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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07693-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07693-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por Ana del Rosario López de Lara y otros, respecto del defecto fáctico alegado y NEGAR el amparo solicitado respecto del defecto sustantivo, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por los motivos dados. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15. 13 de 14 Radicación: 11001-03-15-000-2025-07693-00 Accionante: Ana del Rosario López de Lara y otros Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedencia y niega ______________________________________________________________________________________________________________ CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07693-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07693-00
Accionante: Ana del Rosario López de Lara y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico - Relevancia
constitucional| Defecto sustantivo - Niega

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia por medio de
la cual se revocó la decisión de primera instancia y se declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa en un asunto en el que se demandó la responsabilidad del
Estado por la afectación de unos bienes inmuebles.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Ana del Rosario
López Lara y otros en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 3 de diciembre de 2025, Ana del Rosario López de Lara, Cristina
Arrubla Devis, Juan José Devis Manzanera, Olga Lucía Devis de Acevedo,
Angela Patricia Devis Chaparro, Daniel Hernando Devis Chaparro, Adela
Patricia Manotas Devis, Nicolás Manotas Devis, Alejandro Manotas Devis y
Carolina Devis Chaparro, a través de apoderado judicial, presentaron una
acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la propiedad y a la reparación de las víctimas por conductas u omisiones
del Estado. Lo anterior, con ocasión de la Sentencia de 9 de abril de 20252,
proferida por la autoridad judicial accionada, dentro del proceso de
reparación directa No. 25001-23-36-000-2012-00670-01 (55.310).

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 8 de julio de 2025.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07693-00
Accionante: Ana del Rosario López de Lara y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):

“Primero. Tutelar los derechos fundamentales de los Accionantes, vulnerados por
la decisión proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, subsección C dentro del trámite del proceso con
radicado 25001-23-36-000-2012-00670-01.

Segundo. Que se deje sin efecto la sentencia del 9 de abril de 2025 proferida por
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
subsección C dentro del trámite del proceso con radicado 25001-23-36-000-2012-
00670-01.

Tercero. Que se ordene a esta corporación emitir una nueva sentencia, teniendo
en cuenta las pruebas aportadas y el precedente aplicable en la que se decida
sobre la responsabilidad patrimonial de la EAAB por la ocupación jurídica de los
predios objeto del proceso.”.

3. Como hechos relevantes, de la tutela y sus anexos, se destacan los
siguientes:

4. 1) En 1977, Ana del Rosario López de Lara y Hernando Devis Echandía
adquirieron 2 predios de gran extensión en Bogotá. La señora López compró
el 90% y el señor Devis el 10%, porcentaje que posteriormente pasó a sus
herederos, los aquí accionantes.

5. 2) En el 2000, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -
EAAB –, mediante Resolución 783 de 17 de agosto de 2000, declaró de
utilidad pública parte de los predios, al parecer, porque los necesitaba para
el Proyecto Canal Córdoba y obras complementarias. En consecuencia, el
28 de diciembre de 2000, la EAAB inscribió una oferta de compra en los folios
de matrícula de los inmuebles, por lo que afectó el derecho de propiedad
de los dueños.

6. 3) Como los propietarios nunca aceptaron la oferta, la enajenación
voluntaria no se concretó, por lo que mediante las Resoluciones 298 y 299
de 5 de abril de 2001, la EAAB ordenó la expropiación total de uno de los
predios y parcial de otro. Sin embargo, los actos administrativos no fueron
registrados en los folios de matrícula de los inmuebles, incumpliendo lo
previsto en el artículo 12 del Decreto 2400 de 19893.

7. 4) La EAAB presentó una demanda de expropiación que fue
conocida por el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá. No obstante, según
la parte actora, esta fue archivada el 9 de diciembre de 2009, por operar el
desistimiento tácito dentro del proceso.

3 “Artículo 12º.- Ejecutada la resolución por la cual se ordena la expropiación, será inscrita en el respectivo folio de

matrícula inmobiliaria.”

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Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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8. 5) Pese a lo anterior, la EAAB ocupó materialmente la totalidad de los
predios y levantó cerramientos que, sumado a la inscripción de las ofertas
de compra en los folios de matrículas, los excluyó del comercio e hizo que
los propietarios sufrieran una restricción permanente e injustificada de su
derecho de propiedad.

9. 6) El 2 de agosto de 2012, la señora López de Lara solicitó a la
Superintendencia de Notariado y Registro el levantamiento de la afectación
que recaía sobre el inmueble sin obtener respuesta alguna.

10. 7) El 21 de agosto de 2012, la misma solicitud fue realizada ante la
EAAB, petición que fue rechazada el 19 de septiembre siguiente, pues la
empresa reiteró que era necesario adquirir los inmuebles porque eran de
utilidad pública. Para ello, la EAAB presentó la misma oferta de compra
realizada en el año 2000 sin considerar el incremento del valor de los predios
ni la indexación de la suma ofrecida.

11. 8) Por estos hechos, la señora Ana del Rosario López de Lara presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el
objeto de que se declarara la responsabilidad de la EAAB por la limitación
de su derecho de propiedad. El proceso fue asignado, por reparto, a la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca bajo el radicado No. 25001-23-36-000-2012-00670-00.

12. 9) Mediante Sentencia de 28 de mayo de 2015, el tribunal negó las
pretensiones de la demanda. Consideró que los predios hacían parte del
cuerpo de agua del humedal Córdoba, por lo que se trataba de un bien
público inalienable, de manera que nunca ingresaron al patrimonio de los
demandantes.

13. 10) Esta decisión fue apelada por los aquí accionantes4 y, mediante
Sentencia de 9 de abril de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado modificó la decisión de primera instancia. La Sala
consideró que las pretensiones de la demanda se presentaron por fuera de
los términos legales, por lo que declaró la caducidad del medio de control
de reparación directa respecto de la afectación para enajenación y la
omisión de adelantar el proceso de expropiación, adecuó al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho la pretensión relativa al
registro de las ofertas de compra y su levantamiento y declaró la caducidad

4 Los herederos del señor Devis Echandía fueron reconocidos como litisconsortes necesarios de la demandante

Ana del Rosario López de Lara, mediante Auto de 5 de agosto de 2013. Los reparos del recurso de apelación se
centraron en alegar una indebida valoración del material probatorio, pues consideró que, de los documentos
aportados se acreditaba la naturaleza privada de los predios.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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de estas así como la falta de legitimación pasiva en la causa de EAAB
respecto de esa pretensión5.

14. El fundamento de la vulneración radicó en que la sentencia
enjuiciada incurrió en:

15. 1) Defecto material o sustantivo, pues la sentencia no se pronunció
sobre la omisión de la EAAB de adelantar el proceso de expropiación, tras
declarar la utilidad pública de los inmuebles, y de aplicar indebidamente la
caducidad de la acción, a pesar de que se trataba de un daño continuado.
Para los accionantes, no ha iniciado el término de caducidad porque el
daño derivado de la falta de expropiación no se ha extinguido ni reparado
y la afectación persiste, por tratarse de una ocupación permanente.

16. 2) Defecto procedimental absoluto por haber adecuado de manera
oficiosa el medio de control de reparación directa a nulidad y
restablecimiento del derecho. Para los accionantes, con esa decisión se
excedió la competencia funcional del juez y el principio iura novit curia y
vulneró el principio de congruencia y el debido proceso al cambiar la
naturaleza del litigio.

17. 3) Defecto fáctico por haber incurrido en una valoración “incompleta,
arbitraria y contraevidente” de las pruebas, así como por haber
desconocido pruebas relevantes que acreditaban la afectación y la
ocupación permanente de los predios. En concreto, los accionantes
señalaron que la Resolución 783 de 2000, los avalúos, los levantamientos
topográficos, las ofertas de compra elaboradas por la EAAB y los certificados
de tradición y libertad no fueron valorados, a pesar de que la empresa
reconoció la propiedad privada de los inmuebles. Para los accionantes,
estos documentos desvirtuaban la tesis del juez de primera instancia sobre
la naturaleza pública de los predios. Asimismo, cuestionaron el valor
probatorio que se les dio a los memorandos internos, informes administrativos
y comunicaciones elaborados unilateralmente por la EAAB para sustentar
que los terrenos hacían parte del cuerpo de agua del humedal Córdoba.

18. Además, sostuvieron que la declaratoria de caducidad carecía de
respaldo probatorio, porque se trataba de una ocupación permanente y,
por ende, de un daño continuado, tal como había sido reconocido en
primera instancia6. En ese sentido, consideraron que la Subsección C de la

5 Para el conteo de la caducidad, la Subsección C de la Sección Tercera citó el artículo 37 de la Ley 9 de 1989,

con el fin de indicar que la afectación a los predios de la parte actora quedó sin efectos luego de transcurridos 3
años de su inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria. Como las ofertas de compra se registraron el 28 de
diciembre de 2000, para la Subsección C, la afectación se volvió ineficaz a partir del 28 de diciembre de 2003.
6 Durante la audiencia inicial, el juez de primera instancia declaró no probada la excepción de caducidad de la

acción por considerar que, la afectación para enajenación aún no había sido levantada, de manera que se
trataba de un daño continuado. No hizo referencia a ocupación permanente.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció la decisión dictada en
la audiencia inicial, en la cual se declaró no probada la caducidad del
medio de control al fijar el litigio.

19. 4) Violación directa de la Constitución. Concretamente, de los
artículos 29, 58, 90 y 229, al aplicar una interpretación de la caducidad
contraria a los derechos al debido proceso, propiedad privada, la
responsabilidad del Estado y el acceso efectivo a la administración de
justicia. La parte actora estimó que la decisión cuestionada reabrió un
debate procesal ya resuelto en la audiencia inicial como lo era la
caducidad de la acción y la escogencia del medio de control, con lo que
se contrarió el principio de la cosa juzgada parcial.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7

20. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado8 solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción, pues lo pretendido por el
accionante era convertirla en una instancia adicional. Explicó las razones
por las cuales estimó que los defectos no se acreditaron así: 1) en relación
con el defecto sustantivo aclaró que la sentencia sí analizó las omisiones en
el proceso de expropiación y por ello se determinó que la acción estaba
caducada, pues la última actuación del expediente ocurrió en 2009 y las
afectaciones inscritas en los folios de matrícula quedaron sin efecto de pleno
derecho en 2003, de conformidad con la Ley 9 de 1989; 2) frente al defecto
procedimental, señaló que la adecuación del medio de control era
obligatoria, conforme con el artículo 171 del CPACA y la jurisprudencia, para
evitar decisiones inhibitorias; 3) sobre el defecto fáctico adujo que carecía
de fundamento habida cuenta de que todas las pruebas fueron valoradas
de manera completa y razonada y que la decisión no se basó en
memorandos internos ni informes unilaterales; 4) finalmente, frente a la
violación directa de la Constitución sostuvo que la declaratoria de
caducidad obedeció al incumplimiento de los demandantes en ejercer
oportunamente sus acciones y no a un formalismo excesivo.

21. Por otro lado, la autoridad accionada explicó que la tutela estaba
siendo utilizada para introducir argumentos nuevos que no fueron expuestos
en el proceso ordinario, pues en la demanda de reparación directa se
reclamó el daño derivado de las afectaciones para enajenación y en el
escrito de tutela se hizo referencia a una ocupación permanente.

7 Mediante Auto de 4 de diciembre de 2025, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia,

(2) tener como demandado a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, (3) vincular, a la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá, en calidad de terceros y 4) negar la medida provisional solicitada.
8 Índice de SAMAI No.14.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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22. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá9 solicitó su
desvinculación de la presente acción, por considerar que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno. Señaló que la acción de tutela era
improcedente porque se pretendía reabrir un debate ya resuelto y frente al
cual no se acreditaron los defectos alegados.

23. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se limitó a remitir el expediente digital solicitado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación 2.2. Identificación de los defectos alegados. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de
defectos y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Solicitud de desvinculación

24. En lo que respecta a la solicitud de desvinculación de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, esta se despachará de forma
desfavorable, comoquiera que su vinculación se hizo en calidad de tercero,
por haber sido la entidad demandada en el proceso ordinario, de manera
que una eventual decisión favorable en el marco de este proceso podría
llegar a generar algún interés de su parte.

2.2. Identificación de los defectos alegados

25. La Sala pone de presente que, si bien la parte actora alegó en su
escrito de tutela la configuración de 4 defectos - defecto procedimental
absoluto, defecto sustantivo, defecto fáctico y violación directa de la
Constitución -, los argumentos expuestos para sustentarlos se centran en 3
aspectos: la declaratoria de caducidad de la acción, la adecuación del
medio de control y una indebida valoración del material probatorio. En ese
sentido, los reparos relacionados con la caducidad de la acción se
examinarán bajo la óptica del defecto sustantivo; los relativos a la
adecuación del medio de control se analizarán en el marco del defecto
procedimental absoluto y lo referente a la indebida valoración probatoria
se estudiará en el defecto fáctico. Lo anterior, siempre y cuando se superen
los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

26. Frente al defecto fáctico alegado, la Sala declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el requisito de
relevancia constitucional, por los motivos que pasan a explicarse:

9 Índice de SAMAI No.10.

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Decisión: Declara improcedencia y niega
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27. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional10.

28. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental11.

29. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto12; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario13 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad14.

30. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202315,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

10 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

11 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

12 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
13 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
14 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
15 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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31. Bajo este entendido, se advierte que la parte actora alegó que la
decisión cuestionada incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria y por no valorar documentos relevantes que permitían acreditar
la naturaleza privada de los predios objeto de la controversia. Sin embargo,
la Sala evidencia, que esos argumentos ya fueron expuestos en el trámite
del proceso ordinario, particularmente, en el recurso de apelación
presentado contra la decisión de primera instancia. En el aludido recurso, la
parte actora alegó (se trascribe):

“2. Violación al debido proceso y vía de hecho del fallo apelado por defectos
fácticos y sustantivos, al determinar el carácter de público de los predios
afectados.
El A quo tomó como base para su fallo "razones de la defensa" que ni siquiera
fueron planteadas como excepciones dentro del proceso, y con base en ello y
en algunas pruebas aportadas por la parte demandada, concluyó de manera
sesgada, errónea e ilegal, que los predios objeto de este proceso son de
carácter público y por lo tanto "esas áreas de terreno no ingresaron nunca al
patrimonio privado". Para arribar a semejante conclusión el Aquo incurrió en los
siguientes defectos fácticos y sustantivos en el fallo.

2.1. Defecto fáctico por contradicción en los numerales 5.3.1 y 5.3.4. del fallo, y
por indebida valoración de la prueba Resolución 783 de
2000:
(…)
2.2. Defecto fáctico por traslapar en el tiempo los hechos referidos en los
numerales 5.1.2 y 5-1-3- del fallo:
(…)
2.3. Defecto fáctico por confusión en la consideración del concepto de
Humedal y la consideración de bien público.
(…)
2.4. Error fáctico por indebida valoración o falta de valoración de las pruebas”.

32. Estos reparos fueron analizados y resueltos por el juez de segunda
instancia, al referirse a la naturaleza jurídica de los bienes objeto de litigio (se
trascribe):

“4.3.3. En relación con el presunto daño derivado de la «afectación» de los
bienes identificados con los folios de matrícula N°50N406724 y N°50N-382955.

31. Es en este punto, donde se concentran los argumentos de la alzada, en la
cual se discute la naturaleza de la afectación de los predios de la demandante,
habida cuenta, se objetó que el a quo negara las pretensiones de la demanda
al calificar los bienes objeto del litigio como de uso público los cuales, en
consecuencia, no eran susceptibles de apropiación por la parte demandante.

32. En este punto, la Sala observa que en el recurso de alzada se discute el valor
probatorio del informe aportado en la primera instancia por parte de el
Subgerente de Información Económica de la Unidad Administrativa de Catastro
Distrital., en el que se concluyó que. (…) la localización aparente de los predios,
estos estarían ubicados dentro del área delimitada como cuerpo de agua (…)
Por su parte, el apelante refiere que la Resolución 783 de 2000 amplió el límite
legal del humedal «(…) y afectaron áreas que en su momento se consideraban
no cuerpos de agua, no ronda hidráulica, sino zonas de manejo y preservación
ambiental (…)»

Observados los anteriores escenarios de afectación, para la Sala es evidente
que en ambos opero la caducidad del medio de control, por consiguiente, no

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resulta necesario pronunciarse sobre la existencia y localización de los predios
identificados por los folios de matrícula 50N-406724 y 50N-382955, a efecto de
determinar la configuración del daño, como se pasa exponer:

33. En el caso de tenerse por acreditados los linderos del predio dentro de
espejo de agua del humedal de Córdoba, por la naturaleza jurídica del cuerpo
de agua de los humedales y su ronda hidráulica, estas hacen parte del dominio
público natural, de lo cual se concluye que su incorporación al régimen de los
bienes de uso público está sujeta a hechos de la naturaleza, con
independencia, que sobre dichos inmuebles una persona de derecho público
o privado alegue ostentar su propiedad.
(…)
Previsto lo anterior, a juicio de la Sala, su afectación al dominio público natural
se dio desde el nacimiento del cuerpo del agua del humedal. Para el caso del
humedal Córdoba, esta corporación, en sentencia del 20 septiembre de 2001
aclaró que se trataba también de un bien de uso público que, en los términos
de la argumentación de la presente decisión, se debe interpretar como
integrante del dominio público. Sin embargo, para la Sala, sin lugar a duda el
demandante estaba en condiciones de conocer dicha afectación, desde los
actos que declararon la naturaleza jurídica del humedal de Córdoba, como se
reconoce en el recurso de apelación que lo fueron los Decretos Distritales 619
de 2000 y 190 de 2004, los cuales resulta posible valorar en virtud del artículo 167
del CPACA”.

33. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que reitera la
inconformidad ya expuesta en la apelación y que ya fue resuelto por el juez
del proceso de reparación directa. El juez natural valoró el material
probatorio aportado y de su análisis concluyó que, si la parte actora
pretendía defender la naturaleza privada de los predios de la controversia,
debió demandar en tiempo, para poder obtener una decisión de fondo.

34. En consecuencia, se aclara que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía acción de tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional16.

35. En relación con el defecto procedimental absoluto y el defecto
sustantivo alegados en el presente caso, la Sala advierte que se cumplieron
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque no
existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los
derechos presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la

16 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07693-00
Accionante: Ana del Rosario López de Lara y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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fecha de notificación de la providencia enjuiciada (10/7/2025)17 y la de
interposición de la presente acción de tutela (3/12/2025). No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una sentencia de
segunda instancia, proferida en un proceso de reparación directa. Se
identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la
controversia respecto de estos defectos tiene relevancia constitucional, en
la medida en que los reparos relativos al cómputo del término de caducidad
y a la adecuación del medio de control surgieron en la decisión de segunda
instancia y podrían comprometer el derecho fundamental al debido
proceso y el acceso a una decisión de fondo, en el marco de un proceso
de reparación directa.

2.4. Verificación de defectos y/o vulneración de defectos fundamentales
alegada

36. La Sala negará el amparo solicitado, por las siguientes razones.

37. 1) La parte actora alegó que la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por no pronunciarse
sobre la omisión de la EAAB de adelantar el proceso de expropiación y por
haber declarado la caducidad de la acción en un caso en el que, a su
juicio, aún no había iniciado el término de caducidad por tratarse de un
daño continuado derivado de una ocupación permanente.

38. Al respecto, una vez revisada la decisión cuestionada y la demanda
de reparación directa presentada por la señora Ana del Rosario López de
Lara, se observa que, el proceso de reparación directa fue iniciado con el
fin de que se declarara la responsabilidad de la EAAB por (se trascribe):

“la acción de la administración de afectar para enajenación los predios
identificados con las matrículas inmobiliarias No. 50N406724 y No. 50N382955,
por registrar dicha afectación en los correspondientes folios de matrícula
inmobiliaria; y por la omisión consistente en no iniciar el trámite de expropiación
conforme lo establece la ley”.18

39. Partiendo de esa precisión, se observa que la Subsección C de la
Sección Tercera analizó la oportunidad de la acción frente a cada uno de
los escenarios que, a juicio de la parte actora, dieron origen al daño
alegado. En primer lugar, se refirió a la omisión de adelantar el proceso de
expropiación y dejó constancia de que, aunque se decretó como prueba
de oficio, en segunda instancia, la copia del expediente de expropiación,

17 Notificada por mensaje de datos enviado el 8 de julio de 2025 según consta en el índice 11 de SAMAI, del proceso

25000-23-36-000-2012-00670-01.
18 Tomado del acápite “Declaraciones y condenas” del escrito de demanda, visible en la página 9 del archivo

2012-00670 - CUADERNO 01.pdf.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07693-00
Accionante: Ana del Rosario López de Lara y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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esta nunca fue allegada, pese a los múltiples requerimientos al Grupo de
Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá y a que las partes no insistieron en su obtención. Con el material
probatorio disponible, la Subsección C se refirió a la oportunidad de la
demanda frente a este aspecto y concluyó que las pretensiones por este
concepto habían superado los 2 años previstos por el literal i numeral 2 del
artículo 164 del CPACA para el medio de control de reparación directa.

40. La accionada explicó que, de las pruebas aportadas, no fue posible
esclarecer lo ocurrido dentro del proceso de expropiación porque este no
fue allegado y la parte demandante no probó que dentro del trámite se
hubiera configurado el desistimiento tácito como lo aseguró en la
demanda. Sin embargo, de la consulta impresa del portal “consulta de
procesos de la Rama Judicial” aportada por la demandante, se constató
que la última actuación de dicho proceso fue el archivo definitivo el 9 de
diciembre de 2009. En ese sentido, en la decisión cuestionada se concluyó
que, a partir de la fecha en que se archivó el proceso de expropiación
empezó a correr los 2 años para demandar y como la demanda fue
presentada el 11 de diciembre de 2012, esta resultó extemporánea.

41. Sobre la afectación para enajenación de los predios identificados con
las matrículas inmobiliarias 50N406724 y 50N382955, la accionada precisó
que la afectación a la que hacía referencia la parte actora correspondía a
las ofertas de compra inscritas en los aludidos folios de matrícula19. En ese
sentido, consideró que, como las ofertas de compra fueron inscritas el 28 de
diciembre de 2000, y la enajenación voluntaria no se concretó, la
afectación quedó sin efecto de pleno derecho, luego de 3 años, conforme
al artículo 37 de la Ley 9 de 198920. Estimó que, como la afectación perdió
eficacia el 28 de diciembre de 2003, la parte actora tenía hasta diciembre
de 2005 para demandar, lo cual no ocurrió sino hasta el 11 de diciembre de
2012.

42. Respecto del daño derivado del registro de la afectación y de la
omisión en su levantamiento, la Sala sostuvo que, como lo cuestionado eran
actos de registro que solo publicitaban una situación jurídica y no constituían
la afectación en sí, el medio de control procedente para controvertirlos era
la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho frente a la autoridad
registradora, pues, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el
registrador es quien debe cancelar las inscripciones. Por ello, esa pretensión

19 Inscritas por orden de la Resolución 783 de 2000 que los declaró de utilidad pública.
20 “Artículo 37.-Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años renovables,

hasta un máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble
no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante
su vigencia. El Registrador deberá cancelar las inscripciones correspondientes, a solicitud de cualquier persona,
previa constatación del hecho. (…)”.

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Accionante: Ana del Rosario López de Lara y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
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Decisión: Declara improcedencia y niega
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debía dirigirse en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro y
no contra la EAAB.

43. En ese orden, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado adecuó el medio de control y estimó que, aun contando la
caducidad desde la fecha de registro de la afectación el 28 de diciembre
de 2000 o desde su ineficacia el 28 de diciembre de 2003, el término de 4
meses previsto por el literal d, numeral 2 del artículo 164 del CPACA había
vencido porque la demanda fue presentada casi 9 años después.

44. Bajo ese contexto, la Sala no advierte configurado el defecto
sustantivo alegado, pues la autoridad judicial accionada realizó una
interpretación razonable y conforme con los principios constitucionales, de
las normas que regulan el término de caducidad aplicable al asunto. Lo
anterior, habida cuenta de que, como juez director del proceso, estaba
facultado para adelantar un control de legalidad sobre el cumplimiento de
los presupuestos procesales y, en esa medida, adecuar el medio de control
y/o declarar, aun de oficio, la caducidad del medio de control si así lo
encontraba acreditado, al ser este último un fenómeno jurídico de orden
público21. Esta facultad se conserva incluso en segunda instancia, pues la
decisión adoptada por el juez de primera instancia en audiencia inicial, no
hizo tránsito a cosa juzgada como lo indicó la parte actora, pues no era una
decisión ejecutoriada que pusiera fin al proceso.

45. Por otra parte, no resulta de recibo la tesis de la parte actora según la
cual, el término de caducidad no ha comenzado a correr por tratarse de un
daño continuado derivado de la ocupación permanente de los predios,
toda vez que en el proceso ordinario no se planteó la ocupación como
fuente del daño ni se solicitaron perjuicios por ese concepto. Por el contrario,
de la demanda se desprende con claridad que lo pretendido era la
reparación del daño derivado de la afectación para enajenación de los
predios en cuestión, del registro de esa afectación y de la omisión en
adelantar el proceso de expropiación. Tampoco puede alegar un daño
continuado por la permanencia del registro de la afectación en los folios de
matrícula inmobiliaria, pues la parte actora pudo solicitar su cancelación
una vez transcurridos los 3 años como lo dispone el artículo 37 de la Ley 9 de
1989 y, sin embargo, esperó hasta el 2012 para adelantar dicha gestión. En
consecuencia, no puede la parte actora utilizar la acción de tutela para
modificar la causa petendi e introducir argumentos nuevos que pudo haber
expuesto en el proceso ordinario y no lo hizo.

21Sobre el deber de declarar la caducidad de oficio ver: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 16,
Sentencia de 27 de enero de 2023, Rad. 2012-02124-00. Sobre la declaratoria de oficio de la caducidad y la
adecuación del medio de control también ver: Corte Constitucional, Sentencia SU 335 de 2023.

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Decisión: Declara improcedencia y niega
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46. 2) En relación con el alegado defecto procedimental absoluto, por
haber adecuado el medio de control de reparación directa a nulidad y
restablecimiento del derecho respecto del daño derivado del registro de la
afectación, lo cierto es que su análisis resulta irrelevante. Con
independencia de que el medio de control procedente fuese reparación
directa o nulidad y restablecimiento del derecho, si se toma como punto de
partida la fecha en la que la afectación quedó sin efecto de pleno derecho,
esto es, el 28 de diciembre de 2003, desde esa fecha cualquier persona
podía solicitar la cancelación de dicho registro, por lo que se excedieron
ampliamente los términos de 4 meses o de 2 años antes de la presentación
de la demanda. En esas condiciones, la Sala se abstendrá de pronunciarse
sobre los reparos que sustentan este defecto, pues su eventual
configuración no tendría incidencia en variar la decisión.

47. Dado que la parte actora no acreditó la configuración del defecto
sustantivo del cual se pudiera derivar una vulneración a sus derechos
fundamentales, la Sala negará el amparo solicitado.

2.5. Conclusión

48. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción
respecto del defecto fáctico y negará la solicitud de amparo interpuesta, al
no encontrar configurado el defecto sustantivo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por Ana del Rosario López de Lara y otros, respecto del defecto fáctico
alegado y NEGAR el amparo solicitado respecto del defecto sustantivo, por
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por los motivos dados.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15.

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Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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