Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07677-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07677-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07677-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07677-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial / Caducidad en el medio de
control de reparación directa / Afectación de predios por uso de
suelo institucional / Defectos fáctico, procedimental absoluto y
desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Gabriel Vanegas Lara, en contra de
la sentencia proferida el 19 de febrero del 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta en la cual se negó el amparo solicitado.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Gabriel Vanegas Lara promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la propiedad privada
y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida el 3 de junio de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 25000-23-36-000-2016-00766-02.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda contra
la Nación, municipio de Lenguazaque, con la finalidad de que se declarara su
responsabilidad patrimonial por los perjuicios ocasionados por la afectación del
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «16ED_Demanda (.pdf) NroActua2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
predio denominado «San Antonio» con un «uso de suelo institucional», establecida
mediante el Acuerdo 008 de diciembre del 2000, por el cual se adoptó el Esquema
de Ordenamiento Territorial2.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en
sentencia del 28 de febrero de 2019, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se acreditó un menoscabo real del derecho de propiedad, pues
si bien el EOT puede clasificar el predio como de uso institucional, ello no significa
una limitación jurídica del mismo. Asimismo, advirtió que no obraba anotación
alguna relacionada con la afectación el folio de matrícula inmobiliaria y tampoco se
probó algún hecho que demostrara una restricción real. En contra de esta decisión
interpuso recurso de apelación.
2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 3 de
junio de 2025 declaró probada la caducidad del medio de control de reparación
directa, al considerar que, «[l]a demanda es abiertamente extemporánea porque el daño,
consistente en la declaración de uso de suelo institucional del inmueble, se materializó con
la expedición del Acuerdo 008 del 18 de diciembre de 2000 constitutivo del Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Lenguazaque, pero, la demanda se propuso tan
solo el 16 de abril de 2016» [sic].
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio, pues solo tuvo en
cuenta la fecha de expedición del EOT del municipio de Lenguazaque y, en
consecuencia, no valoró totalmente las demás pruebas obrantes en el expediente
relacionadas con la forma y el momento en que se materializó la afectación del
inmueble. Las cuales demostraban que la restricción sobre el predio no se
materializó con la expedición del acuerdo del municipio y, por lo tanto, no había
operado la caducidad del medio de control.
2.5. En defecto procedimental absoluto pues declaró probada la caducidad de la
demanda, a pesar de que dicho asunto ya había sido objeto de análisis y resuelto
durante el trámite ordinario. En esencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en providencia del 21 de febrero de 2018 declaró no probada la excepción de
caducidad y la misma fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B en decisión del 20 de septiembre de 2018 al considerar que era una
afectación permanente y, por ende, el término para demandar empezaba a correr
desde cuando cesa la misma, lo que en el caso concreto no ha ocurrido.
2 En adelante EOT.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
2.6. En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado3 y de la Corte
Constitucional4 en donde se estableció que existe ocupación jurídica cuando una
actuación de la administración impide al propietario ejercer plenamente sus
derechos sobre el inmueble o explotarlo económicamente. Asimismo, sostienen
que, el término de caducidad de la reparación directa debe contarse desde el
momento en que el afectado tiene conocimiento de la restricción a su derecho de
propiedad.
1.2. Pretensiones
3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, al debido
proceso, a la propiedad privada, acceso a la administración de justicia, establecidos en
los artículos 13, 29, 58 y 209 de la Constitución Política de Colombia los cuales deben
ser reparados integralmente.
2. DECLARAR que la sentencia de segunda instancia, emitida por el Consejo de Estado
-sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera- Subsección B de fecha 3 de
junio de 2025, dentro del proceso de Acción de Reparación Directa con radicado Nº
25001123360076602, siendo DEMANDANTE Gabriel Vanegas Lara y DEMANDADO el
Municipio de Lenguazaque Cundinamarca, VIOLÓ abiertamente los artículos 13, 29, 58
y 229 de la Constitución Política de Colombia.
3. ORDENAR a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que dicte un
nuevo fallo ajustado a derecho garantizado la igualdad ante la ley, el debido proceso, el
derecho a la propiedad privada y el acceso a la administración de Justicia vulnerados
con la indebida interpretación del fenómeno de la caducidad que se dio al proferir el fallo
de segunda instancia y que causó un perjuicio irremediable a mi poderdante dejándolo
en estado de indefensión jurídica al no tener ahora ningún otro mecanismo de defensa
jurídica ante el Estado que evite una expropiación administrativa ilegal de un inmueble
de su propiedad. […]» [sic].
1.3. Informes rendidos en el proceso
4. ElTribunal Administrativo de Cundinamarca5 si bien allegó copia del
expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.
5. ElConsejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B6 solicitó que se
declarara improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no se cumplió con el
3 Al respecto citó: i) sentencia del 29 de abril de 2015 del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B con radicado: 25000232600020020070800 (29175); ii) El ausento de unificación de
jurisprudencia del 9 de febrero de 2011 de la Sección Tercera del Consejo de Estado con expediente
38271; y iii) sentencia del 9 de mayo de 2014 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B con radicado 25000232600020020000007601 (24679)
4 Al respecto citó la sentencia C-864 del 7 de 2004. MP: Jaime Araujo Rentería.
5 Ver índice 10 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«14RECIBEPRUEBAS_Bandejadeentrada_Jei (.pdg) NroActua10 (.pdf)
6Ver índice 11 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«16CONTESTACIONDE_CONTESTACIONTUTELA20(.pdf)NroActua11».
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
requisito general de relevancia constitucional, ya que la verdadera intención del
demandante era convertir el amparo constitucional en una tercera instancia,
Además, expuso que realizó un análisis completo e integral de la situación jurídica
y fáctica para declarar la excepción de caducidad.
6. Por otro lado, argumentó que el escrito no cumplió con la carga argumentativa
exigida para cuestionar providencias judiciales y, por último, manifestó que las
vulneraciones que se alegan van dirigidas al municipio de Lenguazaque y no a la
sentencia del 3 de junio de 2025.
7. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
1.4. Sentencia de primera instancia7
8. El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 19 de febrero del 2026
negó las pretensiones de la tutela al considerar que no se acreditaron los defectos
alegados.
9. En relación con el defecto fáctico, luego de revisar el material probatorio obrante
en el expediente, argumentó que la sentencia enjuiciada sí arribo a una conclusión
razonable. Además, expuso que existió una interpretación objetiva, racional, legal y
motivada de los elementos de prueba.
10. Asimismo, el defecto procedimental absoluto tampoco lo encontró configurado,
al exponer que, si bien la excepción de caducidad fue declarada no probada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, eso no impedía que el juez de segunda instancia pudiera
decretar la caducidad, si evidenciaba que no se promovió en el plazo legal, lo que
efectivamente ocurrió.
11. Finalmente, tampoco evidenció un desconocimiento de los precedentes citados,
toda vez que las sentencias alegadas trataban supuestos fácticos diferentes y, por
ende, no eran aplicables al caso concreto.
1.5. Escrito de impugnación8
12. Gabriel Vanegas Lara impugnó la decisión del a quo, para lo cual, reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela e insistió en que la afectación alegada
constituía una ocupación jurídica del inmueble, por lo que el término de caducidad
no podía contabilizarse desde la expedición del Acuerdo 008 de diciembre del 2000,
7 Ver índice 15 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«17Sentencia_320225767700GABRIELV(.pdf) NroAactua15».
8 Ver índice 31 de Samai de primera instancia. Archivo denominado «39_MemorialWeb_Otro-
IMPUGNACIONTUTELAG (.pdf) NroActua31».
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
conforme a lo previsto en el artículo 164 del CPACA, y, que, durante el trámite del
proceso contencioso administrativo ya se había concluido que la demanda fue
presentada dentro del término legal.
13. Asimismo, insistió en que no hay ninguna anotación en el folio de matrícula
inmobiliaria del predio, razón por la cual no podía considerarse que la afectación
hubiera producido efectos jurídicos desde la expedición del acuerdo.
14. También afirmó que realmente tuvo conocimiento de la limitación con ocasión de
las actuaciones adelantadas por el municipio, particularmente la actuación policiva
en el 2018 que ordenó el cierre de un parqueadero público que funcionaba en el
inmueble por considerar que este tenía un uso institucional y no antes.
2. Consideraciones
15. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
17. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado11, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señalo lo siguiente
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,
M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»
18. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
19. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
20. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
21. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
22. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico.
23. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales de
Gabriel Vanegas Lara con ocasión de la sentencia del 3 de junio de 2025, mediante
la cual, en segunda instancia, declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa, con la que incurrió, presuntamente, en los defectos fáctico,
procedimental absoluto y en desconocimiento del precedente judicial?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
24. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto fáctico
25. El defecto factico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional17, tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»18, «o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»19. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia
pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»20.
26. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605
de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
19 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cépeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar
Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20 Sentencia T-538 de 1994.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
2.4.3. Defecto procedimental
27. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue ideado por la Corte Constitucional desde la sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en que el juez ordinario
adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una
etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
28. A partir de la sentencia T-1306 de 200121, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por exceso
ritual manifiesto22, producto de una indebida preferencia por las formas procesales
en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia
del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones judiciales,
en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales23.
29. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión que
lesione bienes ius fundamentales24.
2.4.4. Desconocimiento del precedente judicial
30. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
21 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973 de 2004,
T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
22 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos bienes como mandatos
de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto para la satisfacción de los derechos
fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
23 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas
procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
24 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial consolidada
sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue no haya posibilidad de
corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii)
que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera
sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo
anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado social de derecho.
31. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
32. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
33. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.
2.5. Sobre el caso concreto
34. Gabriel Vanegas Lara acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 3 de junio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B mediante la cual, en segunda instancia, declaró la caducidad del
medio de control de reparación directa promovido contra el municipio de
Lenguazaque.
35. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en defecto fáctico por la indebida valoración probatoria relacionada con el
momento en que se materializó la afectación sobre el inmueble, comoquiera que se
limitó, únicamente, a tener cuenta el Acuerdo 008 del 2000 para concluir que había
operado la caducidad del medio de control.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
36. En defecto procedimental absoluto, toda vez que la sentencia cuestionada
declaró la caducidad pese a que dicho asunto ya había sido analizado durante el
trámite del proceso contencioso administrativo y se había concluido que la demanda
fue presentada oportunamente.
37. Finalmente, en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado25 y
de la Corte Constitucional26 en donde se establece que existe ocupación jurídica
cuando una actuación de la administración impide al propietario ejercer plenamente
sus derechos sobre el inmueble o explotarlo económicamente. Asimismo, sostuvo
que el término de caducidad de la reparación directa debe contarse desde el
momento en que el afectado tiene conocimiento de la restricción a su derecho de
propiedad.
38. En este punto, se recuerda que el literal i) numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación directa,
dispuso:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. […].
39. Con fundamento en la normativa expuesta, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B en lo referente a la caducidad en los casos en que se
persigue una indemnización por el cambio de uso del bien, de cara al precedente
judicial sentado por el máximo órgano de lo contencioso-administrativo respecto al
momento en que debe empezar a contarse el término en estos casos, consideró:
25 Al respecto citó: i) sentencia del 29 de abril de 2015 del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B con radicado: 25000232600020020070800 (29175); ii) El auto de unificación de
jurisprudencia del 9 de febrero de 2011 de la Sección Tercera del Consejo de Estado con expediente
38271; y iii) sentencia del 9 de mayo de 2014 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B con radicado 25000232600020020000007601 (24679)
26 Al respecto citó la sentencia C-864 del 7 de 2004. MP: Jaime Araujo Rentería.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
«[…] 1) La Sala pone de presente que el tribunal, en la audiencia inicial, rechazó la
excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada y dicha decisión
fue confirmada por esta Corporación en auto del 20 de diciembre de 2018 al resolver el
recurso de apelación.
2) No obstante, en este caso, es posible analizar nuevamente la figura procesal de la
caducidad de la acción, porque esta Corporación en el referido auto del 20 de diciembre
de 2018 no adoptó una decisión definitiva en relación con la caducidad, pues, en dicha
providencia expresa e inequívocamente determinó que el análisis de la caducidad se
realizaba “sin perjuicio de advertir que se podrá volver sobre el punto al tiempo de
resolver el fondo” (fl. 70 cdno. no. 1).
3) Ahora bien, según el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el medio de
control judicial de reparación directa caduca “al término de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo”.
4) En este caso, según las propias afirmaciones de la demanda, el daño se materializó
con la expedición del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de
Lenguazaque (Cundinamarca) mediante el Acuerdo 008 del 18 de diciembre de 2000
con el que se declaró el predio “San Antonio” como de uso “institucional” , sin que el
hecho de que la limitación se mantenga implique que se trate de un daño continuado.
5) Esta Sala en un asunto similar en el que se solicitaba la indemnización de perjuicios
como consecuencia de la declaración de dos inmuebles como de uso público con la
expedición de los planes de ordenamiento territorial (POT) del Distrito Industrial y
Portuario de Barranquilla, descartó la configuración de un daño continuado y contabilizó
el término de caducidad desde la expedición de los actos administrativos que
establecieron la limitación, con fundamento en el siguiente razonamiento:
“De igual manera, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha diferenciado
entre daño instantáneo o inmediato y el daño continuado de tracto
sucesivo; respecto del primero se ha precisado que es aquel que resulta
susceptible de identificarse y consumarse en un momento preciso de
tiempo que, si bien produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el
futuro, únicamente existe como tal en el momento en que se produce, en
contraposición al segundo, esto es, aquel que no cesa o se prolonga en el
tiempo, extensión temporal que no se predica de los efectos de este o si se
quiere de los perjuicios causados, sino, del daño como tal. (…).
En este caso concreto es evidente que no se trató de un daño continuado
o de tracto sucesivo, tal como se aduce en el recurso de apelación, pues,
la afectación invocada en la demanda se materializó en un solo momento
(daño instantáneo) con la expedición del Decreto no. 0154 del 6 de
septiembre de 2000 y el Decreto no. 0212 del 28 de febrero de 2014, actos
administrativos a través de los cuales se expidieron los planes de
ordenamiento territoriales del distrito especial que afectaron los dos
mencionados predios de propiedad de la demandante.
Del análisis del texto de la demanda se advierte, de manera inequívoca, que
el daño que se reclama proviene de la limitación al uso del suelo
introducida con los planes de ordenamiento territorial (POT) expedidos por
las autoridades distritales de Barranquilla, esto es, los Decretos nos. 0154
del 6 de septiembre de 2000 y 0212 del 28 de febrero de 2014, tanto así que en
el hecho décimo de la demanda se reconoció, expresa e inequívocamente, que
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
la señora Sofía Cristina Amaya Gutiérrez a partir del 28 de febrero de 2014
“realizó todo tipo de acciones, solicitudes, impetró diferentes mecanismos, en
aras de obtener del DEIP de Barranquilla que levantara el veto, restricción o
afectación impuesto por vías de hecho, sin resultados”, actuaciones que detalló
en el mismo texto del libelo petitorio (f. 9 índice 22 SAMAI primera instancia).
En ese orden, el plazo para presentar la demanda de reparación directa inició su
cómputo con la expedición del Decreto 0154 del 6 de septiembre de 2000 y, en
gracia de discusión, el 29 de febrero de 2014 -con la publicación del Decreto
0212 de 2014- en la correspondiente gaceta distrital y, por lo tanto, el plazo
máximo para su radicación vencía el 29 de febrero de 2016; por consiguiente, es
totalmente claro que la solicitud de conciliación extrajudicial elevada por la parte
demandante el 22 de octubre de 2019 y la presentación de la demanda de
reparación directa el 31 de octubre de 2019 resultaron abiertamente
extemporáneas, pues, ya había operado el término de caducidad”27 (resalta la
Sala).
6) En este proceso, en la demanda se precisó que el daño del demandante consistió en
haberse “afectado el inmueble de su propiedad, denominado “San Antonio” con un uso
de suelo “institucional” (fl. 5 cdno. no. 1.), limitación establecida mediante EOT del año
2000 del municipio, por lo que el término de caducidad se contabiliza desde el 21 de
diciembre de 2000, día siguiente al último día de publicación del Acuerdo 008 de 2000
(fl. 50 cdno. no. 1), por lo tanto, como la demanda fue presentada el 16 de abril de 2016
es extemporánea, inclusive si se contabiliza el lapso durante el cual se adelantó el
trámite de la conciliación prejudicial —24 de noviembre de 2015 a 2 de febrero de 2016
(fl. 77 a 78 cdno. no. 2)—.
7) Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse que en las afirmaciones de la demanda se
indica que el municipio ha usado el predio “San Antonio” para uso oficial como plaza de
toros durante las fiestas del pueblo a finales de los meses de enero y comienzos de
febrero, sin embargo, lo cierto es que el contenido y alcance de las pretensiones de la
demanda se dirigen puntual y exclusivamente a que se declare la responsabilidad por el
cambio de uso del bien y no por su ocupación temporal o permanente
En consecuencia, la Sala no puede trastocar ni el fundamento ni el alcance de las
súplicas de la demanda y, por ende, la caducidad del medio de control ejercido con la
demanda hay que contabilizarla desde que se modificó el uso del suelo, tal y como se
precisó con anterioridad. […]» [sic].
40. Como se observa, la autoridad judicial demandada acató lo dispuesto en el
artículo 164 del CPACA y la jurisprudencia del Consejo de Estado para efectos de
declarar probada la excepción de caducidad de cara a las circunstancias que
rodeaban el caso particular de Gabriel Vanegas Lara. En ese sentido, desestimó la
tesis según la cual la limitación sobre el inmueble solo se materializó con las
actuaciones adelantadas por el municipio con posterioridad a la expedición del
acuerdo municipal y concluyó que el daño alegado se configuró desde el momento
27Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia del 10 de octubre de 2024, expediente 70368 MP Fredy Ibarra Martínez, con aclaración
de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, quien señaló que en dicho caso la limitación en el
uso del suelo había sido levantada por la administración, por lo que, a su juicio, el término de
caducidad debió contabilizarse desde el levantamiento.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
en que se modificó el uso del suelo del predio «San Antonio». Por ello, precisó que
el término de caducidad inició el 21 de diciembre de 2000, último día de publicación
del acto administrativo.
41. En relación con el asunto sometido a consideración, luego de una lectura de
la sentencia enjuiciada, la Sala advierte que no se configuró el defecto fáctico
alegado. Lo anterior, por cuanto se sostiene que la autoridad judicial demandada
omitió valorar integralmente las pruebas obrantes en el expediente relacionadas con
el momento en que se materializó la afectación alegada sobre el inmueble y que,
por el contrario, se limitó a tener en cuenta la fecha de expedición de la ordenanza
municipal para concluir que había operado la caducidad del medio de control. Sin
embargo, no se evidencia la existencia de una omisión probatoria de tal entidad que
permita concluir que la decisión adoptada sea abiertamente arbitraria.
42. Por el contrario, la autoridad judicial demandada analizó la controversia y
concluyó que el daño invocado se materializó producto del Acuerdo 008 de
diciembre del 2000, por medio del cual se le otorga un carácter al uso del suelo
institucional al predio «San Antonio» y que, por lo mismo, era desde ese momento
que se debía contabilizar el término para demandar. Así, aunque se sostenga que
se omitió valorar pruebas como las respuestas a la petición en el año 2014 o las
actuaciones policivas adelantadas en el 2018, lo cierto es que su inconformidad se
dirige contra la conclusión a la que llegó el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B respecto del momento en que se configuró el daño y no frente a la
omisión o indebida valoración de las pruebas.
43. En ese contexto, la Sala advierte que las pruebas cuya falta de valoración se
reprocha estaban dirigidas a respaldar la tesis según la cual la afectación al
inmueble se materializó con posterioridad a la expedición del acuerdo municipal
específicamente cuando el demandante supuestamente tuvo conocimiento de la
limitación a su inmueble. Sin embargo, ello no permite concluir, por sí solo, que la
autoridad judicial demandada hubiera incurrido en un defecto fáctico, pues la
controversia planteada se dirige esencialmente a cuestionar la conclusión respecto
del momento de configuración del daño y del cómputo del término de caducidad.
Pues la decisión enjuiciada consideró que la afectación alegada empezó
directamente con la expedición del ETO.
44. En concordancia con lo anterior, la Sala observa que tampoco se encuentra
configurado el defecto procedimental, pues si bien el demandante sostiene que la
autoridad judicial demandada declaró probada la excepción de caducidad pese a
que dicho asunto ya había sido objeto de análisis durante el trámite ordinario y se
había concluido que la demanda fue presentada oportunamente.
45. Lo cierto es que, para la Sala, la circunstancia de que durante una etapa
previa del proceso se hubiera considerado que la caducidad no estaba llamada a
13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
prosperar, ello no impedía que la autoridad judicial volviera a examinar ese
presupuesto al momento de dictar sentencia. Lo anterior, por cuanto a que la
caducidad «es un límite temporal de orden público, que no se puede renunciar y que debe
ser declarada por el juez, en cualquier caso, oficiosamente»28. Así las cosas, la
declaratoria de caducidad corresponde al legítimo ejercicio de una facultad
reconocida al juez respecto de un presupuesto procesal que es de orden público y
no obedece a una actuación arbitraria.
46. Incluso, en gracia de discusión, la providencia del 20 de septiembre de 2018
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante el cual se
confirma la decisión del 21 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de negar la excepción de caducidad de la demanda, estableció, de
forma expresa, que confirmó la providencia «sin perjuicio de advertir que se podrá
volver sobre el punto al tiempo de resolver de fondo». Lo anterior evidencia que desde
ese momento se reconoció la posibilidad de que el juez volviera a pronunciarse
sobre la configuración de la caducidad del medio de control de reparación directa.
47. A juicio de la Sala, resulta ajustado a derecho que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B contabilizara el término de caducidad a partir de la
expedición del Acuerdo 008 de diciembre del 2000, momento en el cual se
materializó la afectación del predio «San Antonio». Específicamente desde el 21 de
diciembre de 2000, día siguiente a la última publicación del mencionado acto
administrativo. Por lo que tenía para demandar hasta el 21 de diciembre de 2002;
no obstante, solo presentó la solicitud de conciliación prejudicial el 24 de noviembre
de 2015 y la demanda el 16 de abril de 2016, cuando ya había pasado el término
legal para ello.
48. Por otro lado, para la Sala tampoco se configura el desconocimiento del
precedente judicial alegado, por las siguientes razones:
49. La sentencia del 29 de abril de 201529 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B analizó una controversia relacionada con la
ocupación jurídica de unos terrenos afectados por la declaratoria de utilidad pública
de áreas ubicadas en el humedal el Jaboque y precisó que el término de caducidad
debía contabilizarse a partir del momento que existiera certeza sobre la
consolidación de la ocupación o de la limitación al derecho de propiedad. Sin
embargo, la sentencia enjuiciada no desconoció esa regla jurisprudencial, sino que
concluyó, a partir de las particularidades del caso, que la afectación alegada se
produjo a partir de la expedición del Acuerdo 008 de 2002 mediante el cual se asignó
al predio «San Antonio» un uso institucional. Así, la diferencia no recae sobre la
28 Sentencia C-227 de 2009. MP: Luis Ernesto Vargas Silva.
29 sentencia del 29 de abril de 2015 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con
radicado: 25000232600020020070800 (29175).
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
regla jurídica fijada, sino sobre la conclusión de en qué momento se configuró el
daño.
50. Tampoco se advierte el desconocimiento del auto de unificación de 9 de
febrero de 201130, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, pues el
mismo no resulta aplicable al presente asunto, allí se analizó una demanda de
reparación directa derivada de la ocupación permanente de un inmueble mediante
la imposición de una servidumbre de hecho para la instalación de torres de energía
eléctrica, supuesto en el cual se discutía el momento a partir del cual debía
contabilizarse la caducidad frente a una ocupación material del predio. Por el
contrario, en este caso la controversia gira en torno a la afectación derivada de la
adopción del Acuerdo 008 de diciembre del 2000, mediante el cual se asignó al
predio «San Antonio» un uso institucional dentro del EOT del municipio de
Lenguazaque, circunstancia que responde a un contexto fáctico distinto.
51. En relación con la sentencia del 9 de mayo del 2014 del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B31 la Sala no evidencia un desconocimiento de la
regla jurisprudencial allí examinada. En efecto, se señaló que la caducidad del
medio de control de reparación directa es de 2 años contados desde el día siguiente
al de la finalización de la obra pública, si la ocupación es permanente, o desde que
cesa la ocupación temporal del inmueble, o desde que el demandante tenga
conocimiento de esos hechos, siempre que demuestre que no pudo enterarse de
los mismos con anterioridad. No obstante, esto, dicha providencia fue analizada en
un contexto fáctico diferente, pues estuvo relacionada con la reclamación de los
perjuicios causados a raíz de la tardanza de la administración para adquirir el bien.
52. Por último, misma suerte corre la sentencia C-864 del 200432, en dicha
providencia la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de las normas que
regulan el medio de control de reparación directa por ocupación permanente de
inmuebles y concluyó que estas constituyen un mecanismo dirigido a garantizar la
protección del derecho de propiedad mediante el reconocimiento de la
correspondiente indemnización cuando el Estado ocupa de hecho un bien privado.
Por lo cual, declaró la exequibilidad de la expresión «o permanente» contenida en
el inciso 1º del de artículo 86 del Código Contencioso Administrativo y del inciso 2
del Artículo 219 del mismo código. Sin embargo, la decisión no estableció una regla
relacionada con la determinación del momento de configuración del daño ni con el
cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa.
30 El auto de unificación de jurisprudencia del 9 de febrero de 2011 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado con expediente 3827.
31 Sentencia del 9 de mayo de 2014 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con
radicado 25000232600020020000007601 (24679).
32 Sentencia C-864 del 7 de 2004. MP: Jaime Araujo Renteria.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
53. De esta forma, no se advierte un desconocimiento de los precedentes
invocados, pues corresponden a supuestos fácticos diferentes o, en su defecto, la
autoridad judicial demandada no se apartó de las reglas jurisprudenciales aplicables
al caso concreto.
54. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
55. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.
3. Conclusión
56. En ese orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la
decisión del a quo, a través de la cual negó la solicitud de amparo de Gabriel
Vanegas Lara contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
57. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 19 de febrero del
2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual negó la solicitud
de tutela presentada por Gabriel Vanegas Lara contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-01
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso
CJE/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.