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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07662-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07662-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por la parte actora. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la UGPP. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07662-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07662-00
Accionante: LUZ MARINA RONDÓN GUERRA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Cesar y
el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 3 de diciembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Luz Marina Rondón Guerra, actuando en nombre propio, presentó acción
de tutela en contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Valledupar. Con la solicitud de amparo
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso, junto con el «principio de eficacia y efectividad del derecho».

2. La accionante le atribuyó la trasgresión de sus garantías constitucionales
a las sentencias del 29 de abril de 2022 y el 3 de abril de 2025, mediante las
cuales las autoridades judiciales accionadas negaron las pretensiones que
propuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como
accionadas a las autoridades judiciales que tramitaron el proceso ordinario. Asimismo,
se dispuso la vinculación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1
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Accionante: Luz Marina Rondón Guerra
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
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la parte actora contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP).

3. En concreto, la tutelante solicitó lo siguiente:

PRIMERA: Solicito del Honorable Consejo de Estado, TUTELE los derechos
fundamentales de mi persona LUZ MARINA RONDON GUERRA, como son los
del DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE EFICACIA Y
EFECTIVIDAD DEL DERECHO E IGUALDAD ANTE LA LEY, en lo atinente a la
configuración de su violación, tal como se expuso en este libelo y así mismo
DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia de fecha 3 de abril
de 2025, emitida por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, a través de
la cual se confirmó el fallo expedido el 29 de abril de 2022 por el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar Cesar, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la mí, en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales UGPP, tramitado bajo el radicado Nº. 20001-33-
33-008-2021-00118-00; y en su lugar CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales alegados a nombre de la suscrita LUZ MARINA
RONDON GUERRA.

SEGUNDA: En consecuencia, de lo anterior, solicito muy respetuosamente del
Honorable Consejo de Estado ORDENAR, al Tribunal Administrativo del Cesar,
que un término de 30 días, contados a partir de la notificación del fallo de tutela,
profiera una nueva sentencia en la cual se aplique correctamente el precedente
constitucional indicado en esta acción constitucional, legal y probatorio, respecto
a las siguientes resoluciones:

❖ La Resolución No. RDP 014628 del 30 de junio de 2020, expedida por el
subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales – UGPP, mediante la cual se ordenó la suspensión
inmediata de la nómina de pensionados de la Resolución No. 003233 del 27 de
mayo de 2008.
❖ La Resolución No. RDP 019416 del 27 de agosto de 2020 “por la cual se
resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución 014628 del 30 de
junio de 2020” expedida por el subdirector de Determinación de Derechos
Pensionales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP.
❖ La Resolución No. RDP 022346 del 30 de septiembre de 2020 “por la cual se
resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 014628 del 30 de
junio de 2020”, expedida por el director de Pensiones de la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales – UGPP. [Sic].

1.2. Hechos

4. La Resolución 003233 del 27 de mayo de 2008 le reconoció3 a la parte
actora una pensión vitalicia de jubilación hasta cuando acreditara los requisitos
exigidos en el régimen de prima media con prestación definida para el
otorgamiento de la pensión de vejez, con la salvedad de que dicha asignación

3
Por parte de la Empresa Social del Estado ESE José Prudencio Padilla en Liquidación.

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era incompatible con cualquier otra asignación proveniente del tesoro público4.

5. El pago de la prestación que percibía desde 2008 fue suspendido por
medio de la Resolución RDP 014628 del 30 de junio de 2020, al evidenciar que
la accionante se encontraba incursa en la incompatibilidad de recibir doble
asignación por parte del Estado, por estar activa en la nómina de pensionados,
percibiendo una mesada por parte de la UGPP, y devengando a la vez un salario
proveniente de la ESE Hospital Eduardo Arredondo.

6. En consecuencia, Luz Marina Rondón Guerra presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de que se
anulara la Resolución RDP 014628 del 30 de junio de 20205, mediante la cual la
demandada ordenó la suspensión del pago de la mesada pensional que le fue
concedida por medio de la Resolución 003233 del 27 de mayo de 2008.

7. El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, que mediante
providencia del 29 de abril de 2022 negó las súplicas de la demanda. Como
fundamento de su decisión, sostuvo que en el momento en que la accionante
cumplió los requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme al régimen
de prima media con prestación definida, la cual le fue reconocida mediante la
Resolución GNR45461 del 10 de febrero de 20176, correspondía suspender el
pago de la pensión de jubilación reconocida en 2008, en los términos del artículo
4. º7.

8. Además, explicó que la suspensión de la mesada obedeció al
cumplimiento de la condición dispuesta en el artículo 3. º de la Resolución 003233
de 2008 y no a una revocatoria directa, por lo que no resultaba aplicable lo
dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1437 de 20118 (en adelante CPACA).

4
ARTÍCULO TERCERO: La percepción de esta pensión es incompatible con otra
asignación que provenga del tesoro público, cualquiera sea la denominación que se
adopte para el pago de la contraprestación del servicio conforme a lo dispuesto en el
artículo 128 de la Constitución Política (…).
5
Y aquellas que resolvieron los recursos de reposición y apelación presentados contra
esta, esto es, las Resoluciones RDP 019416 del 27 de agosto de 2020 y RDP 022346
del 30 de septiembre del mismo año.
6
Expedida por Colpensiones.
7
ARTÍCULO CUARTO: La pensión se pagará en la forma establecida en esta
Resolución hasta cuando LUZ MARINA RONDÓN GUERRA acredite los requisitos
exigidos en el Régimen de Prima Media con Prestación Definitiva, para el otorgamiento
de la pensión de vejez.
8
ARTÍCULO 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.

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9. Inconforme con lo resuelto en primera instancia la demandante apeló la
decisión. En resumen, indicó que, de conformidad con el artículo 97 del CPACA,
para revocar o suspender el acto que le reconoció la pensión de jubilación en el
2008, la UGPP debió pedir su consentimiento. Adicionó que la Ley 269 de 1996
permite que el personal asistencial pueda desempeñar más de un empleo público
mientras no exista cruce de horarios.

10. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Cesar, el cual
mediante providencia del 3 de abril de 2025 confirmó lo decidido por el a quo. En
concreto, el operador judicial indicó que resulta incompatible percibir una
asignación proveniente de un salario y una pensión cuando ambos rubros
provienen de recursos públicos9, así ambos derechos se hayan construido a partir
de relaciones laborales de medio tiempo; además, mencionó que tal situación
dista de la figura de la compartibilidad pensional.

11. Asimismo, explicó que el recibimiento de la mesada pensional de jubilación
concedida en 2008 estaba supeditado a que la demandante acreditara los
requisitos exigidos en el régimen de prima media con prestación definida, en los
términos del artículo 4. º de la Resolución 003233 del 27 de mayo de 2008, por
lo que no se requería consentimiento previo de la demandante.

1.3. Sustento de la vulneración

12. La accionante afirmó que no hay incompatibilidad entre la pensión de
jubilación concedida mediante la Resolución 003233 de 2008 y el salario
devengado en el Hospital Eduardo Arredondo Daza ESE porque aún no devenga
la pensión de vejez que le reconoció Colpensiones con la Resolución RDP
014628 del 30 de junio de 2020.

13. Refirió que el personal asistencial tiene la posibilidad de desempeñar más
de un empleo y que la condición del artículo 4. º de la Resolución 003233 de 2008
no autoriza la suspensión automática del pago de la mesada incluso si existe
compartibilidad, lo que implica que la autoridad demandada no puede eximirse
del cumplimiento del requisito del artículo 97 del CPACA.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.
9
Expuso que, de conformidad con el artículo 128 de la Carta Política una vez se adquiere
el derecho pensional, que en el caso de la accionante ocurrió con la Resolución
GNR45461 del 10 de febrero de 2017 de Colpensiones, se configura la prohibición de
recibir doble erogación de recursos públicos.

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14. Específicamente, indicó que la sentencia T-066 de 2010 de la Corte
Constitucional estableció que cuando se suspende el pago de una pensión se
presenta la revocatoria directa del acto de reconocimiento por lo que se requiere
consentimiento previo del afectado. En el mismo sentido, adujo que en la
providencia T-628 de 2014, del mismo cuerpo colegiado, se reiteró que los actos
de carácter particular y concreto son irrevocables, salvo que se autorice
expresamente la revocatoria a la administración10.

15. Así las cosas, ante la ausencia de consentimiento de la actora, aseveró
que a la administración le correspondía demandar su propio acto al no estar
autorizada la suspensión que efectuó la UGPP.

16. De otro lado, manifestó que se configuró un defecto fáctico porque las
decisiones cuestionadas en el proceso ordinario carecen de apoyo probatorio, si
se tiene en cuenta que no ha comenzado a devengar la pensión de vejez
concedida por Colpensiones en 2017. Además, disfrutar de la pensión de vejez y
del salario que recibe por su cargo en el Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E.
no resulta incompatible.

17. También puso de presente que se le inició un proceso de cobro coactivo
por la suma de $188.321.573, que corresponde al valor percibido del 2008 al
2017, en virtud del cual se le embargó su vivienda, pese a que no se demostró la
mala fe en el recibimiento de dichos montos.

1.4. Intervenciones

18. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar
solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en que
las decisiones del proceso ordinario se dictaron conforme a derecho y con
respeto de las garantías constitucionales.

19. La UGPP manifestó que no tiene legitimación en la causa para modificar
las decisiones judiciales objeto de tutela, por lo que debe ser desvinculada.
Además, adujo que lo perseguido por la tutelante es sustituir una decisión judicial,
pese a que se respetaron sus derechos fundamentales, argumento con el que
pidió que se declare la improcedencia de la acción constitucional o negar el
amparo.

II. CONSIDERACIONES

10
Refirió que la misma tesis fue sostenida por la Corte Constitucional en las sentencias
SU-182 de 2019 y T-169 de 2023.

5
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20. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.

2.1. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

21. El Consejo de Estado11 y la Corte Constitucional12, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales13 y a la configuración de algún
defecto especial14 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

22. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

23. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

24. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de
julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-
01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-
2012-02201-01.
12
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316
de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de
2005.
13
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv)
inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable
de los hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra
un fallo de la misma naturaleza.
14
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto
material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii)
desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

25. La Sala advierte que Luz Marina Rondón Guerra está legitimada en la
causa por activa, por ser quien promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho cuyas sentencias se cuestionan por esta vía.

26. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Cesar y
el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar se encuentran
legitimados en la causa por pasiva al ser las autoridades judiciales que profirieron
la decisión controvertida15.

27. De otro lado, la UGPP solicitó ser desvinculada por falta de legitimación
en la causa por pasiva. No obstante, la Sala negará esa petición con fundamento
en que su vinculación fue realizada en calidad de tercera por el interés que le
puede asistir en caso de que se adopte alguna determinación relacionada con la
providencia judicial dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que conformó el extremo demandado.

28. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

29. En el sub judice, debe recordarse que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales en dos aspectos, a saber, la
posibilidad de desempeñar dos empleos y percibir doble asignación por parte de
estos y en el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del CPACA con
relación a la suspensión del acto que ordenaba el pago de su pensión de
jubilación sin su consentimiento previo.

30. Al respecto, cabe destacar que lo que conllevó a que se negaran las
pretensiones de la demanda incoada por la actora fue, de un lado, la imposibilidad
de percibir doble asignación del Estado por cuenta de una pensión de vejez y un

1515
Pese a que la accionante cuestiona por esta vía las dos providencias del proceso
ordinario, el estudio se centrará en la decisión de segunda instancia por ser la que puso
fin al trámite de nulidad y restablecimiento del derecho.

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empleo público; y por otro, el cumplimiento de las condiciones contempladas en
la Resolución 003233 del 27 de mayo de 200816.

31. En la providencia de segunda instancia se tuvo en cuenta que el citado
acto administrativo mencionado contenía dos condiciones: la imposibilidad de
percibir dos asignaciones del tesoro público de conformidad con el artículo 128
de la Constitución Política, y la cesación del pago de la pensión de jubilación
cuando la demandante acreditara los requisitos para adquirir su pensión de vejez
conforme al régimen de prima media con prestación definida; aspectos que según
la sentencia controvertida se cumplieron y conllevaron que la UGPP estuviera
legalmente habilitada para suspender la Resolución 003233 del 27 de mayo de
2008 sin requerir la autorización de la actora.

32. Así las cosas, el debate constitucional que propone la accionante carece
de relevancia constitucional en la medida en que sus argumentos recaen en su
inconformidad frente a lo decidido por el operador judicial sin que explique de qué
forma resultaron vulnerados sus derechos fundamentales o proponga un debate
de enfoque constitucional, más allá de querer reabrir el debate jurídico para que
resulten favorables sus intereses toda vez que no cuestiona los argumentos que
motivaron la decisión definitiva.

33. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia17.

34. Ahora bien, la actora reprochó que se le haya iniciado un proceso de cobro
coactivo en el que afirmó que le fue embargada su vivienda. No obstante, omitió
identificar el acto o decisión mediante la cual se dio apertura a tal procedimiento
o alguna pieza procesal que permita advertir tal aspecto, y, en todo caso, no
cumplió con la carga argumentativa que permita evaluar si dicha situación vulneró
sus derechos fundamentales toda vez que se limitó a mencionar su existencia.

35. Por esto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, al

16
Le reconoció a la actora una pensión vitalicia de jubilación hasta cuando acreditara los
requisitos exigidos en el régimen de prima media con prestación definida para el
otorgamiento de la pensión de vejez, con la salvedad de que dicha asignación era
incompatible con cualquier otra asignación proveniente del tesoro público
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
del 15 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la UGPP.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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