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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07685-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07685-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por incumplimiento del requisito de inmediatez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07685-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

29 de abril de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintinueve (29) de abril dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07685-01
Demandante: JUAN FERNANDO VÉLEZ MADRID Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE CONFIRMA LA DECLARATORIA DE IMPROCEDENCIA
POR AUSENCIA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ.

Síntesis del caso: los actores cuestionaron la sentencia de segunda instancia que condenó a la
entidad allí demandada al pago de los perjuicios morales en el marco de un proceso de reparación
directa, pero los excluyó a ellos de ese reconocimiento. No obstante, se confirmará la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción por el requisito de inmediatez, porque
se presentó la acción de tutela por fuera del término que la jurisprudencia constitucional ha
estimado como razonable.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 23
de enero de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado mediante la cual se dispuso:

“Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía General
de la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Declarar Improcedente la acción de tutela que presentó los señores
Juan Fernando Vélez Madrid y Andrea Vélez Alfonso, por las razones expuestas
en esta providencia”. (Negrillas y mayúsculas fijas del original - archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 2025, los señores Juan Fernando Vélez
Madrid y Andrea Vélez Alfonso promovieron proceso de acción de tutela en contra del

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Actor (a): Juan Fernando Vélez Madrid y otra
Acción de tutela

Tribunal Administrativo de Antioquia para que le sean amparados los derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 28 de septiembre de 2022.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 23 de febrero de 2012, el señor José Alejandro Vélez Madrid fue capturado por
miembros del CTI de la Policía, por presuntamente haber cometido los delitos de hurto
calificado y agravado, por los cuales estuvo recluido en establecimiento carcelario por el
término de un mes y, posteriormente, en detención domiciliaria.

2) El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, mediante
sentencia del 12 de julio de 2013, lo absolvió de los cargos de hurto calificado y agravado
y ordenó el archivo del expediente.

3) El señor José Alejandro Vélez Madrid, junto con su grupo familiar, presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios materiales y morales causados por el tiempo en que
permaneció privado de la libertad.

4) El Juzgado 22 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, por medio de sentencia
del 15 de noviembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue
apelada.

5) El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de providencia del 28 de septiembre
de 2022, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de condenar a la Fiscalía General de la Nación
a pagar los perjuicios reclamados por los demandantes al considerar que las actuaciones
del ente investigador privaron injustamente de la libertad al señor José Alejandro Vélez
Madrid y tal detención tuvo origen en las irregularidades, los errores y la deficiente labor
investigativa realizada.

6) La referida sentencia excluyó a los actores del reconocimiento de los perjuicios
morales, con fundamento en que no se acreditó el daño moral alegado, conforme con las

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Actor (a): Juan Fernando Vélez Madrid y otra
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pautas probatorias definidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 dentro del expediente con
radicación número 18001-23-31-000- 2006-00178-01(46681).

7) Presentaron recurso extraordinario de revisión; sin embargo, la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante providencia del 21 de octubre de 2025, declaró infundado
el mecanismo judicial.

Fundamento de la vulneración

La parte accionante sostuvo que la sentencia del 28 de septiembre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico
porque aplicó de manera parcial la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29
de noviembre de 2021, pues no atendió la regla que en materia probatoria definió el
párrafo 68.5 de la referida providencia, en lo que respecta a la demostración de los
perjuicios morales por parte de los hermanos de la víctima directa.

Sostuvo que la sentencia de unificación estableció, como regla, que las demandas
presentadas entre el 28 de agosto de 2013 y el 29 de noviembre de 2021 en las cuales
el juez advierta que “no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los
parientes en segundo grado de consanguinidad, [este] podrá hacer uso de las facultades
probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido proceso”.

La demanda de reparación directa fue presentada el 2 de julio de 2015 y la sentencia de
unificación fue proferida el 29 de noviembre de 2021, además, el proceso ingresó al
despacho para fallo de segunda instancia el 2 de marzo de 2018, lo que obligaba al
tribunal a hacer uso de sus facultades probatorias para decretar una prueba de oficio
tendiente a constatar si se habían causado perjuicios morales o no en relación con los
hermanos de la víctima directa por los hechos materia de la controversia o, en su defecto,
disponer que se abriera un período probatorio para que la parte interesada solicitara las
pruebas tendientes a demostrar el daño moral.

En criterio de la parte actora, la providencia acusada defraudó la confianza legítima que
tenían los demandantes de que les fuera aplicada la jurisprudencia al momento de
interponer la demanda, es decir, la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013 que

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Actor (a): Juan Fernando Vélez Madrid y otra
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presumía la causación de los perjuicios morales en relación con los hermanos con solo
acreditar el vínculo de parentesco.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“Tutelar los derechos fundamentales al efectivo acceso a la administración de
justicia, igualdad, debido proceso y reparación integral de los accionantes,
declarando que la providencia judicial del 28 de septiembre de 2022 emitida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, sala Segunda de Oralidad,
incurrió en defecto material o sustancial al haber aplicado la nueva tesis de
unificación jurisprudencial, sin permitir a la parte interesada pedir las pruebas
necesarias para acreditar la causación de un perjuicio que, para la fecha de
interposición de la demanda, se presumía por el simple hecho del parentesco”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI - índice 2).

Actuación procesal

Por auto del 1 de septiembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al presidente y a
los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Antioquia, al tiempo que
vinculó, como terceros con interés, al Juzgado 22 Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, a la Fiscalía General de la Nación, a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior
de la Judicatura y a los señores José Alejandro Vélez Madrid, Sandra Lorena Muñoz
Molina, María José Agudelo Muñoz, Mariela del Socorro Madrid Meneses y José Hernán
Vélez Velásquez, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron
el ejercicio de la acción (índice 12 de Samai).

Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 23 de enero de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito
de inmediatez, ya que entre la notificación de la providencia cuestionada y la interposición
del mecanismo transcurrió un término irrazonable (índice 26 de Samai).

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Actor (a): Juan Fernando Vélez Madrid y otra
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Impugnación

La parte actora sostiene en su impugnación que el requisito de inmediatez no debe
contabilizarse desde la notificación de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2022,
sino a partir de la providencia mediante la cual se resolvió el recurso extraordinario de
revisión promovido contra dicha decisión, en tanto, a su juicio, solo con esta última se
consolidó de manera definitiva la situación jurídica que considera lesiva de sus derechos
fundamentales, de modo que el término para acudir a la acción de tutela debe empezar
a correr desde ese momento y no desde la ejecutoria del fallo inicialmente cuestionado.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 28 de septiembre de 2022.

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Actor (a): Juan Fernando Vélez Madrid y otra
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En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala confirmará la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del
requisito de inmediatez, por las razones que procederán a exponerse:

2.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela

El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.

Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con
el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que
vulneren o amenacen sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.

En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un término
prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección “inmediata1”
de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su cometido y el
paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado que torne
ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de
tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y alcance
de este requisito, así:

“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad
de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no
se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria,
no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia
de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una
reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede afectar
además el principio de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea

1
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”. (negrillas
adicionales).

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claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales2”.

En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial la
“urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los
afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la vulneración
o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin efectos una decisión
judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o ejecutoria de la
providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so pena de que como una
de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica el solo paso del tiempo
conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos y se legitime.

De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que su
contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos, lo
que desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar principios
tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa
juzgada.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en
toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,
pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la principal
herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo o
vulneren garantías iusfundamentales, en ocasiones, aplicar de manera estricta el término
de 6 meses en estricto puede resultar riguroso.

Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la posibilidad
de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la demanda no se
hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la

2
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.

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omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten en el tiempo y
hacen que la violación sea siempre actual.

Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez,
a saber:

“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión;

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición”3.

En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos4”, el juez debe valorar
si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas
que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las cuales
el amparo constitucional siempre será procedente.

2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto

1) En lo que respecta al requisito de inmediatez, la Sala advierte que la acción de tutela
no satisface dicho presupuesto, tal como lo determinó el a quo, en tanto que la parte
actora pretende cuestionar la decisión de segunda instancia que los excluyó del
reconocimiento de los perjuicios morales.

2) En efecto, de conformidad con el material probatorio allegado, se encuentra acreditado
que la providencia judicial que se cuestiona, esto es, la sentencia proferida el 28 de
septiembre de 2022, fue notificada el 3 de octubre del mismo año y la acción de tutela
fue promovida únicamente hasta el 2 de diciembre de 2025, esto es, luego de haber
transcurrido un lapso superior a dos años.

3
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
4
Ibidem.

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3) Dicho intervalo temporal resulta, en principio, incompatible con la naturaleza inmediata
del mecanismo de amparo, en tanto evidencia una inactividad prolongada de la parte
actora frente a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, sin que se
advierta, prima facie, una justificación que permita considerarlo razonable.

4) Bajo ese entendido, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el juez de primera
instancia, en cuanto estimó que la acción no fue ejercida dentro de un término prudente,
exigencia que se impone en los casos de tutela contra providencias judiciales, en atención
a su carácter excepcional, subsidiario y a la necesidad de preservar la seguridad jurídica
de las decisiones judiciales.

5) Precisado lo anterior, corresponde analizar el argumento expuesto en la impugnación,
según el cual el cómputo del requisito de inmediatez debe efectuarse a partir de la
providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión promovido contra la
decisión cuestionada.

6) En primer lugar, la Sala recuerda que el recurso extraordinario de revisión es un
mecanismo autónomo y excepcional, que inclusive se tramita por una cuerda procesal
diferente y que no se sigue del proceso principal, en tanto está dirigido a cuestionar
sentencias ejecutoriadas por causales taxativas, cuya interposición no tiene la virtualidad
de suspender o diferir los efectos de la providencia judicial que se reputa lesiva de
derechos fundamentales.

7) En segundo lugar, admitir la tesis del impugnante conduciría a desnaturalizar la acción
de tutela, en la medida en que permitiría reabrir el término para su ejercicio cada vez que
se promueva un mecanismo extraordinario, lo que afectaría la seguridad jurídica y la
estabilidad de las decisiones judiciales.

8) Finalmente, en el caso concreto no se acreditó que la decisión adoptada en el trámite
del recurso extraordinario de revisión hubiese generado una vulneración nueva,
autónoma o sobreviniente de derechos fundamentales que habilitara un nuevo cómputo
del requisito de inmediatez, por el contrario, el cuestionamiento de la parte actora se dirige
contra la sentencia proferida dentro del medio de control de reparación directa.

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9) En consecuencia, la Sala concluye que la controversia planteada carece de
inmediatez, razón por la cual, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, por incumplimiento del requisito de inmediatez, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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