RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07616-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07616-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07616-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07616-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07616-01
Accionante: César Augusto Ramírez Cuellar
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

Tema: Tutela contra providencias judiciales. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Declaratoria de insubsistencia. Relevancia constitucional.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

El señor César Augusto Ramírez Cuellar pretende que se protejan sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la libertad, al buen nombre, a la honra, al
trabajo y al debido proceso, los cuales considera vulnerados por el Juzgado Tercero
Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta, con la
expedición de las sentencias del 29 de agosto de 2019 y 20 de mayo de 2025, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al que se le asignó el
radicado 41001-33-33-003-2016-00090-01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El accionante, en nombre propio y de las menores DMSZ y VSZ, instauró demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que solicitó la nulidad de la Resolución
01124 del 5 de octubre de 2015, mediante la cual declaró la insubsistencia de su

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 7 61 6- 0 1

nombramiento en provisionalidad en el cargo de profesional especializado, grado
12, del grupo administrativo y financiero de la Dirección Regional Sur.

Que el 29 de agosto de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva negó las
pretensiones porque no encontró demostrada alguna de las causales de nulidad
invocadas, por lo cual interpuso recurso de apelación y el 20 de mayo de 2025, el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta, confirmó la decisión, con fundamento
en similares argumentos.

Considera que las autoridades judiciales incurrieron en i) defecto sustantivo, debido
a que inaplicaron el artículo 29 de la Constitución y 76 y 77 de la Ley 938 de 2004,
en la medida que no tuvieron en cuenta que se omitió adelantar un proceso
disciplinario, en el que se salvaguardaran todas las garantías, y que concluyera con
una resolución sancionatoria; ii) defecto fáctico, ya que basaron su decisión en unas
«notas periodísticas», sin tener en cuenta el valor probatorio otorgado a esos
escritos por la jurisprudencia (sentencia del 5 de abril de 2023 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, rad. 25000-23-26-000-
2001-00242-01), el principio de presunción de inocencia; que las conductas allí
reprochadas no fueran realizadas durante el servicio; y que su valoración requería
el análisis de otras pruebas; y iii) desconocimiento de las sentencias C-279/07, T-
800/98 y SU-917/10 de la Corte Constitucional sobre el deber de motivar el retiro de
servidores nombrados en provisionalidad en razones del servicio.

PRETENSIONES

Solicitó que se revoque las sentencias del 29 de agosto de 2019 y del 20 de mayo
de 2025 proferidas por las autoridades judiciales accionadas.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 5 de diciembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó al director del Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a las menores MRS, VSZ y DMSZ
(integrantes de la parte demandante del proceso ordinario), como terceros con
interés; y se corrió el respectivo traslado.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta, adujo que adoptó la decisión
discutida luego de analizar el material probatorio; no transgredió los derechos
fundamentales del actor; y, en todo caso, la tutela es improcedente porque, de un
lado, el solicitante del amparo insistió en los mismos argumentos expuestos en la
demanda y en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia, y, de otro, la providencia reprochada fue proferida hace más de seis
meses, lo que desconoce el término razonable y proporcionado fijado por la Corte
Constitucional para ese efecto.

El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva manifestó que en la sentencia
cuestionada se analizaron todos y cada uno de los cargos incoados en la demanda,
por lo que no desconoció u omitió el análisis de alguna norma, distinto es que el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 7 61 6- 0 1

accionante discrepe de las conclusiones de las autoridades judiciales, lo que
evidencia la improcedencia de la acción.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses expuso que carece
de competencia para satisfacer lo pretendido por el accionante, a pesar de que fue
la entidad que expidió el acto administrativo que lo declaró insubsistente, por lo cual
solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Señaló que las autoridades judiciales se pronunciaron sobre la legalidad y
motivación de la resolución demandada, la cual se sustentó en los principios de
función pública e indicó que no resulta aplicable el artículo 77 de la Ley 938 de 2004,
pues no ha implementado aún el régimen de carrera administrativa.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 12 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado denegó la
solicitud de desvinculación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses porque su vinculación obedeció al interés en las resultas del proceso y
declaró improcedente la acción porque no se cumplió el requisito de relevancia
constitucional, pues los cargos formulados estaban encaminados a extender el
debate jurídico del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Expresó que el actor insistió en algunos de los argumentos planteados en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, en que debió declararse la
nulidad del acto administrativo que lo declaró insubsistente por la valoración
indebida de las pruebas, la falta de motivación y la indebida aplicación de la Ley 938
de 2004, aspectos que fueron analizados por el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Cuarta, por lo cual en el escenario propuesto por el solicitante del amparo,
habría que examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades
judiciales accionadas.

IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia, al considerar que se aplicó de manera restrictiva el
requisito de relevancia constitucional, máxime cuando la Corte Constitucional ha
señalado que este no desaparece por el solo hecho de que el argumento haya sido
expuesto en el proceso ordinario, siempre que lo alegado configure un defecto
judicial con dimensión constitucional.

Que no se examinó si la utilización exclusiva de artículos periodísticos como soporte
probatorio constituía una ruptura ostensible del debido proceso ni el
desconocimiento de la Sentencia SU-917/10 que estableció que el retiro de
servidores en provisionalidad requiere una motivación objetiva basada en razones
del servicio, a pesar de que se trata de defectos que hacen procedente la tutela.

Adujo que el caso trasciende el debate legal ordinario, pues involucra el estándar
constitucional de motivación, el alcance del defecto fáctico y el respeto del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 7 61 6- 0 1

precedente vinculante, por lo que solicitó declarar el cumplimiento de la exigencia
general señalada y ordenar el estudio de fondo de los defectos alegados.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales; y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. [...].

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. [...].

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. [...].

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 7 61 6- 0 1

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...]. »

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene
que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...].

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...].

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 7 61 6- 0 1

de una argumentación cualificada4.

[...]. “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, [...].. Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela 6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Caso concreto

A esta Subsección corresponde definir si se encuentra cumplido el requisito de
relevancia constitucional, que no se halló satisfecho en la sentencia recurrida, pues
solo de ser así, habría lugar a analizar las inconformidades expuestas por la
accionante.

Al respecto, se considera que la acción no supera dicha exigencia general, ya que
no se cumplen las finalidades de la relevancia constitucional señaladas por la Corte
Constitucional, esto es, mantener la independencia y autonomía judicial; evitar que
la tutela se convierta en una instancia adicional e impedir que la controversia verse
sobre un asunto de mera legalidad.

Lo anterior si se tiene en cuenta que los argumentos de disenso expuestos por la
parte actora ponen en evidencia que su intención es reabrir un debate jurídico y
probatorio que fue adelantado y finalizado en el proceso ordinario, por no estar de
acuerdo con la decisión adoptada, al no haberle sido favorable a sus intereses, pero
sin que esté de por medio el alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

Si bien el accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la libertad, al buen nombre, a la honra, al trabajo y al debido
proceso, lo cierto es que no indicó algún análisis o argumentación concreta
realizada por la autoridad judicial contra la cual dirige esta acción, que hubiera
generado dicha transgresión.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta, analizó las pruebas
obrantes en el expediente a la luz del marco normativo y jurisprudencial de la
declaratoria de insubsistencia de los cargos ocupados en provisionalidad, lo que le
permitió concluir que no se configuraban las causales invocadas, esto es, la falta de
motivación y la desviación del poder.

4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 7 61 6- 0 1

En relación con la primera, la autoridad judicial determinó que la resolución
controvertida sí fue motivada, distinto era que el demandante no estuviera de
acuerdo con las razones en que se fundamentó, caso en el que la causal alegada
debió ser la ausencia de motivación, y, frente a la segunda, precisó que i) el acto
fue expedido en ejercicio de la facultad discrecional del nominador y no se gestó en
un proceso sancionatorio, por lo que no era necesario adelantar un proceso
disciplinario; ii) el retiro del servicio del actor tuvo por objeto preservar la moralidad
administrativa y contribuir al correcto y transparente funcionamiento de la
administración de justicia, y iii) los demandantes no acreditaron que las razones que
esgrimieron fueran ajenas a la realidad o que la decisión fue adoptada con capricho
o arbitrariedad.

Sin embargo, en esta sede, el actor se limitó a insistir en los reparos que fueron
resueltos por la autoridad judicial, al haber sido planteados en el recurso de
apelación, pero sin discutir la línea argumentativa contenida en la sentencia;
concretamente, el solicitante del amparo reiteró sus consideraciones sobre la
necesidad de adelantar un proceso disciplinario, la decisión de insubsistencia
basada en artículos periodísticos y en el deber de motivar el retiro de los servidores
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, a pesar de que en la
providencia de segunda instancia controvertida se concluyó que no se demostró la
falta de motivación ni la desviación de poder.

Además, debe resaltarse que, si bien uno de los disensos principales del accionante
se fundamenta en el valor probatorio de las notas periodísticas, lo cierto es que no
correspondía al juez natural de la causa analizarlas, al haberse hecho alusión a ellas
en el acto de insubsistencia, sino determinar si estaban demostradas las causales
de nulidad invocadas, por la ausencia de motivación y motivos ajenos al buen
servicio, lo que no se demostró.

En esa medida, lo que se advierte es que el actor pretende utilizar esta acción para
insistir en los reparos que ya fueron analizados en sede ordinaria únicamente
porque no fueron favorables a sus intereses y para que se realice un nuevo análisis
jurídico del asunto.

Si bien es cierto la simple reiteración de argumentos no puede servir como único
fundamento para declarar la falta de relevancia constitucional, no lo es menos que
en el presente asunto la decisión de improcedencia obedece a que no se cumplen
las finalidades de dicho requisito.

En ese entendido, los desacuerdos expuestos por la parte actora no habilitan un
estudio constitucional en esta sede, por su falta de trascendencia constitucional. En
consecuencia, se confirmará la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la
acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 7 61 6- 0 1

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la
acción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.