Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07699-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Relevancia constitucional: el accionante pretende que se analice nuevamente el
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07699-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07699-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07699-00
Accionante: JORGE FRANCISCO NIETO RODRÍGUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional/ REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL-
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – El accionante pretende que se analice nuevamente el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / INMEDIATEZ –No se cumple porque
la demanda de tutela se presentó después de cumplido el término considerado como
razonable para cuestionar una providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la acción de tutela instaurada por el señor
Jorge Francisco Nieto Rodríguez, de conformidad con lo consagrado en el artículo
86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 1° de diciembre de 20252, en nombre propio, el señor Jorge Francisco Nieto
Rodríguez presentó acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo de
Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, al trabajo y a la remuneración.
Hechos relevantes
2. Desde el 21 de junio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, el señor Jorge
Francisco Nieto Rodríguez prestó sus servicios personales al Instituto Municipal de
Tránsito y Transporte de Fundación – Magdalena en el cargo de periodista,
publicidad radial y perifoneada en prevención y educación vial.
1 Que ingresó para fallo el 19 de diciembre de 2025.
2 Se advierte que inicialmente fue conocida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Fundación Magdalena, sin embargo, a través de auto del 2 de noviembre de 2025 dicho Juzgado
rechazó por falta de competencia la acción de tutela y ordenó la remisión al Consejo de Estado. De
igual manera, fue remitido a la Corporación el 3 de diciembre de 2025 y repartida al despacho
sustanciador en la misma fecha.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07699-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
3. El 9 de agosto de 2019, el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez agotó los
recursos del procedimiento administrativo al solicitar las sumas correspondientes al
auxilio de cesantías, primas de servicio, de navidad, vacaciones, dotaciones, prima
vacaciones, bonificación por los servicios prestados, interés sobre cesantías,
pensión sanción de jubilación, auxilio de transporte, trabajos suplementarios,
recargos nocturnos, sanción por la no consignación del auxilio de cesantía de los
años 2014, auxilio de transporte, pago aportes a salud y pensión, trabajo en días
domingos y festivos, indemnización por terminación unilateral de la relación laboral,
indemnización moratoria por el no pago de las cesantías, primas e indemnización
por despido, entre otros.
4. El gerente del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación negó el
mismo.
5. Por tal motivo, el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez presentó una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Instituto Municipal de Tránsito y
Transporte de Fundación. Allí solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en
la contestación del 4 de septiembre de 2019 por parte del gerente de dicho Instituto,
el cual había negado las deducciones anteriormente mencionadas. Asimismo, pidió
que se declarara que entre el 21 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2018 existió
una relación de carácter laboral permanente, donde el demandante prestó sus
servicios personales en el cargo de periodista, publicidad radial y perifoneada en
prevención y educación vial respecto por las señales de tránsito y el buen uso de
los elementos de prevención vial para la entidad demandada. Por último, solicitó
que se condenara a ese Instituto a pagar las prestaciones o indemnizaciones que
se le adeudaran al mismo, entre otros.
6. Lo anterior, fue conocido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta, quien mediante sentencia del 20 de octubre de 2022
declaró probadas las excepciones de inexistencia del derecho y cobro de lo no
debido propuestas por la entidad accionada, así como también negó las súplicas de
la demanda. Lo anterior fundamentado en que no se encontró respaldo probatorio
que lograra demostrar la relación laboral que configurara el fenómeno jurídico del
contrato realidad. Tampoco encontró las circunstancias de subordinación, salvo la
de percibir la remuneración y la prestación personal del servicio.
7. Inconforme con la decisión, el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez presentó
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que, mediante providencia del 20 de noviembre de 2024, confirmó la
decisión de primera instancia y no condenó en costas.
8. En síntesis, el Tribunal mencionó que los argumentos expuestos por el
demandante no permitieron llegar a una conclusión distinta a la señalada en la
primera instancia, no se demostró que el vínculo contractual del accionante se
ejecutó bajo la subordinación de la entidad contratante, tampoco se acreditó que
recibía órdenes o instrucciones por parte de la entidad. No se advirtió que la labor
se realizó con insumos y materiales entregados por la administración, ni tampoco
hay pruebas del cumplimiento de un horario de laborales ordenado por la entidad,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07699-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
así como tampoco la existencia de una dirección y control efectivo de las actividades
a ejecutar ni mucho menos la imposición de reglamentos internos.
9. La anterior decisión fue notificada a las partes el 19 de febrero de 2025.
Pretensiones
10. Solicitó la parte accionante lo siguiente:
“V. Pretensiones jurídicas adicionales
• Solicito que se reconozca la subordinación funcional y dependencia real
frente al Instituto, como hecho determinante de mi relación laboral.
• Que se ordene al Instituto reconocer mis prestaciones sociales,
indemnizaciones y pagos pendientes, incluyendo cesantías, primas,
vacaciones, dotaciones, horas extras y aportes a seguridad social, de manera
que se proteja mi derecho al trabajo y a la remuneración.
• Protección efectiva del derecho fundamental al debido proceso y acceso a
la justicia, evitando que las decisiones judiciales desestimen evidencia clave.
VI. Solicito
1. Que la presente acción de tutela sea admitida y tramitada con prioridad
conforme a la ley.
2. Que se vincule al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de
Fundación como entidad relacionada.
3. Que se ordene la revisión de las decisiones judiciales en lo que respecta
a la subordinación funcional y supervisión obligatoria de mi labor, en el marco
de protección de mis derechos fundamentales.
VII. Pretensiones
En virtud de lo anterior, solicito al despacho:
1. Protección de mis derechos fundamentales: debido proceso, acceso a la
justicia, derecho al trabajo y remuneración.
2. Que se reconozca la subordinación funcional y supervisión obligatoria
como elementos que configuran mi relación laboral con el Instituto Municipal de
Tránsito y Transporte de Fundación.
3. Que se vincule al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de
Fundación como entidad relacionada para efectos de reconocer mis
derechos a prestaciones sociales e indemnizaciones derivadas de la
relación laboral”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte accionante sostuvo que el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa
Marta no valoró concretamente las pruebas. Lo anterior debido a que desestimó la
3 Ver pág. 3 del escrito de tutela.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07699-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
evidencia que demostraba su subordinación para obtener el pago por la prestación
de sus servicios. En particular, reprochó que dicha autoridad judicial había ignorado
la entrega de los informes al supervisor. De otra parte, informó que el tener otros
contratos con otras entidades no anula la obligación de cumplir con las instrucciones
del instituto.
12. En lo que se refiere al Tribunal Administrativo del Magdalena, el actor expuso
que reafirmó la omisión de valorar la prueba sobre la supervisión obligatoria, pues
la existencia de otros contratos fue utilizada indebidamente como argumento para
negar la subordinación, cuando la supervisión para la aprobación de informes ante
el instituto era específica y vinculante.
13. A su vez, explicó un cuadro de otros contratos y la relación de subordinación,
específicamente los de (i) la Empresa Social del Estado -ESE- Centro de salud Paz
del Río; (ii) la ESE Hospital Departamental de San Rafael y (iii) el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-.
Trámite en primera instancia
14. Mediante auto del 5 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena como
accionado, así como al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación –
Magdalena, al Ministerio Público y a los demás intervinientes del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho del radicado 47001-33-33-007-2020-00025-01, en
calidad de terceros con interés en las resultas del proceso. También se vinculó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que interviniera si lo
consideraba necesario. Ordenó al Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta
para que remitiera copia del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 47001-33-33-007-2020-00025-01.
Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo del Magdalena afirmó que, de acuerdo con las
actuaciones y los argumentos expuestos por el accionante, no se vislumbra ninguna
vulneración de sus derechos fundamentales. En primer lugar, no se encontró ningún
elemento probatorio que demostrara el vínculo contractual del actor donde existiera
subordinación de la entidad contratante. En segundo lugar, el desconocimiento del
precedente horizontal y vertical reprochado por el accionante a las decisiones
impugnadas no guardaba relación con el presente asunto.
16. De otra parte, precisó que no se cumplieron los requisitos generales analizados
en la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional. Específicamente el de
inmediatez, debido a que la providencia enjuiciada fue notificada el 19 de febrero de
2025, mientras que la acción de tutela fue radicada en diciembre de esa misma
anualidad.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07699-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
17. El Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta remitió copia del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
47001-33-33-007-2020-00025-00.
18. El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte adujo que la acción de tutela
no cumple con los requisitos generales de procedencia. En su criterio no se superó:
(i) la relevancia constitucional, dado no se puede pretender por la vía constitucional
una categoría sine qua non para el reconocimiento de una relación laboral
subyacente a una condición que no ha sido estimada; (ii) la subsidiariedad, dado
que el accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión; (iii) la
inmediatez, ya que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 20 de
noviembre de 2024 y la tutela se radicó el 3 de diciembre de 2025; (iv) la
irregularidad procesal, en la medida en que el actor no demostró razonablemente la
vulneración de los derechos alegados en el proceso ordinario. En el mismo sentido,
(v) los hechos alegados como constitutivos de la vulneración de derechos
fundamentales carecen de claridad y evidencian contracciones.
19. De otra parte, en lo que se refiere a los requisitos específicos, explicó que no se
logró evidenciar que las sentencias de primera y segunda instancia fueron dictadas
de manera errada, de modo que se configurara el defecto fáctico alegado. Tampoco
se evidencia la configuración de un yerro material o sustantivo, pues no se han
desconocido los lineamientos constitucionales o legales en los que se funda la
controversia.
20. Por último, en la configuración de la relación laboral aducida y con base en la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la entidad manifestó que los indicios
de subordinación no se dieron, a saber: (i) el lugar de trabajo: no era indispensable
que el desarrollo de sus tareas se dieran en el INTRASFUN; (ii) el horario de labores:
el accionante no debía seguir un horario establecido y tampoco presentó alguna
prueba que demostrara la existencia de una obligación de un cumplimiento de un
horario específico. No se demostró que la demandante cumpliera con el horario
establecido para dicho instituto; y (iii) la dirección y control efectivo de las actividades
a ejecutar: con las declaraciones aportadas al proceso, se probó que la labor de
periodista no la podía ejercer cualquier funcionario. Por tanto, esa tarea era en
atención a la persona -intuitu personae-, por lo que tenía condiciones especiales,
como lo reglamenta el literal h del numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
21. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en acuerdo 080 de 20194.
4 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
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Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
22. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, por tratarse de una tutela
contra providencias judiciales. En tal sentido debe evaluar si se supera la relevancia
constitucional. Lo anterior debido a que, el actor ya contó con la posibilidad de
acceder a las dos instancias dentro del proceso ordinario, lo que permite determinar
que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate previamente resuelto por el
juez natural de la controversia. Además, esta Sala debe verificar si la demanda de
amparo de derechos fundamentales se ejerció en un tiempo razonable, contado a
partir de la decisión del 20 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
23. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) se reseñaran los requisitos generales para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; en particular se
abordará (ii) la relevancia constitucional con su aplicación al caso; e (iii) inmediatez
con su estudio en el asunto analizado.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
24. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20055,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
25. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
5 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
6
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Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
26. Una vez superado los requisitos anteriores, la jurisprudencia propone estudiar
los defectos específicos, los cuales cuestionan la sentencia por yerros en su
configuración. Estos son los siguientes:
(i) Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia12.
(ii) Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto.13
(iii) Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso14.
(iv) Defecto material o sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se
toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o
cuando existe una clara contradicción entre los fundamentos de la
decisión15.
(v) Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso16.
(vi) Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión17.
(vii) Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
11 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
12 Ver, por ejemplo, las Sentencias SU-041 de 2018, SU-373 de 2019 y SU-388 de 2021.
13 Esto es, cuando el juez desconoce las formas propias del proceso cuyo desconocimiento implica
la amenaza o violación de los derechos fundamentales. Para que este defecto se configure se exige
que este no sea atribuible al afectado, que sea manifiesto y capaz de influir en la decisión final. Ver,
por ejemplo, Sentencias: SU-424 de 2012 y SU-454 de 2016.
14 Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-842 de 2013; SU-355 de 2017 y SU-129 de 2021.
15 Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-556 de 2016 y SU-261 de 2021.
16 Ver, por ejemplo, las Sentencias T-145 de 2014 y SU-261 de 2021.
17 Ver, entre otras, las Sentencias SU- 424 de 2012 y T-041 de 2018.
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Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de
precedente18.
(viii) Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice19.
27. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface el
requisito de relevancia constitucional, la inmediatez y la subsidiariedad.
Del requisito de relevancia constitucional
28. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
29. La Corte Constitucional indicó14 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
30. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate15: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
31. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.
18 Ver, al respecto, las Sentencias: T-459 de 2017 y SU-918 de 2013
19 Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-542 de 2016 y SU-873 de 2014.
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Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Estudio del requisito en el caso en concreto:
32. En primer lugar, la Sala de Subsección considera que no hay lugar a hacer un
estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto se incumple con el requisito de
carga argumentativa exigida para cuestionar una decisión adoptada por un juez de
lo contencioso administrativo de manera previa. De conformidad con el escrito
contentivo de la demanda, esta Subsección no encuentra que el accionante
desarrollara alguna causal específica de procedibilidad en la que hubiese podido
incurrir el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta y el Tribunal
Administrativo del Magdalena, con ocasión de la sentencia de primera y segunda
instancia, de manera que cumpla con los requisitos específicos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
33. Al contrario, revisados los fundamentos de la acción, se tiene que el accionante
se limitó a realizar un recuento de las actuaciones, así como las pruebas que
obraban dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que
especificara en qué consistía la vulneración ni las causales específicas de
procedibilidad que se configuran en las providencias judiciales enjuiciadas. Frente
a ello, la Corporación ha señalado:
“[…] que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede
considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos
básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción
o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado
y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la
amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir
con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso
concreto, entre otros aspectos. […]”20.
34. En este orden de ideas, de conformidad con lo expuesto en el escrito de tutela,
se tiene que la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa requerida
para la procedencia de la acción, pues no desarrolló una fundamentación dirigida a
establecer por qué las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del
Magdalena como accionados, vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la remuneración.
35. Con fundamento en los antecedentes del caso y en la jurisprudencia
constitucional, no se advierte vulneración alguna de las dimensiones fundamentales
del derecho al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y
a la remuneración. En efecto, durante el trámite ordinario el actor contó con todas
las garantías procesales esenciales: (i) fue debidamente notificado del acto
administrativo que negó las prestaciones sociales y la relación laboral; (ii) ejerció su
derecho de defensa mediante la interposición del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho; (iii) tuvo la oportunidad de presentar y controvertir
pruebas; (iv) contó con una decisión motivada en doble instancia; y (v) se garantizó
la publicidad y contradicción de las actuaciones. La sola discrepancia con la
20 Ibidem.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07699-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
valoración probatoria o con la interpretación jurídica adoptada por el juez natural no
implica la vulneración del debido proceso, pues este derecho no otorga una garantía
de acierto judicial, sino de procedimiento regular y de decisión fundada.
36. Tampoco se afectó el derecho de acceso a la administración de justicia, en tanto
el accionante pudo acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, obtener
pronunciamientos de fondo y agotar los recursos ordinarios previstos en la ley. El
acceso a la justicia no comporta el derecho a obtener un fallo favorable, sino a que
las pretensiones sean estudiadas conforme a las reglas procesales y materiales
vigentes. En este caso, el Tribunal y el Juzgado competente actuaron dentro del
marco de sus competencias, analizaron los elementos probatorios y fundamentaron
razonadamente la legalidad del acto. Por ello, no se configura denegación de justicia
ni arbitrariedad judicial que justifique la intervención del juez constitucional mediante
la acción de tutela.
37. En definitiva, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa exigida para
promover la acción de tutela, dado que no expresó en concreto cuáles fueron los
yerros que cometió la autoridad judicial accionada al resolver su amparo inicial,
motivo por el cual se carece de elementos para que esta Sala examine de fondo el
asunto. Incluso, ni siquiera puede considerarse que reabrió un debate del juicio
cuestionado.
Del requisito de la inmediatez
38. La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela carece un plazo
objetividad de caducidad para su interposición. Sin embargo, debe formularse en
un plazo razonable. Para ello, ha definido los siguientes criterios orientadores con
el propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela21.
39. Dicho requisito puede llegar a flexibilizarse siempre y cuando se acredite que (i)
existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) la inactividad
injustificada podría causar lesión a derechos fundamentales de terceros y (iii) existe
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados22.
40. Aunque el tribunal constitucional considera que la acción de tutela no está sujeta
a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse dentro de
un plazo razonable y proporcional, contando a partir del hecho que origina la
presunta vulneración de derecho fundamental. Tratándose de providencias
judiciales, dicho término se computa desde el momento que la decisión es notificada
y en consecuencia es de conocimiento por las partes.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
22 Ver Sentencia T-546 de 2014
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07699-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
41. En esa línea, en la sentencia SU-108 de 201823, estableció que le corresponde
al Juez Constitucional evaluar las circunstancias particulares de cada caso en
concreto, para determinar si la demora en la interposición de la acción se encuentra
justificada:
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como
podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o
caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la
tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece,
es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación
de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se
recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer
un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino
asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un
trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que
ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que
por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan’.” (Subrayas fuera del texto
original)
42. En ese sentido, el Juez de tutela puede considerar procedente la acción de
tutela, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre que existan
razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que haya
transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que debe
evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que expliquen
la falta de acción oportuna.
Estudio del requisito en el caso en concreto:
43. El señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez solicita la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, el trabajo
y la remuneración. Estos presuntamente vulnerados con ocasión de las sentencias
proferidas el 20 de octubre de 2022 por parte del Juzgado Séptimo Administrativo
de Santa Marta y el 20 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena. Lo anterior debido a que se no valoraron correctamente las pruebas en
las cuales se demostraba la subordinación funcional.
23 M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07699-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
44. Pues bien, la decisión de segunda instancia fue notificada a las partes el 19 de
febrero de 2025, tal como se puede ver en el índice 16 de samai en el proceso
47001-33-33-007-2020-00025-01. A saber:
45. Con base en esta información, la Sala encuentra que han transcurrido
aproximadamente 10 meses desde que el accionante conoció esta decisión, de
modo que se ha superado un plazo-considerado como razonable para la
interposición de la tutela por tres razones.
46. En primer lugar, se advierte que el accionante no explicó las razones del retraso
en la interposición de la acción de tutela ni justificó su imposibilidad material o
jurídica para acudir oportunamente a este mecanismo. Durante ese lapso, el actor
guardó silencio procesal y no acreditó la existencia de un hecho sobreviniente, una
situación de fuerza mayor o una circunstancia imprevista que le hubiese impedido
ejercer su derecho de defensa en un término razonable.
47. En segundo lugar, el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez no se encuentra
en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta que justifique la
flexibilización del requisito de inmediatez. No acreditó padecer una enfermedad,
limitación física, afectación mental, ni una situación económica extrema que
comprometiera su mínimo vital o que hiciera desproporcionado exigirle el
cumplimiento estricto de este requisito. Por el contrario, se trata de un ciudadano
con plena capacidad jurídica y medios para acceder a la justicia, que incluso actuó
mediante apoderado judicial en el proceso ordinario y conocía los términos y efectos
de las decisiones adoptadas. En consecuencia, no hay elementos que permitan
aplicar un trato preferente o atenuado frente a la exigencia temporal establecida por
la jurisprudencia constitucional.
48. Finalmente, el actor no demostró la configuración de un perjuicio irremediable
que justificara la intervención urgente del juez de tutela pese al transcurso del
tiempo. No se acreditó la existencia de un daño actual, inminente y grave que
amenazara con tornarse irreparable si no se adoptaba una medida inmediata.
Tampoco se probó que la negativa de amparo pudiera comprometer bienes jurídicos
superiores como la vida, la integridad personal o el sustento mínimo. La eventual
afectación alegada -derivada de una relación laboral- ya fue examinada en el
proceso contencioso y no presenta características de urgencia constitucional. En
este contexto, la prolongada inactividad del demandante y la ausencia de
circunstancias excepcionales impiden considerar superado el plazo razonable para
acudir a la acción de tutela.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07699-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
49. De conformidad con lo anterior, la Sala declarará improcedente la presente
acción de tutela, en la medida en que no se cumplen los requisitos generales de
procedencia. En primer lugar, no se satisface el requisito de relevancia
constitucional, de manera que el accionante pretende utilizar la tutela como una
instancia adicional para reiterar argumentos que ya fueron examinados en el
proceso ordinario. En segundo lugar, tampoco se acredita el cumplimiento
del requisito de inmediatez, toda vez que la solicitud de amparo fue presentada por
fuera del plazo que la jurisprudencia ha considerado como razonable.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela presentada por el
señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez contra el Juzgado Séptimo Administrativo
de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, de acuerdo con la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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