Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07641-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07641-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07641-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07641-00
Accionantes: Carmen Judith Hurtado Gutiérrez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 005
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada en ejercicio de la acción
de tutela promovida por los señores Carmen Judith Hurtado Gutiérrez, Fabio Enrique Polo
Hurtado, Roberto Fabio Polo Hurtado, Marcio Polo Hurtado, Hilda Graciela Polo Pérez,
Olga Beatriz Polo Pérez, Yadira Isabel Polo Pérez, Yomaide Judith Polo de León, Máximo
José Polo Pérez, Milagros de Jesús López Polo, Neila Beatriz López Polo, Natalia Andrea
Isabel Moreno Polo, Víctor David de León Polo, Katty Margarita de León Polo, Doris
Katherine de León Polo, José Rafael López Polo, Hamilton Eleazar López Polo y Liliana
Paola Escobar Polo, contra la sentencia proferida el 11 de junio de 2025 por la Sala 005
del Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del proceso de reparación directa con
radicado núm. 47-001-33-33-004-2019-00225-01.
SÍNTESIS1
Los accionantes cuestionan la sentencia proferida el 11 de junio de 2025 por la Sala 005
del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual modificó la sentencia
anticipada del 25 de octubre de 2022 proferida por el Juzgado 4º Administrativo del
Circuito de Santa Marta que declaró la caducidad de la acción, y en su lugar, declaró
probada la excepción de caducidad únicamente respecto a las pretensiones derivadas
del desplazamiento forzado y negó las relacionadas con la desaparición forzada. La Sala
negará el amparo solicitado porque la sentencia cuestionada no incurrió en ninguno de
los defectos alegados por los accionantes.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. Los señores Carmen Judith Hurtado Gutiérrez, Fabio Enrique Polo Hurtado, Roberto
Fabio Polo Hurtado, Marcio Polo Hurtado, Hilda Graciela Polo Pérez, Olga Beatriz Polo
Pérez, Yadira Isabel Polo Pérez, Yomaide Judith Polo de León, Máximo José Polo
Pérez, Milagros de Jesús López Polo, Neila Beatriz López Polo, Natalia Andrea Isabel
Moreno Polo, Víctor David de León Polo, Katty Margarita de León Polo, Doris Katerine
de León Polo, José Rafael López Polo, Hamilton Eleazar López Polo y Liliana Paola
Escobar Polo, por conducto de apoderada judicial, promovieron acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Magdalena, Sala 005, con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad, verdad y reparación integral, que estiman vulnerados con ocasión de
la sentencia proferida el 11 de junio de 2025 dentro del proceso de reparación directa
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Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defecto sustantivo / Caducidad de la reparación
directa por desplazamiento forzado / Defecto fáctico / Desconocimiento del precedente / Control de
convencionalidad / Se niega el amparo.
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Accionantes: Carmen Judith Hurtado Gutiérrez y otros
Se niega el amparo
con radicación 47-001-33-33-004-2019-00225-01.
2. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):
“PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 11 de junio de 2025, en su fallo.
Declarar probada la caducidad para la excepción de caducidad del medio de control de
Reparación Directa propuesta por Carmen Hurtado Gutiérrez y otros contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional y Ejercito Nacional y otros en lo relativo al
Desplazamiento Forzado, por las razones expuestas en la parte motiva del presente
proveído.”
“SEGUNDO: REVOCAR:
Negar las suplicas de la demanda en lo relativo a los perjuicios perseguidos con ocasión
a la desaparición forzada del señor ROBERTO POLO PEREZ (QEPD), de conformidad
con lo razonado supra.
Se de aplicación a la normativa actual al momento de presentación del medio de control
de reparación directa para el año 2019, dada la línea de argumentación transcrita por el
apoderado, que tiene como fundamento los principios de legalidad y confianza legítima,
así como el mandato de tutela judicial efectiva.
SU -035 del 2018-La sentencia del 28 de agosto de 2014 (32988), unificó criterio de
indemnizaciones de perjuicios inmateriales, en esta decisión también advirtió que en
Colombia las graves violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH, suelen
ocurrir en zonas apartadas y en contexto de impunidad, lo que sitúa a las víctimas en
condiciones de debilidad manifiesta que, en muchos casos trasciende el ámbito
procesal, dificultando así como ocurrieron los hechos, por lo cual, tutelando los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia de los accionantes, para los
casos específicos, Homicidio en persona protegida por el DIH, Desaparición Forzada,
Desplazamiento Forzado, Graves Violaciones a Derechos Humanos.
Solicito se le de aplicación a las normas y jurisprudencias de la Convención Americana
de Derechos Humanos y el DIH, en el contexto de conflicto armado en Colombia.
Sentencia: Radicado11001-03-15-000-2025-02891-00. M.P. MYRIAN STELLA
GUTIERREZ ARGUELLO” 2.
B. Hechos
3.De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud
de amparo son los siguientes:
4. El 25 de octubre de 1999, el señor Roberto Polo Pérez se desplazaba en un vehículo
de servicio público hacia su lugar de residencia cuando fue retenido por integrantes del
grupo armado organizado al margen de la ley denominado Frente Pivijay o Thomas
Freilen Guillén del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el
sector conocido como “La Vuelta del Indio”, ubicado entre los municipios de Salamina y
Pivijay (Magdalena).
5. Según la versión libre rendida el 2 de junio de 2011 ante el Despacho 31 de Justicia
y Paz por Dany Daniel Velásquez Madera, alias “José” o “Más Cabeza”, integrantes del
Frente Pivijay o Thomas Freilen Guillén del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) obligaron al señor Roberto Polo Pérez a descender del vehículo en
el que se movilizaba, lo golpearon y posteriormente lo trasladaron al interior de una
finca, donde fue asesinado y desmembrado. Asimismo, indicó que el cuerpo fue
sepultado en un lugar cuya ubicación no ha sido determinada.
6. EL 19 de junio de 2019, los hoy accionantes promovieron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional y otras entidades, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios
que afirman haber sufrido con ocasión de la desaparición forzada de Roberto Polo Pérez
y del desplazamiento forzado de sus familiares, quienes corresponden a los
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Índice 2 Samai.
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Accionantes: Carmen Judith Hurtado Gutiérrez y otros
Se niega el amparo
demandantes dentro del proceso de reparación directa.
7.Mediante sentencia anticipada del 25 de octubre de 2022, el Juzgado 4º
Administrativo del Circuito de Santa Marta declaró probada la excepción de caducidad
del medio de control de reparación directa.
8. El 27 de octubre de 2022, los demandantes interpusieron recurso de apelación, en el
que sostuvieron, entre otros aspectos, que el juzgado omitió realizar un control de
convencionalidad; valoró de manera insuficiente el material probatorio obrante en el
expediente, particularmente las actuaciones surtidas ante Justicia y Paz, y no hizo uso
de sus facultades probatorias oficiosas pese a tratarse de un asunto relacionado con
graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
9. Mediante sentencia del 11 de junio de 2025, la Sala 005 del Tribunal Administrativo
del Magdalena modificó parcialmente la decisión de primera instancia. Por una parte,
declaró probada la excepción de caducidad respecto de las pretensiones derivadas del
desplazamiento forzado; y, por otra, confirmó la negativa de las pretensiones
relacionadas con la desaparición forzada, al estimar que no existían elementos de
prueba suficientes para demostrar la participación o la omisión de las entidades
demandadas en los hechos.
C. Fundamentos de la vulneración
10. Los accionantes sostienen que la sentencia del 11 de junio de 2025, proferida por la
Sala 005 del Tribunal Administrativo del Magdalena, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia,
reparación integral y verdad.
11. En particular, afirman que la providencia incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, al aplicar a su caso la regla fijada por la sentencia de unificación del Consejo de
Estado de 29 de enero de 2020.
12. Sostienen que la demanda de reparación directa fue presentada en el año 2019, al
amparo de la jurisprudencia vigente para ese momento, conforme a la cual la caducidad
no opera frente a pretensiones derivadas de crímenes de lesa humanidad y graves
violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, indican que la sentencia del
Consejo de Estado modificó dicho entendimiento, sin establecer expresamente sus
efectos temporales, por lo que su aplicación a procesos iniciados con anterioridad
desconoce los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y tutela judicial
efectiva.
13. Agregan que el propio Consejo de Estado, mediante sentencia de 30 de abril de 2021
(expediente 04068, M.P. Ramiro Pazos Guerrero), se apartó de la referida unificación
por razones de convencionalidad, y citan la Sentencia SU-439 de 2024 de la Corte
Constitucional como respaldo de su posición.
14. Atribuyen a la sentencia cuestionada un defecto fáctico en su dimensión negativa,
porque no ejerció las facultades probatorias oficiosas pese a tratarse de un caso de
desaparición forzada y presuntas graves violaciones a los derechos humanos.
15. Alegan que la autoridad judicial accionada negó las pretensiones por insuficiencia
probatoria sin desplegar una actividad probatoria reforzada orientada a superar las
dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a los elementos de convicción
necesarios para acreditar la eventual responsabilidad estatal. En apoyo de este cargo
invocan la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 5 de septiembre de 2025,
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Se niega el amparo
con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, en la que se ordenó
proferir una nueva decisión aplicando estándares de flexibilización probatoria en
asuntos de similares características.
16. Señalan la existencia de un defecto fáctico en su dimensión positiva, porque el
tribunal realizó una valoración irrazonable del material probatorio al concluir que los
demandantes contaban con información suficiente para promover oportunamente la
acción.
17. Aducen que la autoridad judicial dejó de considerar que la desaparición forzada
constituye una conducta de ejecución permanente mientras no aparezcan los restos de
la víctima; que los familiares actuaron bajo condiciones de desplazamiento, temor y
vulnerabilidad que dificultaban el acceso a la administración de justicia; y que las
actuaciones surtidas ante Justicia y Paz no permitieron esclarecer plenamente los
hechos ni determinar el paradero del cuerpo. Por ello, estiman que no podía afirmarse
que el daño hubiera cesado ni que existiera certeza suficiente para ejercer la acción
judicial.
18. Finalmente, consideran que el tribunal desconoció el bloque de constitucionalidad y
del deber de control de convencionalidad, al abstenerse de confrontar las disposiciones
internas sobre caducidad con los estándares derivados de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas, el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. En particular, invocan los casos Órdenes Guerra vs. Chile,
Masacre de Mapiripán vs. Colombia y 19 Comerciantes vs. Colombia, para sostener que
el carácter permanente de la desaparición forzada y la especial gravedad de estas
conductas impiden que la caducidad sea utilizada como un obstáculo para el acceso a
la administración de justicia y la reparación de las víctimas.
D. Trámite procesal
19. Mediante auto del 5 de diciembre de 20253, el entonces magistrado ponente Alberto
Montaña Plata admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Despacho 005 del
Tribunal Administrativo del Magdalena para que rindiera el informe previsto en el artículo
19 del Decreto 2591 de 1991. Igualmente, dispuso vincular al Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta, a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, la Armada
Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Departamento del Magdalena y el
Municipio de Pivijay, como terceros con interés en el asunto.
20. El 26 de febrero de 20264 el magistrado Alberto Montaña Plata registró proyecto de
decisión, el cual fue derrotado en la Sala de la Subsección de 26 de febrero de 2026.
21. Mediante auto del 19 de marzo de 20265, la presente acción de tutela fue asignada a
este despacho para su trámite y decisión.
E. Oposiciones e intervenciones
22. El Tribunal Administrativo del Magdalena - Despacho 0056 solicitó denegar el amparo
invocado. Explicó que su actuación se limitó al ejercicio de la función jurisdiccional al
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Índice 4 Samai.
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Índice 22 Samai.
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Índice 23 Samai.
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resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado
4º Administrativo del Circuito de Santa Marta, sin que en dicho trámite se hubiera
vulnerado garantía fundamental alguna de los accionantes. Precisó que la providencia
cuestionada declaró la caducidad del medio de control respecto de las pretensiones
derivadas del desplazamiento forzado, por considerar que los hechos ocurrieron en
1999 y la demanda fue promovida solamente hasta 2019.
23. Igualmente, indicó que negó las pretensiones relacionadas con la desaparición
forzada ante la insuficiencia del material probatorio aportado por la parte demandante
para acreditar la participación o la omisión de las entidades demandadas. Finalmente,
sostuvo que la tutela refleja únicamente la inconformidad de los accionantes con la
decisión adoptada por el juez natural y busca convertir la acción de amparo en una
instancia adicional de revisión de la controversia.
24. La Policía Nacional7 solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva. Manifestó que no ejerce funciones
jurisdiccionales ni tiene competencia para decidir sobre la admisión, trámite o resolución
de los medios de control contencioso-administrativos. Indicó que el Tribunal
Administrativo del Magdalena es una autoridad perteneciente a la Rama Judicial,
autónoma e independiente de la estructura orgánica de la Policía Nacional, de modo
que los hechos y pretensiones planteados en la demanda de tutela no guardan relación
con las funciones constitucionales y legales asignadas a dicha institución.
25. El Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional8, solicitó su desvinculación del
trámite constitucional y, en subsidio, la negativa del amparo reclamado. Sostuvo que
carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados se atribuye exclusivamente a la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena - Despacho 005, autoridad judicial
accionada en esta oportunidad.
26. Agregó que la institución militar no intervino en la expedición de la providencia
cuestionada ni tiene competencia sobre las actuaciones de la Rama Judicial, por lo que
no puede ser responsabilizada por los hechos que fundamentan la solicitud de tutela.
Asimismo, señaló que la acción de tutela no satisface los requisitos excepcionales de
procedencia contra providencias judiciales y que los accionantes pretenden utilizar este
mecanismo para reabrir una controversia que ya fue resuelta por el juez natural.
27. El Juzgado 4º Administrativo del Circuito de Santa Marta, la Armada Nacional, el
Departamento del Magdalena y el Municipio de Pivijay no rindieron informe dentro del
término concedido.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
28. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer y decidir la presente acción de tutela promovida por los señores Carmen Judith
Hurtado Gutiérrez y otros contra el Tribunal Administrativo del Magdalena - Despacho
005, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y el Acuerdo 80 de 2019.
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Índice 19 Samai.
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Índice 12 Samai.
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G. Sentido de la decisión
29. La Sala negará el amparo solicitado porque la sentencia cuestionada no incurrió en
ninguno de los defectos alegados por los accionantes.
H. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
30. La presente acción de tutela cumplió con los requisitos generales de procedencia9,
por cuanto:
31. i) la cuestión planteada tiene relevancia constitucional, en tanto los accionantes
alegan la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, verdad y reparación integral, como consecuencia
de los presuntos defectos sustantivo y fáctico, del desconocimiento del precedente
judicial y del desconocimiento del bloque de constitucionalidad y del deber de control de
convencionalidad en que habría incurrido la sentencia proferida el 11 de junio de 2025
por la Sala 005 del Tribunal Administrativo del Magdalena;
32. ii) se encuentra acreditado que los accionantes agotaron los mecanismos judiciales
ordinarios de defensa a su alcance, pues la controversia fue sometida al conocimiento
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio de control de
reparación directa con radicado núm. 47-001-33-33-004-2019-00225-01, el cual culminó
con la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de junio de 2025 por la Sala 005
del Tribunal Administrativo del Magdalena, providencia frente a la cual no procedía
recurso ordinario alguno;
33. iii) se cumple el requisito de inmediatez, debido a que la providencia cuestionada fue
proferida el 11 de junio de 2025 y la presente acción de tutela fue promovida el 5 de
diciembre de 2025, término que la Sala considera razonable y proporcionado. Este
requisito, según la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, exige que la acción de tutela se interponga dentro de un plazo oportuno y
cercano al hecho presuntamente vulnerador de los derechos fundamentales, de manera
que se preserve la finalidad inmediata y efectiva del mecanismo constitucional;
34. iv) los accionantes identificaron de manera clara los hechos que consideran lesivos
de sus derechos fundamentales, los derechos presuntamente vulnerados y las razones
por las cuales estiman configurados los defectos específicos de procedibilidad
invocados;
35. v) la providencia controvertida no fue proferida dentro de un trámite de tutela.
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Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
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I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
36. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela contra
providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre que se configure, al
menos, una de las siguientes causales especiales: i) defecto orgánico; ii) defecto
procedimental; iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión
sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de la
Constitución.
37. En el asunto sub iudice, los accionantes cuestionan la sentencia proferida el 11 de
junio de 2025 por la Sala 005 del Tribunal Administrativo del Magdalena, al considerar
que incurrió en defecto sustantivo, defecto fáctico, desconocimiento del precedente
judicial y desconocimiento del bloque de constitucionalidad y del deber de control de
convencionalidad. Por esa razón, la Sala expondrá el contenido y alcance de cada una
de las causales invocadas, con el fin de delimitar el objeto de la controversia
constitucional y determinar si la providencia cuestionada vulneró los derechos
fundamentales alegados.
38. Respecto del defecto sustantivo10 se presenta cuando la autoridad judicial aplica
una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es,
u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.
39. En el caso concreto, los accionantes sostienen que este defecto se configuró porque
el Tribunal Administrativo del Magdalena aplicó la regla jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020 para resolver
una demanda presentada en 2019, desconociendo, en su criterio, los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.
40. Sobre el defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del
material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”11.
41. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto fáctico puede presentarse
en una dimensión negativa o en una dimensión positiva. La primera se configura cuando
el juez omite decretar, practicar o valorar pruebas relevantes para la resolución de la
controversia, o cuando se abstiene de ejercer facultades probatorias indispensables
para el esclarecimiento de los hechos. La segunda se presenta cuando la autoridad
judicial otorga alcance decisivo a elementos de convicción que no lo merecen, valora
las pruebas de manera arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable, o extrae de
ellas conclusiones que no encuentran respaldo objetivo en el expediente12.
42. Los accionantes afirman que el defecto fáctico en su dimensión negativa se configuró
porque el tribunal omitió ejercer sus facultades probatorias oficiosas pese a encontrarse
frente a un caso de desaparición forzada y graves violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, sostienen que el defecto fáctico en su dimensión positiva se presentó porque
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-264 de 2009,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SU-355 de 2017, M.P. (E) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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la autoridad judicial valoró de manera irrazonable el material probatorio al concluir que
los demandantes contaban con información suficiente para promover oportunamente la
acción judicial y al no otorgar relevancia a las condiciones de vulnerabilidad,
desplazamiento e incertidumbre alegadas por las víctimas.
43. El desconocimiento del precedente se configura cuando el juez ignora o se aparta
de la subregla de derecho fijada por la Corte Constitucional o por el órgano de cierre
competente para resolver un problema jurídico específico. La fuerza vinculante no deriva
simplemente del tránsito a cosa juzgada de la providencia, sino de la obligatoriedad de
la ratio decidendi, la cual constituye un parámetro de interpretación constitucional de
obligatorio cumplimiento para todos los jueces, en aras de garantizar la igualdad, la
seguridad jurídica y la coherencia de las decisiones judiciales13.
44. Lo anterior se fundamenta en el principio de supremacía constitucional y en la
necesidad de asegurar la uniformidad y previsibilidad de las decisiones judiciales. En
consecuencia, corresponde a los jueces aplicar las reglas jurisprudenciales definidas
para asuntos semejantes o, en caso de apartarse de ellas, exponer de manera suficiente
y razonada las razones que justifican dicha decisión14.
45. En el presente asunto, los accionantes consideran que este defecto se configuró
porque el tribunal se apartó de la jurisprudencia que, a su juicio, garantiza un acceso
reforzado a la justicia para las víctimas de desaparición forzada y graves violaciones a
los derechos humanos, y porque aplicó la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020 sin considerar otros pronunciamientos que se han separado de dicha tesis por
razones de convencionalidad.
46. Finalmente, el desconocimiento del bloque de constitucionalidad y del deber de
control de convencionalidad se configura cuando la autoridad judicial adopta una
decisión incompatible con las normas constitucionales o con los instrumentos
internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad, o
cuando omite interpretar y aplicar el derecho interno de manera armónica con las
obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano. En ese sentido, los
jueces están obligados a verificar la compatibilidad de las normas y actuaciones
sometidas a su conocimiento con la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del
ámbito de sus competencias y atendiendo las particularidades de cada caso15.
47. Los accionantes sostienen que este defecto se configuró porque el tribunal no
confrontó las reglas internas sobre caducidad con los estándares derivados de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, los cuales, en su criterio, imponían una
interpretación más favorable al acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral de
las víctimas.
J. Caso concreto
48. En el presente asunto, los accionantes cuestionan la sentencia proferida el 11 de
junio de 2025 por la Sala 005 del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la
13
Corte Constitucional, sentencias SU-354 de 2017, M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; SU-273
de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera; SU-121 de 2022, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Corte Constitucional, sentencias C-539 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SU-354 de 2017, M.P.
(e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
15
Corte Constitucional, sentencias SU-061 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-360 de 2021, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado; C-252 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Se niega el amparo
cual se declaró probada la excepción de caducidad respecto de las pretensiones
derivadas del desplazamiento forzado y se negaron las relacionadas con la desaparición
forzada del señor Roberto Polo Pérez, al considerar que dicha providencia incurrió en
defecto sustantivo, defecto fáctico en sus dimensiones positiva y negativa, el
desconocimiento del precedente judicial y el desconocimiento del bloque de
constitucionalidad y del deber de control de convencionalidad.
49. La Sala no encuentra acreditados los defectos invocados por los accionantes, por lo
que pasa a explicarse.
50. En relación con el defecto sustantivo, la inconformidad de los accionantes se dirige,
esencialmente, contra la interpretación jurídica efectuada por el tribunal respecto del
régimen de caducidad aplicable al medio de control de reparación directa y,
particularmente, contra la aplicación de la regla jurisprudencial fijada por la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado a una
demanda promovida en junio de 2019. Según los accionantes, dicha interpretación
desconoció los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y tutela judicial
efectiva.
51. Sin embargo, la Sala advierte que esa regla jurisprudencial, al no haber modulado
expresamente sus efectos temporales, opera de manera general e inmediata, esto es,
retrospectivamente y era de obligatoria aplicación para el tribunal al momento de
resolver el recurso de apelación el 11 de junio de 2025, con independencia de la fecha
de presentación de la demanda. No se advierte, en consecuencia, la aplicación de una
norma inexistente, derogada o manifiestamente inaplicable, ni la omisión de una
disposición obligatoria. Por el contrario, el tribunal acató el precedente unificado del
órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa, actuación que no puede
calificarse de arbitraria ni constitutiva de un defecto sustantivo.
52. A lo anterior se agrega que, aun si se acudiera al precedente constitucional especial
en materia de desplazamiento forzado contenido en la sentencia SU-254 de 2013 de la
Corte Constitucional, el resultado sería idéntico. En efecto, dicha sentencia quedó
ejecutoriada el 23 de mayo de 2013 y, conforme a la regla fijada en esa providencia, el
término para promover la acción indemnizatoria respecto del desplazamiento forzado
debía contabilizarse a partir de esa fecha. En consecuencia, los demandantes contaban
con dos años para acudir a la jurisdicción, plazo que venció el 23 de mayo de 2015. Sin
embargo, la demanda fue presentada el 19 de junio de 2019.
53. Sin embargo, la demanda de reparación directa fue radicada el 19 de junio de 2019,
esto es, más de cuatro (4) años después del vencimiento de dicho término, sin que los
accionantes alegaran o acreditaran circunstancias concretas que hubieran impedido
materialmente el ejercicio de la acción durante ese período. La circunstancia de que los
accionantes discrepen de la interpretación acogida por el tribunal no convierte por sí
sola dicha decisión en una providencia arbitraria o constitutiva de un defecto sustantivo,
pues la acción de tutela no constituye una instancia adicional destinada a sustituir al
juez natural en la interpretación del ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto.
54. Tampoco se encuentra configurado el defecto fáctico en su dimensión negativa. Los
accionantes sostienen que el tribunal omitió ejercer sus facultades probatorias oficiosas
pese al contexto de desaparición forzada y graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la Sala advierte que ese argumento no fue formulado en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, pese a que los
demandantes contaban con la oportunidad procesal para poner de presente la
necesidad de decretar pruebas oficiosas adicionales o cuestionar la actividad probatoria
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Accionantes: Carmen Judith Hurtado Gutiérrez y otros
Se niega el amparo
desplegada por el juez de conocimiento. En tales condiciones, no es posible trasladar
al escenario constitucional una discusión que no fue oportunamente promovida ante el
juez natural.
55. En todo caso, el deber reforzado del juez de flexibilizar los estándares probatorios en
casos de graves violaciones a los derechos humanos no equivale a construir la teoría
del caso que la parte actora omitió desarrollar. En el proceso ordinario, los demandantes
se limitaron a formular consideraciones generales relacionadas con el control de
convencionalidad, sin identificar de manera concreta cuáles eran las pruebas que
debían recaudarse ni cuáles actuaciones estatales específicas permitían inferir la
participación o la omisión de las entidades demandadas. La facultad probatoria oficiosa
opera para complementar un acervo probatorio insuficiente, no para suplir su ausencia
absoluta.
56. De igual forma, no se acredita la existencia de un defecto fáctico en su dimensión
positiva, toda vez que el tribunal valoró el material probatorio disponible, entre este, la
denuncia presentada por los familiares, la certificación sindical allegada al expediente y
la versión libre rendida por Dany Daniel Velásquez Madera dentro del proceso de
Justicia y Paz, y concluyó que tales elementos no permitían acreditar que las
autoridades hubieran tenido conocimiento previo de un riesgo específico contra Roberto
Polo Pérez ni que hubieran incumplido un deber concreto de protección.
57. De tal forma que la conclusión a la que arribó el tribunal accionado es razonada y
encuentra sustento en el material probatorio obrante en el expediente y, de modo tal
que no puede calificarse como arbitraria o caprichosa.
58. Respecto de la caducidad de las pretensiones relacionadas con el desplazamiento
forzado, el tribunal tuvo por acreditado el reasentamiento de los demandantes con
fundamento en hechos reconocidos por ellos mismos dentro de la demanda ordinaria.
En efecto, señaló que el desplazamiento ocurrido en 1999 finalizó cuando los
demandantes fueron acogidos en las ciudades de Santa Marta y Barranquilla, donde se
asentaron definitivamente. Asimismo, destacó que, al menos desde el 2 de junio de
2011, los actores contaban con información suficiente para acudir a la administración
de justicia, fecha en la que tuvieron conocimiento de la versión libre rendida por Dany
Daniel Velásquez Madera ante Justicia y Paz.
59. Adicionalmente, advirtió que en el recurso de apelación no se aportó prueba alguna
encaminada a demostrar la persistencia de obstáculos materiales que hubieran
impedido el acceso a la administración de justicia con posterioridad a dicho
reasentamiento. Aunque los accionantes proponen una lectura distinta del acervo
probatorio, ello no permite concluir que la apreciación realizada por el tribunal hubiera
sido arbitraria, irrazonable o abiertamente contraria a las pruebas recaudadas.
60. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, la Sala observa que los
accionantes no demuestran la existencia de una regla jurisprudencial específica, vigente
y obligatoria que hubiera sido desconocida por el tribunal al resolver el caso concreto.
Su argumentación se dirige a sostener que la autoridad judicial debió otorgar
prevalencia a determinados pronunciamientos que se han apartado de la tesis
mayoritaria por razones de convencionalidad, así como a la sentencia SU-439 de 2024
de la Corte Constitucional.
61. Sinembargo, los salvamentos de voto no contienen una regla jurisprudencial
vinculante, por lo tanto tampoco constituyen un precedente que deba ser tenido en
cuenta por el juez de lo contencioso administrativo.
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Accionantes: Carmen Judith Hurtado Gutiérrez y otros
Se niega el amparo
62. Ahora bien, en cuanto a la inobservancia de las reglas contenidas en la sentencia
SU-439 de 2024, los accionantes no explican de qué manera su ratio decidendi
resultaba directamente aplicable al caso objeto de estudio ni demuestran que el tribunal
hubiera desconocido una regla constitucional específica derivada de dicha providencia.
En consecuencia, no se configura el desconocimiento del precedente judicial alegado
por los accionantes.
63. Tampoco tienen asidero los reproches relacionados con el desconocimiento del
bloque de constitucionalidad y del deber de control de convencionalidad.
64. La providencia cuestionada abordó expresamente dicho planteamiento y concluyó
que la ausencia de elementos probatorios que acreditaran la participación u omisión de
las entidades demandadas impedía estructurar un juicio de responsabilidad estatal en
los términos pretendidos por los demandantes. Esta conclusión no resulta incompatible
con los estándares convencionales invocados.
65. El control de convencionalidad obliga a interpretar y aplicar el ordenamiento interno
de manera compatible con los compromisos internacionales del Estado, pero no releva
a la parte demandante de acreditar los supuestos fácticos mínimos sobre los cuales
descansa la imputación cuya declaración pretende obtener. Los accionantes no
demuestran que la respuesta ofrecida por el tribunal sea arbitraria o manifiestamente
contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos; simplemente expresan su desacuerdo
con ella, lo que resulta insuficiente para estructurar una vulneración constitucional.
66. En síntesis, la Sala advierte que los argumentos expuestos en la demanda de tutela
reflejan la inconformidad de los accionantes con las conclusiones jurídicas y probatorias
alcanzadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena en ejercicio de su autonomía
e independencia judicial. Los reparos formulados pretenden que el juez constitucional
reexamine el alcance de las pruebas, determine nuevamente la configuración de la
caducidad y adopte una solución distinta a la definida por el juez natural dentro de un
proceso que contó con las garantías propias del debido proceso. No corresponde al juez
de tutela determinar cuál de las interpretaciones posibles del ordenamiento jurídico es
la más adecuada, sino verificar si la escogida por la autoridad judicial resulta arbitraria,
caprichosa o manifiestamente incompatible con la Constitución, circunstancia que no se
evidencia en el presente asunto.
67. En consecuencia, al no encontrarse acreditados los defectos específicos de
procedibilidad invocados por los accionantes ni evidenciarse una vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, verdad o reparación integral, la Sala negará el amparo solicitado.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por los señores Carmen Judith Hurtado
Gutiérrez, Fabio Enrique Polo Hurtado, Roberto Fabio Polo Hurtado, Marcio Polo
Hurtado, Hilda Graciela Polo Pérez, Olga Beatriz Polo Pérez, Yadira Isabel Polo Pérez,
Yomaide Judith Polo de León, Máximo José Polo Pérez, Milagros de Jesús López Polo,
Neila Beatriz López Polo, Natalia Andrea Isabel Moreno Polo, Víctor David de León Polo,
Katty Margarita de León Polo, Doris Katherine de León Polo, José Rafael López Polo,
Hamilton Eleazar López Polo y Liliana Paola Escobar Polo, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
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Accionantes: Carmen Judith Hurtado Gutiérrez y otros
Se niega el amparo
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto
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