Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07640-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07640-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07640-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: BLANCA LUZ MARTÍNEZ CASTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo por incumplimiento de los requisitos generales / SUBSIDIARIEDAD – La
accionante tenía a su alcance un mecanismo de defensa que no ejerció, cual es el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia / INMEDIATEZ – La solicitud de amparo se
interpuso casi 18 meses después de la notificación del fallo cuestionado, sin que se avizore
justificación alguna para la tardanza.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Blanca Luz Martínez Castro, de conformidad con lo consagrado en el
Decreto 333 del 2021 1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 1º de diciembre de 2025, la señora Blanca Luz Martínez Castro, mediante
apoderado, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, los cuales considera vulnerados con ocasión de la
sentencia del 18 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
que confirmó la sentencia del 27 de febrero de 2023, emitida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Neiva, que negó las pretensiones de reconocimiento de la pensión
de jubilación deprecadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 41001-33-33-007-2020-00169-01.
Pretensiones
2. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):
1.- TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD,
PENSIÓN DIGNA, JUNTO CON LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DEL
DERECHO SUSTANCIAL, PRO HOMINE, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL
1 Que ingresó al despacho para fallo del 16 de diciembre de 2025.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA,
PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL, toda vez que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL HUILA, en sentencia proferida el día 18 de junio de 2024 con Radicado
No. 41001-33-33-007-2020-00169-01, incurrió en un defecto sustantivo al
desconocer el precedente judicial, la ley y las pruebas aportadas que
acreditaron el tiempo de servicio como docente para reconocerse la pensión.
2.- Como consecuencia de la anterior declaración, se amparen los derechos
fundamentales de mi poderdante, conculcados por la Sentencia de fecha del
18 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro
del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con el
Radicado No. 41001-33 33-007-2020-00169-01 adelantado contra La Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, al vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso, en el
núcleo esencial de la administración de justicia y prevalencia del derecho
sustancial (art. 29, 228 y 229 Const.), la igualdad (art. 13 Const.), el principio
procesal iura novit curia (arts. 1, 8 y 25 CADH), las garantías judiciales y la
tutela judicial efectiva (arts. 8 y 25.1 CADH en concordancia con el art. 93
Const.).
3.- Como consecuencia de lo anterior, se solicita que se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una de reemplazo, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales, que, ordenan el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación como fue solicitada en la demanda. De igual manera, dicha
sentencia deberá ajustarse a los parámetros de justicia establecidos por el
Consejo de Estado en su rol de juez 6 constitucional, concediendo la pensión
solicitada en el escrito de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada.
Fundamentos de la demanda de tutela
3. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
4. La señora Blanca Luz Martínez Castro nació el 27 de enero de 1961 y ha ejercido
la labor docente en forma interrumpida desde el 7 de febrero de 1994, en virtud de
la suscripción de órdenes de prestación de servicio, a través de nombramientos
provisionales y finalmente en propiedad. Actualmente, se encuentra inscrita en el
escalafón docente.
5. El 9 de abril de 2019 presentó petición para el reconocimiento de su pensión de
jubilación. Al no obtener respuesta oportuna por parte de la entidad correspondiente,
ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de obtener
la nulidad del acto ficto y el respectivo reconocimiento de la prestación de jubilación
reclamada.
6. La demanda con radicado 41001-33-33-007-2020-00169-00/01, correspondió por
reparto al Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, que negó las pretensiones
mediante sentencia del 27 de febrero de 2023, por considerar que la docente no
acreditó los veinte años de servicios, exigidos bajo el régimen pensional vigente
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, dado que, no alcanzó el estatus
de servidora púbica ni acreditó las cotizaciones al sistema de seguridad social en
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
pensiones, respecto del tiempo que laboró en virtud de la suscripción de contratos
de prestación de servicios.
7. Inconforme con la decisión la accionante la apeló, y el Tribunal Administrativo del
Huila la confirmó con sentencia del 18 de junio de 2024, al considerar que la docente
tan solo acreditó 19 años, 9 meses y 28 días de servicio, por cuanto no demostró
haber realizado los aportes pensionales durante el tiempo que ejerció sus labores
mediante contratos de prestación de servicios. Concretamente, en relación con el
tiempo de servicio acreditado, en la sentencia cuestionada se lee:
Respecto del tiempo de servicios, se tiene que la demandante se desempeñó
como docente, en una primera etapa, vinculada con el municipio de
Guadalupe, luego, luego en provisionalidad y finalmente mediante contratos
de prestación de servicios; tiempos últimos frente a los cuales, huelga
recordar, son igualmente válidos para efectos pensionales. De modo que, se
cuenta con los siguientes periodos de servicios:
Sin embargo, en concordancia con los criterios jurisprudenciales analizados
en acápites precedentes, para que los tiempos laborados en virtud de
contratos de prestación de servicios sean tenidos en cuenta para efectos
pensionales, es necesario que se hubiesen realizado los respectivos aportes
a pensión. Y, aunque en este caso, la sentencia judicial que reconoció la
existencia de la relación laboral condenó a la entidad empleadora a pagar “los
porcentajes de cotización correspondientes a salud y pensiones”55; lo cierto
es que no obra en el expediente prueba al respecto, como tampoco la parte
actora realizó manifestación alguna en tal sentido, sin que pueda la Sala dar
por hecho el cumplimiento de la aludida condena judicial.
8. La parte actora, señaló que la tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, y aunque transcurrió bastante tiempo desde que se profirió la
sentencia censurada hasta la interposición de la acción constitucional, pide que se
flexibilice el requisito de inmediatez, con fundamento en que: (i) el asunto planteado
se trata de la protección de derechos fundamentales que no encuentran amparo en
otro mecanismo; (ii) la vulneración alegada permanece en el tiempo; (iii) la actora es
sujeto de especial protección, en razón a su avanzada edad; (iv) la controversia versa
sobre un derecho imprescriptible, como lo es la pensión (T-860 de 2015).
9. Adujo que la providencia censurada adolece de defecto sustantivo y que es
contradictoria, porque pese a afirmar que la actora está amparada por el régimen
pensional consagrado en la Ley 91 de 1989, y tener en cuenta el periodo laborado
bajo la modalidad de prestación de servicios, no reconoció la pensión, con el
argumento de que no se probaron las cotizaciones o aportes al sistema de seguridad
social. A su juicio, se le exigió un requisito adicional, no previsto en la norma que le
resulta aplicable.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
10. Aunado a ello, expresó que exigir prueba de las cotizaciones al sistema
pensional, implica trasladar al trabajador las consecuencias de una omisión
imputable a la administración pública.
11. Indicó que es reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual el
tiempo laborado por los docentes en virtud de contratos de prestación de servicios,
debe ser contabilizados para efectos pensionales. La inaplicación de esos
pronunciamientos atenta contra el bloque de constitucionalidad, los derechos al
mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna y, además, desconoce el principio
iura novit curia (Arts. 1º, 46, 48 y 53 de la Constitución Política).
12. En relación con la línea jurisprudencial del Consejo de Estado que avala el
cómputo de los periodos trabajados por los docentes en virtud de OPS para efectos
del reconocimiento pensional, citó las sentencias proferidas dentro de los radicados
11001-03-15-000-2025 01679-01, 11001-03-15-000-2013-00302-01 y 15001-23-33-
000-2021 00007-01 (2864-2023), 81001-23-33-000-2013-00079-01, 81001-23-33
000-2013-00005-01, radicado 81001 23-33-000-2013-00012-02, así como también
la sentencia de unificación CESUJ25 del 25 de agosto de 2016, entre otras 2.
13. Agregó que la decisión cuestionada desconoce la sentencia de unificación en
cita, porque en esa oportunidad la Sección Segunda del Consejo de Estado
determinó que el sujeto responsable de cumplir con la obligación de realizar las
cotizaciones a pensión es la entidad que ocultó la relación laboral.
14. Frente a la vulneración de los derechos fundamentales originada en la negación
injustificada de la pensión de jubilación, trajo a colación las sentencias T-789 de
2004, T-061 de 2011 y T-168 de 2020 de la Corte Constitucional.
15. Afirmó que ese desconocimiento de la línea jurisprudencial se traduce en
violación a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, unidad y
coherencia del ordenamiento jurídico, favorabilidad, entre otros.
Trámite impartido
16. Mediante auto de 4 de diciembre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
del Huila, como autoridad accionada y, como terceros con interés, se vinculó al
ministro de Educación Nacional y al representante legal de la Fiduprevisora S.A., en
calidad de administradora del FOMAG, toda vez que las entidades que representan
intervinieron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
41001-33-33-007-2020-00169-00/01.
17. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.
Intervenciones
2 Adicionalmente, realizó un cuadro donde citó 21 sentencias proferidas por el Consejo de Estado, 7
emitidas por el Tribunal Administrativo del Huila y 5 por los Juzgados Administrativos (no identifica
el circuito), en las que, se indicó que el tiempo laborado por los docentes en virtud de contratos de
prestación de servicios, debe ser computado para efectos pensionales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
18. El ministro de Educación Nacional, mediante apoderado, solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no profirió la
providencia objeto de reproche y no tiene competencia para satisfacer las
pretensiones de la parte actora.
19. En todo caso, manifestó que la demanda no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto se trata de un asunto netamente económico, no se avizora
la vulneración de las garantías fundamentales y procesales de la accionante, así
como tampoco, se advierte la ocurrencia de una vía de hecho que amerite la
intervención del juez de tutela.
20. El Tribunal Administrativo del Huila no rindió informe alguno, pese a haber
sido notificado en debida forma 3.
21. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
ocasión.
CONSIDERACIONES
Competencia
22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
Problema Jurídico y metodología de la decisión
23. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, en especial los de
inmediatez y subsidiariedad. A este punto deberá examinar si la acción de tutela
contra la providencia judicial objeto de reproche se interpuso en un término
razonable, y si la parte actora contaba con algún mecanismo ordinario para obtener
el amparo solicitado.
24. En caso de resolver positivamente el anterior interrogante, debe examinar si la
decisión censurada, proferida por la autoridad judicial accionada, incurrió en violación
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
De la subsidiariedad
25. De conformidad con el tercer inciso del artículo 86 de la Constitución 4 y con el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 5, la acción de tutela tiene un
3
Samai, índice 08, documento1BCCD99D41286A24 91653E7332DD994E 5F6BD42DA686C999
12B622B8F0A9CBCF.
4 De conformidad con dicho inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable».
5 Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
carácter subsidiario, motivo por el cual resulta improcedente ante la existencia de
otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos,
o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable.
26. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
27. La jurisprudencia de la Corte Constitucional 6 ha sido reiterada y pacífica en lo
que atañe al requisito de subsidiariedad, y ha precisado que «la acción de tutela es
una vía a la que solamente puede acudirse cuando (i) el afectado no cuenta con otro
medio de defensa judicial; (ii) cuando, pese a que ese mecanismo existe, no es
idóneo o eficaz en las circunstancias del caso concreto; o (iii) cuando se utiliza como
recurso transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por lo tanto, no es un medio
alternativo, adicional, complementario o facultativo respecto de las demás acciones
judiciales ordinarias, sino un procedimiento urgente e inmediato para la protección
de los derechos fundamentales (…)».
28. En lo que atañe al perjuicio irremediable, la Corte Constitucional en la sentencia
T-1190 de 2024, explicó que, para concluir su configuración, es necesario verificar
lo siguiente: «(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que
las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes;
y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad (énfasis
añadido)».
De la inmediatez
29. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es
la inmediatez. Con base en este requisito, se debe acreditar que el mecanismo de
amparo constitucional se ejerció en un plazo razonable.
30. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de
terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la
ejecutoria de la decisión judicial que se considera violatoria de los derechos
fundamentales y la presentación de la acción de tutela para reclamar su amparo.
31. Para la Corte Constitucional, esta condición de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es razonable, pues si se permite su ejercicio
«meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
6 Ver sentencia T-108 de 2024.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos»7.
32. Además, como lo señaló esa misma Corporación, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida
en un plazo irrazonable»8; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir
que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene el abuso
del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta
supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»9.
33. Para esta Subsección 10, se debe contabilizar el plazo razonable desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se
conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
34. De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar dicho término razonable desde la ejecutoria de la decisión, en los casos
que se hubiera realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una
solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una
solicitud de nulidad, siempre que no sean abiertamente improcedentes y puedan
incidir en la decisión que se cuestiona por vía de tutela, por lo que, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.
35. De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al
momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados
como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del accionante 11.
36. En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia
del actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de
forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad
económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o
falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica 12.
37. Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que
se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó
es «muy antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la especial
situación del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de acudir al
juez 13.
Caso concreto
7 Corte Constitucional. Sentencia T-322 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Ibidem.
10 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.
11 Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.
12 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.
13 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
38. En el presente asunto, la señora Blanca Luz Martínez Castro manifiesta su
inconformidad con la sentencia del 18 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, que confirmó el fallo del 27 de febrero de 2023 dictado por
el Juzgado Séptimo Administrativo, en cuanto negó las pretensiones de
reconocimiento de la pensión de jubilación docente, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-007-2020-00169-01.
39. En suma, su inconformidad radica en que, a su juicio, conforme a lo establecido
en la sentencia de unificación CESUJ25 del 25 de agosto de 2016 y otras
providencias proferidas por el Consejo de Estado en la misma línea de decisión, los
tiempos laborados por los docentes en virtud de contratos de prestación de
servicios, deben contabilizarse para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación, sin que se pueda exigir como requisito adicional, que el educador acredite
haber realizado las respectivas cotizaciones al sistema pensional, dado que esa es
una carga que le corresponde al empleador.
40. Conforme a lo analizado en precedencia, para que el juez estudie una solicitud
de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía
a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
41. El mecanismo judicial denominado recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia se rige por el título VI, capítulo II, de la Ley 1437 de 2011, modificado
en algunos apartes por la Ley 2080 de 2021. Este procedimiento de carácter
extraordinario, como se advierte de la mencionada normativa, se rige por unas
específicas reglas de procedencia 14 y de oportunidad 15, que ordenan que este
14
ARTÍCULO 257. PROCEDENCIA. <Artículo modificado por el artículo 71 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede
contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos,
tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan
por la Ley 1437 de 2011.
Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que
la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda
de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso:
1. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier
autoridad.
2. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se
promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas
nacionales, departamentales, municipales o distritales.
3. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos
sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes.
4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de
reparación directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores
públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.
PARÁGRAFO. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral
y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía.(negrilla de la
Sala).
Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución
Política.
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ARTÍCULO 261. INTERPOSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá
interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar dentro de los
diez (10) días siguientes a su ejecutoria.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
recurso se interponga en sede judicial ante la autoridad que profirió la decisión
cuestionada.
42. El propósito de este recurso es asegurar la unidad de la interpretación del
derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los
terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida.
43. Cuando en la tutela contra providencia judicial se alega el desconocimiento de
una sentencia de unificación, se impone como requisito de procedencia de la
solicitud de amparo, el agotamiento del citado recurso extraordinario, siempre que
se cumplan las exigencias señaladas en la ley 16.
44. En el sub lite, si bien es cierto, se alega el desconocimiento de varias sentencias
invocadas que no son de unificación, por lo que, en principio, la interposición del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no sería exigible para
efectos de satisfacer el requisito de subsidiariedad, también lo es que, la línea
jurisprudencia que refiere la parte actora descansa sobre los cimientos
desarrollados por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CESUJ25 del
25 de agosto de 2016, según la cual, a juicio, para que se computen los tiempos
laborados en virtud de contratos de prestación de servicios, no es exigible que el
docente contratista acredite la realización de aportes con destino a pensión.
45. En ese sentido, si el juez competente estima que se desconocieron las reglas
de unificación conforme a las alegaciones de la accionante, puede anular la
sentencia y dictar una providencia de reemplazo, según lo estipulado en el artículo
267 del CPACA 17.
Si el recurso se interpuso y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco (5) días
siguientes y ordenará remitir el expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, lo
rechazará o declarará desierto; según el caso.
La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida
totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el
recurso no comprenda todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de
lo regulado en el artículo 264 de este código.
16 Así lo analizó la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-661 de 2017, SU-332 de
2019 y SU-353 de 2020.
Así mismo, esta Corporación ha estimado que en los casos en que se invoca el incumplimiento de
una sentencia de unificación para cimentar el defecto de desconocimiento del precedente judicial, la
parte actora debe agotar el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, so pena de
incumplir el requisito de subsidiariedad. Al respecto ver: Sección Quinta, sentencia del 16 de agosto
de 2016, expediente No. 11001-03-28-000-2016-00052-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Sección Quinta, sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente No. 11001-03-15-000-
2022-02220-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10
de julio de 2024, expediente No. 11001-03-15-000-2024-01502-01, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves;
y Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025, expediente No. 11001-03-
15-000-2025-02104-00, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
En la misma línea se pronunció esta Subsección en las sentencias del 1º de julio de 2025, expediente
No. 11001-03-15-000-2025-02170-00, M.P. María Adriana Marín; y del 30 de mayo de 2025,
expediente también con ponencia de la magistrada María Adriana Marín.
17 Artículo 267. Efectos de la sentencia. Si prospera el recurso, total o parcialmente, la sala anulará,
en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones
que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente.
Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en forma total o parcial,
declarará sin efecto los actos procesales realizados con tal fin, y dispondrá que el juez de primera o
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
46. Así las cosas, para la Sala es claro que la parte actora contaba con posibilidad
de interponer el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia para efectos
de obtener las declaraciones que pretende ahora por vía de la acción de tutela,
dado que: (i) se encuentra legitimada, teniendo en cuenta que apeló el fallo de
primera instancia (Art. 260 CPACA) 18; (ii) la providencia censurada es una sentencia
proferida en segunda instancia por un Tribunal Administrativo; y (iii) el debate
planteado se ciñe a una controversia de carácter laboral, por lo que no es exigible
una cuantía determinada para su procedencia (Art. 257 CPACA).
47. Sin embargo, revisado el aplicativo SAMAI, no se evidencia registro de que la
actora haya ejercido este mecanismo extraordinario en aras de salvaguardar sus
garantías, motivo por el cual, la Subsección encuentra que la tutela no satisface el
requisito de subsidiariedad, habida consideración de que la interesada no acreditó
que agotó el recurso extraordinario que tenía a su disposición. Recuérdese que, de
conformidad con el artículo 261 del CPACA, el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia debe interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la
providencia, a más tardar dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria.
48. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación amerite
la intervención urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción como
mecanismo transitorio, no obstante, para ello es necesario que el interesado
todavía disponga del otro medio de defensa judicial, circunstancia que, se insiste,
no ocurre en este caso, en la medida en que ya venció el plazo para ejercer el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
49. Conforme a todo lo razonado, la Sala encuentra que la tutela deviene
improcedente, por incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.
50. De otra parte, como la misma accionante lo reconoce, la tutela tampoco
satisface la exigencia de inmediatez, dado que, la providencia censurada se profirió
el 18 de junio de 2024 y se notificó el 24 de junio siguiente 19, mientras que la
solicitud de amparo se radicó hasta el 1º de diciembre de 2025, esto es, casi 18
meses después. Dicho intervalo resulta excesivo, máxime cuando en el trámite no
se acreditó circunstancia de carácter excepcional que justifique la demora en la
interposición del amparo.
única instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. Además, el
Consejo de Estado ordenará que en el auto de obedecimiento a lo resuelto en el recurso
extraordinario se cancele la caución de que trata el artículo 264. (…)
18 Artículo 260. Legitimación. Se encuentran legitimados para interponer el recurso cualquiera
de las partes o de los terceros procesales que hayan resultado agraviados por la providencia,
quienes deberán actuar por medio de apoderado a quien se haya otorgado poder suficiente; sin
embargo, no se requiere otorgamiento de nuevo poder.
PARÁGRAFO. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni
adhirió a la apelación de la otra parte, cuando el fallo de segundo grado sea exclusivamente
confirmatorio de aquella.
19 Samai, índice 014, documento 5BA5CD3DD9A7E336 A22FD525CABA4971 3D336E3D381C061
00BB74AE5880978F.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
51. En este caso, la parte actora pretende justificar su tardanza en su avanzada
edad y en la supuesta permanencia de la vulneración que recae sobre un derecho
imprescriptible, no obstante, sus alegaciones no resultan suficientes para justificar
la demora advertida, en los términos señalados por la Corte Constitucional.
Veamos:
52. Frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que no está
acreditado en el expediente: (i) que la accionante pertenezca a un grupo vulnerable
y, que en razón de esa situación le hubiese sido imposible acudir con antelación al
juez de tutela, (ii) que haya atravesado por una circunstancia especial que impidiera
acudir al juez de tutela, (iii) que haya estado aislada geográficamente, (iv) que se
encontrara en estado de vulnerabilidad económica, (v) que se presente la
afectación de derechos de terceros y, por último, (vi) no se advierte diligencia en la
presentación de la solicitud de amparo por parte de la accionante, ni que (vii) la
presente acción de tutela represente una seria afectación a la seguridad jurídica.
53. En cuanto a los criterios justificantes de la conducta de la accionante, no es de
recibo el argumento de la actora según el cual, la vulneración alegada es
permanente, porque el derecho perseguido es imprescriptible (pensión de
jubilación), dado que en este caso, se trata de una tutela contra providencia judicial,
cuya procedencia es excepcionalísima, entre otras razones por la necesidad de
acompasar este mecanismo constitucional de protección de los derechos
fundamentales, con el principio de seguridad jurídica que ampara a las sentencias
que hacen tránsito a cosa juzgada.
54. Así pues, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta
desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la parte accionante
se encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la acción de tutela
dentro de un término razonable, teniendo en cuenta que desde el 24 de junio de
2024, se le notificó la providencia censurada, con mayor razón, si se considera que
esta no requiere de formalidades para su presentación y que la accionante estuvo
representada por un apoderado judicial en el proceso ordinario y lo está ahora en
esta instancia constitucional.
55. En conclusión, para la Subsección la solicitud de amparo no cumple los
requisitos generales de procedibilidad y, en consecuencia, deviene improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Blanca Luz Martínez Castro contra el Tribunal Administrativo del Huila, por
lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07640-00
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a
continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente, puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.
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