Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07662-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07662-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07662-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
26 de febrero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: LUZ MARINA RONDÓN GUERRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL QUE NEGÓ PRETENSIONES DE NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Síntesis del caso: la actora cuestionó la sentencia que le negó las pretensiones de nulidad
y restablecimiento del derecho. La Sala confirmará la sentencia que declaró improcedente
la acción de tutela, pero debido al incumplimiento del requisito de inmediatez.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la
sentencia del 22 de enero de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en la cual se resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora. (...)”. (mayúsculas y negrillas del original –
archivo disponible en medio magnético en el índice 00012 del aplicativo
SAMAI).
II. ANTECEDENTES
La actora promovió proceso de acción de tutela1 en contra de las sentencias del 29
de abril de 2022 y 3 de abril de 2025 proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar,
respectivamente, que negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió en contra de la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales (UGPP) en el proceso no. 20001-33-33-008-2021-00118-
00/01, por cuanto, a su juicio, incurrieron en un defecto fáctico, un defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 2 de diciembre de 2025 (índice 00001 del
aplicativo SAMAI).
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: Luz Marina Rondón Guerra
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Constitución y vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso e
igualdad, consagrados en los artículos 29 y 13 de la Constitución Política.
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Estuvo vinculada al Instituto de Seguros Sociales (ISS) en el cargo de
bacterióloga con dedicación parcial de 4 horas; posteriormente, obtuvo el
reconocimiento de una pensión mensual vitalicia de jubilación mediante la
Resolución no. 003233 del 27 de mayo de 2008, expedida por la ESE José
Prudencio Padilla en liquidación.
2) Además, desde el 14 de julio de 2004 se encuentra vinculada al Hospital Eduardo
Arredondo Daza ESE como profesional universitario (bacterióloga) de medio tiempo
(4 horas), vínculo laboral que ha mantenido hasta la fecha.
3) La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) le reconoció una
pensión de vejez mediante la Resolución no. GNR 45461 del 10 de febrero de 2017;
sin embargo, su ingreso en nómina quedó en suspenso hasta tanto acreditara el
retiro del servicio.
4) La UGPP, mediante la Resolución no. RDP 014628 del 30 de junio de 2020,
ordenó la suspensión inmediata del pago de la pensión de jubilación reconocida en
2008 por estimar que existía incompatibilidad entre dicha prestación y el salario que
devengaba en una ESE pública, decisión que fue confirmada por las resoluciones
RDP 019416 del 27 de agosto de 2020 y RDP 022346 del 30 de septiembre de
2020.
5) Demandó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP, con el fin de obtener la nulidad de esos actos
administrativos y el restablecimiento consistente en la reanudación del pago de su
pensión de jubilación desde el 1 de julio de 2020.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: Luz Marina Rondón Guerra
Acción de tutela – Impugnación de fallo
6) El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar,
mediante sentencia del 29 de abril de 2022, declaró probada de oficio la excepción
de legalidad de los actos administrativos acusados y negó las pretensiones de la
demanda2; la parte demandante interpuso recurso de apelación3 y en sentencia del
3 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión.
7) La autoridad judicial demandada consideró que no era jurídicamente posible que
la demandante continuara percibiendo simultáneamente una mesada pensional y
un salario provenientes del erario, aun cuando ambas situaciones se hubieran
originado en vinculaciones de medio tiempo, pues consideró que esa circunstancia
no desvirtúa la prohibición de doble asignación del tesoro público ni se confunde
con la figura de la compatibilidad pensional.
8) Además, precisó que el pago de la pensión de jubilación reconocida mediante la
Resolución no. 003233 de 2008 estaba supeditado a la condición prevista en ese
mismo acto, consistente en que se mantendría hasta que la actora acreditara los
requisitos para la pensión de vejez en el régimen de prima media, condición que se
tuvo por cumplida con el reconocimiento efectuado por Colpensiones; por ello,
2
Esa autoridad judicial consideró que no procedía anular los actos de la UGPP, porque del material
probatorio se desprendía que en el caso operaba la compatibilidad pensional entre la pensión de
jubilación reconocida en 2008 y la pensión de vejez reconocida por Colpensiones en 2017.
Explicó que la Resolución no. 003233 de 2008 (acto administrativo de reconocimiento de la pensión
de jubilación) contenía una condición expresa según la cual dicha prestación se pagaría hasta
cuando la beneficiaria acreditara los requisitos para la pensión de vejez en el régimen de prima
media; a partir de ese momento, el pago quedaba sujeto al ajuste correspondiente, asumiendo la
entidad obligada únicamente el mayor valor, si lo hubiere.
Reconoció que, aunque a la demandante le asistía razón en cuanto a que su vinculación laboral
como personal asistencial de salud de medio tiempo podía ser compatible con el salario que
devengaba en la ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza, esa circunstancia no desvirtuaba que, una
vez reconocida la pensión de vejez por Colpensiones, se activaba la lógica de la compatibilidad, con
la consecuente suspensión del pago de la pensión de jubilación.
Concluyó que la actuación de la UGPP no configuró una revocatoria directa del acto pensional en
los términos del artículo 97 del CPACA, sino el cumplimiento de una condición prevista en el propio
acto de reconocimiento, razón por la cual declaró probada de oficio la excepción de legalidad de los
actos administrativos acusados y negó las pretensiones de la demanda.
3
Insistió en que la UGPP suspendió de manera unilateral el pago de la pensión de jubilación, sin
contar con su consentimiento ni acudir al mecanismo previsto en el artículo 97 del CPACA, por lo
cual dicha actuación equivalía materialmente a una revocatoria directa encubierta; invocó las
sentencias T-066 de 2010 y T-628 de 2014 y reiteró que en el caso no se configuraba
incompatibilidad, dado que la actora se desempeñaba en cargos de medio tiempo y, por su condición
de personal asistencial de salud, su situación debía analizarse a la luz de la Ley 269 de 1996, norma
que, según su interpretación, permite el desempeño de varios empleos públicos sin cruce de
horarios.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: Luz Marina Rondón Guerra
Acción de tutela – Impugnación de fallo
concluyó que la suspensión del pago no constituyó una revocatoria directa del acto
pensional y, en consecuencia, no era exigible el consentimiento previo de la titular
en los términos del artículo 97 del CPACA.
2. Los fundamentos de la vulneración
En la acción de tutela la actora alegó que las sentencias cuestionadas incurrieron
en defecto sustantivo, defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, con fundamento en que las autoridades judiciales
demandadas avalaron indebidamente la actuación de la UGPP, pese a que dicha
entidad suspendió unilateralmente una prestación pensional reconocida mediante
acto administrativo particular y concreto, sin su consentimiento previo, expreso y
escrito, y sin acudir al mecanismo previsto en el artículo 97 del CPACA, lo cual
equivaldría materialmente a una revocatoria directa.
Afirmó que se desconoció la jurisprudencia constitucional invocada en la demanda
y en la apelación del proceso ordinario, especialmente la relativa a la imposibilidad
de dejar sin efectos prácticos un derecho pensional ya reconocido por vía
administrativa sin observar las garantías del debido proceso.
Por último, insistió en que las providencias censuradas omitieron valorar
adecuadamente las particularidades de su situación laboral y pensional, pues, su
caso debía analizarse a la luz de la Ley 269 de 1996, en tanto se desempeñó como
personal asistencial de salud en jornadas de medio tiempo y no existía
incompatibilidad entre la pensión de jubilación reconocida en 2008 y el salario
devengado en la ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza; asimismo, reiteró que no
podía predicarse incompatibilidad con la pensión de vejez, dado que esta fue
reconocida por Colpensiones pero su ingreso en nómina permanecía en suspenso
por no haberse retirado del servicio.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, la demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia de fecha 3
de abril de 2025, emitida por parte del Tribunal Administrativo del
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: Luz Marina Rondón Guerra
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Cesar, a través de la cual se confirmó el fallo expedido el 29 de abril
de 2022 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar Cesar, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por la mí (sic), en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales UGPP, tramitado bajo el radicado Nº. 20001-33-33-008-
2021-00118-00; y en su lugar CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales alegados a nombre de la suscrita LUZ
MARINA RONDON GUERRA.
SEGUNDA: En consecuencia, de lo anterior, solicito muy
respetuosamente del Honorable Consejo de Estado ORDENAR, al
Tribunal Administrativo del Cesar, que un término de 30 días, contados a
partir de la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia en
la cual se aplique correctamente el precedente constitucional indicado en
esta acción constitucional, legal y probatorio, respecto a las siguientes
resoluciones:
❖ La Resolución No. RDP 014628 del 30 de junio de 2020, expedida por
el subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, mediante la cual se ordenó
la suspensión inmediata de la nómina de pensionados de la Resolución
No. 003233 del 27 de mayo de 2008
❖ La Resolución No. RDP 019416 del 27 de agosto de 2020 “por la cual
se resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución 014628
del 30 de junio de 2020” expedida por el subdirector de Determinación de
Derechos Pensionales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
– UGPP.
❖ La Resolución No. RDP 022346 del 30 de septiembre de 2020 “por la
cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución
014628 del 30 de junio de 2020”, expedida por el director de Pensiones
de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP.
O, que en lo sumo, respetando lo indicado en el precedente constitucional
y la buena fe, se ordene proferir una nueva sentencia, aplicando
correctamente el precedente constitucional respecto a la devolución del
valor de las mesadas pagadas a mi persona y que por tanto se pronuncie
el Tribunal Administrativo del Cesar, respecto a la nulidad de lo
determinado en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución RDP
014628 del 30 de junio de 2020, expedida por el subdirector de
Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales – UGPP, bajo el entendido de que no hay
obligatoriedad de liquidar los mayores valores pagados a partir de la
fecha de inclusión en nómina de pensionados de la Resolución No.
003233 del 27 de mayo de 2008, hasta la fecha de suspensión de
esta.”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del
aplicativo SAMAI – mayúsculas y negrillas del original).
4. Actuación en primer grado
En auto del 3 de diciembre de 20254, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar al presidente y magistrados integrantes
4
Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: Luz Marina Rondón Guerra
Acción de tutela – Impugnación de fallo
del Tribunal Administrativo del Cesar y al titular del Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar para que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción y vinculó al director de la UGPP, como tercero
con interés en el resultado del proceso.
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia del 22 de enero de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Luz Marina
Rondón Guerra por considerar que no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional exigido para la procedencia excepcional del amparo contra
providencias judiciales. (índice 000012 del aplicativo SAMAI)
El a quo consideró que la controversia planteada por la actora correspondía a un
debate eminentemente legal y probatorio ya tramitado y resuelto por los jueces
naturales en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo
cual la solicitud de amparo estaba orientada a reabrir la discusión jurídica ya
decidida.
La acción de tutela no puede fungir como una tercera instancia para replantear el
análisis efectuado por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo ni para
obtener una decisión distinta sobre aspectos ya definidos por el juez natural, salvo
que se acredite una afectación constitucional concreta.
La actora no explicó de manera suficiente cómo se configuraba la vulneración de
sus derechos fundamentales ni identificó con precisión los elementos probatorios y
actuaciones que sustentaban sus afirmaciones, por lo cual no se advertía un
problema que trascendiera el plano de la mera inconformidad con las providencias
judiciales cuestionadas.
6. Impugnación
El 29 de enero de 2026, la demandante presentó impugnación contra el fallo de
primera instancia5, concedida en auto del 4 de febrero del presente año6.
5
Índice 00017 del aplicativo SAMAI.
6
Índice 00020 del aplicativo SAMAI.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: Luz Marina Rondón Guerra
Acción de tutela – Impugnación de fallo
En su escrito, cuestionó que la Sección Quinta del Consejo de Estado hubiera
declarado improcedente la acción de tutela por ausencia de relevancia
constitucional, pese a que el asunto sí comprometía de manera directa sus derechos
fundamentales, dada su condición de adulta mayor y las consecuencias
patrimoniales derivadas de la suspensión pensional.
El caso no se reducía a una discrepancia legal sobre la interpretación del régimen
pensional, sino que involucraba un problema constitucional relacionado con la
suspensión de una pensión reconocida mediante acto administrativo particular, sin
su consentimiento, en contravía del artículo 97 del CPACA y de la jurisprudencia
constitucional sobre la materia.
Asimismo, reiteró que las sentencias cuestionadas incurrieron en los defectos
alegados en la acción de tutela por no valorar adecuadamente las particularidades
de su situación como personal asistencial de salud de medio tiempo ni los elementos
que, a su juicio, demostraban la improcedencia de la suspensión y del cobro
coactivo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2)
delimitación del asunto y 3) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: Luz Marina Rondón Guerra
Acción de tutela – Impugnación de fallo
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. Delimitación del asunto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y al Tribunal Administrativo
del Cesar con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales
del debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados con ocasión de las
sentencias proferidas por esas autoridades judiciales el 29 de abril de 2022 y el 3
de abril de 2025, respectivamente, por cuanto, a su juicio, incurrieron en defecto
sustantivo, defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
La Sala precisa que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las sentencias
proferidas en las dos instancias del proceso ordinario, lo cierto es que los
argumentos de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido
de la providencia de segunda instancia, siendo aquella la que definió el marco de
decisión de la presente providencia.
Lo anterior, aunado a que esa providencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería el Tribunal
Administrativo del Cesar.
En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cesar con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: Luz Marina Rondón Guerra
Acción de tutela – Impugnación de fallo
fundamentales del debido proceso e igualdad de la actora, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida por esa autoridad judicial el 3 de
abril de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en defecto sustantivo, defecto fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, pero, por el
incumplimiento del requisito de inmediatez, por las razones que aquí se expondrán:
3.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela
El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de
una correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador
de los derechos fundamentales.
Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos
con el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las
situaciones que vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en orden a
que se puedan tomar medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales
derechos.
En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección
“inmediata7” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir
su cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni
desproporcionado que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad
judicial por vía de la acción de tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:
“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
7
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.”. (negrillas adicionales).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: Luz Marina Rondón Guerra
Acción de tutela – Impugnación de fallo
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario
la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del
derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con
anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del
tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una
providencia judicial, puede afectar además el principio de seguridad jurídica;
de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 8”.
En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa
judicial la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se
exija a los afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento
de la vulneración o amenaza.
Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso se pretende dejar sin efectos una
decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o
ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so
pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad
jurídica el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide
sus efectos y se legitime.
De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las
decisiones con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los
derechos de los terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de
manera indefinida a que su contraparte no haga uso de esta herramienta o
someterse a procesos sempiternos, lo cual desde luego desdibuja la esencia de
este mecanismo e implicaría sacrificar principios tan valiosos de cualquier
ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha
sido enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser
equiparado en toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las
acciones ordinarias, pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente
es erigirse en la primera herramienta de protección y defensa ante acciones u
omisiones que pongan en riesgo o vulneren garantías iusfundamentales en
ocasiones aplicar de manera estricta el término de 6 meses puede resultar en una
8
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
decisión excesivamente rigurosa.
Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede
llevar al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía
ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen
que la demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que
demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son
permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que
deben analizarse en cada caso concreto en orden a racionalizar la exigencia de la
inmediatez, a saber:
“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición 9”.
En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe
valorar si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones
jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad de la parte
actora, hipótesis en las cuales el amparo constitucional siempre será procedente.
3.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso
concreto
1) La Sala advierte, en primer término, que en el presente asunto no se cumplió con
el requisito de inmediatez.
2) En efecto, a partir de la revisión de las actuaciones correspondientes al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 20001-33-33-008-
2021-00118-01 en el aplicativo SAMAI adelantado por la señora Luz Marina Rondón
Guerra, se constató que la providencia atacada fue proferida el 3 de abril de 2025 y
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Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: Luz Marina Rondón Guerra
Acción de tutela – Impugnación de fallo
notificada mediante correo electrónico a la actora el 7 de abril del mismo año,
mientras que la acción de tutela se interpuso ante esta Corporación el 2 de
diciembre de 2025, lo cual denota que se ejerció extemporáneamente:
3) Así entonces, en atención a que el 7 de abril de 2025 se envió a la demandante
el mensaje de datos con la providencia cuestionada y a que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la notificación de la providencia
que se haga por medios electrónicos debe entenderse realizada a los dos (2) días
hábiles siguientes al envío de dicho mensaje, el término razonable en el que la
actora pudo solicitar el amparo de sus derechos fundamentales inició el viernes 10
de abril de 2025 y feneció el 10 de octubre de 2025.
4) Sin embargo, la acción de tutela se radicó por fuera del plazo de los 6 meses que
se estableció como razonable para presentar el amparo, pues, la demandante la
presentó a través de correo electrónico ante esta Corporación el 2 de diciembre de
2025, lo cual permite denotar que se ejerció extemporáneamente.
5) Ahora bien, la Sala advierte que en este caso tampoco se explicó ni justificó la
presentación tardía de la acción, pues la actora no esgrimió ningún i) motivo válido
o situación personal que justificara su inactividad; ii) no se aprecia que se esté ante
una vulneración a amenaza permanente, iii) que el fundamento de la acción haya
surgido después de acaecida la actuación violatoria de los derechos, o iv) ninguna
otra circunstancia especial que permita flexibilizar el término de inmediatez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07662-01
Demandante: Luz Marina Rondón Guerra
Acción de tutela – Impugnación de fallo
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela, pero por las razones
expuestas en esta decisión.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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