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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07630-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07630-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Revócase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En su lugar, dispónese: 17 Expediente: 11001-03-15-000-2025-07630-01 Actor (a): Nidia Zarta de Plazas Acción de tutela 1º) Nieganse las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Nidia Zarta de Plazas, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07630-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de mayo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de mayo dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07630-01
Demandante: NIDIA ZARTA DE PLAZAS
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
PENSIÓN GRACIA RECONOCIDA EN VIRTUD DE UNA
ORDEN DE TUTELA. FRAUDE GLOBAL. ANÁLISIS DEL
PRINCIPIO DE LA BUENA FE DE CARA AL CASO. SE
NIEGA EL AMPARO.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia de segunda instancia, que confirmó la
decisión que declaró la nulidad del acto administrativo mediante el cual la UGPP le había
reconocido una pensión gracia y le ordenó devolver las sumas pagadas por ese concepto. La
Sala revocará la decisión que declaró improcedente el amparo y, su lugar, negará las
pretensiones de la demanda.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante en contra de la sentencia
del 19 de febrero de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

“Primero.- Negar la desvinculación de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la
señora Nidia Zarta de Plazas, quien actúa por intermedio de apoderada judicial,
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado”.
(Negrillas fijas del original - archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07630-01
Actor (a): Nidia Zarta de Plazas
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 1 de diciembre de 2025, la señora Nidia Zarta de Plazas
promovió proceso de acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado para que le sean amparados los derechos
fundamentales del debido proceso, mínimo vital y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 29 de mayo de 2025.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Nació el 28 de enero de 1953, por lo que actualmente tiene 73 años y se desempeñó
como docente adscrita a la Secretaría de Educación Departamental del Huila entre el 23
de julio de 1979 y el 11 de febrero de 2003.

2) Solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social –en adelante CAJANAL– el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, prestación que le fue negada mediante
Resolución 4642 del 27 de febrero de 2004 por no acreditar los requisitos legales.

3) Promovió una acción de tutela, la cual fue conocida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito Judicial de Magangué, quien mediante sentencia del 6 de octubre de 2006 le
reconoció y ordenó el pago de la pensión gracia, con la inclusión de todos los factores
salariales percibidos en el año anterior a la adquisición del estatus pensional y el pago
retroactivo de las sumas adeudadas.

4) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social –en adelante UGPP–, a través de Resolución RDP 038806 del 23
de agosto de 2013, le reconoció la pensión gracia, efectiva a partir del 28 de enero de
2003, por valor de $1.280.306, en virtud de lo cual se pagó un retroactivo por la suma de
$16.196.279, suma que la actora consideró inferior a la debida, sin que formulara
reclamación administrativa.

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Actor (a): Nidia Zarta de Plazas
Acción de tutela

5) El 7 de julio de 2014, la UGPP promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de su propio acto, con el fin de obtener
la nulidad del acto que le reconoció la pensión a la actora y el reintegro de las sumas
pagadas, en tanto estimó que dicho reconocimiento no se ajustaba a los requisitos
legales.

6) De manera paralela, también se adelantó una investigación penal dentro del proceso
de acción de tutela con radicación no. 11001-60-99-068-2019-00536, la cual concluyó
con decisión de la Fiscalía General de la Nación en la que se ordenó el archivo de la
actuación.

7) El Tribunal Administrativo del Huila1, mediante sentencia del 13 de agosto de 2024,
accedió parcialmente a las pretensiones2, tras concluir que la demandante tenía la calidad
de docente nacional y no era beneficiaria de la pensión gracia.

8) Frente a esa decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación, por un lado,
la actora indicó que sí cumplió todos los requisitos para el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, que si bien fue nombrada como docente nacional, lo cierto es que
prestaba sus servicios en la planta de personal del departamento del Huila, además, el
pago de su salario provenía de la entidad territorial, por lo que no era acertado especificar
que se trataba de una docente nacional.

9) Asimismo, mencionó que el fallo de tutela de 6 de octubre de 2006, proferido por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Magangué hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional, circunstancia declarada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,

1 El proceso se registró con el número de radicación 41001-23-33-000-2014-00291-00.

2 “PRIMERO. - Levantar la suspensión provisional de la Resolución RDP 038806 del 23 de agosto de 2013.

SEGUNDO. - Declarar probada la exceptiva de buena fe de la demandada.
TERCERO.- Declarar no probadas las exceptivas denominadas Violación de la constitución y de los
derechos fundamentales al demandado por parte de la demandante (Cajanal en liquidación - Ugpp) al
rehusarse a cumplir la orden judicial – sentencia de fecha 6 de octubre del 2006 proferida por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Magangué – Bolívar – cosa juzgada, imposibilidad de control judicial del acto
administrativo, desconocimiento del precedente judicial y cobro de lo no debido; propuestas por la
demandada.
CUARTO. - Declarar la nulidad de la resolución RDP 038806 del 23 de agosto de 2013 “Por la cual reconoce
una pensión de jubilación gracia en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Magangué (Bolívar) del Sr. (a) ZARTA DE PLAZAS NIDIA, con CC No. 28.813.678”;
proferida por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP. No se ordena el
reintegro de las sumas hasta la fecha percibidas por la demandada, en atención a las consideraciones
precedentes”.

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Actor (a): Nidia Zarta de Plazas
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y, por tanto, el acto administrativo expedido en cumplimiento de dicha orden judicial no
podía ser objeto de estudio por otro juez.

10) Finalmente, solicitó oficiar a la Nación, al departamento del Huila y al municipio de
Neiva para que allegaran con destino al expediente diferentes documentos que, en su
sentir, respaldarían sus argumentos.

11) Por su parte, la UGPP manifestó su desacuerdo con la negativa de acceder a la
pretensión de restablecimiento del derecho por estimar que sí procedía la devolución de
los dineros, en la medida en que se encontraba acreditada una afectación patrimonial a
los recursos del sistema general de pensiones que comprometía su sostenibilidad y, a su
vez, daba lugar a un enriquecimiento injustificado en favor de la actora.

12) A través de fallo del 29 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado confirmó la nulidad del acto, pero encontró acreditada la existencia
de un fraude global y, en consecuencia, ordenó el reintegro de las sumas pagadas en
virtud de la Resolución RDP 038806 del 23 de agosto de 2013.

Fundamento de la vulneración

La parte actora sostuvo que la providencia de segunda instancia incurrió, principalmente,
en los defectos sustantivo y fáctico, así como en desconocimiento del precedente judicial
y de la cosa juzgada constitucional.

En relación con el defecto sustantivo, afirmó que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado desconoció el artículo 164 numeral 1 literal c) del CPACA, el
principio constitucional de buena fe y la confianza legítima por ordenar la devolución de
las sumas pagadas por concepto de pensión gracia, pese a que, en su criterio, no existía
prueba de fraude, dolo o actuación irregular atribuible a su actuar, quien actuó amparada
por un acto administrativo expedido en cumplimiento de una sentencia de tutela y bajo la
convicción legítima de que tenía derecho a la prestación reconocida.

Frente al defecto fáctico, sostuvo que la autoridad judicial accionada omitió valorar
adecuadamente las pruebas que acreditaban la buena fe de la accionante, especialmente
la decisión de la Fiscalía General de la Nación mediante la cual se archivó la investigación

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Actor (a): Nidia Zarta de Plazas
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penal adelantada en su contra, en razón a que no participó en conductas fraudulentas ni
en falsedad documental.

Asimismo, no se tuvieron suficientemente en cuenta sus condiciones personales, tales
como su calidad de adulta mayor, víctima del conflicto armado y sujeto de especial
protección constitucional.

De igual manera, alegó el desconocimiento del precedente judicial por apartamiento de
las distintas decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado3 relacionadas
con la protección de la buena fe, la confianza legítima y la improcedencia de recuperar
prestaciones periódicas pagadas a particulares que actuaron sin fraude o mala fe.

Finalmente, sostuvo que la sentencia cuestionada desconoció la cosa juzgada
constitucional derivada del fallo de tutela proferido el 6 de octubre de 2006 por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Magangué, providencia que ordenó el reconocimiento de la
pensión gracia y que, según indicó, adquirió firmeza al no haber sido seleccionada para
revisión por la Corte Constitucional.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“• TUTELAR los derechos fundamentales a UNA VIDA DIGNA, AL DEBIDO
PROCESO, A UNA PENSIÓN DIGNA, SEGURIDAD JURÍDICA, JUNTO CON
LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, PRO
HOMINE, LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, PRINCIPIO IURA NOVIT
CURIA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL, toda vez que
el CONSEJO DE ESTADO, en sentencia proferida el día 29 de mayo de 2025
con Radicado No. 41001 23 33 000 2014 00291 03 (6002– 2024)., incurrió en
un defecto sustantivo y factico al desconocer el precedente judicial, la ley y las
pruebas aportadas que acreditaron que la docente obró de buena fe y en
confianza legítima al fallo de tutela emitido por el juzgado, y no solo ello, sino
que presumió la buena fe del profesional del derecho al que le encomendó la
gestión.

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2024, MP Gustavo

Eduardo Gómez Aranguren, rad. 25000-23-25-000-2011-00609-02 y manifestó lo siguiente “De igual
manera, traemos a colación la sentencia del Consejo de Estado con Radicado No. 2014-00109 de 2020, la
cual, ha sostenido en múltiples ocasiones que, el principio de buena fe, el cual, está consagrado en el
artículo 83 de la Constitución Política constituye un pilar de las relaciones entre los administrados y la
Administración Pública”.

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Actor (a): Nidia Zarta de Plazas
Acción de tutela

• Como consecuencia de la anterior declaración, se amparen los derechos
fundamentales de mi poderdante, conculcados por la Sentencia de fecha del 29
de mayo de 2025, proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con el Radicado No.
41001233300020140029100 adelantado contra El Ministerio Publico, NIDIA
ZARTA DE PLAZAS, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL
ESTADO, al vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso, en el
núcleo esencial de la administración de justicia y prevalencia del derecho
sustancial (art. 29, 228 y 229 Const.), el principio procesal iura novit curia (arts.
1, 8 y 25 CADH), las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva (arts. 8 y
25.1 CADH en concordancia con el art. 93 Const.).

• Como consecuencia de lo anterior, se solicita que se ordene al CONSEJO
ESTADO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se
profiera una de reemplazo”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI - índice 2).

Actuación procesal

Mediante auto del 5 de diciembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al presidente y a los magistrados
integrantes de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como
la vinculación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y al Tribunal Administrativo
del Huila, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción (índice 04 de Samai).

Sentencia de primera instancia

A través de fallo del 19 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por estimar que la inconformidad de la actora se contrajo a cuestionar la
decisión adoptada en sede ordinaria, además, advirtió que introdujo argumentos nuevos
–en particular, lo relacionado con el proceso penal– que no fueron planteados en el
trámite ordinario, y que los defectos invocados carecían de la carga argumentativa
mínima exigida para habilitar el estudio de fondo, máxime cuando se trataba de una
providencia proferida por una Alta Corte.

Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, con sustento en que la
declaratoria de improcedencia desconoció la existencia de un problema de relevancia

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constitucional, en tanto la controversia no se limitaba a un aspecto económico sino que
involucraba la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso, derivada
de la declaratoria de fraude global sin soporte probatorio suficiente y de la orden de
reintegro de sumas que afectaría el mínimo vital de una persona de la tercera edad.

A su juicio, no era acertado afirmar que el archivo del proceso penal constituía un
argumento nuevo, pues la buena fe fue alegada oportunamente en el proceso ordinario
y dicha decisión solo reforzaba la inexistencia de dolo, además, reiteró que la providencia
cuestionada incurrió en defectos fáctico y sustantivo, así como en desconocimiento del
precedente judicial por inferir la mala fe sin prueba suficiente, invertir la carga de la prueba
respecto de la presunción de buena fe y ordenar la devolución de las sumas pagadas sin
acreditar conducta fraudulenta.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos

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constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de la providencia del 29 de mayo de 2025.

2.1 Análisis de los requisitos generales de procedencia

Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez4; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) contrario a lo sostenido por la primera instancia, la cuestión
que se discute resulta de relevancia constitucional, en tanto lo que se reprocha es que el
juez de segunda instancia no tuvo en cuenta que la accionante tiene actualmente 73 años
y afirmó encontrarse en condición de vulnerabilidad derivada de su edad, de su calidad
de víctima del conflicto armado y de las consecuencias patrimoniales generadas con
ocasión de la decisión judicial cuestionada, circunstancias que, prima facie, permiten
advertir una posible afectación de sus derechos fundamentales y habilitan el examen
material de los reparos formulados en la demanda de tutela.

2.2 Caracterización del defecto sustantivo

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando
una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas luces no
subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.” 5.

La Corte Constitucional estableció6 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas que
pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal razón,
pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido proceso de

4 La providencia se notificó el 20 de junio de 2025 y la tutela se presentó el 1 de diciembre 2025, esto es,

en el término de los seis meses.
5 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.

6 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.

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las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de normas
aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto
de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos
del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente
-interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv)
se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante
una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya
sido solicitada por alguna de las partes en el proceso7.”.

2.3 Caracterización del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión, al respecto, la Corte Constitucional
reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva8.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez: i) ignorar o no valorar,
injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso, ii)
decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión o iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que
el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.

Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración por
completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya sea:
iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión o v) por decidir con medios de prueba que, por
disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.

2.4 Caracterización del desconocimiento del precedente judicial

7 Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.

8 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-041 del 16 de febrero de 2018, exp. T-6312452, MP Gloria Stella

Ortiz Delgado.

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El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas al caso
que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia9”.

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico y
reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que, en lo
sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con supuestos
fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento jurídico similar, la sentencia
precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras de garantizar
la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las decisiones judiciales.

No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional10 es necesario precisar que
no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”, pues ello
solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad sobre dicho
punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es posible identificar
tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las órdenes vinculantes
para las partes del proceso y que constituye la solución al problema jurídico examinado;
ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones o razones que sustentan,
motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no
son más que aquellos argumentos de argumentos de referencia, complementarios o de
contexto que no son vinculantes ni necesarios para la resolución del asunto.

Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza de
precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver
posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante,
o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o
planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente11”.

9 Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.

10 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.

11 Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

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Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una regla
cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los términos
que a continuación se explican:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho
(e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez
para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un
carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta
por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.
(…)

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso”.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en los
cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas las
razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del mismo, lo
que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están llamados a
demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor manera el

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contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección,
pues no cualquier motivo constituye una razón válida para “justificar” el apartamiento del
precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de argumentación”.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala evocará la decisión que
declaró improcedente el amparo y, en su lugar, negará las pretensiones de la acción de
tutela, por las siguientes razones:

2.5 Inexistencia de defecto sustantivo

1) La accionante sostuvo que la providencia cuestionada desconoció el contenido y
alcance del literal c) del numeral primero del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
disposición conforme a la cual no habrá lugar a recuperar prestaciones pagadas a
particulares de buena fe.

2) Sin embargo, la Sala no comparte ese planteamiento porque la cláusula prevista en el
literal c) del numeral primero del artículo 164 del CPACA exige que el juez examine, en
cada caso concreto, las circunstancias en que se produjo el reconocimiento prestacional,
con el fin de determinar si existen elementos suficientes para concluir que el particular
actuó efectivamente amparado por la buena fe constitucional.

3) Precisamente, la providencia cuestionada expuso de manera expresa las razones por
las cuales concluyó que, en el asunto sub examine, no se configuraba la buena fe alegada
por la accionante y, por el contrario, consideró acreditada la existencia de actuaciones
que permitían inferir la configuración de un fraude global en el reconocimiento de la
prestación.

4) Particularmente, la autoridad judicial accionada puso de presente que la accionante
había obtenido previamente varias decisiones administrativas negativas frente al
reconocimiento de la pensión gracia, por no acreditar tiempos de servicio válidos para
acceder a dicha prestación y que, pese a ello, acudió, junto con un número significativo
de personas a promover acciones de tutela ante un despacho judicial ubicado en un
distrito distinto al de su lugar de residencia, al del último lugar de prestación del servicio
y al del lugar de expedición de los actos administrativos que le habían negado el derecho.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07630-01
Actor (a): Nidia Zarta de Plazas
Acción de tutela

5) Con fundamento en esas circunstancias, la autoridad judicial accionada concluyó que
se desvirtuó la presunción de buena fe y que procedía ordenar la devolución de las sumas
pagadas por concepto de la prestación reconocida, porque esas conductas se
enmarcaron en un fraude global del que participaron un buen número de docentes y
profesionales del derecho para defraudar al Estado y obtener de manera irregular
pensiones sin el lleno de los requisitos legales.

6) Así las cosas, la Sala advierte que la providencia cuestionada desarrolló una tesis
jurídica que ha sido sostenida reiteradamente por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en asuntos relacionados con el reconocimiento de pensiones gracia obtenidas en
el contexto de las denominadas “tutelas de Magangué12”, consistente en que, a partir de
las circunstancias particulares del caso es posible colegir que los recursos fueron
percibidos de mala fe y que, en consecuencia, procedía ordenar su devolución13.

7) En ese sentido, como esta misma Sala lo ha señalado en anteriores oportunidades en
casos enmarcados en esa coyuntura14, la conclusión adoptada constituye una valoración
efectuada en ejercicio de la autonomía e independencia judicial que amparan al juez
natural de la causa, a quien corresponde interpretar el ordenamiento jurídico y valorar las
circunstancias fácticas relevantes para resolver el litigio sometido a su consideración.

8) Por ello, la circunstancia de que la accionante discrepe de la conclusión finalmente
adoptada permitía arribar a una solución distinta no configuran defecto sustantivo.

2.6 Inexistencia de defecto fáctico

9) La accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico,
porque no valoró adecuadamente las pruebas relacionadas con su actuar de buena fe,
particularmente la decisión de archivo proferida por la Fiscalía General de la Nación
dentro de la investigación penal adelantada en su contra.

12 Como lo ha denominado la propia Sección Segunda del Consejo de Estado y la prensa nacional.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, rad. 52001-23-33-000-2014-00371-02; Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección B, rad. 52001-23-33-000-2014-00178-02 y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, rad. 19001 23 33 000 2014 00226 01.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de julio de 2022, exp. 11001-03-

15-000-2022-02800-00.

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Actor (a): Nidia Zarta de Plazas
Acción de tutela

10) Asimismo, afirmó que no se tuvieron suficientemente en cuenta las circunstancias
personales que rodeaban su situación particular, entre ellas, su condición de adulta
mayor, víctima del conflicto armado y sujeto de especial protección constitucional.

11) Al respecto, la Sala no encuentra acreditado dicho defecto, porque si bien en la
providencia cuestionada no se hizo referencia expresa a la decisión de archivo de la
actuación penal adelantada contra la accionante, lo cierto es que la inexistencia de
responsabilidad penal o el archivo de la investigación no imponían, de manera automática
e irreflexiva, la obligación de concluir que se encontraba acreditada la buena fe alegada
por la beneficiaria ni impedían arribar a una conclusión distinta respecto de la procedencia
de ordenar la devolución de las sumas pagadas, máxime si existían una serie de indicios
y circunstancias que fueron objeto de análisis y mención expresa por parte de la
accionada enmarcados en lo que se denominó un fraude global que no requería una
declaración de un juez penal para ser valorados.

12) Ello, por cuanto el análisis efectuado en sede penal respecto de la eventual
configuración de conductas punibles y el examen desarrollado por el juez administrativo
acerca de las condiciones en que se produjo el reconocimiento pensional y de la
procedencia de mantener sus efectos económicos corresponden a ámbitos jurídicos
distintos, con finalidades y presupuestos de valoración diferentes.

13) Además, la providencia cuestionada sí desarrolló un análisis probatorio respecto de
las circunstancias en que se produjo el reconocimiento prestacional y expuso las razones
que condujeron a desvirtuar la presunción de buena fe invocada por la accionante, con
fundamento en los elementos de juicio obrantes en el expediente.

14) Por consiguiente, no se advierte una valoración probatoria arbitraria, caprichosa o
carente de sustento fáctico que habilite la intervención excepcional del juez
constitucional.

2.7 Inexistencia de desconocimiento del precedente judicial

15) La accionante sostuvo que la providencia cuestionada desconoció distintos
precedentes judiciales relacionados con el principio de buena fe, la confianza legítima y
la improcedencia de recuperar prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07630-01
Actor (a): Nidia Zarta de Plazas
Acción de tutela

16) Particularmente, citó las sentencias SU-182 de 2019, T-687 de 2016, SU-1219 de
2001, T-088 de 1999 y T-218 de 2012 de la Corte Constitucional, así como providencias
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado relacionadas con la protección
de la buena fe y la confianza legítima en materia pensional.

17) No obstante, la Sala considera que no se configuró el supuesto desconocimiento del
precedente judicial, porque aunque la accionante citó distintas providencias relacionadas
con la protección de la buena fe, la confianza legítima y la obligatoriedad de las decisiones
de tutela, no identificó una regla jurisprudencial clara, específica y vinculante que hubiese
sido desconocida por la autoridad judicial accionada o mucho menos que le impidiera
analizar en el caso concreto las circunstancias que la llevaron a estimar que se desvirtuó
la buena fe ante las irregularidades que rodearon el proceso constitucional en el que se
reconoció la pensión sin el lleno de los requisitos legales.

18) En efecto, las providencias invocadas por la accionante corresponden a contextos
fácticos y jurídicos distintos, pues algunas se refieren a la protección de prestaciones
percibidas de buena fe, otras al cumplimiento de órdenes impartidas en sede de tutela y
otras a la imposibilidad de que las autoridades administrativas desconozcan
unilateralmente decisiones judiciales ejecutoriadas.

19) Sin embargo, ninguna de ellas establece una regla puntual, uniforme, pacífica y
vinculante según la cual no se pueda ordenar la devolución de sumas pagadas en todos
los casos relacionados con reconocimientos pensionales y mucho menos si se trata de
aquellos identificados dentro de las denominadas “tutelas de Magangué”.

20) En ese contexto, la accionada, en ejercicio de la autonomía e independencia judicial
que amparan al juez natural, valoró las circunstancias particulares del caso concreto y
concluyó que la accionante no actuó de buena fe, razón por la cual ordenó la devolución
de las sumas pagadas por concepto de la prestación reconocida.

21) Así las cosas, la circunstancia de que existan otras decisiones judiciales en las
cuales, frente a supuestos fácticos distintos, se hubiese arribado a conclusiones
diferentes respecto de la devolución de prestaciones económicas no configura, por sí
misma, un desconocimiento del precedente judicial.

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Actor (a): Nidia Zarta de Plazas
Acción de tutela

22) En consecuencia, no se configuró el defecto por desconocimiento del precedente
alegado.

23) Finalmente, la Sala no desconoce que las personas adultas mayores y quienes
acreditan condiciones de vulnerabilidad gozan de una especial protección constitucional,
circunstancia que impone a las autoridades el deber de adoptar medidas orientadas a
garantizar efectivamente sus derechos fundamentales y a evitar afectaciones
desproporcionadas a sus condiciones de existencia digna.

24) No obstante, dicha condición no implica, por sí misma, que las decisiones judiciales
adoptadas por los jueces competentes pierdan validez constitucional ni releva al juez
natural de efectuar el análisis jurídico correspondiente respecto de la legalidad de los
actos administrativos sometidos a control judicial y de las consecuencias patrimoniales
derivadas de su eventual anulación.

25) En el presente asunto, aunque la condición de sujeto de especial protección
constitucional alegada por la accionante constituye un elemento relevante para el análisis
constitucional del asunto, ello no desvirtúa, por sí solo, las conclusiones jurídicas y
probatorias acogidas por la autoridad judicial accionada ni permite concluir la
configuración de los defectos alegados en la demanda de tutela, pues, se reitera, ello
constituye la postura reiterada y pacífica de la Corporación en relación con las pensiones
obtenidas de manera irregular.

26) En consecuencia, tampoco desde esta perspectiva se advierte vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la accionante.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En su lugar, dispónese:

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Actor (a): Nidia Zarta de Plazas
Acción de tutela

1º) Nieganse las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Nidia Zarta
de Plazas, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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