Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07633-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07633-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07633-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07633-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07633-00
Accionante: MIGUEL ANGEL SALAMANCA CHAPARRO
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Temas: Derecho al habeas data. Declara carencia actual de objeto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (en lo sucesivo DEAJ) y el Centro de
Servicios Judiciales de Envigado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080
de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 2 de mayo de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.
Luego, en providencia del 29 de enero de 2026 se declaró infundado el
impedimento manifestado por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, para
conocer del presente mecanismo.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Miguel Ángel Salamanca Chaparro, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (en lo sucesivo DEAJ) y el Centro de Servicios
Judiciales de Envigado. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como entidades accionadas
al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Centro de
Servicios Judiciales de Envigado. Asimismo, se dispuso la vinculación de la Fiscalía General de la
Nación, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Envigado, el Juzgado
Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Envigado, Juzgado Primero Penal
Municipal con Funciones Mixtas de Envigado, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones
Mixtas de Envigado, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Medellín, el
Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Policía
Nacional.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
derechos fundamentales al habeas data, a la intimidad personal y familiar, al buen
nombre, a la honra, al trabajo y a «la igualdad de oportunidades».
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión del registro en la
página web de la Rama Judicial (Sistema de consulta de procesos nacional
unificada Justicia Siglo XXI) y en el «portal de antecedentes en línea» de un proceso
penal que se adelantó en su contra, identificado con el radicado 05266-60-00-203-
2019-06248-00/02. Sostuvo que, a pesar de que en dicho trámite judicial se ordenó
el ocultamiento de la información una vez se dispuso su archivo definitivo, aún el
expediente aparece activo.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó las siguientes pretensiones:
1. Que se tutelen los derechos fundamentales al hábeas data, intimidad, buen
nombre y trabajo del señor Miguel Ángel Salamanca Chaparro.
2. Que se ordene a la Rama Judicial, por intermedio de la Dirección Ejecutiva y el
CENDOJ, la supresión definitiva y el ocultamiento total de la información
relacionada con los procesos penales CUI 05 266 60 00 203 2019 06248 02 y
11001600005020174552900, así como de cualquier otro que haya sido archivado
o terminado en su contra.
3. Que se ordene a la Policía Nacional, Ministerio de Justicia y Consejo Superior
de la Judicatura, en ejercicio de sus competencias, verificar y eliminar cualquier
registro o antecedente visible que persista en sus bases de datos o en las
consultas públicas.
4. Que se ordene a las entidades accionadas expedir certificación oficial en la que
conste la actualización, corrección o eliminación de los datos erróneos o
carentes de soporte judicial vigente.
5.Que se advierta a las entidades privadas que consultan información judicial
(centrales de riesgo o plataformas laborales) sobre la prohibición de utilizar
información procesal sin valor vigente como criterio de selección o contratación.
[Sic a toda la cita]
1.2. Hechos
4. El señor Miguel Ángel Salamanca Chaparro fue investigado por el presunto
delito de «uso de documento falso». El proceso se identificó con radicado 05266-
60-00-203-2019-06248-00 y fue conocido –en sus correspondientes etapas– por: el
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de control de Garantías de Envigado,
el Juzgado Primero del Circuito con Función de Conocimiento de Envigado y el
Juzgado Segundo Municipal Penal con Función de Control de Garantías
5. Ahora bien, el 8 de agosto de 2022 se realizó ante el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Envigado, el control de legalidad de un principio de oportunidad en
favor del procesado y en la modalidad de renuncia a la acción penal.
6. En virtud de lo anterior, mediante providencia del 25 de agosto de 2022 el
Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento ordenó el archivo
definitivo de las diligencias en favor del accionante. Por lo tanto, se puso fin al
proceso penal.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
7. En oficio 519 del 17 de septiembre de 2025, el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Envigado ordenó el ocultamiento de la información del proceso en la
base de datos de la Rama Judicial.
8. En igual sentido, el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Envigado
el día 29 de septiembre de 2025 le informó al accionante que procedió a ocultar del
sistema «Siglo XXI» la información del proceso penal que adelantó en su contra.
1.3. Fundamentos de la vulneración
9. El actor mencionó que la publicidad del proceso penal que se adelantó en su
contra le ha ocasionado graves perjuicios, pues distintas empresas privadas le han
negado ofertas laborales por aparecer con procesos penales activos, pese a que
aquellos fueron legalmente archivados.
10. Asimismo, mencionó que la publicidad de la información está transgrediendo
su derecho fundamental de hábeas data, el cual incluye la facultad de exigir la
actualización, rectificación o supresión de datos personales cuando su conservación
carece de justificación legal o genera algún perjuicio.
11. De otro lado, precisó que aun cuando ha elevado sendos derechos de
petición en los cuales solicitó la supresión de la información aludida y ha obtenido
respuestas parciales, lo cierto es a la fecha no se han eliminado la totalidad de los
registros en las bases «públicas y privadas».
1.4. Intervenciones
1.4.1. Ministerio de Justicia y del derecho
12. La cartera vinculada al presente mecanismo constitucional mencionó que no
ha intervenido en los hechos y situaciones expuestas por la parte como la causa de
la vulneración de sus derechos fundamentales. Además, expuso que lo pretendido
no guarda relación con las funciones y competencias que constitucional, legal y
reglamentariamente le asisten. Por ende, alegó su falta de legitimación en la causa
por pasiva.
1.4.2. Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo Superior de
la Judicatura
13. En primer lugar, mencionó que aquella autoridad tiene como función
asegurarle a las corporaciones, despachos judiciales y dependencias
administrativas de la Rama Judicial un espacio en el que puedan publicar
información en el portal web de la Rama Judicial: www.ramajudicial.gov.co.
14. Señaló que la Consulta de Procesos Nacional Unificada es aquel sistema
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
digital que integra información judicial. Es administrada por la Unidad de
Transformación Digital e Informática de la DEAJ de conformidad con lo dispuesto
en el Acuerdo PCSJA23-12094 de 2023. Acto seguido, precisó que la información
que allí reposa es un reflejo de lo incluido directamente por los despachos judiciales.
15. Para el caso puntual, manifestó que las anotaciones que figuran en el sistema
judicial respecto del expediente 05266-60-00-203-2019-06248-00 fueron
registradas por el Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Envigado. Además, precisó que el mismo fue clasificado como
proceso privado, de ahí que su acceso para consulta está restringido. Mientras que,
las que figuran al interior del radicado 05266-60-00-203-2019-06248-02, provienen
del despacho 002 del Juzgado Penal Municipal con Función de control de Garantías.
16. Indicó que las decisiones respecto de la «anonimización o modificación» de
la información correspondían exclusivamente a los despachos judiciales y era la
Unidad de Transformación Digital e Informática de la DEAJ la encargada de indicar
el procedimiento técnico para tales fines. Por ello, solicitó que se negara la solicitud
de amparo frente a dicha autoridad.
1.4.3. Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Envigado
17. Por intermedio de su secretario, el despacho judicial adujo que no ha
dispuesto ocultamiento alguno en el sistema «TYBA», sobre la información
realizada en dicho proceso, comoquiera que no ha recibido ninguna solicitud en ese
sentido.
1.4.4. DEAJ
18. Indicó que la Unidad de Informática de dicha Dirección no es responsable de
la información que reposa en la base de datos del aplicativo Consulta de Procesos
Nacional Unificada, dado que su naturaleza es de carácter eminentemente técnico,
de soporte y apoyo en los sistemas de información como el aplicativo Justicia XXI.
19. Refirió que, de conformidad con el Acuerdo 10215 de 2014 «[p]or el cual se
autoriza la adecuación del sistema de información de gestión de procesos y manejo
documental Justicia XXI en ambiente Web», se autorizó a la DEAJ para que, a
través de la Unidad de Informática, realice la actualización del sistema de
información del sistema Justicia XXI a una plataforma web de acceso a todos los
despachos judiciales. En esa medida, le corresponde su mantenimiento técnico y
actualizaciones correspondientes.
20. En ese sentido, precisó que si aquel sistema presenta fallas técnicas y el
despacho judicial encuentra impedimento para publicar sus actuaciones judiciales
por inconvenientes técnicos, o por falta de capacitación, dicha oficina está en el
deber de prestar apoyo inmediato.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
21. Agregó que también se encarga de capacitar sobre el proceso de
anonimización de los sujetos procesales, de conformidad con lo ordenado por el
Acuerdo PSAA11-9109 de 2011. Esto, en la medida que corresponde a los
despachos judiciales alimentar la base de datos del sistema en calidad de
administradores secundarios, pues aquellos son los encargados de ingresar,
modificar y mantener la información del sistema.
22. Subrayó de manera enfática que aquella Unidad no está autorizada para
modificar la información que reposa en el sistema. De ahí que carezca de
competencia para certificar, ocultar o cancelar algún antecedente y, por tanto, se
debía declarar la falta de legitimación en la causa como entidad vinculada o negar
las súplicas en lo que a ella concierne.
23. En línea con lo anterior, indicó que la anonimización de los datos personales
requiere un proceso de ocultamiento de la información relacionada con los procesos
en los que hubiera hecho parte. Por lo tanto, es un asunto que atañe exclusivamente
a los jueces de la causa, acorde con la actividad procesal judicial. En el caso
concreto, mencionó que correspondía al juzgado que conoció el proceso, así como
el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad lo pretendido.
1.4.5. Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de Envigado
24. En primer lugar, precisó el que señor Salamanca Chaparro fue parte procesal
al interior del expediente 05266-60-00203-2019-06248-02, proceso conocido por
dicha Judicatura en función de control de garantías y en el que se impartió legalidad
al principio de oportunidad elevado por la Fiscalía General de la Nación en audiencia
celebrada el 8 de agosto de 2022.
25. Acto seguido, mencionó que como es procedente en todas las actuaciones
judiciales y en virtud del principio de publicidad, se registraron las actuaciones
procesales en la base de datos pública de la Rama Judicial, que para la fecha se
gestionaba a través del Sistema Siglo XXI.
26. Ahora bien, indicó que el 15 de septiembre de 2025, el accionante le solicitó
a dicha judicatura el ocultamiento de sus datos personales del proceso penal
referido, en virtud del derecho fundamental de habeas data. En consecuencia, el
despacho judicial accedió a ello y el 17 de septiembre de la anualidad le dio trámite
a la petición, en la que se puso de presente que se accedió a la pretendido. De ahí
que se procedió con la anonimización de sus datos personales a través del
aplicativo.
27. Agregó que por disposición del Consejo Superior de la Judicatura se dispuso
la migración tecnológica de la información del Sistema Siglo XXI al aplicativo TYBA
a partir del 2 de octubre de 2025. En consecuencia, estaban en proceso de
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
transición e implementación y por lo mismo, se habían desajustado algunos
procesos de ocultamiento de información.
28. Sin perjuicio de lo anterior, precisó que en virtud de la presente acción
constitucional realizó las verificaciones correspondientes, con el acompañamiento
de la dependencia encargada del registro y llevó a cabo nuevamente el ocultamiento
de la información personal del accionante, de manera que ya no está visible en la
página de Consulta de Procesos Nacional Unificada cuando se indaga sobre el
proceso con el número de radicado.
29. Con todo, mencionó que en la búsqueda por su nombre aún aparece
vinculado al radicado, hasta tanto no se oculten sus datos en los demás procesos
en los que aparezca como parte. Tal información le fue brindada por parte de la
administración del sistema TYBA.
1.4.6. Fiscalía 22 Especializada de la Unidad Especial de Estructura de Apoyo
y Fiscalía 245 Seccional Delegada ante Jueces Penales del Circuito
30. La Fiscalía 22 Especializada indicó que la tutela es improcedente,
comoquiera que el accionante no probó haber acudido a mecanismos ordinarios de
protección de datos, tales como derecho de petición, solicitudes de rectificación,
mecanismos de actualización o reclamaciones ante la autoridad competente en
materia de protección de datos personales. Tampoco se comprobó la existencia de
un daño actual, cierto, grave y de entidad constitucional que justifique la intervención
inmediata del juez de tutela.
31. Alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con las
bases de datos administradas por la Policía Nacional y el Consejo Superior de la
Judicatura, por cuanto tales autoridades gozan de autonómica técnica y funcional
sobre sus sistemas.
32. Por su parte, la Fiscal 245 Seccional Delegada ante Jueces Penales de
Circuito adscrita a la Unidad de Fiscalías de Envigado de la Seccional de Medellín
señaló que no ha vulnerado los derechos indicados por el actor, en tanto no es la
facultada para ordenar y disponer del ocultamiento de la información.
1.4.7. Juzgado Primero Penal Municipal de Envigado con Funciones de
Conocimiento y Control de Garantías
33. Destacó que una vez fue notificado de la presente acción constitucional
procedió a realizar el ocultamiento de la información en el sistema de consulta de
procesos.
34. Resaltó que tal ocultamiento se efectuó directamente a través del aplicativo
TYBA, en razón a que el expediente fue migrado a ese sistema. De ahí que, para la
fecha en que dicho juzgado le contestó la solicitud al señor Salamanca Chaparro el
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
sistema no estaba en funcionamiento y se estaban realizando ajustes
correspondientes, por lo que era posible la aparición temporal de la información. No
obstante, dicha situación ya fue corregida.
1.4.8. Centro de Servicios Judiciales de Medellín – Sistema Penal Acusatorio
35. Solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
36. Para el efecto, informó que solo conoce y adelanta el trámite de los procesos
gestionados por los Juzgados Penales Municipales de Medellín, Juzgados Penales
Municipales Ambulantes de Antioquia con Función de Control de Garantías y
Juzgados Penales del Circuito de Medellín, y no se tiene acceso a las bases de
datos de otros procedimientos distintos al trámite de la Ley 906 de 2004, ni de otras
especialidades y/o distritos judiciales o municipalidades.
37. Además, señaló que no ha recibido petición relacionada con el objeto de la
presente tutela.
1.4.9. Ministerio de Defensa – Policía Nacional
38. Informó que no ha recibido derecho de petición en el que se le solicite
información sobre antecedentes penales o requerimientos judiciales. En todo caso,
precisó que, una vez efectuada la consulta en la base de datos se percató que, a la
fecha, no existen registros relacionados con el nombre y cédula del accionante.
39. En ese orden de ideas, la autoridad alegó su falta de legitimación en la causa
por pasiva y desvinculación del presente mecanismo. Insistió en que no ha realizado
ninguna actuación que afecte el buen nombre del tutelante.
II. CONSIDERACIONES
40. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, tras
advertir que lo perseguido por el señor Miguel Ángel Salamanca Chaparro a través
del presente mecanismo fue satisfecho. Para ello, se analizarán los siguientes
puntos: (i) delimitación del objeto de la decisión, (ii) la superación de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, (iii) las generalidades del derecho
fundamental al hábeas data y (iv) el caso concreto.
2.1. Delimitación del objeto de la decisión
41. Como se expuso previamente, el señor Miguel Ángel Salamanca solicitó,
mediante la presente acción, que se ordene a la Rama Judicial la supresión
definitiva de la información que aún figura en los sitios de consulta de expedientes
judiciales y que lo vinculan con una investigación penal adelantada en su contra, la
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
cual fue archivada. De igual forma, pidió que se disponga que la Policía Nacional,
el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura verifiquen y eliminen
cualquier registro o antecedente visible que persista en los portales de consulta
judicial de acceso público.
42. En ese orden de ideas, la Sala delimitará el objeto de la solicitud de amparo
al derecho fundamental de hábeas data, comprendido como la garantía del
accionante de solicitar la rectificación de la información que reposa en bases
públicas como se verá más adelante.
2.2. La solicitud de amparo cumple parcialmente con los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela
43. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la subsidiariedad y, iii) la inmediatez. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo3.
44. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
45. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
46. La Sala advierte que el señor Miguel Ángel Salamanca Chaparro está
legitimado en la causa por activa para interponer la presente acción dado que es el
titular del derecho de hábeas data que considera transgredido, comoquiera que,
según se indica en la tutela, su información personal aún aparece registrada en la
base de datos de la Rama Judicial.
47. Por su parte, se evidencia que el Consejo Superior de la Judicatura, la DEAJ
y el Centro de servicios Judiciales de Envigado se encuentran legitimados en la
causa por pasiva, por ser las autoridades a las que se les adjudica la transgresión
iusfundamental alegada y por su rol técnico dentro de la infraestructura tecnológica
de la Rama Judicial. En igual sentido, la Sala estima que el Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones Mixtas de Envigado, el Juzgado Primero Penal del Circuito
Judicial de Envigado con Funciones de Conocimiento y el Juzgado Primero Penal
3
Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
Municipal de Envigado con Funciones de Conocimiento, tienen legitimación en tanto
aquellos fueron los operadores judiciales que adelantaron la investigación penal y
publicaron la información en las bases de datos correspondientes.
48. Ahora bien, debe recordarse que el Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Fiscalía General de la Nación, el Centro de Servicios Judiciales de Medellín –
Sistema Penal Acusatorio y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, solicitaron
que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia,
se les desvinculara del presente trámite. Ello, tras señalar que no vulneraron los
derechos fundamentales alegados por el accionante, ni son los competentes para
tramitar sus pretensiones.
49. Al respecto, la Sala precisa que, salvo la DEAJ –quien fue notificada como
accionada–, la vinculación de tales autoridades al presente trámite fue realizada
como terceros con interés, en virtud de que su comparecencia al proceso o bien era
necesaria para esclarecer los supuestos fácticos que enrostran el caso, o para
determinar con claridad las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico
frente al objeto de la litis. Además, porque el accionante elevó pretensiones en su
contra. Por lo anterior, no se accederá a las solicitudes de desvinculación.
50. En relación con el requisito de subsidiariedad, el artículo 86 de la
Constitución Política, reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991, establece que la acción de tutela procederá únicamente cuando el
afectado no disponga de otro mecanismo judicial para la defensa de sus derechos,
salvo que sea utilizado como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Esto implica que cuando una persona acude a la administración de
justicia, no puede desconocer los mecanismos judiciales ordinarios contemplados
en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo
su competencia.
51. De conformidad con lo anterior, la sala considera que este requisito se
encuentra parcialmente acreditado. Ello es así, pues de la solicitud de amparo y de
los elementos de convicción que obran, se pudo evidenciar que el actor únicamente
elevó la solicitud de anonimización de las bases de datos ante el Juzgado Segundo
Penal Municipal con Funciones Mixtas de Envigado, el Juzgado Primero Penal del
Circuito Judicial de Envigado con Funciones de Conocimiento, el Juzgado Primero
Penal Municipal de Envigado con Funciones de Conocimiento y el Centro de
Servicios Judiciales de Medellín – Sistema Penal Acusatorio. No así respecto de las
demás autoridades vinculadas como accionadas ni terceras con interés.
52. Al respecto, conviene destacar que cuando lo que se pretende es la
corrección de la información contenida en una base de datos, el artículo 15 de la
Ley Estatutaria 1582 de 2012 dispone:
Artículo 15. Reclamos. El Titular o sus causahabientes que consideren que la
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección,
actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de
cualquiera de los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante
el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será
tramitado bajo las siguientes reglas […]
53. De ahí que, si los accionantes cuentan con la posibilidad de solicitar ante los
entes responsables el ocultamiento de la información, deben agotar esa instancia
antes de acudir a la acción de tutela. Mecanismo que, dada su naturaleza, procede
de manera excepcional.
54. Así incluso lo ha considerado la Corte Constitucional:
Ahora bien, cuando se pretende la protección de los derechos al buen nombre y
al habeas data, la Ley Estatutaria 1582 de 2012 regula, en el artículo 15, las reglas
que debe seguir el titular de la información o sus causahabientes, cuando
“consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de
corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en esta ley”. En este caso,
el accionante agotó la reclamación mediante los dos escritos formulados ante la
FGN, autoridad responsable del tratamiento de los datos cuya eliminación se
pretende. Así las cosas, al haberse agotado el requisito de que trata la Ley 1582 de
2012, se estima satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues no existe otro medio
de defensa distinto a la acción de tutela, con igual eficacia e idoneidad, para lograr
el amparo del habeas data y del buen nombre, ante la falta de eliminación o de
restricción en el acceso a un dato negativo, que se mantiene en una base de datos 4.
55. En ese orden de ideas, al no evidenciarse que el accionante impetró las
solicitudes correspondientes ante el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía
General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y del derecho y la
DEAJ, la Sala declarará la improcedencia de la tutela por subsidiariedad.
56. Por último, se cumple con el requisito de inmediatez puesto que la presunta
vulneración de las garantías fundamentales del actor se ha prolongado en el tiempo
debido a la falta de trámite de su solicitud y el registro público del proceso penal que
se adelanta en su contra, según la información depositada en el Sistema de
Consulta Unificada de la Rama Judicial.
2.3. Del derecho al habeas data
57. El artículo 15 superior elevó a rango constitucional el derecho al habeas data
en los siguientes términos:
Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
4
Corte Constitucional, sentencia T-125 de 2025.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución.
58. De acuerdo con la Corte Constitucional5, este derecho tiene como finalidad
la protección del dato personal, en tanto información que tiene la posibilidad de
asociar determinado contenido a una persona natural en concreto.
59. Por su parte, el Alto Tribunal6 ha destacado que entre el titular de la
información y el dato personal existe un nexo inquebrantable y que, en tal sentido,
el derecho fundamental al habeas data le otorga la prerrogativa de exigir al
administrador de las bases de datos el acceso, inclusión, exclusión o supresión,
corrección, actualización, adición y certificación de tal información, así como la
limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de tales datos,
de conformidad con los principios que rigen el proceso de administración de bases
de datos personales.
2.4. Caso concreto
60. Como fue expuesto, el accionante solicita la protección de su derecho
fundamental de hábeas data, comoquiera que las autoridades judiciales que
adelantaron un proceso penal en su contra y que fue debidamente archivado en
virtud de un principio de oportunidad, no han eliminado de las bases de datos los
registros que lo asocian con el mismo.
61. Pues bien, la Sala anticipa que sería del caso entrar a dilucidar si las
autoridades que intervienen en la gestión documental vulneraron la garantía
fundamental previamente referida, de no ser porque de las intervenciones arribadas
al proceso y de la consulta en las referidas bases de datos se logra advertir que lo
pretendido por el señor Salamanca Chaparro fue satisfecho en el transcurso de la
acción constitucional.
62. En efecto, al consultar en el Sistema de Consulta Unificada de la Rama
Judicial la información relacionada con el proceso penal adelantado en contra del
señor Salamanca, obra la siguiente información:
5
Sentencias SU-458de 2012, T-398 de 2023 y T125 de 2025.
6
Al respecto, ver: sentencias T-729 de 2002 y SU-139 de 2021.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
63. Asimismo, al consultar directamente su nombre en la base de datos, consta:
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
64. De la anterior exposición, es posible colegir que en ninguna de las bases de
datos reposan registros que vinculen al señor Salamanca Chaparro con el proceso
penal, ni mucho menos, en el que se evidencie que aquel tiene antecedentes
penales o requerimientos judiciales.
65. En este punto, conviene recordar que existen eventos en los que la amenaza
al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, de suerte
que el instrumento pierde efectividad, lo que hace que la intervención del juez
constitucional sea inane. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «el
juez de tutela no ha sido concebido como un órgano consultivo que emite conceptos
o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre
escenarios hipotéticos, consumados o ya superados».
66. Sobre el tema, cabe destacar la sentencia SU-522 de 2019, en la que se
precisó que, si luego de acudir a la autoridad judicial, «la situación ha sido superada
o resuelta de alguna forma», no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que «la
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío», siendo esta la «idea central
que soporta el concepto de carencia actual de objeto».
67. Sobre la figura del hecho superado, la Corte Constitucional indicó en la
sentencia SU-225 de 2013, que «se configura cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo
la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, aquello que
se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que
el mismo diera orden alguna».
68. Por tanto, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado. Lo anterior, toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar
algún quebranto de los derechos fundamentales del tutelante. Así que cualquier
orden que se imparta por parte de esta sala carecería de sentido, pues la posible
vulneración cesó debido a las gestiones realizadas por los despachos judiciales
encargados de actualizar y rectificar la información con ocasión a la notificación de
la presente actuación constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Miguel Ángel Salamanca Chaparro, respecto del Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – en calidad de
accionados – y la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio de
Justicia y del derecho –en calidad de terceros con interés –.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Miguel Ángel Salamanca Chaparro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07633-00
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por el señor Miguel Ángel Salamanca Chaparro,
respecto de los hechos atribuidos al Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones Mixtas de Envigado, el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de
Envigado con Funciones de Conocimiento, el Juzgado Primero Penal Municipal de
Envigado con Funciones de Conocimiento y el Centro de Servicios Judiciales de
Medellín – Sistema Penal Acusatorio.
TERCERO: NEGAR las solicitudes de declaratoria de falta de legitimación en la
causa y desvinculación elevadas por el Ministerio de Justicia y del derecho, la DEAJ,
la Fiscalía General de la Nación, el Centro de Servicios Judiciales de Medellín –
Sistema Penal Acusatorio y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.