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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07617-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07617-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07617-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

30 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07617-01
Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07617-01
Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Temas: Tutela contra procedimientos administrativos – otro medio
de defensa judicial– improcedencia de la tutela como
mecanismo transitorio. Mora Judicial.

Sentencia segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 12 de febrero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor Miguel
Ignacio Martínez Olano contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y otros, por no
superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta decisión.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos invocados con relación a la presunta
mora judicial injustificada del Tribunal Administrativo del Magdalena, como se expuso en
este proveído. […]»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de noviembre de 2025, el señor Miguel Ignacio Martínez Olano, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, el Consejo
Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Comisión
Escrutadora Departamental del Magdalena, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«Por lo anterior, solicito el amparo a mis derechos fundamentales de PETICIÓN, DEBIDO
PROCESO Y DEFENSA, y en consecuencia se ordene a la COMISIÓN ESCRUTADORA
DEPARTAMENTAL darle tramite a la solicitud de abstención de
revocatoria por violación directa del artículo 107 Constitucional, y la segunda solicitud por
violación de la ley 617 artículo 51 y ley 2200.

Ordenarle que la respuesta debe ser por escrito y que contra la misma se nos dé la
oportunidad para interponer los recursos que correspondan.
Ordenarle a la Comisión escrutadora pronunciarse sobre la elección del diputado que
ocupa la curul con base en la ley de oposición.
Ordenarle a la Comisión Escrutadora darle tramite al recurso de apelación.
Ordenarle a la Comisión Escrutadora darle tramite al recurso de queja .»

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07617-01
Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

De la acción de tutela 47001-23-33-000-2025-00304-00

Mediante la Resolución 12289 del 25 de septiembre de 2025, expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, se fijó el calendario electoral para las
elecciones atípicas a la Gobernación del departamento del Magdalena a celebrarse el
23 de noviembre de 2025. En dicho acto se estableció el 8 de noviembre de 2025 como
fecha límite para resolver la revocatoria de inscripciones de candidatos

De manera previa, mediante proveídos del 23 de octubre de 2025 (Auto 611) y 24 de
octubre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avocó conocimiento de
investigaciones por presunta doble militancia e inhabilidad sobreviniente contra los
ciudadanos María Margarita Guerra (radicado CNE-E-DG-2025-024569) y Rafael
Emilio Noya García (radicado CNE-E-DG-2025-025391), en su calidad de candidatos
a la Gobernación del Magdalena. La investigación se sustentó, respecto de la señora
Guerra, en la presunta renuncia extemporánea a su curul como diputada el 1 de
octubre de 2025; y frente al señor Noya García, en la nulidad de su elección como
diputado por el Consejo de Estado en decisión del 21 de agosto de 2025.

El 6 de noviembre de 2025, el demandante (en calidad de candidato para las
elecciones a la Gobernación del Magdalena) solicitó la revocatoria de las inscripciones
de María Margarita Guerra y Rafael Emilio Noya García. Consideró que ejercieron
autoridad administrativa y política como diputados activos de la Asamblea
Departamental del Magdalena, lo que configuró la inhabilidad objetiva prevista en el
numeral 1. ° del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, pues participaron en decisiones de
control político y ordenanzas dentro de los 12 meses previos a su inscripción como
candidatos.

El 7 de noviembre de 2025, el accionante interpuso tutela contra el CNE, con
fundamento en que la inactividad y tardanza de las autoridades electorales amenazaba
con permitir la participación irregular de los candidatos cuestionados. Solicitó, entre
otras medidas, la suspensión inmediata de las inscripciones y que se profiriera una
decisión de fondo sobre la revocatoria antes del 8 de noviembre de 2025.

El conocimiento de esta acción constitucional correspondió al Tribunal Administrativo
del Magdalena, autoridad judicial que, mediante auto del 10 de noviembre de 2025,
admitió la demanda y negó la medida provisional solicitada por el actor.

Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Magdalena negó el amparo. Concluyó que, si bien el actor no contaba con otro medio
de defensa judicial para cuestionar la presunta omisión, no se acreditó vulneración
alguna de sus derechos fundamentales. En particular, determinó que las solicitudes de
revocatoria carecían de un procedimiento especial, por lo que debían resolverse
conforme al procedimiento administrativo general del CPACA, cuyo término legal de
15 días para emitir pronunciamiento vencía el 28 de noviembre de 2025. En
consecuencia, consideró que el CNE se encontraba dentro del plazo legal.

Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó con fundamento en que el juez
de primera instancia erró al aplicar el término general de 15 días del CPACA. Sostuvo
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Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano

que las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas están sujetas a los
plazos perentorios del calendario electoral, siendo el 8 de noviembre de 2025 la fecha
límite para resolverlas. A su juicio, la omisión del Consejo Nacional Electoral vulneró
su derecho al debido proceso y generó un perjuicio consumado, pues la celebración
de las elecciones del 23 de noviembre de 2025 sin que se resolvieran de fondo las
revocatorias lo obligó a acudir al medio de control de nulidad electoral. Asimismo,
reiteró que la inhabilidad sobreviniente y la doble militancia estaban plenamente
demostradas, y señaló que el fallador incurrió en una confusión al analizar el requisito
de subsidiariedad

El conocimiento de la impugnación correspondió a la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado, que profirió sentencia el 22 de enero de 2026, revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la carencia actual de objeto por
situación sobreviniente.

Advirtió que las circunstancias fácticas variaron de manera sustancial con
posterioridad a la interposición del amparo, toda vez que las elecciones atípicas ya se
habían llevado a cabo y la ciudadana María Margarita Guerra Zúñiga había sido
elegida gobernadora.

Ante la imposibilidad material y jurídica de retrotraer las circunstancias para suspender
las candidaturas o adoptar decisiones antes de una fecha ya vencida, declaró la
carencia actual de objeto por situación sobreviniente. Sin embargo, al constatar que
no existía prueba en el expediente sobre la resolución de las solicitudes presentadas
el 6 de noviembre de 2025, la Sala decidió exhortar al Consejo Nacional Electoral para
que, en caso de no haberlo hecho, adoptara una decisión de fondo y célere sobre las
mismas, dentro del marco de sus competencias.

De los escrutinios departamentales en la elección de gobernador del Magdalena

El 23 de noviembre de 2025, el señor Miguel Ignacio Martínez Olano participó como
candidato a la Gobernación del Magdalena en las elecciones atípicas convocadas para
proveer dicho cargo.

Dijo que el 25 de noviembre de 2025, al inicio de la audiencia de escrutinios
departamentales, solicitó el uso de la palabra con el propósito de radicar una petición
para que la Comisión Escrutadora se abstuviera de declarar la elección de la candidata
María Margarita Guerra Zúñiga (como gobernadora) y de cuestionar la elección de
Rafael Emilio Noya García, argumentando una presunta violación directa del artículo
107 de la Constitución Política.

De acuerdo con lo expuesto en la tutela, tras la intervención del actor, la Comisión
Escrutadora, por conducto de uno de los delegados del Consejo Nacional Electoral, le
indicó que su solicitud y el respectivo material probatorio serían recibidos y resueltos
al final de la diligencia de escrutinio.

El actor afirma que, una vez finalizado el cómputo del último municipio a escrutar, la
Comisión cerró automáticamente el escrutinio departamental y generó el formulario de
declaratoria de elección (E-26) a las 11:59 a.m.

Sostiene que la autoridad electoral procedió de esta manera sin otorgarle la
oportunidad procesal previamente acordada para presentar su solicitud, la cual quedó
con registro de recibido a las 12:00 m., es decir, después del cierre del escrutinio.
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Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano

Con posterioridad a dicho cierre, la Comisión Escrutadora Departamental rechazó la
solicitud del accionante mediante un pronunciamiento verbal. La autoridad electoral
fundamentó su decisión señalando que la petición resultaba improcedente, toda vez
que los alegatos presentados no se enmarcaban dentro de las causales taxativas de
reclamación consagradas en el artículo 192 del Código Electoral.

3. Argumentos de la tutela

El señor Miguel Ignacio Martínez Olano fundamenta su solicitud de amparo en la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición,
a la igualdad y a ser elegido.

Para comenzar, el actor estructura su inconformidad procesal sobre dos argumentos
principales, estos son, las irregularidades acontecidas durante la audiencia de
escrutinios departamentales y una presunta mora judicial derivada de un trámite
constitucional previo.

En primer lugar, respecto a los escrutinios del 25 de noviembre de 2025, el accionante
afirma que intentó radicar una solicitud de abstención de entrega de credenciales
contra Margarita Guerra y Rafael Emilio Noya García, al considerar que incurrieron en
la prohibición de transfuguismo político. Si bien el delegado del Consejo Nacional
Electoral aceptó de manera verbal tramitar dicha petición al final de la diligencia, lo
cierto es que el sistema cerró el escrutinio departamental de manera automática a las
11:59:41, apenas cuatro segundos después de contabilizar el último municipio. En
consecuencia, el actor califica esta acción como una maniobra deliberada de las
autoridades para bloquear el trámite de sus reclamaciones.

Aunado a lo anterior, reprocha que la respuesta de la autoridad electoral haya sido
exclusivamente verbal y carente de motivación formal. En concreto, denuncia que la
delegada del CNE profirió una negativa con apoyo de lectura desde un teléfono móvil,
argumentando una supuesta improcedencia basada en las causales taxativas del
artículo 192 del Código Electoral. Para el demandante, esta decisión resulta errada,
puesto que los escrutadores confundieron la solicitud de abstención aplicable a los
escrutinios con el trámite de revocatoria de candidaturas.

Frente a esta situación, exigió una constancia escrita y anunció la interposición de los
recursos de ley. Sin embargo, relata que el secretario de la Comisión huyó del recinto
para evadir la recepción de los documentos. A pesar de lograr la radicación con ayuda
del Ministerio Público, la Comisión omitió dar el trámite legal a los recursos de
reposición, apelación y queja, y entregó la credencial a la candidata cuestionada.

Por consiguiente, el demandante argumenta que este cúmulo de actuaciones ilegales
imposibilitó el agotamiento de la vía gubernativa y consolidó una transgresión a su
debido proceso y derecho a la defensa.

Asimismo, sostiene que carece de otro mecanismo judicial idóneo para proteger sus
derechos, toda vez que un proceso de nulidad electoral tardaría más de un año.

De llegar a ocurrir esto, advierte el riesgo inminente de superar los doce meses de
ejercicio del cargo, escenario que impediría la convocatoria a unas nuevas elecciones
e impondría una designación presidencial, lo cual eliminaría de forma irreversible su
derecho a competir.
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En segundo lugar, el accionante expone un segundo reproche dirigido contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena. Al respecto, asegura que dicha corporación
incurrió en mora judicial injustificada al omitir proferir sentencia dentro de los 10 días
reglamentarios en la acción de tutela previa instaurada el 7 de noviembre de 2025. A
juicio del actor, esta dilación benefició directamente a las candidaturas irregulares e
impactó negativamente la administración de justicia en condiciones de igualdad.

En línea con lo anterior, mediante escrito de subsanación de la tutela, solicitó la nulidad
de todo lo actuado dentro del trámite de la tutela previa (Radicado 47001-23-33-000-
2025-00304-00).

4. Trámite previo

Mediante auto del 20 de enero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó
la medida cautelar solicitada por el actor, admitió la acción de tutela, ordenó notificar
al tutelante y al Tribunal Administrativo del Magdalena, al Consejo Nacional Electoral
a los señores Reynaldo Dussan Calderón y María Nelly Martínez Ardila, delegados del
Consejo Nacional Electoral para los escrutinios del Magdalena y al señor Jorge Alberto
Cardona Montoya en su calidad de «delegado del registrador nacional que hace las
funciones de secretario en la comisión escrutadora departamental».

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Magdalena hizo un recuento de las actuaciones que
se surtieron dentro de la acción de tutela 47001-23-33-000-2025-00304-00. Explicó
que dicha corporación profirió sentencia de primera instancia el 24 de noviembre de
2025 y negó las pretensiones al constatar que el CNE actuó dentro del término legal.

Frente al reproche específico, afirmó la inexistencia de mora judicial injustificada.
Sustentó su postura al indicar que la autoridad judicial admitió y falló el amparo dentro
de los plazos perentorios del Decreto 2591 de 1991, y logró la notificación oportuna de
la decisión al demandante de manera previa a la radicación de la presente acción
constitucional. Finalmente, precisó que, ante la impugnación del actor, el despacho
remitió el expediente al Consejo de Estado el 10 de diciembre de 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se opuso a las pretensiones del accionante.
Sostuvo que el actor pretende utilizar el amparo constitucional como mecanismo
directo para atacar actos administrativos amparados por el principio de presunción de
legalidad establecido en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, expuso que, a la luz del artículo 187 del Código Electoral, la
competencia del CNE frente a los escrutinios es plena en el nivel nacional, pero
limitada en los demás niveles. En ese sentido, explicó que, en las elecciones
departamentales, la entidad funge únicamente como segunda instancia frente a las
decisiones adoptadas por sus delegados.

Por consiguiente, advirtió el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez
que el demandante cuenta con los medios ordinarios de defensa ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, tales como la nulidad electoral, la nulidad simple o la
nulidad y restablecimiento del derecho, para discutir su inconformidad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó declarar la improcedencia de la
acción. Argumentó que, una vez declarada la elección mediante el formulario E-26, el
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Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano

acto goza de presunción de legalidad y el mecanismo idóneo para controvertir los
resultados es el medio de control de nulidad electoral.

Adicionalmente, precisó que la entidad ejerce labores netamente secretariales en el
desarrollo de los escrutinios, motivo por el cual carece de incidencia en las decisiones
de fondo adoptadas por las comisiones escrutadoras.

6. Sentencia de primera instancia

El 12 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia
de primera instancia en la cual determinó que la acción de amparo incumple el requisito
de subsidiariedad.

Consideró que el actor pretende cuestionar actuaciones previas a una elección, cuyo
debate legal corresponde tramitar a través del medio de control de nulidad electoral,
mecanismo judicial ya iniciado por el tutelante ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Ante la existencia de un acto definitivo de declaratoria de elección (formulario E-26) y
de un juez natural competente para valorar las presuntas irregularidades, calificó de
improcedente la tutela, al resultar inviable utilizarla para desplazar dicha competencia
judicial o para adoptar decisiones paralelas a un proceso electoral en curso.

Por otra parte, concluyó la inexistencia de mora judicial injustificada. Sustentó esta
postura al verificar que el actor radicó la presente acción el mismo día de la notificación
del fallo de primera instancia del expediente 47001-23-33-000-2025-00304-00 (27 de
noviembre de 2025). Por consiguiente, para el momento de radicar la tutela, el Tribunal
Administrativo del Magdalena ya había emitido la providencia reclamada.

Asimismo, advirtió que la pretensión encaminada a decretar la nulidad del trámite
constitucional previo carece de sustento y deviene improcedente en esta sede. Explicó
que el demandante debió formular dicho planteamiento ante el juez conocedor del
asunto original o elevarlo como argumento durante el trámite de la segunda instancia,
etapa procesal que ya cuenta con fallo definitivo.

En consecuencia, la Sección Quinta declaró la improcedencia de la tutela frente a las
pretensiones electorales y a la nulidad solicitada, y negó el amparo respecto al cargo
por mora judicial atribuido al Tribunal Administrativo del Magdalena

7. Impugnación

Inconforme con la decisión, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia.
El impugnante sostuvo que la Sección Quinta del Consejo de Estado aplicó el requisito
de subsidiariedad de una manera «restrictiva y excesivamente formal», puesto que el
fallador asumió el medio de control de nulidad electoral como la única vía judicial
idónea.

Afirmó que la presente acción constitucional no buscaba controvertir de manera
exclusiva el acto definitivo de elección contenido en el formulario E-26, sino la omisión
en el trámite de las solicitudes y los recursos durante la audiencia de escrutinio. Para
el actor, esta inactividad constituye una vulneración autónoma de su derecho
fundamental al debido proceso electoral, un agravio que la acción de nulidad resulta
incapaz de reparar de forma inmediata.
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Asimismo, argumentó una afectación directa a sus derechos políticos fundamentales,
con especial énfasis en la participación política. A su juicio, el cierre del escrutinio y el
bloqueo a la radicación de las reclamaciones previamente anunciadas configuran una
actuación arbitraria. El demandante expone que dicha conducta menoscabó el derecho
a la defensa y restringió de manera irrazonable el ejercicio de sus prerrogativas, una
dimensión constitucional que califica como «no analizada por la Sala».

En esta línea, manifestó la procedencia del amparo como mecanismo transitorio.
Fundamentó esta petición en la urgencia del asunto, la existencia de un perjuicio actual
y concreto, y el carácter irreversible de la entrega de credenciales, situación que
compromete de manera grave el equilibrio democrático.

Finalmente, discrepó del análisis emitido frente al cargo por mora judicial. El tutelante
expuso que la revisión de este fenómeno carece de valor bajo una perspectiva
exclusivamente cronológica y exige un enfoque material. Sustentó este reproche al
indicar que el Tribunal Administrativo del Magdalena emitió la tutela previa en un
momento procesal inoportuno, toda vez que la tardanza provocó la pérdida de eficacia
de la protección del derecho e impactó de manera irreversible el calendario electoral.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si, en los términos de la impugnación presentada
por la parte actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la acción de tutela
no supera el requisito de subsidiariedad ni se configura una mora judicial relevante.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a: (i) el requisito general de
subsidiariedad; (ii) de la mora judicial; y (iii) el análisis del caso concreto.

Del requisito general de la subsidiariedad1 y la procedencia excepcional de la
acción de tutela como mecanismo transitorio

Para el caso concreto, es preciso hacer referencia al requisito general de la
subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra actos

1
Sentencia T-375 de 2018, Corte Constitucional.
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administrativos, porque existen medios ordinarios de defensa judicial para controvertir
las decisiones de la administración.

Para la Corte Constitucional, el principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de
la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el carácter subsidiario de la
acción, la Corte ha señalado que “permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y
recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos” 2. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a
incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.

En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este
mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección.

No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el
presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe analizarse en cada
caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa
judicial, la Corporación ha determinado que existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad3:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias
no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado,
procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.

En cuanto a la primera hipótesis, que se refiere a la idoneidad del medio de defensa
judicial al alcance del afectado, se tiene que ésta no puede determinarse en abstracto,
sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protección del derecho debe
evaluarse en el contexto concreto4. El análisis particular resulta necesario, pues en
éste podría advertirse que la acción ordinaria no permite resolver la cuestión en una
dimensión constitucional o no permite tomar las medidas necesarias para la protección
o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados.

En cuanto a la segunda hipótesis, cabe anotar que su propósito no es otro que el de
conjurar o evitar una afectación inminente y grave a un derecho fundamental. De este
modo, la protección que puede ordenarse en este evento es temporal, tal y como lo
dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, dicha excepción al
requisito de subsidiariedad exige que se verifique: (i) una afectación inminente del
derecho -elemento temporal respecto del daño-; (ii) la urgencia de las medidas para
remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o

2
Sentencia T-603 de 2015; Sentencia T-580 de 2006, Corte Constitucional.
3
Sentencia T-662 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
4
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que “el medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser
materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es,
que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”. Sentencia T – 040 de 2016.
8
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impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas
para la efectiva protección de las garantías fundamentales en riesgo 5.

Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios
judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de estos en el caso
concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma
efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no
simplemente formal y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez
ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la
acción puede proceder de forma definitiva.

De este modo, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial
protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, personas cabeza de
familia, en situación de discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre
otros, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a partir de
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos6.

De la mora judicial

La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales
por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los
siguientes presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para
adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique
la demora, y (iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión
sistemática de los deberes por parte del juez7.

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial
genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces
cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se
presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios
judiciales adopten decisiones oportunas.

Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a
tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se
configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la
administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el
agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos
y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una
diligencia razonable del juez que los atiende,

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras
circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

5
Sentencias: T – 225 de 1993, T – 789 de 2003, entre otras, Corte Constitucional.
6
Sentencias T-401 de 2017; T-163 de 2017; T-328 de 2011; T-456 de 2004; T-789 de 2003, T-136 de 2001, entre otras, Corte
Constitucional.
7
Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018 y T-441 de
2020.
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Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se
comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.

Del incumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

En su impugnación, el actor reprocha la aplicación formalista del requisito de
subsidiariedad. Sobre ese punto, anotó que la presente acción constitucional no
cuestiona exclusivamente el acto definitivo de elección, sino la omisión de las
autoridades al bloquear el trámite de sus reclamaciones durante los escrutinios. Para
el impugnante, esta inactividad constituye una vulneración autónoma a su debido
proceso y participación política, situación que justifica la procedencia transitoria del
amparo ante la urgencia y la consolidación de un perjuicio actual.

Al respecto, la Sala advierte que frente a estas pretensiones la acción de tutela es
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. El ordenamiento
jurídico prevé un medio de defensa idóneo y eficaz para controvertir tanto el
procedimiento de los escrutinios como la legalidad de los actos administrativos que
declararon la elección de María Margarita Guerra Zúñiga como gobernadora del
Magdalena; esto es, el medio de control de nulidad electoral.

Dicho mecanismo judicial permite cuestionar de fondo la validez del procedimiento
electoral y habilita al actor para solicitar, desde la presentación de la demanda,
medidas cautelares dirigidas a suspender de forma provisional los actos
administrativos mientras el juez natural resuelve el fondo del asunto, conforme a los
artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Por consiguiente, el demandante
cuenta con una protección oportuna y efectiva que torna innecesaria la intervención
del juez constitucional.

En este escenario, el juez de tutela carece de competencia para desplazar los
procedimientos ordinarios o convertir el amparo en una vía paralela para resolver
controversias que exigen un amplio debate probatorio.

Lo anterior, cobra mayor fuerza al constatar que el accionante ya acudió a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En efecto, la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante providencia del 19 de marzo de 2026, admitió el medio de control
de nulidad electoral promovido por el actor (dirigido de manera directa contra el acto
de elección de la señora Guerra Zúñiga), trámite en el cual el magistrado sustanciador
decidió negar la medida cautelar solicitada por el señor Martínez Olano bajo las
siguientes consideraciones:

«82. De la citada Acta General de Escrutinio se desprende que:

i) El señor Miguel Ignacio Martínez Olano no compareció a la referida diligencia, ni en
nombre propio ni por conducto de apoderado;

ii) La Comisión Escrutadora Departamental, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 1475 de 2011, fijó las reglas conforme a las cuales se desarrollaría el
escrutinio, precisando, entre otros aspectos, que las reclamaciones y solicitudes debían
presentarse por escrito y en la oportunidad debida. En efecto, se dejó constancia de que el
escrutinio se llevaría a cabo en horario de 9:00 a. m. a 9:00 p. m., de manera sucesiva
hasta su culminación, que se daría lectura al acta de introducción de documentos
electorales en el arca triclave departamental y posteriormente a los resultados contenidos
en las actas de escrutinio (E-26) elaboradas por las comisiones escrutadoras distritales y/o
municipales, las cuales constituirían la base del escrutinio general. Asimismo, se recordó
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a los testigos electorales que las reclamaciones frente a los resultados debían formularse
por escrito y en la oportunidad correspondiente, siendo potestad de la Comisión
Escrutadora determinar el momento para resolverlas, decisiones que serían notificadas en
estrados. Igualmente, se indicó que las resoluciones y autos de trámite mediante los cuales
se resolvieran reclamaciones o solicitudes de saneamiento de nulidad harían parte integral
del acta general de escrutinio;

iii) De las pruebas allegadas se advierte que el acta general en la cual consta que el
escrutinio finalizó a las 11:59:53 p. m. del 25 de noviembre de 2025, dejándose además
constancia de que no se presentaron reclamaciones ni mesas apeladas;

iv) Si bien se afirma que el señor Miguel Ignacio Martínez Olano presentó una reclamación
escrita ante la Comisión Departamental, lo cierto es que, conforme consta en la citada acta,
la elección fue declarada a las 11:59:53 a. m., de manera que, en principio la petición
presentada a las 12:00 p. m., se habría radicado cuando ya había fenecido la oportunidad
para ello.

83. En virtud de lo anterior, se tiene que las reglas que fijan las comisiones escrutadoras
deben atender al principio de preclusividad de allí que las peticiones que se presentan se
realicen dentro de las oportunidades y formalidades descritas al iniciar el escrutinio, es así
como de la prueba obrante se evidencia que la reclamación presentada por la parte actora
se realizó cuando ya había concluido el escrutinio, siendo extemporánea. 84. Asimismo,
aduce la parte actora que contra la decisión de no darle trámite a la solicitud de abstención
de entrega de la credencial a la demandada presentó recurso de reposición y en subsidio
de apelación, lo que a su juicio vicia el acto definitivo de continuar con una actuación
administrativa, esto es declarar la elección, como se consta a continuación: […]

85. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que, si bien obra en el expediente un
documento manuscrito, lo cierto es que este no contiene una fecha que permita establecer
cuándo ni ante qué autoridad fue recibido y quién lo interpuso; pues únicamente se observa
la anotación del destinatario y que fue presuntamente recibida 12:06 p.m. En esas
condiciones, en principio no es posible colegir cuál fue la decisión que la parte actora
pretendía recurrir.

86. En este punto, corresponderá a la Sala determinar en la sentencia si ese hecho habilita
la interposición de recursos y con ello, la notificación tardía de aquella, así como no haberle
dado trámite a la impugnación radicada por el accionante, podrían ser constitutivos de un
vicio que tengan la potencialidad de anular el acto de elección.

87. En ese contexto, corresponde a la Sala determinar si la omisión en resolver el recurso
presentado por la parte actora tiene la entidad suficiente para viciar el acto de elección
demandado o si, por el contrario, aun de haberse estudiado dicha impugnación, la decisión
habría sido la misma al no evidenciarse mérito para modificar lo decidido en el trámite de
escrutinio.

88. En conclusión, se niega la medida cautelar solicitada, dado que, en este momento
procesal no es posible, a partir de estas pruebas, advertir el vicio alegado por la parte
actora, por lo que, será la sentencia, una vez recaudado y valorado integralmente el
material probatorio decretado, cuando se determine si se incurrió en el vicio alegado y con
ello en el reproche de la parte actora frente a su derecho a participar en política, y en caso
de ser así, si este tiene la entidad suficiente para incidir y eventualmente afectar la validez
de la elección aquí demandada.

Es así que, para la Sala resulta relevante destacar que el medio de control de nulidad
electoral ya se encuentra en curso ante el Consejo de Estado, instancia que ostenta la
competencia natural para pronunciarse sobre las presuntas irregularidades ocurridas
durante el proceso electoral. En dicho trámite contencioso, el actor ha planteado
sustancialmente los mismos argumentos que aquí se discuten, relacionados con la
presunta vulneración del debido proceso electoral, la participación política y la
legalidad de la elección, lo que evidencia que existe un escenario judicial idóneo y
activo para el examen integral de tales reproches.

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Adicionalmente, en el marco de ese proceso de nulidad electoral, la Sección Quinta
del Consejo de Estado negó la solicitud de medida cautelar sustentada en esos
mismos planteamientos expuestos en el presente trámite, tras efectuar una valoración
preliminar de los argumentos y de su alcance jurídico. Esto demuestra no solo que el
debate ya está siendo conocido por el juez natural, sino también que las pretensiones
del actor han sido sometidas a control judicial efectivo, lo cual refuerza la
improcedencia de la acción de tutela como mecanismo alterno o paralelo para reabrir
una discusión que actualmente se surte en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada frente a este punto.

De la mora judicial en el caso concreto

En su impugnación, el señor Martínez Olano cuestiona la sentencia de primera
instancia bajo el argumento de que el análisis de la mora judicial exige un enfoque
material basado en el daño causado, y no una perspectiva exclusivamente cronológica.
Para el actor, la mora se configura porque el Tribunal Administrativo del Magdalena
profirió el fallo dentro del proceso 47001-23-33-000-2025-00304-00 con posterioridad
a la celebración de las elecciones atípicas del 23 de noviembre de 2025. A su juicio,
esta circunstancia tornó ineficaz la protección solicitada y permitió a la autoridad
electoral avanzar sin obstáculos hacia la declaratoria de elección de María Margarita
Guerra Zúñiga como gobernadora del departamento del Magdalena.

Dicho cuestionamiento no prospera, por las razones que pasan a exponerse:

En primer lugar, se encuentra que la acción de tutela previa fue interpuesta el 7 de
noviembre de 2025 y el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió la sentencia de
primera instancia el 24 de noviembre de 2025, esto es, dentro de los 10 días hábiles.
Es decir, el juez constitucional actuó dentro del término establecido en el artículo 29
del Decreto 2591 de 1991.

Adicionalmente, el señor Martínez Olano radicó la presente acción de tutela el 27 de
noviembre de 2025, fecha que coincide con la notificación del fallo cuya demora
reprocha. Lo anterior, significa que, para el momento en que el actor acudió a juez
constitucional alegando mora, la providencia ya había sido proferida y puesta en su
conocimiento.

En segundo lugar, la Sala resalta que el ordenamiento prevé un instrumento específico
para atender la urgencia invocada por el actor, esto es, la medida provisional prevista
en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991. En el caso concreto, el Tribunal
Administrativo del Magdalena se pronunció sobre dicha solicitud mediante auto del 10
de noviembre de 2025 y la negó. En ese sentido, la pretensión de urgencia fue
examinada y resuelta por el juez constitucional a través del mecanismo legalmente
previsto para ello.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada.

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Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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