Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07635-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07635-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07635-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07635-00
Accionante: FRANCISCO NIETO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA –
SECRETARÍA GENERAL
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Solicitud administrativa de información
sobre estado de un proceso judicial. Derecho fundamental de petición
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Francisco Nieto, quien actúa en nombre propio, contra la
Secretaría General del Tribunal Administrativo del Magdalena.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1° de diciembre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que
solicitó al juez constitucional la protección de su derecho fundamental de petición,
supuestamente vulnerado por la autoridad judicial accionada.
En el escrito de tutela formuló las siguientes:
“1. Que se ampare mi derecho fundamental de petición, al haber sido vulnerado por la
ausencia de respuesta del Tribunal Administrativo del Magdalena.
2. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena – Secretaría General que, en
un término máximo de 48 horas conteste de fondo, de manera clara, precisa y completa
el derecho de petición radicado el 11 de noviembre de 2025, relativo a la Acción Popular
del Puente del Ferrocarril de Fundación.
3. Que se ordene, si es necesario, remitir copia del expediente o habilitar el acceso digital
inmediato al mismo.
4. Que se advierta a la entidad accionada sobre las consecuencias del desacato en caso
de incumplimiento”.
2. Hechos
La parte accionante manifestó que el 11 de noviembre de 2025, en ejercicio del
derecho fundamental de petición solicitó al Tribunal Administrativo del Magdalena
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Demandante: Francisco Nieto
información sobre el estado actual del medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos relacionado con el puente del ferrocarril de Fundación.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora señaló que vencido el término establecido en la Ley 1755 de 2015,
la autoridad judicial accionada no ha emitido respuesta a la solicitud presentada el
11 de noviembre de 2025, lo que vulnera su derecho fundamental de petición al
impedirle acceder a la información relacionada con el medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos.
4. Trámite procesal
Por auto de 10 de diciembre de 2025, el despacho del magistrado sustanciador
admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte
accionante y a la autoridad judicial accionada -Tribunal Administrativo del
Magdalena – Secretaría General-. De igual modo, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General
del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
189911 a 189913 de 11 de diciembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión. Asimismo, se surtió el correspondiente aviso en la página web del
Consejo de Estado a efectos de comunicar la actuación a los terceros interesados.
5. Oposición
Respuesta del Tribunal Administrativo del Magdalena – Secretaría General
El secretario general de la corporación rindió informe en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que el accionante no ha
presentado ninguna solicitud encaminada a obtener información sobre algún
proceso.
Adujo que lo relacionado con el “puente del ferrocarril de Fundación” corresponde a
un conflicto suscitado entre la Gobernación del Magdalena y el INVIAS, tramitado a
través de una acción de tutela promovida por el actor, de la cual conoció el Juzgado
Cuarto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Santa Marta, sin que se
encuentre demostrada la vulneración alegada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
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Demandante: Francisco Nieto
2. Planteamiento del problema jurídico y solución
Le corresponde a la Sala establecer si la Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Magdalena vulneró al demandante el derecho fundamental de
petición, con la falta de respuesta a la solicitud presentada el 11 de noviembre de
2025, por medio de la cual pidió información sobre el medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos relacionado con el puente del ferrocarril de
Fundación.
3. Solicitudes que se presentan ante autoridad judiciales en ejercicio del
derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política, establece que “toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
Respecto a las peticiones frente a autoridades judiciales, la jurisprudencia ha
establecido que cualquier persona tiene el derecho a presentar peticiones ante los
jueces de la República y a que estas sean resueltas, siempre y cuando el objeto de
la solicitud no recaiga sobre los procesos que un funcionario judicial adelanta1.
En efecto, la Corte Constitucional distingue entre peticiones judiciales y peticiones
administrativas. Las primeras son las que se refieren a “actuaciones estrictamente
judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para el efecto; y [las segundas son] aquellas que por ser ajenas al
contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la
autoridad judicial en su condición, bajo las normas generales del derecho de petición
que rigen la administración, esto es, el [Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo]”2.
Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia T-482 de 2024 sostuvo que
“las peticiones que se elevan a los jueces pueden corresponder a solicitudes
judiciales o a solicitudes administrativas, y estas últimas se rigen por la Ley 1755 de
2015. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha acudido a tres criterios para
determinar si una petición se rige por las normas procesales o por las prescripciones
del derecho de petición, a saber: (i) si el asunto está regulado por las normas
procesales del respectivo código, (ii) si la solicitud es formulada por las partes e
intervinientes o por terceros ajenos al litigio y (iii) si las solicitudes están conectadas
con la litis o el ejercicio del derecho de defensa”.
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-272 de 2006 explicó que la
solicitud relacionada con la información del proceso obedecía a un derecho de
petición, en ese caso analizó la solicitud de un investigado en la que solicitaba
información sobre unos procesos que se adelantaban en su contra, pues la misma
no se encontraba regulada en la norma procesal.
1 Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Esta regla ha sido reiterada en las sentencias T-192 de
2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis y T- 412 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
2 Corte Constitucional, sentencia T- 311 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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De igual manera, esa Corporación judicial acogió el anterior criterio en la sentencia
C-951 de 20143, que hizo el estudio de constitucionalidad al proyecto de ley
estatutaria que regula el derecho fundamental de petición, en la que agregó que “el
juez tendrá que responder la petición de una persona que no verse sobre materias
del proceso sometido a su competencia”. En esa misma oportunidad se precisó que
“deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, así: “(i) las
referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se encuentran
reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión
a los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y (ii) aquellas que por
ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas
por la autoridad judicial en su condición, bajo las normas generales del derecho de
petición que rigen la administración”.
Por esta razón, la Corte Constitucional precisó, en la sentencia T-172 de 20164, que
cuando los ciudadanos presenten una solicitud orientada a obtener la definición de
aspectos del proceso no es dado afirmar que los jueces vulneran el derecho de
petición. Por el contrario, “en tales casos, se puede invocar el derecho al debido
proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros fijados
por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas correspondientes
al trámite de un determinado proceso judicial” 5.
En consecuencia, se entiende que las peticiones judiciales son aquellas que
guardan una relación directa con el impulso del proceso, en tanto se enmarcan
dentro de las actuaciones propias del trámite jurisdiccional y se rigen por las reglas
del proceso. Por el contrario, aquellas solicitudes que no buscan activar el aparato
judicial, como las relacionadas con el turno o el desarchivo del expediente, deben
ser consideradas de naturaleza administrativa. Estas últimas no se tramitan
conforme a las disposiciones procesales propias del proceso judicial, sino que se
sujetan al régimen previsto en la Ley 1437 de 2011, particularmente en los artículos
14 y 32, los cuales establecen que la autoridad competente debe resolver de fondo
en un término máximo de quince (15) días hábiles.
En conclusión, en lo que hace relación con la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en razón de peticiones presentadas ante autoridades judiciales, es
necesario tener en consideración que (i) si se trata de solicitudes que versen sobre
asuntos relacionados con el proceso judicial que se adelanta en el despacho
peticionado, los derechos que pueden resultar vulnerados son el debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, mientras que (ii) cuando el objeto de la
solicitud no recaiga sobre dichos procesos, es posible alegar la afectación del
derecho de petición.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Francisco Nieto, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela
contra la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Magdalena, en defensa
del derecho fundamental de petición que considera vulnerado con la falta de
respuesta a la solicitud presentada el 11 de noviembre de 2025, a través de la cual
pidió información sobre el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos relacionado con el puente del ferrocarril de Fundación.
3 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
4 M. P. Alberto Rojas Ríos.
5 Corte Constitucional, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Demandante: Francisco Nieto
De conformidad con las pruebas allegadas con la demanda de tutela, la Sala
advierte que el accionante aportó copia de la solicitud dirigida a la Secretaría
General del Tribunal Administrativo del Magdalena, en la que pidió lo siguiente:
“1. Informe detallado sobre el estado actual de la acción popular radicada
respecto al Puente del Ferrocarril de Fundación, incluyendo si se encuentra en
trámite, pendiente de estudio, en decisión o cualquier otra etapa procesal.
2. Relación de las actuaciones, diligencias y medidas adoptadas por este
Tribunal desde la presentación de la acción popular hasta la fecha, incluyendo
visitas de inspección, solicitudes a la Gobernación del Magdalena o Invías, y
cualquier medida provisional ordenada.
3. En caso de que existan resoluciones, autos o documentos de prueba
incorporados al expediente, se sirva indicar los medios para acceder a ellos o
remitir copias, de acuerdo con los derechos de los ciudadanos a la información
y al debido proceso.
4. Cualquier pronunciamiento adicional del Tribunal sobre los riesgos detectados
en el Puente del Ferrocarril y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad
de los ciudadanos mientras se resuelve la acción popular”.
Sin embargo, el actor no allegó copia de la constancia de envío de la solicitud del
11 de noviembre de 2025, que permitiera verificar que esta fue debidamente
presentada ante la autoridad judicial accionada.
Con el informe rendido dentro de este trámite constitucional, el secretario general
del Tribunal Administrativo del Magdalena indicó que en los registros no figura
ninguna solicitud presentada por el actor. Adicionalmente, precisó que el proceso
respecto del cual se requirió la información corresponde a una acción de tutela
promovida contra la Gobernación del Magdalena y el INVIAS, la cual fue tramitada
ante el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Santa
Marta.
Bajo ese contexto, la Sala precisa que, comoquiera que la solicitud está encaminada
a obtener información sobre el estado del proceso, sin impulsar la actuación
procesal, su naturaleza es administrativa.
Dicho lo anterior, se advierte que la Secretaría General del Tribunal Administrativo
del Magdalena no vulneró el derecho fundamental de petición del demandante, toda
vez que no se demostró que la solicitud administrativa del 11 de noviembre de 2025,
a la que hace alusión el actor, hubiera sido efectivamente presentada ante la
autoridad judicial accionada.
A ello se suma que, según lo informado, el proceso mencionado por el actor
relacionado con “el puente del ferrocarril de Fundación” corresponde a una acción
de tutela que se tramitó ante el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Santa Marta, autoridad ante la cual no fue dirigida la
solicitud cuya falta de respuesta se alega, ni contra la cual se interpuso la presente
acción constitucional.
En ese sentido, la Sala concluye que la autoridad judicial accionada no vulneró el
derecho fundamental de petición del actor. Ello sin perjuicio de que, si a bien lo
considera el demandante, pueda presentar la correspondiente solicitud ante la
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Demandante: Francisco Nieto
autoridad que está conociendo del trámite al que hizo referencia en el escrito de
tutela.
Por lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela incoada por
el señor Francisco Nieto.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Francisco Nieto, quien actúa en nombre propio, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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