de radicado 44-001-33-40-003-2024-00020-00/01.

2. Hechos

2.1. La señora Martha Inés Deluque López presentó demanda3 contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Fiduprevisora S.A. y el departamento de La Guajira, con el fin de que se
declarara la existencia del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo

1 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 18C3945B026C6F67 EAC1EE085BC13791

16358D77B24101E6 3794F18AA4244658.
2 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado D522FF3A6DE11262 13025AD664DA0E86

F9170C26AEEF7FE8 F3AF8E7AB401F1E6.
3 Archivo denominado “005 Incorpora exp [...]” visible a índice 11 de SAMAI, certificado 81096014E43F3FCB

C201FA5CB4ED7A07 CE0BE3335DDCDDCE F535631558742510.

2

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07615-01
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

negativo “configurado el 31 de octubre de 2023” y su consecuente nulidad. A título
de restablecimiento del derecho, solicitó, entre otras cosas, ordenar el
reconocimiento y pago, de manera indexada, de la sanción moratoria de que trata
la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de su salario por cada día de retardo,
contados desde los 15 días siguientes al momento en que se radicó la solicitud de
cesantía y a partir de los 45 días hábiles siguientes a que quedó ejecutoriado el acto
administrativo que reconoció dicho emolumento.

2.2. El Juzgado Primero Administrativo de Maicao, por medio de sentencia del 30
de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Inconforme con la decisión, la señora Deluque López interpuso recurso de
apelación.

2.4. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira emitió
sentencia de segunda instancia, a través de la cual revocó la providencia apelada
y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los
siguientes términos:

“[…] SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto ficto negativo de fecha 31 de octubre
de 2023 expedido por el ente territorial, que negó el reconocimiento y pago la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías de la señora María Inés Deluque López; de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Secretaría de
Educación del Departamento de La Guajira y a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional a que, si aún no lo hubiere realizado, proceda a reconocer y pagar a la señor
María Inés Deluque López, la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías
parciales reconocidas a través de la resolución No. resolución N° GUAJIV2023000064
del 11 de marzo de 2023 expedida por la Administración Temporal del sector educativo
en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y
Uribia; de conformidad con la ley 244 de 1995, modificada y adicionada por la ley 1071
de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo en el pago de las
cesantías parciales, causadas del 18 de abril de 2023 hasta el 20 de abril de 2023.

CUARTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motivada. […]”4.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

4 Archivo denominado “011_Sentencia [...]” visible a índice 15 de SAMAI, certificado 86B8D01F8E6D4239
5B1B41E4B0691EB3 C20BEAAC5D2FC713 2EDD3DE1541342A3.

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3.1. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, porque
desconoció que en la mora del reconocimiento de cesantías a la señora Martha Inés
Deluque López no interfirió el FOMAG; sin embargo, le trasladó la obligación de pagar
la sanción moratoria de las cesantías reconocidas en la vigencia 2023, esto es,
desde el 1 de enero en adelante, sin que exista una norma que determine que le
corresponde al FOMAG. Igualmente, omitió tener en cuenta que dicho fondo no
dispone de una partida presupuestal destinada a asumir el pago de la sanción por
mora. Asimismo, el acto administrativo de reconocimiento fue expedido por el ente
territorial y el pago fue realizado por la Fiduprevisora S.A., no por el fondo.

3.2. Martha Inés Deluque López solicitó el reconocimiento de cesantías parciales el
13 de febrero de 2023; la Secretaría de Educación de La Guajira contaba con 15
días para la elaboración y remisión del acto administrativo, el cual expidió fuera de
término el 15 de marzo de 2023; por ende, la mora iniciaría después de 70 días a
partir de la solicitud de la prestación, es decir, a partir del 30 de mayo de 2023, y el
pago se hizo el 19 de abril de 2023, razón por la cual no hubo mora. En el evento
de que se concluya que sí hubo mora, esta no es atribuible a la entidad accionante,
sino al ente territorial y a la Fiduprevisora S.A.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. TUTELAR los derechos fundamentales derecho al debido proceso, derecho a la
defensa y contradicción, derecho a la igualdad y principio de legalidad del gasto público
responsabilidad fiscal de mi representada.

2. DECLARAR, que la Sentencia judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales expuestos.

3. En consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia expedida por TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA de TREINTA Y UNO (31) DE MARZO de dos mil
veinticinco (2025) y notificada el 20 de mayo en el trámite del medio de control de Nulidad
y Restablecimiento del Derecho interpuesto por MARIA INES DELUQUE LOPEZ contra
NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG- FIDUPREVISORA S.A- MUNICIPIO DE
URIBIA LA GUAJIRA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, (expediente:
44001334000320240002000), mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, el
cual revoco la sentencia de primera instancia proferida por el 30 de septiembre de 2024
y notificada el 02 de octubre del 2024 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo oral
del Circuito de Riohacha.

4

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4. En su lugar, se ordene a la autoridad a expedir una decisión de reemplazo que se
ajuste al ordenamiento jurídico vigente.”5

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 3 de diciembre de 20256, se admitió la acción de tutela y se
vinculó al Juzgado Primero Administrativo de Maicao, al Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Riohacha, a la Fiduprevisora S.A., al departamento de La
Guajira – Secretaría de Educación y a la señora María Inés Deluque López.
También se dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. El Juzgado Primero Administrativo de Maicao7 aseveró que la presunta
vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira y no a las actuaciones adelantadas por ese
juzgado. A su vez, sostuvo que impartió un trámite célere al asunto, en los términos
previstos en la ley y con la garantía de los derechos al debido proceso, defensa y
contradicción de las partes en cada una de las etapas procesales.

5.3. El Juzgado Tercero Administrativo de Riohacha8 hizo un recuento de las
actuaciones surtidas en esa instancia. Por otro lado, aseveró que se configura la
falta de legitimación por pasiva de dicha entidad, comoquiera que no es la
responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada, por lo que
solicitó su desvinculación.

Finalmente, afirmó que el actor no demostró la concurrencia de dichos requisitos
generales y específicos de procedibilidad en relación con ese despacho judicial, ni
que exista atribución fáctica o jurídica que permita imputarle el quebrantamiento de
los derechos que invoca.

5.4. El Tribunal Administrativo de La Guajira9 afirmó que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir el requisito de subsidiariedad, pues se encuentra

5
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado D522FF3A6DE11262 13025AD664DA0E86
F9170C26AEEF7FE8 F3AF8E7AB401F1E6, folio 16.
6 Índice 5 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 585BB407FE52F884

8078749A10333FF1 CD9495BE64E987C0 3BB08490030B6C5A.
7 Índice 11 de SAMAI, certificado 069DDCAB50536AFD 73891CA83C007755 14F9460AB93C87AD

9E5E2FCDBA255797, ibid.
8 Índice 14 de SAMAI, certificado 8D0A682E1C44C80E 7FEFDBAFF785FE04 1AB6A4EA2F4C5407

109934C8350A19AA, ibid.
9 Índice 15 de SAMAI, certificado 14DF481DCD9E9849 6F32CA60BA79515C B5F4485E5CCAD06C

ADA860418AD932AC, ibid.

5

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pendiente de resolver una solicitud de corrección y aclaración presentada por la
Nación - Ministerio de Educación, donde solicita que se corrija la condena contra
esa entidad.

5.5. La Fiduprevisora S.A., el departamento de La Guajira – Secretaría de Educación
y la señora María Inés Deluque López, no se pronunciaron.10

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 5 de febrero de 202611, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró
improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de subsidiariedad.

El a quo constitucional encontró acreditado que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se encuentra en curso y, al interior de este, la entidad
tutelante presentó “solicitud de corrección y aclaración”, cuyas pretensiones son
idénticas a las que se exponen dentro de la presente acción constitucional.

Por su parte, afirmó que no se evidencia la configuración de un perjuicio
irremediable, pues el asunto sigue pendiente de resolución en virtud de la solicitud
de aclaración y corrección de la sentencia, la cual, a la fecha de presentación de la
acción de tutela de la referencia, no ha sido resuelta, y consideró que los reproches
contenidos en la acción de tutela están dirigidos a que se modifique el raciocinio del
tribunal enjuiciado por no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de que sugiera
alguna discusión que justifique una afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales invocados.

7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 12,
en el que reprodujo los argumentos expuestos en la acción de tutela y,
adicionalmente, sostuvo lo siguiente:

10 Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que la Fiduprevisora S.A., el

departamento de La Guajira – Secretaría de Educación y la señora María Inés Deluque López hubieran rendido
informe, pese a la notificación electrónica y al aviso surtido, obrantes a índices 8, 9, 16 y 17 de SAMAI del
expediente de primera instancia.
11 Índice 20 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 0439E67CEE8D3291

E481CB74B7D7CFA8 BD86B22EFDAA4FD8 7C08ADB3EAE44AF7.
12 Índice 27 de SAMAI, certificado 7B01950E2B481DBE 4DD751D18A6C1721 42973105C7E3DCBF

03780290632757C4, ibid.

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A partir del inicio de la vigencia de la Ley 1955 de 2019, el reconocimiento y pago
de prestaciones sociales a los docentes es un trámite que, exclusivamente, se
encuentra en cabeza de dos entidades, esto es, en las Secretarías de Educación,
quienes tienen la competencia funcional de expedir el acto administrativo de
reconocimiento de la prestación, y la sociedad fiduciaria -Fiduprevisora S.A.-, que
tiene la obligación legal y contractual de pagar la prestación.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 23 de febrero de 202513, el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada contra el fallo proferido el 5 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos

13 Índice 29 de SAMAI, certificado A0A46ACFDB3C7D93 00D8392DF5FB7F7A 1FF5C7CB3ACF3633
5A8894801F1D4DF8, ibid.

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requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional: i) cuando, a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable. En el primero de los casos, la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.

Es pertinente recordar que la acción de tutela tiene un carácter residual y que,
tratándose de la censura de providencias judiciales, corresponde al juez verificar: i)
si el asunto está en trámite; ii) si el solicitante agotó todos los medios de defensa
ordinarios y extraordinarios; y iii) si se pretende su uso para revivir etapas
procesales en las que se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.

4.2. En el caso concreto, la entidad accionante cuestiona, en esencia, que el
Tribunal Administrativo de La Guajira incurrió en defecto sustantivo, porque
desconoció que en la mora del reconocimiento de cesantías a la señora Martha Inés
Deluque López no interfirió el FOMAG; sin embargo, le trasladó la obligación de pagar
la sanción moratoria de las cesantías reconocidas en la vigencia 2023, esto es,
desde el 1 de enero en adelante, sin que exista una norma que determine que le
corresponde al FOMAG. Igualmente, omitió tener en cuenta que dicho fondo no
dispone de una partida presupuestal destinada a asumir el pago de la sanción por

14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

8

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mora. Asimismo, el acto administrativo de reconocimiento fue expedido por el ente
territorial y el pago fue realizado por la Fiduprevisora S.A., no por el fondo.

Aduce que Martha Inés Deluque López solicitó el reconocimiento de cesantías
parciales el 13 de febrero de 2023; la Secretaría de Educación de La Guajira
contaba con 15 días para la elaboración y remisión del acto administrativo, el cual
expidió fuera de término el 15 de marzo de 2023; por ende, la mora iniciaría después
de 70 días a partir de la solicitud de la prestación, es decir, a partir del 30 de mayo
de 2023, y el pago se hizo el 19 de abril de 2023, razón por la cual no hubo mora.
En el evento de que se concluya que sí hubo mora, esta no es atribuible a la entidad
accionante, sino al ente territorial y a la Fiduprevisora S.A.

4.3. Pues bien, la Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se
satisface, porque el 30 de mayo de 2025 la accionante presentó una solicitud de
aclaración y corrección16 de la sentencia del 31 de marzo de 2025, en la que
transcribió apartes de la parte motiva de dicha providencia, en la cual se señaló que
“el FOMAG, efectuó la revisión de dicho escrito en el plazo legal y, procedió al pago
del auxilio reconocido dentro de los 45 días hábiles siguientes 21 de marzo de 2023”;
mientras que manifestó que en su parte resolutiva “se evidencia posible condena”17.

4.4. Revisado el sistema SAMAI del Tribunal Administrativo de La Guajira, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
44001334000320240002001, a índice 18, se observa que el 4 de junio de 2025 el
expediente entró al despacho, de manera que la solicitud de aclaración y corrección
en comento se encuentra en trámite y no se ha expedido una decisión que le ponga
fin.

4.5. Esta Subsección precisa que no se puede desconocer que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática y reiterativa en señalar que “la acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite”18. Lo contrario llevaría
a desnaturalizar el mecanismo tutelar y a que el juez constitucional incurra en una
intromisión en asuntos que no son de su competencia, pues la Corte Constitucional
ha sostenido lo siguiente:

16 Índice 17 de SAMAI del Tribunal Administrativo de La Guajira, radicado 44001334000320240002001 e índice

2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 485BE1682D8FD7C7 49D4BACEAC1A200E
55AE4C761CBBBCE8 700E1741CB7601D6.
17 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 485BE1682D8FD7C7
49D4BACEAC1A200E 55AE4C761CBBBCE8 700E1741CB7601D6.
18 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2014. Es de anotar que ya desde la sentencia C-543 de 1992 se

dejó sentado este postulado.

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“De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su
poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate
en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte.

No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen
diligencias judiciales ya ordenadas por el juez de conocimiento, ni modificar providencias
por él dictadas, no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita
autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que caracterizan a la
administración de justicia (artículo 228 C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente
las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio
(artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del
debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible falta de competencia que
podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias producidos como consecuencia de
la decisión con los consiguientes perjuicios para las partes, la indebida prolongación de
los procesos y la congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los
despachos judiciales.”.19

Bajo esta línea argumentativa, no cabe duda de que el juez de tutela no puede
concebirse ni actuar como juzgador de instancia o de conocimiento en torno al
reconocimiento de la primacía de derechos fundamentales, pues el ordenamiento
jurídico ha dotado a las partes de diversos instrumentos y recursos para
salvaguardar sus intereses, los cuales deben ser agotados por el interesado, por
tratarse de medios idóneos y eficaces para la defensa de sus derechos.

4.6. Ahora, en lo que respecta al perjuicio irremediable, la Sala tampoco advierte su
existencia20, máxime cuando, como se indicó, el asunto está en trámite y es ante el
juez natural donde la entidad accionante debe buscar la defensa de sus derechos.

5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de subsidiariedad; en consecuencia, la acción tuitiva resulta improcedente,
como lo concluyó el a quo, razón por la cual se confirmará el proveído impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

19 Sentencia C-543 de 1992.
20 Ha señalado la Corte Constitucional que en la valoración del perjuicio irremediable se exige que este sea (i)

cierto, en el entendido de que exista plena certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho
invocado; (ii) con una alta probabilidad de ocurrencia, pues no puede tratarse de una simple conjetura hipotética
o percepción del solicitante; y (iii) inminente, de modo que esté por suceder en un tiempo cercano, por lo que
no se trata de una mera expectativa. Ver Corte Constitucional, sentencia T-425 de 2019.

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Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 5 de febrero de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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