Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07622-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07622-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07622-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07622-00
Accionante: OLGA LUCÍA GALVIS SOTO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Tema: TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS – Se declara
improcedente el mecanismo de amparo – La parte actora dispone de otro
medio de defensa judicial para ventilar los motivos de inconformidad.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Olga Lucía Galvis Soto, en nombre propio, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad, “[...] al mérito […]” y debido proceso, cuya
vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial con la Resolución CJR25-0332 de 26 de
septiembre de 20251 y el Oficio CJO25-3134 de 12 de junio de 20252.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Informó que “[…] Como secretaria en propiedad del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Rionegro, Antioquia, solicité traslado para otras dependencias judiciales
de dicho departamento de donde soy oriunda, desde el mes de julio de 2023
aproximadamente, así como para el departamento de Cundinamarca (lo que agoté
como última opción) […]”.
1
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
2
“[…] REF: CONCEPTO DESFAVORABLE DE TRASLADO POR RAZONES DE SALUD (Artículos 134 – 2 de la Ley 270 de
1996, modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024). Radicado EXTDEAJ25-29085 de mayo de 2025. […]” (negrilla
del texto).
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2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07622-00
Accionante: Olga Lucía Galvis Soto
Manifestó que, para el mes de mayo de 2024, le fue notificada la resolución que
2.2.
aceptaba “[…] mi traslado para el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Zipaquirá,
Cundinamarca, tomando posesión del cargo el 30 de julio de 2024 […]”.
Señaló que “[…] Debido a mi estadía en Zipaquirá, la salud de mis padres se fue
2.3.
deteriorando aún más, debido a que, aunque no soy su única hija, si era su principal
cuidadora, razón por la cual, emprendí la tarea de pedir un nuevo traslado para
Antioquia, encontrando múltiples tropiezos de índole administrativa que me
impidieron lograr dicho cometido […]”.
2.4. Adujo que “[…] En virtud de lo anterior, y con el diagnóstico actual de mi padre
consistente en “trastornos de adaptación y episodio depresivo moderado”, entre
otros, solicité traslado para el Juzgado 20 Civil del Circuito de Medellín (Antioquia)
y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Apartadó (Antioquia) […]”.
Sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
2.5.
Carrera Judicial mediante el Oficio CJO25-3134 de 12 de junio de 20253, emitió
concepto desfavorable a su traslado.
2.6. Expuso que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Sin
embargo, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial, a través de la Resolución CJR25-0332 de 26 de septiembre de
20254, rechazó por improcedente el recurso de apelación y confirmó el concepto
desfavorable de traslado.
2.7. Manifestó que, “[…] Ahora bien, debido a la situación de mis padres, mi salud se
ha visto notablemente afectada, ya que, debido a lo memorado anteriormente, hoy
me encuentro diagnosticada con “trastorno mixto de ansiedad y depresión,
problemas relacionados con el trabajo incompatible” y mi médico psiquiatra tratante
ha recomendado el traslado para mejorar mis condiciones de salud […]”.
2.8. Afirmó que la “[…] La conducta de la accionada, va en detrimento de las garantías
que ostento como servidora judicial de carrera, pasando por alto mi derecho al
mérito, a la igualdad y al debido proceso, siendo que deberían ser tales premisas
las que gobiernen todas las actuaciones, máxime cuando las mismas provienen en
este caso de la dependencia encargada de administrar la carrera judicial. […]”.
III. PRETENSIONES
3. La accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. Tutelar en mi favor mis derechos fundamentales a la igualdad,
al mérito y al debido proceso administrativo, por cuanto están siendo vulnerados
por la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
3
“[…] CONCEPTO DESFAVORABLE DE TRASLADO POR RAZONES DE SALUD (Artículos 134 – 2 de la Ley 270 de
1996, modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024). Radicado EXTDEAJ25-29085 de mayo de 2025 […]”.
4
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.
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Accionante: Olga Lucía Galvis Soto
SEGUNDA. Ordenar a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA
JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA que deje sin
efecto el concepto desfavorable de traslado CJO25-3134 del 12 de junio de los
presentes, y en su lugar emita uno favorable de traslado para el Juzgado 20
Civil del Circuito de Medellín (Antioquia) y Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Apartadó (Antioquia), en aras de evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, y que, en lo sucesivo se abstenga de realizar actuaciones que
vulneren mis derechos fundamentales. […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 4 de diciembre de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada, se allegó el siguiente
informe:
5.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, en la medida que el “[…] Oficio CJO25-3134 del
12 de junio de 2025 y la Resolución CJR25-0332 de 26 de septiembre de 2025 se
fundamentan en las normas de carácter legal y reglamentarias vigentes, así como
en la jurisprudencia que rige la materia […]”.
5.2. Asimismo, indicó que “[…] en los actos administrativos reprochados se le indicó
a la accionante que el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo
70 de la Ley 2430 de 2024, no contempló la posibilidad de solicitar traslado por
razones de salud de un familiar y, en consecuencia, dado que no se cumplía con
los presupuestos determinados en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
no era posible revocar el concepto desfavorable de traslado objeto de recurso […]
En ese orden, si bien, como empleada judicial en carrera le asiste el derecho al
traslado, el mismo está supeditado al cumplimiento de los requisitos y presupuestos
establecidos por el legislador en la Ley Estatutaria, en los que notoriamente no se
contempla la posibilidad de traslado por razones de salud de un familiar del servidor
judicial […]”.
5.3. Precisó que “[…] esta Unidad no desconoce las razones de salud de su familiar
por las cuales elevó la solicitud, no obstante, el derecho al traslado no opera de
manera automática ante la existencia de la vacante, sino que deben acreditarse el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Estatutaria y en los acuerdos
reglamentarios para la emisión del concepto favorable de traslado por razones de
salud; por tanto, para esta Unidad no es factible modificar los criterios normativos
que rigen la materia, pues de omitir su aplicación, se estaría desconociendo el
principio de legalidad, y el derecho a la igualdad de los demás servidores judiciales
que solicitan traslado y cumplen con las exigencias legales y reglamentarias […]”.
4
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Accionante: Olga Lucía Galvis Soto
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20156, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20217 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20258, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20199, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 202410.
VI.2. Problemas jurídicos
7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, de ser así, se deberá determinar:
b) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante con ocasión la Resolución CJR25-0332 de 26
de septiembre de 202511 y el Oficio CJO25-3134 de 12 de junio de 202512.
8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos; y posteriormente (ii) resolver el caso concreto, siempre y cuando se
superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VI.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos
9. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos de
carácter general o particular, toda vez que el legislador previó como mecanismo de
defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho y, en su defecto, la acción de nulidad.
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
6
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
7
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
9
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
10 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
11
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
12
“[…] REF: CONCEPTO DESFAVORABLE DE TRASLADO POR RAZONES DE SALUD (Artículos 134 – 2 de la Ley 270 de
1996, modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024). Radicado EXTDEAJ25-29085 de mayo de 2025. […]” (negrilla
del texto).
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07622-00
Accionante: Olga Lucía Galvis Soto
10. En ese sentido, la jurisprudencia13 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa
en expresar que:
“[...] el estudio de procedencia de la acción de tutela, cuando el actor pretende
controvertir un acto administrativo, debe considerar que el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–
consagró mecanismos de autotutela y los medios de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, para el efecto. En este contexto, la
jurisprudencia constitucional ha definido, por regla general, la
improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en
atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de
medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la
administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la presunción de legalidad que
las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o
provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los
derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios. [...]” [Negrilla original del
texto].
11. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-691 de 2017 concluyó que:
“[…] por regla general, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta
con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar la protección
de los derechos fundamentales, materializados en el conocimiento del asunto
por jueces especializados y en el decreto de medidas cautelares de protección.
Sobre las medidas cautelares, la Corte señaló que “la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se encuentra
regulada en el artículo 231, en el cual se contempló para su procedencia la
comprobación de una contradicción entre el acto demandado y una norma
superior a partir de la evidencia o del estudio de las pruebas allegadas a la
solicitud” […]”.
12. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que se
reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración de
derechos fundamentales y, ii) que, como consecuencia de lo anterior, exista peligro
de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo procedería como
mecanismo transitorio.
13. En ese sentido, en sentencia T-514 de 200314, la Corte Constitucional determinó:
“[...] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación
del acto administrativo [artículo 7 del Decreto 2591 de 1991] u ordenar que el
mismo no se aplique [artículo 8 del Decreto 2591 de 1991] mientras se surte el
proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo [...]”.
[Subrayado fuera del texto].
13
Corte Constitucional. Sentencia T-8.999.065 de 2023. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
14
Corte Constitucional, expediente T-705724, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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Accionante: Olga Lucía Galvis Soto
14. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta
una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción
de tutela puede incluso proceder excepcionalmente. Sobre este punto, en Sentencia
T - 912 de 2006, se señaló:
“[...] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos,
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la
existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo
como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá́ concederse de
forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló́ sobre este
punto lo siguiente:
[...] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos,
el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de tutela,
como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.
Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó
lo siguiente:
‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria
y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos
fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha
denominado como ‘vía de hecho [...]”.
VI.4. El caso concreto
15. La señora Olga Lucía Galvis Soto, en nombre propio, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad, “[...] al mérito […]” y debido proceso, cuya
vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial con la Resolución CJR25-0332 de 26 de
septiembre de 202515 y el Oficio CJO25-3134 de 12 de junio de 202516.
16. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de la acción de tutela, en especial, el requisito de subsidiariedad.
VI.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad
17. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
15
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
16
“[…] REF: CONCEPTO DESFAVORABLE DE TRASLADO POR RAZONES DE SALUD (Artículos 134 – 2 de la Ley 270 de
1996, modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024). Radicado EXTDEAJ25-29085 de mayo de 2025. […]” (negrilla
del texto).
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Accionante: Olga Lucía Galvis Soto
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
18. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
19. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza17], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
20. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”18.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
18
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
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21. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”19.
22. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
23. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
24. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la accionante alega que
las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales citados supra
con ocasión a la Resolución CJR25-0332 de 26 de septiembre de 202520 y el Oficio
CJO25-3134 de 12 de junio de 202521.
25. La Sala advierte que si la parte demandante pretende atacar el contenido del acto
administrativo que confirmó el concepto desfavorable de traslado, la acción de tutela
es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1.° del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de los
derechos fundamentales, la parte actora no agotó todos los medios de defensa
judicial que tenía a su alcance y tampoco demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de que el juez constitucional intervenga y
adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su
inminente materialización o mitigarlo.
26. Así las cosas, los actos administrativos cuestionados son susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sala advierte que,
incluso, la accionante podría solicitar el decreto de la medida cautelar de suspensión
provisional con carácter de urgencia en los términos del artículo 234 de la Ley 1437
de 2011, medida que constituye un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto
permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
20
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
21
“[…] REF: CONCEPTO DESFAVORABLE DE TRASLADO POR RAZONES DE SALUD (Artículos 134 – 2 de la Ley 270 de
1996, modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024). Radicado EXTDEAJ25-29085 de mayo de 2025. […]” (negrilla
del texto).
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07622-00
Accionante: Olga Lucía Galvis Soto
27. La Sala concluye que no se acreditan los presupuestos constitucionales que
permitan la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, en atención a que
no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable.
28. Resulta oportuno resaltar que esta Sala de Decisión22 ha sostenido que: “[…] con
la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el argumento
según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado
[…]”23.
29. Lo anterior en consideración a que: “[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia24, como la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se
advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que
se profiera una decisión definitiva […]”25. [Subrayado fuera del texto].
30. Por lo expuesto, la Sala considera que en el asunto objeto de estudio no se
cumple el requisito general de subsidiariedad y tampoco se encuentra acreditado la
configuración de un perjuicio irremediable, evento en el cual procedería la acción de
tutela como mecanismo transitorio.
31. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente
número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
24
Artículo 234 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución señalada en el auto que así lo decrete.
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Ibidem.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07622-00
Accionante: Olga Lucía Galvis Soto
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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