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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07640-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07640-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 30 de enero de 2026 proferida por la Sección 26 En los que la parte impugnante se limitó a reiterar su inconformidad con la decisión judicial cuestionada, sin asumir la carga argumentativa necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad. 27 Sin perjuicio de las acciones disciplinarias que la accionante pueda ejercer en contra de este por el supuesto incumplimiento de sus deberes si así lo considera. 28 Máxime cuando la parte actora no demostró una afectación a su mínimo vital o la existencia de un perjuicio irremediable. www.consejodeestado.gov.co 9 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07640-01 Accionante: Blanca Luz Martínez Castro Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela que interpuso la señora Blanca Luz Martínez Castro, por conducto de apoderada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07640-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07640-01
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 30 de
enero de 2026 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2. La señora Blanca Luz Martínez Castro, instauró acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Huila, por conducto de apoderada, por la presunta
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social y de acceso a la administración de justicia1, con ocasión de la
expedición de la providencia 18 de junio de 2024, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado núm. 41001-33-33-007-2020-00169-
00/01.

2.1. Hechos

3. Del escrito de tutela2, se colige que la señora Blanca Luz Martínez Castro3,
ha prestado sus servicios al sector educativo oficial en calidad de docente4, tanto
mediante nombramientos en provisionalidad como a través de contratos de
prestación de servicios, acumulando de acuerdo con su exposición, más de veinte
(20) años de servicio.

1
Así como a «la pensión digna, junto con los principios de prevalencia del derecho sustancial, pro homine, principio
constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, principio iura novit curia, al desconocimiento de precedente
judicial vertical.».
2
Presentado el 1 de diciembre de 2025.
3
Nacida en el año 1961, con 64 años al momento de presentación de esta acción constitucional.
4
Desde el 7 de febrero de 1994

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Accionante: Blanca Luz Martínez Castro

4. En el año 2019, la actora solicitó el reconocimiento de su pensión de
jubilación al amparo del régimen especial del magisterio, del que adujo la
configuración de un acto administrativo ficto negativo ante la falta de respuesta
por parte de la administración.

5. En consecuencia, instauró una demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener el reconocimiento
de su pensión, proceso que culminó en primera instancia con sentencia 5
desfavorable que negó las pretensiones por no acreditarse la totalidad del tiempo
de servicios exigido.

6. Una vez apelada, dicha decisión fue confirmada6 por el Tribunal
Administrativo del Huila mediante sentencia del 18 de junio de 2024, al excluir del
cómputo de la pensión los periodos laborados bajo contratos de prestación de
servicios, ante la ausencia de cotizaciones de estos.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora sostuvo que la sentencia proferida el 18 de junio de 2024
por el Tribunal Administrativo del Huila, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y al acceso a
la administración de justicia, al negar el reconocimiento pensional bajo una
interpretación que, en su sentir, desconoció el marco constitucional7 y
jurisprudencial aplicable.

8. Adujo que la providencia incurrió en un defecto sustantivo, en tanto exigió
la acreditación de aportes pensionales como condición para computar los tiempos
laborados mediante contratos de prestación de servicios, pese a que, de acuerdo
con su afirmación, la jurisprudencia ha reconocido la prevalencia de la realidad
sobre las formas en este tipo de vínculos.

9. Igualmente, planteó la configuración de un defecto por desconocimiento
del precedente, señalando principalmente que el Tribunal se apartó sin
justificación de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de
agosto de 20168 y de otras decisiones9 , en las que, de acuerdo con su afirmación,
se ha admitido el cómputo de dichos periodos para efectos pensionales, incluso
sin declaración previa de relación laboral, por lo que alegó que, con relación a ello,
se vulneraron los principios de igualdad y seguridad jurídica, en tanto existían
decisiones favorables de casos análogos al suyo.

5
Providencia del 27 de febrero de 2023 dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva, índice 23 del
aplicativo SAMAI, exp. 41001-33-33-007-2020-00169-00.
6
Al considerar que la docente tan solo acreditó 19 años, 9 meses y 28 días de servicio, por cuanto no demostró haber
realizado los aportes pensionales durante el tiempo que ejerció sus labores mediante contratos de prestación de servicios.
7
En particular, el bloque de constitucionalidad, los derechos fundamentales alegados como vulnerados y el principio del
iura novit curia.
8
Consejo de Estado, sentencia de unificación CESUJ25 del 25 de agosto de 2016, MP Carmelo Perdomo Cueter. – La
parte accionante adujo que esta corporación determinó en la providencia citada, que el sujeto responsable de cumplir con
la obligación de realizar las cotizaciones a pensión era la entidad que ocultó la relación laboral-.
9
Al respecto, citó unas providencias de esta corporación proferidas dentro de los radicados 11001-03-15-000-2025 01679-
01, 11001-03-15-000-2013-00302-01, 15001-23-33 000-2021 00007-01 (2864-2023), 81001-23-33-000-2013-00079-01,
81001-23-33 000-2013-00005-01 y 81001 23-33-000-2013-00012-02, sin profundizar en su argumentación al respecto.

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10. En relación con la valoración probatoria, la accionante adujo que la
autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico, al no apreciar en debida forma
los contratos de prestación de servicios10, las certificaciones y demás documentos
que, desde la perspectiva de la actora, acreditaban que desempeñó funciones
docentes bajo condiciones de subordinación y continuidad.

11. Alegó además que existió en la decisión reprochada una violación directa
de la Constitución11, al privilegiar un criterio formalista sobre el derecho
sustancial, trasladando al trabajador las consecuencias de la falta de aportes,
pese a que dicha omisión sería imputable a la administración.

12. Finalmente, concluyó que la providencia cuestionada desconoció el
carácter fundamental del derecho a la seguridad social, especialmente tratándose
de un sujeto de especial protección constitucional, al impedir el acceso a la
pensión pese al cumplimiento material de los requisitos legales.

2.3. Pretensiones

13. La parte accionante solicitó:

«1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD, PENSIÓN
DIGNA, JUNTO CON LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL, PRO HOMINE, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO IURA
NOVIT CURIA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL, toda vez
que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, en sentencia proferida el día 18
de junio de 2024 con radicado No. 41001-33-33-007-2020-00169-01, incurrió en un
defecto sustantivo al desconocer el precedente judicial, la ley y las pruebas
aportadas que acreditaron el tiempo de servicio como docente para reconocerse la
pensión.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se amparen los derechos
fundamentales de mi poderdante, conculcados por la Sentencia de fecha del 18 de
junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con el Radicado No. 41001-
33 33-007-2020-00169-01 adelantado contra La Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al vulnerar los
derechos fundamentales al debido proceso, en el núcleo esencial de la
administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial (art. 29, 228 y 229
Const.), la igualdad (art. 13 Const.), el principio procesal iura novit curia (arts. 1, 8
y 25 CADH), las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva (arts. 8 y 25.1 CADH
en concordancia con el art. 93 Const.).

3. Como consecuencia de lo anterior, se solicita que se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una de reemplazo, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales, que, ordenan el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación como fue solicitada en la demanda. De igual manera, dicha sentencia
deberá ajustarse a los parámetros de justicia establecidos por el Consejo de Estado
en su rol de juez constitucional, concediendo la pensión solicitada en el escrito de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada.» (SIC en toda
la cita)

10
La accionante sostuvo que durante dichos periodos se configuró una verdadera relación laboral, caracterizada por
subordinación y prestación personal del servicio, y que la omisión en el pago de aportes era imputable a la administración
y no podía afectar su derecho pensional.
11
Al supuestamente desconocer los artículos 1º, 46, 48 y 53 constitucionales.

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Accionante: Blanca Luz Martínez Castro

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado mediante auto del 4 de diciembre de 202512, a través del cual
se ordenó notificar al ministro de Educación Nacional y al representante legal, o
quien hiciere sus veces, de la Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), toda vez
que las entidades que representan intervinieron en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, como terceros interesados.

15. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y reconoció personería a la apoderada de la parte actora conforme con el
poder que obra en el expediente.

2.4.1. El Ministerio de Educación Nacional13 indicó que carecía de legitimación
en la causa por pasiva, al no haber proferido la decisión cuestionada ni existir una
acción u omisión atribuible a esa entidad, por lo que solicitó ser desvinculada del
trámite. No obstante, sostuvo que debía declararse improcedente la acción por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional toda vez que pretendía reabrir
un debate de naturaleza legal ya decidido en sede ordinaria. Aunado a lo anterior,
manifestó que la parte actora no acreditó los requisitos excepcionales de
procedencia contra una providencia judicial ni demostró la existencia de un
perjuicio irremediable.

2.4.2. El Tribunal Administrativo del Huila guardó silencio.

2.4.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva remitió el
vínculo de acceso al proceso, pero no realizó ningún pronunciamiento.

2.4.3. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia Impugnada14

16. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 30 de enero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela
porque no se acreditaron los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad.

17. Con relación al requisito de subsidiariedad el a quo evidenció que la actora
no ejerció todos los mecanismos ordinarios de defensa, en particular, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia respecto de la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto de 201615, el cual no fue
interpuesto por la parte actora en la oportunidad procesal correspondiente.

18. Asimismo, la primera instancia determinó que tampoco se cumplió con el

12
Índice 4 del aplicativo SAMAI
13
Índice 13 del aplicativo SAMAI
14
Índice 28 del aplicativo SAMAI
15
Consejo de Estado, sentencia de unificación CESUJ25 del 25 de agosto de 2016, MP Carmelo Perdomo Cueter. – La
parte accionante adujo que esta corporación determinó en la providencia citada, que el sujeto responsable de cumplir con
la obligación de realizar las cotizaciones a pensión era la entidad que ocultó la relación laboral-.

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requisito de inmediatez, dado que la acción de tutela fue presentada
aproximadamente 18 meses después de la notificación de la sentencia
cuestionada, sin que se acreditaran circunstancias excepcionales que justificaran
la tardanza.

19. En consecuencia, al evidenciarse el incumplimiento de los requisitos
citados, esa Subsección declaró improcedente la acción de tutela, sin entrar a
analizar de fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales alegada por
la accionante.

2.6. Impugnación

20. La parte actora alegó que el requisito de inmediatez sí se encontraba
satisfecho, en tanto la señora Martínez Castro no tuvo conocimiento real y
oportuno del fallo de segunda instancia, debido a la falta de comunicación por
parte de su apoderado. Además, sostuvo que la vulneración de sus derechos era
actual y continua, al tratarse de una pensión no reconocida, lo cual afectaba de
manera permanente su mínimo vital.

21. En cuanto al requisito de subsidiariedad, afirmó que no le era exigible el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, dado que la accionante no
tuvo la posibilidad real de interponerlo y argumentó que dicho mecanismo no
resultaba idóneo ni eficaz para la protección inmediata de derechos
fundamentales, por lo que la acción de tutela era procedente.

22. Finalmente, reiteró lo planteado en su escrito de tutela respecto a los
defectos alegados contra la providencia e insistió nuevamente en el argumento de
que la accionante era sujeto de especial protección constitucional por su condición
de adulta mayor, lo que imponía una interpretación flexible de los requisitos de
procedibilidad.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201916 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el Tribunal Administrativo del Huila al proferir la sentencia del 18 de
junio de 2024, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 41001-33-33-007-2020 00169-00/01, incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa de

16 Reglamento interno del Consejo de Estado

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Acción de Tutela
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la Constitución y con ellos en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración
de justicia17 de la señora Blanca Luz Martínez Castro.

25. Previo a ello, se deberá determinar si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedencia cuando se reprochan decisiones
judiciales, en especial los echados de menos en primera instancia.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

26. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

3.4.3. Del requisito de subsidiariedad

27. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

28. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

29. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia18.

30. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo
el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

17
Así como a «la pensión digna, junto con los principios de prevalencia del derecho sustancial, pro homine, principio
constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, principio iura novit curia, al desconocimiento de precedente
judicial vertical.».
18
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los
derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política
que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».

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3.4.4. Del requisito de inmediatez

31. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que
la tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación 19, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable20»; «da vigencia al principio de seguridad jurídica,
al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella» 21; y
previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los
derechos»22.

32. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del
amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo
razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz
de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

33. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del
5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente.»23

4. Análisis del caso concreto

34. La Sala abordará el estudio del recurso de impugnación interpuesto contra
la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, con
el fin de determinar si dicha providencia debe ser confirmada conforme a los
parámetros de procedibilidad exigidos para la tutela contra providencias judiciales.

35. En ese contexto, se advierte que la decisión de primera instancia estructuró
adecuadamente el análisis en la verificación de los requisitos generales de
procedibilidad, particularmente los de subsidiariedad e inmediatez, como
presupuestos habilitantes para emitir cualquier pronunciamiento de fondo.

36. Así las cosas, se evidencia que, de manera acertada, la providencia
impugnada reiteró el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela,
conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 6 del
19
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
20
Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de
2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
21
Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de
2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.
22
Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de
2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-461 de 2019

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Decreto 2591 de 1991, así como la jurisprudencia constitucional reiterada sobre
la improcedencia del amparo cuando existen otros mecanismos de defensa
judicial idóneos y eficaces.

37. En desarrollo de lo anterior, la Sala comparte el análisis realizado por el a
quo, con relación a que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
resultaba procedente en el caso concreto, al tratarse de una sentencia de segunda
instancia y versar sobre una controversia de naturaleza laboral y pensional, frente
a la cual no se exige cuantía para su interposición24.

38. Asimismo, la primera instancia acreditó que la parte actora se encontraba
legitimada para interponer dicho recurso y que el debate propuesto, relativo al
presunto desconocimiento de la sentencia de unificación CESUJ25 del 25 de
agosto de 2016, encuadraba dentro de los supuestos para su interposición, que
hoy pretende controvertir a través de esta acción constitucional.

39. Ahora bien, conforme al artículo 261 del CPACA25, el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia debía presentarse y sustentarse dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de la providencia cuestionada, esto es, la
sentencia del 18 de junio de 2024, notificada el 24 de junio del mismo año.

40. En ese orden de ideas, el término para ejercer dicho mecanismo judicial
vencía a inicios del mes de julio de 2024, sin que obre en el expediente prueba
alguna de su interposición, lo que evidencia un incumplimiento claro del requisito
de subsidiariedad.

41. Adicionalmente, la providencia de primera instancia también descartó la
procedencia excepcional de la tutela como mecanismo transitorio, toda vez que,
para el momento en que se acudió al juez constitucional, el medio judicial ordinario
ya no se encontraba disponible, precisamente por el vencimiento del término legal
para su ejercicio, por lo que no es de recibo alguno pretender que la propia
inactividad de la parte actora pretenda plantearse ahora como una trasgresión ius
fundamental.

42. De otra parte, en lo que respecta al requisito de inmediatez, se encuentra
acreditado que la acción de tutela fue presentada el 1º de diciembre de 2025,
mientras que la providencia judicial cuestionada fue notificada el 24 de junio de
2024.

43. Lo anterior implica que transcurrió un lapso aproximado de diecisiete (17)

24
Ley 1437 de 2011. Artículo 257. Procedencia. «(…)» PARÁGRAFO. En los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía.
25
Ibidem, Artículo 261. Interposición. <Artículo modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse y sustentarse por escrito ante
quien expidió la providencia, a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria. Si el recurso se interpuso
y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco (5) días siguientes y ordenará remitir el expediente al
competente para resolverlo. De lo contrario, lo rechazará o declarará desierto; según el caso. La concesión del recurso no
impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros
reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el recurso no comprenda todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido.
Lo anterior, sin perjuicio de lo regulado en el artículo 264 de este código.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07640-01
Accionante: Blanca Luz Martínez Castro

meses entre la notificación de la decisión y la interposición del amparo
constitucional, término que resulta ostensiblemente superior al parámetro de seis
(6) meses que la jurisprudencia ha considerado como razonable para este tipo de
acciones.

44. Este intervalo fue valorado correctamente por la Sección Tercera,
Subsección A como irrazonable, máxime cuando no se acreditaron circunstancias
excepcionales que justificaran la inactividad de la parte actora durante dicho
periodo.

45. En ese sentido, resulta particularmente relevante que la accionante estuvo
representada por apoderado judicial tanto en el proceso ordinario como en la
presente acción constitucional, lo que desvirtúa cualquier alegación de
imposibilidad material para acudir oportunamente al juez de tutela.

46. Por lo expuesto, los argumentos planteados en la impugnación26 sobre el
presunto desconocimiento de la providencia al no ser comunicada por su
apoderado no encuentran asidero alguno27, así como los relacionados con su
edad y la supuesta permanencia de la vulneración28, pues estos no resultan
suficientes para justificar la tardanza, máxime tratándose de una tutela contra
providencia judicial, en la que prevalece el principio de seguridad jurídica.

47. En consecuencia, al evidenciarse el incumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad, por no haberse interpuesto el recurso extraordinario dentro de los
diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, y de inmediatez, por
haberse presentado la tutela aproximadamente diecisiete (17) meses después de
su notificación, la Sala confirmará la decisión impugnada, lo que releva
automáticamente de un estudio de fondo de lo planteado por la parte actora.

48. En consideración a todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la presente acción, pues, se reitera,
dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las
herramientas judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental
quebrantada, ni la de permitir que se incumplan los términos previstos en la
jurisprudencia para su interposición, salvo circunstancias excepcionales, que no
se acreditaron en la presente acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 30 de enero de 2026 proferida por la Sección

26
En los que la parte impugnante se limitó a reiterar su inconformidad con la decisión judicial cuestionada, sin asumir la
carga argumentativa necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad.
27
Sin perjuicio de las acciones disciplinarias que la accionante pueda ejercer en contra de este por el supuesto
incumplimiento de sus deberes si así lo considera.
28
Máxime cuando la parte actora no demostró una afectación a su mínimo vital o la existencia de un perjuicio irremediable.

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Accionante: Blanca Luz Martínez Castro

Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela que interpuso la señora Blanca Luz Martínez
Castro, por conducto de apoderada, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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