Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07616-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07616-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07616-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
12 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07616-00
Demandante: César Augusto Ramírez Cuellar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 12 de febrero de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07616-00
Demandante: CÉSAR AUGUSTO RAMIREZ CUELLAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO
Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Improcedencia de la acción de tutela.
Relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor César Augusto Ramírez Cuellar
contra el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 1 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, en nombre propio, el señor
César Augusto Ramírez Cuellar pidió la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a las sentencias del 29
de agosto de 2019 y del 20 de mayo de 2025, dictadas por el Juzgado Tercero
Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta,
respectivamente, que denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-003-2016-00090-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1.Se me ampare mis derechos fundamentales a la IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA violados por las causales genéricas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
2. Consecuencialmente solicito REVOCAR LA DECISIÓN DE segunda instancia por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA-Sala Cuarta, emitida el 20 de mayo de 2025 y por lo tanto revocar de la
sentencia proferida por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA-HUILA, de fecha
29 de agosto de 2019
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El demandante estuvo vinculado en provisionalidad en el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, desempeñando los siguientes cargos:
• Profesional universitario, grado 6 de la Regional Sur, desde el 6 de marzo de 2013.
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Demandante: César Augusto Ramírez Cuellar
• Profesional universitario, grado 10 de la Regional Sur, desde el 24 de octubre de 2013.
• Profesional especializado, grado 12 de la Regional Sur, desde el 12 de febrero de 2015.
Por medio de la Resolución 01124 de 5 de octubre de 2015, fue declarado insubsistente,
luego de señalar que a través de medios de comunicación se conoció de la participación
del accionante en presuntos actos de corrupción, lo que había afectado el principio de
confianza y desacreditado a la institución.
Por lo anterior, el señor César Augusto Ramírez Cuéllar, actuando en nombre propio y
en representación de las menores DMSZ y VSZ promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
para que se declarara la nulidad de la Resolución 01124 de 5 de octubre de 2015 y a
título de restablecimiento del derecho, se ordenara el reintegro al cargo que venía
ostentando, el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir y la
indemnización de los perjuicios causados.
La demanda se adelantó bajo el radicado 41001-33-33-003-2016-00090-00 y
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Neiva que, por sentencia del 29 de
agosto de 2019 denegó las pretensiones al estimar que no se configuraron las causales
invocadas por el demandante para acceder a la nulidad del acto de declaratoria de
insubsistencia, toda vez que la entidad relacionó las causas y circunstancias de hecho y
de derecho que motivaron su decisión, por lo que la expedición del acto no fue un ejercicio
de mera discrecionalidad sino una decisión motivada y fundamentada en circunstancias
en las que el accionante se había visto inmerso y eran de público conocimiento.
Inconforme, el demandante apeló y manifestó que el a quo había incurrido en una
indebida valoración probatoria, puesto que no existe duda que la única motivación del
acto de insubsistencia fue la publicación de dos artículos periodísticos en medios de
comunicación nacional; sin embargo, el juez de conocimiento valoró equivocadamente
tales soportes documentales, por lo que ante la falta de motivación del acto enjuiciado,
debía ser declarado nulo, por el incumplimiento de los requisitos desarrollados por la
jurisprudencia para la declaratoria de insubsistencia de un cargo en provisionalidad.
En sentencia dictada el 20 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó
la decisión apelada1, al considerar que la resolución que declaró la insubsistencia sí está
motivada, pese a que el accionante no compartiera las razones en que se fundamentó y,
en ese orden, la causal no sería la falta de motivación, sino la indebida o falsa motivación.
Señaló que como el acto no se gestó de un proceso sancionatorio por lo que no era
exigible que se adelantara un proceso disciplinario y, finalmente, se refirió a la motivación,
que tuvo origen en que a través de medios se conoció de su participación en presuntos
actos de corrupción, que, además, el acto citó la Ley 270 de 1996 y la sentencia C-279
de 2007 sobre motivación del acto administrativo y concluyó que el retiro del servicio del
actor tiene por objeto preservar la moralidad administrativa.
En consecuencia, el Tribunal concluyó que el acto sí estaba motivado y el demandante
no probó que las razones de su desvinculación fueran ajenas a la realidad o arbitrarias,
que era un cargo provisional y no tenía fuero de estabilidad especial.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas
incurrieron en:
1 Comunicada por correo electrónico el 28 de mayo de 2025.
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Defecto fáctico porque las decisiones cuestionadas se fundamentaron en una <<prueba
no apta>> para la motivación de la resolución de insubsistencia, utilizando como medio de
prueba <<unas notas de medios escritos>> sin tener otros elementos probatorios y
desconociendo el valor que la jurisprudencia le ha dado a dichas notas.
Defecto sustantivo por indebida aplicación de la Ley 938 de 2004, dado que aceptan
como principio para declarar la insubsistencia del accionante la falta de moralidad pública
fundamentada en unas notas de medios escritos en desconocimiento del debido proceso,
pues la Procuraduría tenía que iniciar la investigación disciplinaria correspondiente para
determinar si había lugar a pedir la suspensión provisional del cargo.
Destacó que la Resolución No. 001124 de 5 de octubre de 2025 fue expedida sin señalar
en la motivación la conducta enmarcada dentro de las causales legales y constitucionales
y sin acreditar el presupuesto de configurar una falta disciplinaria dentro de un proceso
disciplinario.
Afirmó que, el tiempo en el que estuvo vinculado, nunca hubo alguna actuación que
conllevara el incumplimiento de sus deberes, el abuso o extralimitación de sus derechos
y funciones, ni incurrió en alguna prohibición, por lo que resaltó que la conducta objeto
de reproche, según los artículos periodísticos, fue realizada fuera del servicio.
5. Trámite procesal
Por auto del 5 de diciembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila
y a la Juez Tercera Administrativa de Neiva.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correo electrónico enviado el 10 de diciembre de
2025.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta, ponente de la
decisión cuestionada, solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda.
Hizo un recuento de las actuaciones adelantadas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-003-2016-00090-00/01 y de los
argumentos que fundamentaron la decisión de segunda instancia para señalar que su
decisión correspondió al análisis del acervo probatorio obrante en el proceso, sin que
sean de recibo las afirmaciones del accionante referentes a la vulneración al debido
proceso.
Resaltó que la acción de tutela resulta improcedente dado que el accionante insiste en
los mismos argumentos esbozados en la demanda y en el recurso de apelación que
promovió contra la decisión de primera instancia como si se tratara de una <<tercera
instancia>>.
Por último, destacó que la providencia que se reprocha fue proferida hace más de 6
meses, esto es, el 20 de mayo de 2025, circunstancia que soslaya el término razonable
para promover la acción de tutela.
La Juez Tercero Administrativo de Neiva hizo un recuento de las actuaciones
adelantadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
41001-33-33-003-2016-00090-00, para señalar que en la providencia cuestionada se
analizaron todos y cada uno de los cargos invocados en la demanda y de las
documentales aportadas por las partes, sin desconocer ninguna norma.
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Destacó que, como la solicitud de amparo discrepa de las conclusiones de los operadores
jurídicos, resulta improcedente.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses solicitó que declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no le asiste competencia legal para
satisfacer las pretensiones del accionante, pese a que efectivamente fue la entidad que
expidió el acto administrativo que declaró la insubsistencia del señor CÉSAR Augusto
Ramírez Cuellar.
Señaló que tanto el Juzgado 3 Administrativo de Neiva como el Tribunal Administrativo
del Huila se pronunciaron respecto de la legalidad y la motivación de la Resolución No.
01124 de 5 de octubre de 2015, que declaró insubsistente el cargo que ocupaba el
accionante y destacó que el Instituto de Medicina Legal, para la época de expedición de
la resolución e incluso ahora, no ha implementado el régimen de carrera administrativa
y por lo tanto no se puede aplicar el artículo 77 de la Ley 938 de 2004, invocado por el
accionante.
Por último, advirtió que el señor CÉSAR Augusto Ramírez no se encuentra en una
situación de perjuicio irremediable en la medida que es un abogado titulado, que según
el certificado expedido el 12 de diciembre de 2025, por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, no registra sanciones por lo que puede ejercer su profesión liberal, dado que la
restricción que tiene es para ingresar al servicio público, comoquiera que registra una
inhabilidad de 12 años impuesta por la Procuraduría Regional del Huila.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional2 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona las sentencias del 29 de agosto de 2019
y del 20 de mayo de 2025, dictadas por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva y el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta, respectivamente, que denegaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
41001-33-33-003-2016-00090-00/01.
Por su parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló que carecía de
legitimación en la causa por pasiva, porque las pretensiones de la demanda de tutela
iban dirigidas en contra del tribunal demandado.
No obstante, la vinculación de esa autoridad no fue como parte demandada, sino en
calidad de tercero con interés, porque fungió como parte pasiva del proceso objeto de
tutela. En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.
2 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
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2. Problema jurídico y solución
La Sala empieza por precisar que, si bien la parte actora cuestiona las providencias de
29 de agosto de 2019 y del 20 de mayo de 2025, por el Juzgado Tercero Administrativo
de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila – Sala Cuarta, respectivamente, el análisis
se centrará en la última providencia por ser la que confirmó la decisión de primera
instancia y decidió de manera definitiva sobre la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta
por el señor CÉSAR Augusto Ramírez Cuellar, para dejar sin efectos la providencia del
20 de mayo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-003-2016-
00090-01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional. La parte actora la utiliza como una
instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e insiste en
argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
3. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al cuarto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela para proponer
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario, la Sala ha explicado
que la acción de tutela no está concebida como un mecanismo que permita a las partes
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse
ante el juez natural.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
5. Análisis del caso concreto
El señor César Augusto Ramírez Cuéllar cuestiona la providencia de 20 de mayo de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta, que confirmó la sentencia
de primera instancia proferida el 29 de agosto de 2019 por el Juzgado Tercero
Administrativo de Neiva, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho dentro del proceso 41001-33-33-003-2016-00090-00.
Ahora bien, del examen de la solicitud de amparo se observa que el demandante insiste
en algunos de los argumentos expuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. En efecto, aunque el accionante alega la configuración de los defectos fáctico
y sustantivo, lo cierto es que lo hace para insistir en que debió declararse la nulidad del
acto administrativo que lo declaró insubsistente por (i) valoración indebida de las
pruebas, (ii) falta de motivación e (iii) indebida aplicación de la Ley 938 de 2004.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la providencia
del 29 de agosto de 2019, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, se
lee lo siguiente:
«Primero encontramos que la Resolución Nº01124 de 5 de octubre de 2015, se resuelve declarar
insubsistente el nombramiento hecho al Doctor CÉSAR AUGUSTO RAMIREZ CUELLAR, en el cargo
de profesional Especializado Grado 12, destinado al grupo Administrativo y Financiero de la Dirección
Regional sur-Dirección General, expedida por el director general del INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, tiene su motivación basada con el medio probatorio
artículo revista Semana del 3 de marzo de 2015 y Periódico el Tiempo de 4 de octubre de 2015.
De lo anterior, puedo colegir, con todo el respeto del juez de primera instancia, que si al realizar un
recorrido de estudio de la jurisprudencia colombiana, podemos concluir cual es el valor probatorio de
los artículos o notas periodísticas. […].
En segundo lugar, tanto la entidad demandada como el juez de instancia, manifiestan que, para expedir
la Resolución N°011124 de 5 de octubre de 2015, se resuelve declarar insubsistente el nombramiento
hecho al Doctor CÉSAR AUGUSTO RAMIREZ CUELLAR. en el cargo de profesional Especializado
Grado 12, destinado al grupo Administrativo y Financiero de la Dirección Regional sur-Dirección
General, "CUANDO LA MISMA NO REQUERIA DE HABERSE AGOTADO UN PROCESO
DISCIPLINARIO"
De lo anterior me permito manifestar, que nuevamente el juez de primera instancia, no realiza un análisis
de la normatividad vigente y de las jurisprudencias (sic) plasmadas en la demanda. […].
POR LO ANTERIOR EXPUESTO JURISPRUDENCIAL Y LEGALMENTE SE PUEDE CONCLUIR QUE
PARA DECLARAR LA INSUNSISTENCIA DE UNN CARGO EN PROVISIONALIDAD, LA MOTIVACIÓN
DE LA RESOLUCIÓN TIENE UNOS REQUISITOS LOS CUALES HAN SIDO DESARROLLADOS POR
LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA.
Y EN EL CASO QUE NOS OCUPA, la Resolución No. 01124 de 5 de octubre de 2015, se resuelve
declarar insubsistente el nombramiento hecho al Doctor CÉSAR AUGUSTO RAMIREZ CUELLAR, en
el cargo de profesional Especializado Grado 12, destinado al grupo Administrativo y Financiero de la
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Demandante: César Augusto Ramírez Cuellar
Dirección Regional Sur – Dirección General, expedida por el director general del INSTITUTO DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ANOTADOS
ANTERIOMENTE, POR LO TANTO ESTA RESOLUCIÓN ES TOTALMENTE NULA.
Además, la resolución que declara la insubsistencia, no es otra cosa que una facultad discrecional de
la parte demandada, pero esa facultad discrecional cuando no sea evidente la afectación del servicio
con el hecho materia de investigación disciplinaria deslegitima el sentido de esta facultad y se convierte
en una forma de responsabilidad objetiva proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, porque es
presupuesto para configurar la falta disciplinaria la imputación a título de dolo y culpa y en este caso
concreto, NO ESTAN DEMOSTRADOS LOE ELEMENTOS. LAS PRUEBAS. DENTRO DE UN
PROCESO DISCIPLINARIO.» (sic para toda la cita)
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala
Cuarta, en sentencia dictada el 20 de mayo de 2025, en la que se consideró:
«Como ya se indicará, el demandante considera que el acto acusado adolece de falta de motivación y
desviación de poder, amén de que no se valoraron adecuadamente los artículos periodísticos que le
sirvieron de sustento.
Al respecto, es del caso puntualizar lo siguiente:
a. A diferencia de lo que aduce la parte impugnante, la resolución que declaró la insubsistencia sí está
motivada; cosa diferente es que no comparta las razones en que se fundamentó́ . Por lo tanto, la causal
de nulidad no sería la falta de motivación, sino la indebida o la falsa motivación. Siendo del caso
destacar, que acuerdo con el precedente contencioso administrativo, la falta de motivación o la
ausencia de la misma, genera la expedición irregular del acto administrativo. […].
De suerte que el cargo fue mal planteado.
b. De otro lado, es pertinente aclarar que el acto de insubsistencia se expidió́ en ejercicio de la facultad
discrecional del nominador, y no se gestó́ en un proceso sancionatorio. Por lo tanto, no es de recibo
aceptar que antes de su expedición se debió́ adelantar el respectivo proceso disciplinario.
c. Ahora bien, como motivación, el nominador partió́ de la base de que en dos medios de comunicación
nacional que circularon el 3 y el 5 de octubre de 2015 (revista Semana y periódico El Tiempo,
respectivamente), se informó a la opinión pública que el señor Ramírez Cuéllar participó en presuntos
actos de corrupción: […].
d. Teniendo en cuenta que los demandantes no acreditaron que las razones que se esgrimieron fueran
ajenas a la realidad o que la decisión se hubiera adoptado por capricho o de manera arbitraria; es
menester colegir que no se desvirtúó la presunción de legalidad de que se encuentra investida la
declaratoria de insubsistencia o que el nominador abusara de su facultad discrecional.
En razón a que el señor Ramírez desempeñaba el empleo en mera provisionalidad; es del caso concluir
que no ostentaba ningún fuero que le otorgara estabilidad indefinida en la entidad. Tampoco existe un
medio de convicción que demuestre que se encontraba en alguna situación de vulnerabilidad para
inferir que era beneficiario de la denominada protección laboral reforzada, o que su desvinculación le
generara una situación de debilidad manifiesta (limitación sensorial o psicológica, etc). […] >>.
Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo que concluyó que, (i) la resolución que declaró la insubsistencia sí estaba
motivada pese a que el accionante no comparta las razones en que se fundamentó; (ii)
que el acto de insubsistencia se expidió en ejercicio de las facultades del nominador, y
no se gestó en un proceso sancionatorio, por lo que no era de recibo argumentar que
previamente se debió adelantar el respectivo proceso disciplinario; (iii) que como
motivación, el nominador partió de la base de que en dos medios de comunicación
nacional donde se informó a la opinión pública que el señor Ramírez Cuéllar participó en
presuntos actos de corrupción y, en el artículo 126 de la ley 270 de 1996, sin que los
demandantes hubieran acreditado que las razones que se esgrimieron fueran ajenas a
la realidad o que la decisión se hubiera adoptado por capricho o de manera arbitraria;
(iv) que no se desvirtúo la presunción de legalidad de acto de declaratoria de
insubsistencia dado que el accionante desempeñaba un empleo en provisionalidad, sin
que ostentara ningún fuero que le otorgara estabilidad laboral reforzada.
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Demandante: César Augusto Ramírez Cuellar
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No.41001-33-33-003-2016-00090-00/01,
finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por el tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que denota que la acción de tutela de la referencia no
colma el requisito de relevancia constitucional.
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la presente acción de
tutela, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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