Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07625-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07625-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07625-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
30 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07625-00
Accionantes: Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07625-00
Accionantes: Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección F
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia
constitucional. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Francy Ricarcinda Rodríguez Romero, por intermedio de apoderado judicial 1, presentó
escrito de tutela mediante el cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad
social 2 que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección F, con ocasión del fallo del 2 de septiembre de 2025, que
revocó la sentencia del 18 de octubre de 2024 emitida por el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Bogotá y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 11001-33-35-017-2023-00117-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
1
Poder conferido al abogado William Ballén Núñez. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
5F7BC41EC94BFF80 B0EA68F949DEE2F8 C0E09964644D9018 D8443D44F8C5901F.
2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 8899376ED4658E04 A72D69DF7CF451B6 D105F1FE210BF084
6EB0A6D84DD2B8E3.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07625-00
Accionantes: Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
2.1. La señora Francy Ricarcinda Rodríguez Romero contrajo matrimonio civil con el
señor José Saúl Galeano García (q.e.p.d.) el 7 de enero de 1986 y tuvieron dos hijos de
esa unión.
2.2. A finales del año 2015 la señora Francy se entera de la existencia de un hijo del
señor Galeano García fuera del matrimonio y a quien apoyaba económicamente, razón
por la cual acuerdan que la cuota de la menor sería enviada mes a mes.
2.3. El 11 de noviembre de 2015 el señor José Saúl y la señora Francy Ricarcinda realizan
la liquidación de la sociedad conyugal ante la Notaría 73 de Bogotá mediante la escritura
pública 6336, para sus bienes no se vieran afectados.
2.4. En el año 2018 la señora Francy se enteró de la existencia de un inmueble a nombre
del causante, de la señora Martha Inés Silva Cortes y de Johan Sebastián Galeano.
2.5. En el año 2021 el señor Galeano Romero contrajo COVID y falleció el 18 de junio del
mismo año.
2.6. El 12 de agosto de 2021 la señora Martha Inés Silva Cortés y el menor Johan
Sebastián Galeano Silva solicitaron el reconocimiento de la sustitución pensional de la
pensión gracia que devengaba el señor José Saúl Galeano García (q.e.p.d).
2.7. Mediante Resoluciones RDP 022882 de 2 de septiembre de 2021 y RDP 029323 de
29 de octubre de 2021 la UGPP realizó la sustitución pensional en favor de la señora
Martha Inés Silva Cortes, la primera provisionalmente y la segunda de forma definitiva
correspondientes al 50% de la prestación, y el otro 50% correspondiente al hijo menor de
edad Johan Sebastián Galeano Silva.
2.8. El 12 de octubre de 2022 la señora Francy Ricarcinda Rodríguez Romero solicitó
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia que devengaba el señor José Saúl
Galeano García (q.e.p.d) y mediante la Resolución RDP 031896 de 9 de diciembre de
2022, la UGPP negó tal solicitud, toda vez que ya había sido reconocida a la señora
Martha Inés Silva Cortés en calidad de compañera en un 50% y el 50% restante a favor
de John Sebastián Galeano Silva en calidad de hijo menor de edad. A su vez la
Resolución ordenó la suspensión de la nómina de pensionados a la señora Martha Inés
Silva Cortés.
2.9. El 1 de febrero de 2023 la señora Francy Ricarcinda Rodríguez Romero, solicitó el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes aportando formulario de la solicitud
prestacional y requirió copia del expediente de la sustitución pensional del señor José
Saúl Galeano García. Mediante auto ADP 000795 de 6 de marzo de 2023 la UGPP indicó
que ya se había resuelto de fondo la mencionada prestación en controversia.
2.10. Por lo anterior, la señora Francy Ricarcinda Rodríguez Romero presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
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Accionantes: Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
la Protección Social-UGPP (en adelante la UGPP) con el fin de que se declarara la
nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución No. RDP 022882 del 2 de septiembre de 2021, mediante la cual se
ordenó el pago provisional de la sustitución pensional a la señora Martha Inés Silva
Cortés en un 50%.
• Resolución RDP 029323 del 29 de octubre de 2021, a través de la cual se
reconoce definitivamente la pensión de sobrevivientes a la señora Martha Inés
Silva Cortés.
• Resolución RDP 031896 del 9 de diciembre de 2022 que negó el reconocimiento
de la sustitución pensional a la señora Rodríguez Romero.
• Auto ADP 000795 del 6 de marzo de 2023, que negó el reconocimiento de la
sustitución pensional a la señora Rodríguez Romero.
A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional a la señora Rodríguez Romero, como cónyuge del señor José Saúl Galeano
García en un 50%, y que su porcentaje se acreciente cuando el otro beneficiario pierda
su derecho.
Asimismo, pidió que se condenara a la demandada al reconocimiento y pago
debidamente indexado de las sumas que resulten a favor de la demandante, de los
intereses moratorios conforme lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA, y que se
condene en costas y agencias en derecho.
2.11. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito de Bogotá bajo el radicado número 11001-33-35-017-2023-00117-00, autoridad
judicial que mediante sentencia del 18 de octubre de 2024 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Sostuvo que la pensión de sobrevivientes cubre la
contingencia derivada de la muerte de quien era el sustento del grupo familiar, para evitar
que el deceso cambie las condiciones de subsistencia de sus allegados.
Puso de presente que la demandante contrajo matrimonio el 7 de enero de 1986 y
convivió con el causante hasta el año 2015 cuando se enteró de la existencia de un hijo
extramatrimonial con la señora Martha Inés Silva Cortés. A partir de ese año el causante
se mudó con esta señora y convivió con ella hasta el fallecimiento. En consecuencia,
adujo que la demandante no demostró la convivencia con el causante durante sus últimos
años, posterior a la liquidación de la sociedad conyugal, en cambio la convivencia del
causante con la señora Silva Cortés, como compañera permanente fue efectiva desde el
año 2015 y hasta el fallecimiento.
Por lo tanto, la autoridad concluyó que el causante convivió con su esposa Rodríguez
Romero por 30 años y con su compañera permanente por 6 años, por lo que el porcentaje
para la esposa correspondía al 41.6%, para la compañera permanente un 8.4%, y el otro
50% pertenecía al menor Johan Sebastián Galeano Silva, hijo del causante, hasta el 14
de enero de 2030. A partir de esta fecha la pensión corresponderá para la esposa en un
83.3% y para la compañera permanente en un 16.7%.
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Accionantes: Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
2.12. Inconformes con la anterior decisión, las partes y la litisconsorte (Martha Inés Silva
Cortés) interpusieron recurso de apelación.
2.13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2025, revocó el fallo de primera instancia y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Adujo que no se desconocía que la señora Rodríguez Romero y el causante estuvieron
casados, tuvieron dos hijos y su convivencia fue superior a los 20 años; sin embargo, no
podía olvidarse que ellos acordaron la disolución y liquidación de la sociedad conyugal y
que, en ese sentido, se debía demostrar la convivencia durante los últimos cinco años de
vida del causante, situación que no logró probar la demandante. Destacó que incluso en
el recurso de apelación la demandante aceptó que del año 2019 a 2021 la señora Martha
Inés Silva Cortés tuvo al causante en su apartamento en Villa Verónica.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad
social y pidió:
“3º. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
“F”. que corrija los defectos sustantivos, fácticos y de desconocimiento del
precedente presentados en el fallo referido, dejando sin efectos la sentencia del 2 de
septiembre de 2025, dentro del proceso 11001-33-35-017-2023-00117-01 y profieran
una nueva sentencia que la reemplace, donde se confirme la sentencia de primera
instancia. Alternativamente, se solicita que, en sede de tutela directamente proceda
la sala a tomar la decisión que en derecho corresponda para proteger los derechos
fundamentales violados a la accionante” 3.
Como fundamento a sus pretensiones señaló que la decisión cuestionada incurrió en
defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente. Explicó que, la sentencia
de segunda instancia omitió aplicar la ley correspondiente para la situación de la
accionante, esto es, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, conforme a la interpretación
que le han dado las altas cortes.
Sostuvo que el Consejo de Estado ha analizado en profundidad este problema jurídico
en sentencias como la proferida en el expediente 11001-03-15-000-2021-03718-0101 de
1 octubre de 2021 en sede de tutela, por la Sección Segunda, Subsección B; del
Expediente 41001-23-33-000-2012-00131-01 del 28 junio de 2018, Sección Segunda,
Subsección B y Expediente 13001-2333-000-2014-00436 01, del 28 de enero de 2021,
Sección Segunda, Subsección B. Puso de presente que la Corte Suprema de Justicia,
había proferido las sentencias, SL1869-2020, Radicación 64846, CSJ SL1399-2018 y
CSJ SL5141-2019, en las que se abordó el mismo tema desde el mismo enfoque.
3 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 8899376ED4658E04 A72D69DF7CF451B6 D105F1FE210BF084
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Por otra parte, adujo que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico porque valoró
de manera equivocada la Escritura Pública 6336 del 11 de noviembre de 2015 otorgada
en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, mediante la cual se liquidó la sociedad conyugal.
Manifestó que en este documento se determinó que a cada cónyuge le correspondieron
$178.219.000, pero el causante José Saúl Galeano renunció en favor de la cónyuge a
$83.309.500. Afirmó que los efectos jurídicos de este negocio se restringen a la división
del patrimonio, pero no debía tener ningún efecto sobre la continuación de la vigencia del
matrimonio. Sin embargo, en la sentencia atacada se tomó esta liquidación de sociedad
conyugal como si tuviera los efectos de un divorcio en sede judicial o de notaría.
4. Trámite de tutela e intervenciones
El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 2 de diciembre de 20254 admitió la
acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Juzgado Diecisiete Administrativo
del Circuito de Bogotá, a la UGPP y a la señora Martha Inés Silva Cortés; además, pidió
a la autoridad judicial accionada que aportara el expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho; ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. La UGPP5 al oponerse al amparo, solicitó declarar la improcedencia de la acción por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
Sostuvo que los cargos invocados por la parte actora no eran precisos porque el tribunal
sí aplicó la normatividad pertinente y los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia
de estudio y, a partir de ello, concluyó que pese a existir un vínculo matrimonial vigente
había una sociedad conyugal liquidada, y que del análisis teleológico de la pensión de
sobreviviente, las consecuencias jurídicas o los supuestos de hecho a demostrar sobre
la convivencia no era la misma sobre la que se soportan los argumentos de la parte
demandante, relacionadas a indicar que la convivencia se puede demostrar en cualquier
tiempo. Esto porque en el presente caso los hechos y las pruebas demostraban que
después de la liquidación de la sociedad conyugal no hubo una relación permanente de
solidaridad, apoyo mutuo y dependencia económica.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F6
aportó copia digital del expediente ordinario y realizó un recuento de las actuaciones
surtidas en el proceso. Advirtió que la sentencia de segunda instancia revocó la
providencia que accedió parcialmente a las pretensiones y las negó con fundamento en
que la señora Francy Ricarcinda Rodríguez Romero disolvió y liquidó la sociedad
conyugal que tenía con el causante, de manera que perdió su derecho a ser beneficiaria
4 Índice 00005 del aplicativo SAMAI, certificado AAF1EACE75BDC450 C4CF8930E6144392 309157EF4F6B4037
A9C6A382AC76C649.
5 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado C4D80C1A3AB3902F 76A03BC7C44898DF 3D7F651E8604AC80
BAC3C3C36F0E4CB4.
6 Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 669667E54F6589A5 37EBD5BDC881646A BDCCAD1A3D98E269
0C6F8DF555A41725.
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Accionantes: Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
de la sustitución pensional del señor José Saul Galeano García en calidad de cónyuge
supérstite.
Sostuvo que, en ningún momento se indicó que la cónyuge supérstite tuviera que
acreditar la convivencia de los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento del
causante, al igual que la compañera permanente, dado que lo que se argumentó en la
providencia reprochada fue que al no tener vigente la sociedad conyugal con el causante
al momento de su fallecimiento se pierde el derecho y que para poder conservarlo, pese
a dicha circunstancia, debía probar la convivencia durante los últimos cinco años.
Explicó que tal decisión se fundamentó en la providencia del 30 de enero de 2020
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
radicado número 13001-23-33-000-2014-00028-01, en la que se negó el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes a la cónyuge supérstite separada de hecho y con
sociedad conyugal liquidada.
4.3. Martha Inés Silva Cortés7 se opuso a las pretensiones de amparo porque tanto en
primera como en segunda instancia se garantizaron los derechos fundamentales a las
partes. Asimismo, transcribió apartes de la decisión cuestionada y concluyó que los
presupuestos en que se sustentaba la acción de tutela ya fueron considerados
pormenorizadamente por la sentencia emanada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
4.4. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá a pesar de haber
sido notificado en debida forma, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Francy
Ricarcinda Rodríguez Romero es la titular de las garantías constitucionales que afirma
fueron vulneradas, en su condición de demandante, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado núm. 11001-33-35-017-2023-
00117-00/01.
7 Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado 2500B6F2B2151C8C 9FFC24F6E73B0950 3EAD8358560F8ABB
CE4DFFA3344263C0.
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2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal
Administrativo-Sección Segunda-Subsección F fue la autoridad que profirió la sentencia
del 2 de septiembre de 2025, que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y que, según la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20058 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 9 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 10.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
10 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artícu lo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 12.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
12 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 13.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela se advierte que la parte actora cuestiona que en la
sentencia del 2 de septiembre de 2025 se hizo una interpretación contraria del artículo
47 de la Ley 100 de 1993 y de los precedentes jurisprudenciales sobre el tema. Al
respecto, mencionó la sentencia de tutela del 1 de octubre de 2021 en la que se indicó
que cuando el vínculo matrimonial estaba vigente la convivencia de cinco años podía ser
en cualquier tiempo.
Aseguró que el cónyuge podía probar la convivencia de los cinco años en cualquier
tiempo, que el vínculo jurídico del matrimonio no se extingue con la separación de hecho
y que, pese a que se haya liquidado la sociedad conyugal, el cónyuge tiene derecho al
reconocimiento de la sustitución pensional.
Sobre el tema hizo referencia a las sentencias del Consejo de Estado del 14 de junio de
2007 y del 28 de enero de 2021, así como a las sentencias de la Corte Suprema de
Justicia SL1869-2020, SL1399-2018 y SL5141-2019.
Adicionalmente, indicó que se incurrió en error fáctico al tomar la liquidación de la
sociedad conyugal como cesación de los efectos civiles del matrimonio o divorcio.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia cuestionada, se
advierte que en la sentencia del 2 de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F, se arribó a las
siguientes conclusiones:
13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07625-00
Accionantes: Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
“7.5.1. De la sustitución pensional
Tratándose de la sustitución pensional, el H. Consejo de Estado, con ponencia del Dr.
William Hernández Gómez, en sentencia del 15 de abril de 2021, Rad. No. 25000-23
42-000-2013-06506-01, señaló:
[E]l Legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución
pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar
que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones
mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es
decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y
constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
Tal como lo consideró la Sección Segunda, Subsección A del H. Consejo de Estado,
en providencia del 10 de noviembre de 2016, Radicado No. 2011-00337, C.P. Dr.
Gabriel Valbuena Hernández, la norma aplicable para resolver en un determinado
caso sobre el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes es la que estaba
vigente a la fecha del deceso del pensionado o afiliado.
La norma que rige en este caso, teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento del
causante, esto es, el 18 de junio de 2021, es la Ley 797 de 2003, que en su artículo
13 modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (…)”14.
Con base en lo anterior, la autoridad judicial indicó que:
“En el presente asunto está acreditado que la señora Francy Ricarcinda Rodríguez
Romero contrajo matrimonio con el señor José Saul Galeano García, por lo que para
el reconocimiento de la sustitución pensional debía: i) tener vigente el vínculo
matrimonial, ii) acreditar la convivencia mínima de cinco años con el causante, que
podía ser en cualquier tiempo y iii) En caso de haber liquidado la sociedad conyugal,
demostrar apoyo mutuo, convivencia efectiva y/o vida en común durante los últimos
cinco años de vida del pensionado.
En el caso de la señora Martha Inés Silva Cortés, en calidad de compañera
permanente, se requería que acreditara la convivencia con el causante durante los
últimos cinco años de vida.
Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, la Sala debe analizar si las señoras
Francy Ricarcinda Rodríguez Romero y Martha Inés Silva Cortés cumplen dichos
requisitos.
Teniendo en cuenta la jurisprudencia del H. Consejo de Estado señalada en
precedencia, la señora Francy Ricarcinda Rodríguez Romero, como cónyuge
supérstite, podía probar la convivencia durante cinco (5) años durante cualquier
tiempo, y no precisamente durante los años previos al fallecimiento del causante,
siempre y cuando mantuviera vigente la sociedad conyugal, situación que no ocurre
en el presente asunto, como quiera que esta se disolvió y liquidó en el año 2015”15.
Sostuvo que, teniendo en cuenta la existencia de la liquidación y disolución de la sociedad
conyugal, para conservar su derecho la señora Rodríguez Romero debía demostrar la
convivencia con el causante durante los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento,
o incluso acreditar otras circunstancias, tales como el auxilio o apoyo mutuo,
14 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 8899376ED4658E04 A72D69DF7CF451B6 D105F1FE210BF084
6EB0A6D84DD2B8E3.
15 Ibid.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07625-00
Accionantes: Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
comprensión, dependencia económica del causante o apoyo económico o que no pudo
continuar con sus obligaciones de esposa por causas ajenas a ella.
Al recurrir al acervo probatorio la autoridad judicial indicó que:
“Del análisis efectuado a los anteriores testimonios la Sala observa que los mismos
desmienten lo manifestado por la señora Francy Ricarcinda Rodríguez Romero, pues
si bien las señoras Diana Lorena Galeano Rodríguez, Blanca Mónica Páez Piaba y
Erika Alexandra Galeano García manifestaron que la pareja convivió hasta el
fallecimiento del señor José Saul Galeano García, y la señora Diana Marcela Cano
Sierra afirmó ser quien lo cuidó durante el año 2015, lo cierto es que todas
desconocían dónde se encontraba el señor Galeano García para ese momento, tal
como quedó expuesto en el acápite de hechos probados y medios probatorios de esta
providencia.
En ese sentido, para la Sala los testimonios no acreditan que, en efecto, la pareja
Galeano Rodríguez después de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal
continuaran conviviendo, como lo sostuvo la demandante.
En este punto es preciso resaltar que la Sala no se desconoce que la señora
Rodríguez Romero y el causante estuvieron casados, tuvieron dos hijos y su
convivencia fue superior a los 20 años; sin embargo, no puede olvidarse que ellos
acordaron la disolución y liquidación de la sociedad conyugal y, en ese sentido, se
debía demostrar la convivencia durante los últimos cinco años de vida del causante,
situación que no logró probar la demandante. Cabe destacar que incluso en el recurso
de apelación la demandante acepta que del año 2019 a 2021 la señora Martha Inés
Silva Cortés tuvo al causante en su apartamento en Villa Verónica.
En conclusión, de acuerdo con el material probatorio allegado al proceso, la Sala
considera que en el presente asunto no se logró determinar que existió convivencia
continua de la pareja Galeano Rodríguez después de la disolución y liquidación de la
sociedad conyugal en el año 2015 y hasta el fallecimiento del causante.
La demandante tampoco demostró “otras circunstancias, tales como el auxilio o apoyo
mutuo, comprensión, dependencia económica del causante o apoyo económico o que
no pudo continuar con sus obligaciones de esposo por causas ajenas”, como bien lo
señaló el H. Consejo de Estado, “claro está, sin perjuicio del cónyuge que no lo pudo
hacer por culpa del causante, situación que deberá probarse de manera
inequívoca”.”16.
El tribunal sostuvo que no se puede afirmar que la situación de separación, ausencia del
cónyuge, falta de apoyo, solidaridad y demás elementos constitutivos de una relación de
pareja, antes descritos, haya sido causada por el señor José Saúl Rodríguez Romero o
siquiera por causas ajenas a la hoy demandante, pues lo que se evidencia es que se
disolvió y liquidó la sociedad conyugal existente entre ellos, perdiendo así su derecho al
reconocimiento de la sustitución de la pensión.
Indicó que en cuanto a la convivencia de la señora Martha Inés Silva Cortés con el señor
José Saul Galeano García (q.e.p.d.), obraban las declaraciones extrajudiciales de las
señoras Claudia Lucero Pardo Rodríguez, Marcela Hernández Aldana, Lyda Esperanza
Galeano Pérez, José Antonio Barriga Motta, Anabel Romero Meneses y Yackeline Orduz
Guzmán, así como los testimonios del señor John Sebastián Galeano Silva, José Gonzalo
16 Ibid.
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Accionantes: Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
Valenzuela Mora, Sandra Patricia Galeano Pérez, Dayanna Lorena Beltrán Villamizar,
Héctor Alfonso Rodríguez Cortés, junto con la ratificación de la declaración de la señora
Lyda Esperanza Galeano Pérez, quienes manifestaron constarles la convivencia y la
dependencia entre la pareja aproximadamente desde el año 2007 y hasta el momento
del fallecimiento del señor Galeano García, esto es, el 18 de junio de 2021.
5.3. Se advierte entonces que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección F explicó los motivos por los cuales consideró que procedía
revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, negar las pretensiones de
la demanda, dado que: (i) de las pruebas obrantes en el expediente no se logró acreditar
los requisitos para que proceda el reconocimiento de la sustitución de la pensión a la
señora Francy Ricarcinda Rodríguez Romero, como cónyuge supérstite del señor José
Saul Galeano García (q.e.p.d.); y por otra parte (ii) la señora Martha Inés Silva Cortés
demostró la convivencia con el señor José Saúl Galeano García durante más de cinco
años inmediatamente anteriores al fallecimiento; por lo tanto, el reconocimiento
pensional realizado en su momento por la UGPP a favor de la mencionada señora se
encuentra conforme a derecho.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.
5.4. Ahora bien, lo que sí se observa es que la parte actora se relevó de exponer sus
reparos constitucionales en función de los defectos, lo que a todas luces demuestra que
su discrepancia se limita a un asunto de mera legalidad, sin que exista el menor esfuerzo
en demostrar la vulneración de una garantía fundamental.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitu cional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración 17.
5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, se colige que, del análisis
de las decisiones invocadas como desconocidas, en primer lugar, si bien, la parte actora
las identificó, no precisó si correspondían a la misma situación fáctica, pues se limitó a
afirmar que se adecuaban a su asunto sin explicar por qué se ajustaban a su caso
concreto. Máxime, en el entendido que la autoridad judicial cuestionada justificó su
17 Sentencia SU215 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07625-00
Accionantes: Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
decisión en sentencias proferidas por el Consejo de Estado.
En segundo lugar, la accionante no tuvo en cuenta que la autoridad judicial cuestionada
citó jurisprudencia del Consejo de Estado en su decisión y no presentó reparo alguno
sobre la manera en que la interpretó, situación que hace que el cargo carezca de
relevancia constitucional en la medida en que no es del resorte del juez de tutela
inmiscuirse en asuntos que atañen a la autonomía del juez del proceso ordinario, porque
esto invadiría su órbita y propendería al mal uso de esta acción constitucional.
5.6. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de instancia, toda vez que
reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de esta, sin
esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue
vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como
lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 18, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 19.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Francy
Ricarcinda Rodríguez Romero en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección F por no superar el requisito de relevancia constitucional,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
18 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
19 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07625-00
Accionantes: Francy Ricarcinda Rodríguez Romero
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
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