Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07660-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07660-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07660-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
9 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07660-01
Demandante: Luis Alfredo Cogollo Rueda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 9 de abril de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07660-01
Demandante: LUIS ALFREDO COGOLLO RUEDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN.
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Retiro de policía por llamamiento a
calificar servicios. Defecto fáctico y sustantivo. Improcedencia de la
acción de tutela. Relevancia constitucional y subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 29
de enero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 1 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Luis Alfredo Cogollo Rueda pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de
justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 28
de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Decisión, que confirmó la decisión de primera instancia de denegar las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-020-
2016-00074-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Tutélense mis Derechos Fundamentales al debido proceso administrativo y probatorio, a la
igualdad, a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado como el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, revóquese la sentencia de segunda instancia de fecha
mayo 28 de 2025 proferida por la Sala Segunda de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
dentro del proceso con radicado No. 05001-33-33-020-2016-00074-01 que confirmó la sentencia de
primera instancia de fecha noviembre 18 de 2019 proferida por el juzgado 20 Administrativo oral del
Circuito de Medellín dentro del proceso con radicado No. 05001-33-33-020-2016-00074-00 por haber
incurrido en defecto fáctico y sustantivo conforme a los fundamentos planteados en el acápite de hechos
que generaron la vulneración.
TERCERA: En consecuencia, ordénese al despacho impugnado se expida una nueva sentencia acorde
a los derechos fundamentales amparados.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Demandante: Luis Alfredo Cogollo Rueda
Manifestó el tutelante que el 17 de septiembre de 1986 ingresó como alumno a la Escuela
de Policía Rafael Reyes. Que a partir del 10 de febrero de 1987 fungió como agente de
la Policía Nacional y que, posteriormente, fue ascendido hasta el grado de teniente
coronel.
El 1 de julio de 2015, a través de la Resolución 5504, se retiró al actor del servicio activo,
por llamamiento a calificar servicios.
Por lo anterior, el señor Luis Alfredo Cogollo Rueda promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que
se declarara la nulidad de la Resolución 5504 del 1 de julio de 2015. A título de
restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara su reintegro al servicio activo de la
Policía Nacional y su ascenso al grado de coronel o al que ocuparan sus compañeros de
promoción; que se declarara que no hubo solución de continuidad; que se ordenara el
pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir; que se le reconocieran perjuicios
morales por la suma de 10 SMLMV y que se condenara en costas a la entidad
demandada.
Explicó que la resolución demandada fue expedida con base en varios actos
preparatorios que tenían vicios invalidantes que repercutían necesariamente en la
decisión de retiro del servicio, a saber: acta 007 del 9 y 10 de junio de 2014, junta de
evaluación y clasificación; acta 002 del 11 de junio de 2014, junta general; acta 020 del
12 de junio de 2014, junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional;
acta 02 del 4 de septiembre de 2014, junta asesora del Ministerio de Defensa para la
Policía Nacional y acta 006 del 31 de marzo de 2015, junta asesora del Ministerio de
Defensa para la Policía Nacional.
Que, en consecuencia, la Resolución 5504 del 1 de julio de 2015 era contraria a la
Constitución y la ley, había incurrido en desviación de poder, en falsa motivación y vulneró
su derecho al debido proceso administrativo, a la defensa y a la igualdad.
La demanda se adelantó bajo el radicado 05001-33-33-020-2016-00074-00 y
correspondió al Juzgado Veinte Administrativo de Medellín que, por sentencia del 18 de
noviembre de 2019, denegó las pretensiones al considerar que, de acuerdo con la
sentencia SU-217 de 2016 dictada por la Corte Constitucional, la causal de retiro
denominada llamamiento a calificar servicios procuraba la renovación del personal de la
Policía Nacional y que podía aplicarse cuando se constatara el cumplimiento del tiempo
mínimo de servicio a la institución, con lo que el uniformado podía ser acreedor de una
asignación mensual de retiro.
Que el llamamiento a calificar servicios no requería motivación, que el hecho de que las
juntas hubieren decidido llamar al actor a calificar servicio no constituía una decisión
transgresora de la ley, porque la estructura piramidal de la institución conllevaba que no
todos sus miembros pudieran llegar a la cúspide, lo que justificaba el llamamiento a
calificar servicios.
Que la decisión de retiro por llamamiento a calificar servicios no podía ser entendida como
una sanción. Que la entidad tenía razones justificadas en la ley para el retiro del
uniformado. Que no se habían probado las causales de nulidad de falsa motivación y
desviación de poder.
Que el Ministerio de Defensa sí tenía facultades para retirar del servicio al señor Cogollo
Rueda porque, mediante el Decreto 1338 de 2015, el Gobierno Nacional le había
delegado esa función. Que, en consecuencia, no se había desvirtuado la presunción de
legalidad de la resolución demandada.
Inconforme, el demandante apeló y manifestó que se había realizado una interpretación
opuesta a la ley y que se desconocieron pruebas aportadas al expediente.
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Que la entidad no tuvo en cuenta las vacantes que se encontraban disponibles para tomar
la decisión de retiro.
Que las actas de las juntas contenían errores e información falsa.
Que la selección de oficiales para ascenso era una facultad discrecional, pero que no
podía constituir actuaciones arbitrarias.
Que no se valoró su trayectoria ni se realizó una clasificación adecuada de los oficiales
aspirantes.
Que su retiro del servicio se había producido por información anónima en su contra y que
su retiro no mejoró el servicio y, por el contrario, lo empeoraba.
Por sentencia del 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Decisión, confirmó la providencia apelada, básicamente por las mismas
consideraciones del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en los siguientes vicios de
fondo:
Defecto sustantivo porque: i) el problema jurídico de la sentencia acusada no
correspondía a las alegaciones de la demanda ni a los argumentos del recurso de
apelación presentado contra la sentencia del 18 de noviembre de 2019, porque esa
providencia se había propuesto interrogar si el acto demandado carecía de motivación
por no haber tenido en cuenta su trayectoria profesional, con lo que se le restó
importancia a lo que verdaderamente se cuestionaba, que era el procedimiento previo a
la expedición de la Resolución 5504 del 1 de julio de 2015.
Dijo que el tribunal demandado no resolvió el problema jurídico que propuso, que estaba
relacionado con la vulneración al debido proceso por falsa motivación, abuso o desviación
de poder, expedición irregular del acto demandado, la transgresión del derecho a la
igualdad y la configuración de los defectos fáctico y sustantivos en los que había incurrido
el juez de instancia. Que en ningún momento alegó un cargo por falta de motivación de
la Resolución 5504 del 1 de julio de 2015.
Que, si bien era cierto que la Policía Nacional no tuvo en cuenta su trayectoria profesional
para retirarlo del servicio, ese no era el único asunto alegado en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Que sí había aducido falta de motivación, pero de las juntas de evaluación y clasificación
del 9 y 10 de junio de 2014, así como de la junta asesora del 12 de junio de 2014, por
cuanto las funciones de esas juntas estaban regladas y no podían decidir en
desconocimiento de los procedimientos legalmente establecidos.
Señaló que en esas juntas no se clasificó para los oficiales aspirantes al curso de ascenso
y que se tomaron decisiones sin tener en cuenta esas clasificaciones, que, además,
recomendaron a cinco oficiales que no habían sido incluidos en el grupo inicial de
promovidos sin justificación. Que esas decisiones no se dictaban conforme a una facultad
discrecional, sino que debían estar acordes a las normas legales.
Que en su caso no hubo clasificación, con lo que las juntas no contaban con elementos
para realizar las correspondientes recomendaciones. No era cierto lo afirmado por el
tribunal demandado cuando dijo que el retiro de los oficiales y suboficiales estaba
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regulado por el Decreto 1791 del 2000, porque desde el 26 de diciembre de 2003, el retiro
de los oficiales de la Policía Nacional estaba regulado por la Ley 857.
Que, por lo anterior, se desconoció que el inciso 4 del artículo 1 de la Ley 857 de 2003
dispuso un requisito importante, relacionado con que el retiro de los oficiales de la Policía
Nacional debía someterse al concepto previo de la junta asesora del Ministerio de
Defensa Nacional. Que ese requisito en su caso no se había cumplido en debida forma.
Que, adicionalmente, el Decreto 1791 de 2000 no era al que se debía acudir para verificar
los requisitos que hacen acreedor a un oficial de la asignación de retiro, sino el Decreto
1157 de 2004. Que, en consecuencia, el Decreto 1791 del 2000 no debió ser aplicado en
su caso.
Defecto fáctico porque el tribunal demandado solo consideró como prueba relevante la
resolución demandada, el acta 006 del 31 de marzo de 2015 y su hoja de vida. Manifestó
que en la providencia acusada no se valoró el acta 007 del 31 de marzo de 2015, que
determinaba la expedición irregular de la resolución demandada, y que tampoco se tuvo
en cuenta el acta 009 del 10 de junio de 2014.
5. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión,
ponente de la providencia cuestionada, pidió que se denegaran las pretensiones de la
acción de tutela, porque no se evidencia la configuración de los defectos alegados; la
sentencia del 28 de mayo de 2025 estuvo debidamente motivada legal y fácticamente y
no transgredió los derechos fundamentales del demandante.
Sostuvo que la sentencia acusada se fundamentó en el análisis de la normativa aplicable
y el precedente vinculante de la Corte Constitucional fijado en las sentencias SU-217 de
2016, SU-237 de 2019, C-253 de 2003 y SU-91 de 2016, así como de los
pronunciamientos del Consejo de Estado.
Que el retiro del servicio del demandante se ajustó al marco normativo y la jurisprudencia
aplicable, en tanto se fundamentó en la causal legal de llamamiento a calificar servicio,
prevista en los artículos 54, 55 y 57 del Decreto 1791 del 2000 y 1, 2 y 3 de la Ley 857
de 2003. Que esa causal constituía una potestad discrecional reglada, por cuanto para
su ejercicio solo se requería el cumplimiento de unos presupuestos que buscaban
garantizar la renovación del personal uniformado, la movilidad de la estructura jerárquica
de la entidad y el relevo generacional, sin que ello implicara sanción o trato degradante.
Que los argumentos del tutelante carecían de sustento, debido a que la jurisprudencia ha
precisado que el llamamiento a calificar servicio no requiere motivación adicional a la
legal. Que el accionante pretendía que se valoraran condiciones personales o trayectoria
profesional para excluir la aplicación de esa causa, lo que, según dijo, equivaldría a
imponer limitaciones no previstas por el legislador.
Que en el proceso ordinario no se aportaron pruebas que desvirtuaran la presunción de
legalidad del acto demandado. Que, por el contrario, se advertía que la actuación
administrativa se ajustó a la norma y a la finalidad constitucional de garantizar la eficiencia
del servicio público.
El Juzgado Veinte Administrativo de Medellín indicó que no era necesario
pronunciarse en esta acción de tutela, debido a que el juez constitucional tendría la
oportunidad de examinar el expediente, donde constaban los antecedentes del asunto y
los argumentos expuestos por ese despacho, para tomar la decisión que en derecho
corresponda.
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La Policía Nacional solicitó que se denegaran las súplicas del demandante, ante la
improcedencia de la acción de tutela. Señaló que no observaba la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales reclamados.
Que no era dable que el actor considerara su retiro del servicio como un castigo, porque
el llamamiento a calificar servicios estuvo sustentado en la ley. Que las alegaciones del
tutelante estaban huérfanas de sustento jurídico y que buscaban que el juez
constitucional realizara un juicio de valor propio del juez contencioso administrativo.
Que la acción de tutela era improcedente como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, porque el actor ostenta una asignación de retiro y no se acreditó
la inminencia, urgencia y gravedad del perjuicio.
El 13 de enero de 2026, el demandante allegó memorial en el que controvirtió los
informes rendidos por la autoridad judicial demandada y los terceros con interés, al
reiterar, básicamente, los argumentos del escrito de tutela.
El 13 de enero de 2026, el señor José Ángel Mendoza Guzmán, miembro de la reserva
de la Policía Nacional, presentó memorial de coadyuvancia a las pretensiones de la parte
actora.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de tutela, al
considerar que incumplía el requisito de relevancia constitucional, debido a que
presentaba los mismos argumentos expuestos en el proceso ordinario y porque no se
cumplió con la carga argumentativa necesaria para controvertir decisiones judiciales.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Argumentó que el asunto sí tenía relevancia constitucional, debido a que no estaba
relacionado con una controversia legal ordinaria ni con intentar abrir un debate probatorio
como si se tratara de una tercera instancia. Que tampoco era cierto que pretendía
imponer su criterio sobre el del tribunal demandado.
Que acude a la acción de tutela para que se corrijan los defectos invocados, que
conllevaron a la vulneración de sus derechos fundamentales reclamados. Finalmente,
reiteró los argumentos del escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la presente acción de tutela.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, pero por cuanto, por un lado, el
punto (i) del defecto sustantivo no satisface el requisito de subsidiariedad y, por otro lado,
los demás cargos incumplen el requisito de relevancia constitucional.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la subsidiariedad, (iii) la relevancia constitucional y, (iv) el análisis del caso
concreto.
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2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Sobre el requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela <<solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable>>. Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
El primer criterio (vulneración o amenaza real de derechos fundamentales) está previsto
para que la acción de tutela no se utilice para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la
acción de tutela.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
5. Análisis del caso concreto
En el sub judice, la parte actora alega que la sentencia del 28 de mayo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-020-2016-00074-00/01
incurrió en: i) defecto sustantivo, porque, por un lado, no se resolvieron todos los
argumentos propuestos en la demanda y en el recurso de apelación que presentó contra
la sentencia de primera instancia y, por otro lado, porque no se debió aplicar el Decreto
1791 del 2000, sino la Ley 857 de 2003, que era la que regulaba el retiro de los oficiales
de la Policía Nacional. ii) Defecto fáctico porque no se valoraron las actas 007 del 31 de
marzo de 2015 y 009 del 10 de junio de 2014
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse al recurso de apelación
presentado por el señor Cogollo Rueda contra la sentencia de primera instancia del 18
de noviembre de 2019 y al análisis realizado en la providencia acusada.
En el mencionado recurso de apelación, el actor argumentó que en su caso se cometieron
graves irregularidades que no fueron analizadas por el juzgado de instancia.
Que la junta asesora de la Policía Nacional ante el Ministerio de Defensa había emitido
un concepto previo respecto de su retiro, que se había motivado en el proceso de
evaluación de su trayectoria profesional para ascenso, que a su vez se fundamentó en
los siguientes actos de trámite: i) junta de evaluación y clasificación del 9 y 10 de junio
de 2014, que quedó registrada en el acta 007 de esas mismas fechas; junta de generales
del 11 de junio de 2014, que quedó registrada en el acta 002 de la misma fecha; la junta
asesora de la Policía Nacional ante el Ministerio de Defensa del 12 de junio de 2014, que
quedó registrada en el acta 020 de esa misma fecha y junta asesora de la Policía Nacional
del 4 de septiembre de 2014, que quedó registrada en el acta 027 de esa misma fecha.
Presentó un cuadro en el que expuso sus conclusiones sobre la contestación de la
demanda de la Policía Nacional, para señalar que en aquello que la entidad no hizo
precisión expresa se debía tener como ciertos sus argumentos, que la entidad
demandada incurrió en aseveraciones jurídicas contrarias a la realidad y a la verdad.
Dijo que no se valoraron cinco pruebas incorporadas al proceso, relacionadas con:
1) El testimonio del mayor de la reserva activa Héctor Gutiérrez Arroyo, quien había
indicado que no había sido propuesto ni recomendado para ascenso por un anónimo en
su contra, que no existían motivos válidos para no llamarlo a curso de ascenso, que su
trayectoria profesional no tenía tacha y que el manejo de los ascensos de la Policía
Nacional se realizaba de forma subjetiva y temeraria.
2) El acta 006 del 31 de marzo de 2015, que registró la junta asesora de esa misma fecha
donde se discutió su retiro y el de otros oficiales.
3) El acta 007 del 31 de marzo de 2010 que registró la junta asesora de esa misma fecha,
firmada por los mismos asistentes de la anterior, en la que también se estudió el retiro de
oficiales. Manifestó que esas dos actas eran la prueba determinante de la ilegalidad del
acto demandado.
4) El acta 009 del 10 de junio de 2014, que registró la reunión del comité asesor de
traslados para el personal de oficiales superiores, en la que se estudiaron y autorizaron
varios traslados a diferentes unidades del país. Indicó que esta acta invalidaba la junta
de evaluación y clasificación de los días 9 y 10 de junio de 2014.
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5) Formulario de seguimiento del demandante de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, que
contenían sus clasificaciones anuales y que acreditaban que había sido calificado en el
rango superior.
Explicó que la mencionada acta 006 del 31 de marzo de 2015 había sido expedida con
violación al debido proceso, porque ese mismo día, a la misma hora y con los mismos
integrantes se realizó otra junta asesora registrada en el acta 007. Que la trasgresión al
debido proceso se evidenciaba porque no era posible que el mismo día, en el mismo
recinto, a la misma hora y con los mismos participantes se realizaran dos juntas asesorar
con contenido y desarrollo distinto.
Que lo mismo ocurría con la junta de evaluación y clasificación del 10 de junio de 2014
en la que se evaluó su ascenso, por cuanto cuatro de los generales partícipes también
integraron otra junta de traslado de oficiales. Que lo anterior indicaba que en la
mencionada junta del 10 de junio de 2014 no se contó con el quórum necesario.
Que la junta asesora del 12 de junio de 2014 también era inválida porque se modificaron
las decisiones dictadas en el acta 007 del 9 y 10 de junio de 2014 sin que ese acto
administrativo hubiera sido llevado físicamente a la junta, lo que indicaba un abuso de
poder que derivaba en la transgresión de su derecho al debido proceso administrativo,
porque no era posible modificar un acta sin siquiera conocerla.
Que había demostrado que la junta asesora del 4 de septiembre de 2014, que había sido
respaldada con el acta 027, confirmó la decisión del acta 020 del 12 de junio de 2014 sin
que esta última hubiera sido examinada, lo que demostraba un abuso de poder que
derivaba en la vulneración de su derecho al debido proceso.
Que la entidad demandada había utilizado la jurisprudencia de las altas corte sobre
ascensos y llamamiento a calificar servicio de manera general y abstracta, porque
demostró que varios oficiales que no eran más sobresalientes que él y que tenían
procesos disciplinarios en curso, sí fueron escogidos para ascenso, lo que acreditaba la
falta de motivación de la resolución demandada sobre la mejoría del servicio.
Que luego de ser reemplazado en su cargo los índices de criminalidad no mejoraron y,
por el contrario, incrementaron, con lo que se demostraba que era falso que se iba a
mejorar la institucionalidad.
Que no alegaba la falta de motivación del acto demandado, porque era sabido que la
motivación estaba contenida de manera expresa en la ley. Que el acto acusado explicaba
y motivaba los requisitos exigidos por la Ley 857 de 2033 y los Decretos 4433 de 2004 y
1157 de 2014. Que su retiro del servicio se ordenó porque no fue llamado a curso de
ascenso.
Que no cuestionaba la constitucionalidad del llamamiento a calificar servicio, que lo que
pretendía era que esa figura no se utilizara en un proceso de selección para curso de
ascenso que estaba lleno de irregularidades.
Que el concepto previo de la junta asesora para justificar el no llamamiento a curso de
ascenso fue expedido con falsa motivación, porque contaba con felicitación y
condecoraciones, que, además, su excelente aptitud hacia el servicio, sus calidades
personales y profesionales habían sido demostrados con suficiencia.
Que el núcleo esencial del acto demandado era el no llamamiento a curso de ascenso,
pero que ese procedimiento no se había realizado de forma objetiva y razonable, en
atención a criterios de méritos.
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Que la junta de evaluación y clasificación no determinó la clasificación numérica de los
aspirantes al curso de ascenso, como lo ordenaba el Decreto 1800 de 2000, lo que
evidenciaba la vulneración de su derecho al debido proceso y un abuso de poder.
Que cumplía con todos los requisitos previstos en el artículo 20 del Decreto 1791 del
2000, sobre las condiciones necesarias para los ascensos. Que existían 100 vacantes
para el grado de coronel y solo 83 aspirantes, lo que demostraba la falsa motivación del
concepto previo de la junta asesora.
Ahora bien, en la sentencia acusada, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Decisión, fijó el problema jurídico de la siguiente forma:
Pasa la Sala a determinar si la decisión que tomó el juzgado de primera instancia se ajustó a los
lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, para lo cual deberá resolver: ¿La Resolución
5504 del 1 de julio de 2015, a través de la cual la Policía Nacional dispuso el retiro por llamamiento a
calificar servicios del señor Luis Alfredo Cogollo Rueda, carece de motivación por presuntamente no
haber tenido en cuenta la trayectoria profesional del Teniente Coronel para ser incluido en el curso de
ascenso a coronel?
A partir de ello, deberá establecerse: ¿procede revocar la sentencia en su totalidad con ocasión del
recurso presentado, modificarla o confirmarla con fundamento en lo señalado por el a quo?
Luego explicó que la discusión propuesta en la demanda y en el recurso de apelación
estaba relacionada con si era necesario tener en cuenta la trayectoria profesional del
demandante para que la Policía Nacional pudiera retirarlo del servicio por llamamiento a
calificar servicio.
Que de acuerdo con el marco normativo y jurisprudencia le asistía razón al juzgado de
instancia, en tanto la figura de retiro por llamamiento a calificar servicio no requería mayor
motivación, más allá que la de tener el tiempo mínimo de servicio y ser acreedor de la
asignación de retiro.
Que los fundamentos que soportaban esa tesis partían de tener claro que el señor
Cogollo Rueda laboró al servicio de la entidad demandada por 29 años, cinco meses y
22 días. Que para el momento en que se expidió la resolución demandada, el actor se
encontraba en la categoría de oficial en el grado de teniente coronel.
Que no había duda en cuanto a que el acto demandado dispuso el retiro del servicio en
aplicación de la causal denominada llamamiento a calificar servicio y que consideró que
el actor contaba con el tiempo acumulado que lo hacía acreedor de una asignación
mensual de retiro.
Que la causa del retiro utilizada se derivaba del Decreto 1791 de 2000, que contenía los
preceptos aplicables para el retiro del personal del nivel ejecutivo y agentes de la Policía
Nacional.
Que, aunque primigeniamente el Decreto 1791 de 200 regulaba la materia respecto de
los oficiales, suboficiales, agentes y nivel ejecutivo, lo cierto era que la inexequibilidad
decretada en la sentencia C-235 de 2033 sobre algunos apartes de ese decreto condujo
a que la Ley 857 de 2003 entrara a completar en lo pertinente la regulación sobre el retiro
del cuerpo de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.
Que, por lo anterior, el retiro de oficiales y suboficiales estaba regulado tanto en el Decreto
1791 de 2000 como en la Ley 857 de 2003. Que resultaba claro que la facultad que ejerció
la entidad demandada era la del retiro por llamamiento a calificar servicio, que sobre los
presupuestos que reclamaban esas normas en los casos de oficiales de la Policía
Nacional consistían en que el servidor hubiere cumplido mínimo 15 años de servicio, lo
que le conferiría el derecho de acceso a una asignación de retiro.
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Que era necesario recordar que los requerimientos que operaban para el retiro por
llamamiento a calificar servicio no debían ser confundidos con los que se exigían para
otras causales.
Que la Corte Constitucional en la sentencia SU-091 de 2016 definió que la causal de
retiro por llamamiento a calificar servicio tenía su sustento jurídico en <<en los artículos 1º,
2º numeral 4º y 3º de la Ley 857 de 2003 para el caso de Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional y en los artículos 54, 55 numeral 2 y 57 del Decreto Ley 1791 de 2000 frente a miembros
del Nivel Ejecutivo y Agentes>>.
Que con base en el Decreto 1791 del 2000 y el precedente aplicable, se podía sostener
que el presupuesto indispensable para el retiro por la causal abordada era que el servidor
tuviera cumplido el tiempo mínimo de servicio, más no la trayectoria profesional que haya
demostrado.
Que la evaluación sobre el retiro del demandante había sido sometida a la junta asesora
del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, quien en acta 006-APROP-GRUR-3-
22 del 31 de marzo de 2015 recomendó su retiro por llamamiento a calificar servicios.
Que, con relación a la inconformidad sobre el incumplimiento del artículo 1 de la Ley 857
de 2003, porque el retiro se produjo por resolución del Ministerio de Defensa y no por
decreto del Gobierno Nacional, era evidente que en el acto demandado el Ministerio de
Defensa aclaró que actuaba de acuerdo con las facultades conferidas en el artículo 7 del
Decreto 1338 de 2015, que delegaba expresamente a esa entidad el retiro del servicio
activo de los miembros de la Policía Nacional.
Que más allá de la amplia argumentación que realizó la parte actora, no había pruebas
conducentes que dieran cuenta de sus alegaciones, por lo que, según dijo, llegar a una
conclusión distinta sería presumir la mala actuación de la Policía Nacional y atentar contra
el principio de buena fe que cobija a la administración.
A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, en primer lugar, el defecto fáctico alegado
por la parte actora es una reiteración de los argumentos que expuso en el proceso
ordinario, que estaba relacionado con que no se tuvieron en cuenta las actas 007 del 31
de marzo de 2015 y 009 del 10 de junio de 2014 que probaban que la Resolución 5504
del 1 de julio de 2015 había sido expedida de forma irregular.
Adicionalmente, esas actas fueron expedidas en el procedimiento de ascenso y no
respecto del retiro del servicio del señor Cogollo Rueda por llamamiento a calificar
servicios y, en consecuencia, esos argumentos no tienen la virtualidad de incidir en la
sentencia acusada, puesto que en el proceso ordinario se cuestionaba la decisión de
retiro del servicio y no la decisión de no proponer al actor para curso de ascenso.
Para la Sala, los argumentos del defecto fáctico alegado por la parte actora no guardan
relación ni tienen incidencia directa en la acreditación de los supuestos necesarios para
que se declarara su retiro de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicio,
puesto que, como se vio, cumplía con más de 15 años de servicio y era acreedor de la
asignación de retiro.
En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección4, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.
En segundo lugar, el defecto sustantivo relativo a que no se resolvieron todos los
argumentos de la demanda y del recurso de apelación no satisface el requisito de
subsidiariedad, por cuanto el demandante contaba con otro medio de defensa judicial
4 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.
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para pedir la protección de sus garantías fundamentales, como lo era la solicitud de
adición.
El artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión expresa del
artículo 306 del CPACA, dispone que:
Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o
sobre cualquier otro punto que, de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada en la misma oportunidad.
(…)
Ese medio de defensa resultaba idóneo y eficaz, porque el señor Cogollo Rueda podía
pedir a la autoridad judicial demandada que se pronunciara sobre los cargos de nulidad
relacionados con la vulneración al debido proceso por falsa motivación, abuso o
desviación de poder, expedición irregular del acto demandado, la transgresión del
derecho a la igualdad y la configuración de los defectos fáctico y sustantivos en los que
había incurrido el juez de instancia, que estima que no fueron resueltos en la sentencia
del 28 de mayo de 2025.
Finalmente, sobre el defecto sustantivo relacionado con la aplicación de la norma que
regulaba el retiro de los oficiales de la Policía Nacional, la Sala advierte que, por un lado,
este argumento se circunscribe a una discusión que no gira en torno a un asunto
constitucional o a la defensa de derechos fundamentales; por el contrario, se trata de un
debate de orden legal.
Sobre este punto, la Corte Constitucional5 ha señalado que <<las discusiones de orden legales
o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materia
de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones
correspondientes>>6
Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional7 cuando: <<(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la
correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente
violaciones de derechos fundamentales; o (iii) sea evidente su naturaleza o contenido económico, por
tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general>>.
Siendo así, la Sala encuentra que la inconformidad de la parte demandante nace respecto
a la norma que se debía aplicar en su caso y que regula el retiro de los oficiales de la
Policía Nacional. Situación que pone de presente que el debate, en síntesis, recae sobre
la aplicación de una norma, de la que no se desprende claramente la violación de
derechos fundamentales.
Por otro lado, y en gracia de discusión, la Sala observa que, contrario a lo indicado por la
parte actora, el tribunal demandado tuvo en cuenta tanto el Decreto 1791 del 2000 como
la Ley 857 de 2003, pues de la página 15 de la sentencia acusada se lee:
Como se anunció en el marco normativo y jurisprudencial, aunque primigeniamente el Decreto 1791 de
2000 regulaba la materia de los oficiales, suboficiales, agentes y nivel ejecutivo, lo cierto es que la
inexequibilidad decretada con la sentencia C-253 de 2003 sobre algunos apartes del Decreto 1791 de
2000 condujo a que la Ley 857 de 2003 entrara a complementar, en lo pertinente, la regulación sobre el
retiro del cuerpo de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.
De esa manera, el retiro de los oficiales y suboficiales está regulado tanto por el Decreto 1791 de 2000
como por la Ley 857 de 2003, cuerpos normativos sobre los cuales emergen los requisitos que deben
ser observados para disponer sobre el retiro de este tipo de personal.
5 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
6 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
7 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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Demandante: Luis Alfredo Cogollo Rueda
De lo anterior, se desprende que, en efecto, la autoridad judicial demandada resolvió el
asunto con fundamento en la integración normativa del Decreto 1791 del 2000 y la Ley
857 de 2003.
Lo anterior es suficiente para confirmar la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la solicitud de amparo promovida por el señor Luis Alfredo Cogollo Rueda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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