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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07701-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07701-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional; y, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo presentada por el señor Andrés Felipe Cardeo Vanegas, conforme a la motivación de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07701-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-07701-011
Accionante : Andrés Felipe Cardeño Vanegas
Accionado : Sección Cuarta del Consejo de Estado
Vinculados : Tribunal Administrativo de Antioquia y otro2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento contra
liquidación de impuestos sobre la renta a comerciante víctima del
conflicto armado
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación parcial formulada por la parte actora contra

el fallo del 12 de febrero de 2026, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la solicitud de tutela por falta de
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por

el accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará lo relativo
a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, determinará lo que corresponda en
torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. El señor Andrés Felipe Cardeño Vanegas, a través de apoderado judicial, interpuso el

presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, igualdad material, debido proceso, acceso a la
justicia y protección especial de las víctimas del conflicto armado y personas en condición
de discapacidad, que considera vulnerados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07701-01
Accionante: Andrés Felipe Cardeño Vanegas
Accionado: Sección Cuarta del Consejo de Estado

4. Por consiguiente, solicitó:

• Que se deje sin efecto la sentencia del Consejo de Estado del 31 de julio de 2025 (rad.
05001-23-33-000-2019-03006-01) y se ordene emitir una nueva decisión que reconozca la
fuerza mayor y aplique enfoque diferencial.

• Subsidiariamente, que se disponga la inaplicación de las sanciones impuestas por la DIAN
y el restablecimiento de la declaración privada de renta 2014.

Hechos3

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado en la tutela,

se puede evidenciar que, el señor Andrés Felipe Cardeño Vanegas ejercía actividades
comerciales en el municipio de Segovia (Antioquia). El 27 de junio de 2015, fue víctima
de un atentado, en el marco del conflicto armado interno, que le ocasionó paraplejía y
pérdida de la capacidad laboral del 88.95 %, según certificación expedida por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

6. El 19 de octubre de 2015, el señor Cardeño Vanegas presentó la declaración del

impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2014 (formulario No.
1110605890291, No. interno 91000321738493), con un saldo total a pagar de $919.000,
en la que registró costos de ventas por $1.267.406.000.

7. El 20 de abril de 2016, mediante la Resolución No. 2016-82588, la Unidad para la

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reconoció al señor Cardeño como
víctima de desplazamiento forzado, atentado y lesiones personales.

8. El 4 de noviembre de 2016 (un año y cuatro meses después del atentado), la Dirección

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió el Requerimiento Ordinario de
Información No. 112382016000944, mediante el cual solicitó al contribuyente la relación
detallada de los ingresos y costos de ventas, identificación de los proveedores y la
relación de las operaciones realizadas con Aurum Zona Franca S.A.S.

9. En escrito radicado ante la DIAN el 2 de mayo de 2017, el señor Cardeño Vanegas,

por intermedio de apoderada, respondió el requerimiento ordinario e informó que no
contaba con ningún soporte de la información solicitada, toda vez que su actividad
económica cesó a raíz de los hechos violentos del 27 de junio de 2015 que provocaron
la destrucción e incineración de su establecimiento de comercio (junto con los equipos
de cómputo y la totalidad de los libros de contabilidad conservados en medios

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 4.
2

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magnéticos y sus copias de seguridad) y solicitó que se tuviera en cuenta su calidad de
víctima del conflicto armado.

10. El 11 de octubre de 2017 (dos años y cuatro meses después del atentado), la División

de Gestión de Fiscalización de la DIAN expidió el Requerimiento Especial No.
112382017000154, en el que propuso rechazar la totalidad de los costos de ventas
declarados ($1.267.406.000), determinar una renta líquida gravable de $1.301.235.000
e imponer sanción por inexactitud de $413.144.000, para un saldo total a pagar de
$827.207.000. El 11 de enero de 2018, el contribuyente presentó respuesta al
requerimiento.

11. Posteriormente, esa dirección profirió la Liquidación Oficial de Revisión No.
112412018000098 del 6 de junio de 20184, en los mismos términos del documento
preparatorio. Contra dicho acto, el señor Cardeño presentó recurso de reconsideración
(y en subsidio de apelación), el cual fue resuelto mediante la Resolución No.
992232019000049 del 9 de mayo de 20195, que confirmó en su integridad el acto
recurrido (cuatro años después del atentado).

12. El 19 de noviembre de 2019, el accionante, en ejercicio del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Nación – DIAN, en la que
solicitó la declaratoria de nulidad de (i) la Liquidación Oficial No. 112412018000112 del
28 de junio de 2018 y (ii) la Resolución 992232019000049 del 9 de mayo de 2019. A
título de restablecimiento del derecho, pidió que se declarara la firmeza de «la liquidación
de impuestos sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2014, presentada por [él],
de forma electrónica en el formulario nro. 1110605764501 y registro electrónico nro. 91000319605058» .

Invocó como normas violadas los artículos 13 y 95 de la Constitución Política, el artículo
121 de la Ley 1448 de 2011 y la Ley 387 de 1997.

13. La DIAN se opuso a las pretensiones, pues, argumentó que (i) el contribuyente no

aportó los documentos idóneos para demostrar los costos declarados, (ii) la declaración
fue presentada el 19 de octubre de 2015, es decir, después del atentado y sin que se
hubiera probado el nexo causal entre ese incidente y la omisión en la entrega de la
información, por lo que, el actor debía contar con los soportes de las transacciones.

4
Sin embargo, los hechos de la tutela se refieren a la Liquidación Oficial de Revisión No. 112412018000112 del 28 de junio
de 2018.
5
Los hechos de la tutela se refieren a la Resolución No. 992232019000062 del 21 de mayo de 2019.
3

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14. El proceso fue conocido, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia (radicado No. 05001-23-33-000-2019-03006-00), quien, en sentencia del 12 de
febrero de 2025, negó las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial expuso que
los hechos de los cuales fue víctima el actor no constituyeron fuerza mayor o caso fortuito
que lo exonerara de aportar la información requerida por la DIAN, máxime cuando la
declaración fue presentada con posterioridad a la alegada pérdida de los documentos,
sin que el contribuyente hubiera denunciado su destrucción ante la autoridad
competente, ni hubiera emprendido la reconstrucción de la contabilidad, en los términos
del artículo 135 del Decreto 2649 de 1993.

15. Además, consideró que un único testimonio (el de la señora Mery Sorleyda Villa de

Meneses), que se refirió al día siguiente del atentado al estado de destrucción en el que
encontró el establecimiento, no tenía por sí solo la entidad para demostrar la pérdida de
la contabilidad, y reprochó que el demandante no hubiera aportado siquiera una
certificación del contador que elaboró la declaración. Finalmente, estableció que, el caso
no se encuadraba en el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011, norma que prevé alivios
fiscales respecto de impuestos de orden municipal o distrital relacionados con predios
objeto de restitución o despojo, mientras que el litigio versaba sobre el impuesto sobre
la renta, de orden nacional.

16. El señor Cardeño Vanegas apeló la sentencia. En su recurso, expuso que el Tribunal

desconoció la suficiencia de las pruebas documentales y testimoniales que acreditaban
la destrucción de los registros contables en hechos violentos y, adicionalmente, trasladó
la carga probatoria al demandante, pese a que la DIAN no desvirtuó la presunción de
veracidad de la declaración de renta. En consecuencia, la decisión fue contraria a los
principios de primacía de la realidad sobre las formas, igualdad, solidaridad y pro homine,
pues pasó por alto la protección constitucional reforzada de que gozan las víctimas del
conflicto armado para, en su lugar, adoptar una interpretación rígida y formalista.

17. En sentencia de segunda instancia del 31 de julio de 2025, la Sección Cuarta del

Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal. Para arribar a esa determinación,
expuso que, una vez la DIAN requirió al contribuyente la comprobación de los costos de
venta, se desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración privada y correspondía
al demandante la carga de probar los factores que redujeron la base gravable. Sin
embargo, halló que no fue aportada ninguna prueba de que el establecimiento de
comercio y los bienes en su interior hubieran sido destruidos. En todo caso, el

4

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contribuyente tenía la obligación de denunciar la pérdida de los libros contables ante la
autoridad competente y la de reconstruir la contabilidad dentro de los seis meses
siguientes, conforme al artículo 135 del Decreto 2649 de 1993, sin que obrara prueba de
que hubiera desplegado diligencia alguna en tal sentido.

18. Agregó que, entre los hechos violentos (27 de junio de 2015) y el requerimiento

ordinario (4 de noviembre de 2016) transcurrió más de un año, tiempo suficiente para
recopilar la información contable, incluso a través de terceros, sin necesidad de regresar
personalmente a Segovia. De todas formas, el demandante presentó la declaración con
posterioridad al atentado, sin que explicara en qué información se fundó para determinar
costos por $1.267.406.000. El ad quem reiteró que los alivios del artículo 121 de la Ley
1448 de 2011 aluden a impuestos del orden municipal y distrital, por lo que no son
extensibles al impuesto sobre la renta que es del orden nacional. Más allá de esa norma,
no se prevé un tratamiento excepcional ni la flexibilización de la carga probatoria para
personas naturales en situación de discapacidad o desplazadas por el conflicto armado,
de modo que no se advirtió la vulneración del principio pro homine.

19. En su acción de tutela, el actor sostuvo que la sentencia del 31 de julio de 2025,

proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo, de desconocimiento del precedente judicial y en la violación directa de la
Constitución. Primero, estima que se configuró el defecto fáctico porque la Sección
Cuarta omitió valorar integralmente pruebas esenciales que acreditarían su condición de
víctima del conflicto armado, y la discapacidad severa y pérdida total de su contabilidad
tras el atentado (tales como la Resolución No. 2016-82588 de la UARIV, la certificación
de pérdida de capacidad laboral del 88,95% por cuadriplejía y el testimonio sobre la
destrucción del establecimiento de comercio). Así, en lugar de ponderar el contexto de
violencia, discapacidad severa y desplazamiento forzado, la accionada le exigió al
contribuyente denunciar formalmente la pérdida de los libros de contabilidad y
reconstruirlos en seis meses, como si se tratara de un comerciante en un contexto
normal.

20. Segundo, planteó un defecto sustantivo por la aplicación rígida y literal de los artículos

135 del Decreto 2649 de 1993 y 771-2 del Estatuto Tributario, sin la interpretación
sistemática y conforme a la Constitución (principios de dignidad humana, equidad y
solidaridad) que exigían las circunstancias extremas del caso, convirtiendo el deber fiscal

5

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en una carga imposible para una persona en situación de discapacidad severa y víctima
de violencia armada.

21. Tercero, adujo el desconocimiento del precedente constitucional en materia de
enfoque diferencial y estándares probatorios aplicables a víctimas del conflicto armado,
al equiparar situaciones fácticamente disímiles sin justificación alguna, pues, la Sala
fundó su decisión en precedentes manifiestamente inaplicables, tales como las
sentencias del 24 de octubre de 2024 (Exp. 27947) y del 27 de marzo de 2025 (Exp.
27981), referidas a la enfermedad de una contadora, y no a la destrucción violenta de un
establecimiento de comercio en el marco del conflicto armado.

22. Finalmente, invocó la violación directa de la Constitución, particularmente de los
artículos 1° (dignidad humana), 13 (igualdad material), 47 (protección de personas en
situación de discapacidad) y 95 superiores, así como el principio pro homine previsto en
el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011, que estimó vulnerados al suprimir la protección
reforzada que el ordenamiento otorga a quienes, como él, se encuentran en condiciones
extremas de vulnerabilidad. En ese sentido, destacó que el salvamento de voto de la
consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello reconoció la configuración de la fuerza mayor,
la necesidad de aplicar el enfoque diferencial y el desconocimiento de los principios de
dignidad humana, equidad tributaria y justicia material en la sentencia mayoritaria.

1.2. Contestaciones de la acción

23. 1.2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 alegó que la presente acción resulta

improcedente, por falta de relevancia constitucional, teniendo en cuenta que el
accionante no cumplió con una carga argumentativa que permita concluir, de manera
razonable y suficiente, que ha existido una vulneración de sus derechos y no una
inconformidad frente a la decisión judicial cuestionada.

24. En todo caso, advirtió que no existe vulneración de los derechos fundamentales
alegados. El Tribunal explicó que negó las pretensiones de la demanda porque, aunque
reconoció que el actor fue víctima de un atentado que le ocasionó una pérdida de
capacidad laboral del 88,95%, no acreditó la destrucción total de los documentos
contables ni aportó denuncias o pruebas oficiales que demostraran la pérdida señalada.
El demandante tampoco realizó gestiones para reconstruir la contabilidad, pese al tiempo

6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 11, archivo 13.
6

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transcurrido entre los hechos y los requerimientos de la DIAN, y los alivios del artículo
121 de la Ley 1448 que reclamó para sí no son aplicables al impuesto nacional de renta.

25. 1.2.2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales7 también planteó que la

acción de tutela carece de relevancia constitucional debido a que no se desconocieron
los derechos del actor al debido proceso y la igualdad, por falta de suficiencia
argumentativa, pues tan solo debate asuntos meramente legales.

26. 1.2.3. La Sección Cuarta del Consejo de Estado8 adujo que la acción carece de

relevancia constitucional, evidente en tanto el actor reproduce los mismos argumentos
que sustentaron el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el
proceso ordinario, utilizándolos ahora como fundamento de la tutela.

27. Aseguró que, incluso si se considerara superado el examen de los requisitos
generales de procedencia de la acción, no se configuran los defectos alegados. Frente
al defecto sustantivo, la sentencia explicó que, en el caso concreto, resultaban aplicables
las normas tributarias vigentes, y el contribuyente debió acudir al procedimiento de
reconstrucción (artículo 135 del Decreto 2649 de 1993) aunque se hubiera reconocido
su condición de víctima. Máxime cuando para ese momento habían cesado las
circunstancias de fuerza mayor alegadas y estaba en posibilidad de cumplir con esa
obligación, incluso valiéndose de terceros. En síntesis, la interpretación normativa hecha
por el juez natural no contravino el ordenamiento jurídico ni vulneró derechos.

28. En cuanto al defecto fáctico, la Sección Cuarta aseguró que todas las pruebas del

proceso fueron analizadas, lo que condujo a inferir que no existía evidencia cierta de la
destrucción del establecimiento ni de sus bienes. Así, concluyó que «Durante este lapso de
diez años, el señor Cardeño no realizó gestión alguna dirigida a dar cumplimiento a las exigencias legales.
No intentó siquiera una actividad probatoria mínima –que no requería esfuerzos económicos o físicos
desmedidos– como la preparación de un documento con el listado de proveedores y sus respectivos NIT,
lo que habría permitido a la DIAN, conforme al artículo 615 del Estatuto Tributario, solicitar directamente a
los proveedores la remisión de las facturas. La omisión de esta diligencia básica evidenció una falta de
colaboración que impidió a la Administración ejercer adecuadamente su función de fiscalización».

1.3. Providencia impugnada9

7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12, archivo 15.
8
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 14, archivo 21.
9
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 26.
7

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29. Mediante sentencia del 12 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la improcedencia de la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En síntesis, la Sala
expuso que la acción tenía como propósito reabrir el debate concluido en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advirtiera una actuación arbitraria por
parte de la autoridad judicial accionada. En particular, señaló que el accionante reprodujo
los mismos argumentos que sustentaron el recurso de apelación en el proceso ordinario,
limitándose a reiterar su inconformidad con la decisión adoptada.

30. Precisó que dicha autoridad realizó un análisis del material probatorio y de las normas

aplicables al caso, reconoció la condición de víctima del conflicto armado del señor
Cardeño, pero concluyó razonadamente que para la fecha en que la administración
tributaria solicitó la información contable ya habían cesado las circunstancias de fuerza
mayor alegadas y que el contribuyente contó con tiempo suficiente para reconstruir su
contabilidad conforme al artículo 135 del Decreto 2649 de 1993.

1.4. La impugnación10

31. Inconforme con la decisión, el accionante la impugnó al estimar que omitió confrontar

seriamente el contenido material de los cargos constitucionales propuestos y, por el
contrario, se limitó a concluir que la tutela pretendía acceder a una "tercera instancia",
sin desarrollar un verdadero examen sobre el problema constitucional planteado. El actor
reiteró que el asunto trasciende lo meramente legal, pues involucra la tensión entre
deberes tributarios y la protección reforzada a víctimas del conflicto armado y personas
en situación de discapacidad. Así mismo, censuró que la providencia no valorara su
situación de vulnerabilidad y se apoyara en una motivación tan solo aparente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. En virtud de los artículos 3211 del Decreto Ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo 80

del 12 de marzo de 201914 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta

10
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 31.
11
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
13
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de
la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
14
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
8

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Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2. La acción

33. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

2.3. Problema Jurídico

34. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la providencia del
31 de julio de 2025, por medio de la cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de negar todas las
pretensiones de la demanda presentada por el señor Andrés Felipe Cardeño Vanegas
(proceso con radicado No. 05001-23-33-000-2019-03006-01) y, en caso afirmativo, si se
vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad material, debido
proceso, acceso a la justicia y protección especial de las víctimas del conflicto armado y
personas en condición de discapacidad, al configurarse los defectos sustantivo, fáctico,
de desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

35. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 15 y de la Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado16, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para

15
Sentencia C-590 de 2005.
16
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

36. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

37. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
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afectan derechos fundamentales.

38. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, igualdad material, debido proceso, acceso a la
justicia y protección especial de las víctimas del conflicto armado y personas en condición
de discapacidad, con ocasión de la posible configuración de los defectos sustantivo,
fáctico, de desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución;
(ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, pues se trata de una
sentencia de segunda instancia que se encuentra en firme; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv)
el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, la providencia atacada
quedó ejecutoriada el 13 de agosto de 202517 y la solicitud de amparo se radicó el 2 de
diciembre18 siguiente, es decir, dentro de los seis meses; y (v) la decisión acusada no
obedece a un fallo de tutela.

39. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del

asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y fáctico invocadas
por el accionante. Bajo el primer defecto se estudiará también el alegado
desconocimiento del precedente, por referirse aquel a decisiones del Consejo de Estado,
no pudiendo ser tratado como una causal autónoma. La Sala descarta estudiar el defecto
alegado como violación directa de la Constitución, en tanto, el accionante no expuso de
forma suficiente el precedente constitucional que imponía interpretar de otra forma las
disposiciones legales en comento, y no cumplió con la carga argumentativa suficiente
para dar cuenta del principio de interpretación conforme con la Constitución.

2.5. Defecto sustantivo

40. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los

jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las
autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que
regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

17
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 5 de agosto de 2025, motivo por el cual
aquella se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 8 de agosto (el 7 fue festivo), conforme al artículo 205 (numeral
2) del CPACA. Notificación visible en el expediente electrónico del proceso 05001-23-33-000-2019-03006-01, índice 24.
18
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 3.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07701-01
Accionante: Andrés Felipe Cardeño Vanegas
Accionado: Sección Cuarta del Consejo de Estado

41. La jurisprudencia constitucional19 ha estimado que la providencia judicial proferida con

desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales20.

42. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal

autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del
precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del
precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia21, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se
aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a
concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo22 en virtud de los principios
del debido proceso, igualdad y buena fe23.

2.6. Defecto fáctico

43. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto

fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 24. Así mismo, este defecto se da cuando
«[…] el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto,

19
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
20
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría
la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha
señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
22
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria
Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003
M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
23
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07701-01
Accionante: Andrés Felipe Cardeño Vanegas
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y el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 25.

44. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos

o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por
su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento en que el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y, sin
una razón válida, da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente26. Se exige que el error en la valoración probatoria sea ostensible,
flagrante y manifiesto, es decir, que tenga la capacidad de impactar de manera definitiva
la decisión de fondo y, por lo tanto, que afecte directamente los derechos del accionante.

2.7. Caso concreto

45. Se hace necesario analizar ambos defectos conjuntamente, pues, el accionante
considera que, en la medida en que la autoridad judicial accionada no valoró
integralmente las pruebas del proceso que acreditan su condición de víctima del
conflicto armado y en situación de discapacidad severa, aplicó de forma rígida y literal
los artículos 135 del Decreto 2649 de 1993 y 771-2 del Estatuto Tributario, en lugar de
optar por una interpretación sistemática y conforme con los principios constitucionales
de dignidad humana, equidad y solidaridad que exigía su situación. También alegó este
defecto en virtud de que la Sala fundó su decisión en precedentes judiciales
manifiestamente inaplicables, tales como las sentencias del 24 de octubre de 2024 (Exp.
27947) y del 27 de marzo de 2025 (Exp. 27981), referidas a la enfermedad de una
contadora, y no a la destrucción violenta de un establecimiento de comercio en el marco
del conflicto armado.

46. Al respecto, la Sección Cuarta manifestó que «no está en duda que el señor Andrés Felipe

Cardeño Vanegas fue víctima de unos hechos violentos que le impidieron continuar con su actividad
comercial y redundaron en su salud física», teniendo en cuenta «la Resolución 2016-82588 del 20 de
abril de 2016 emitida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por medio de la
cual [lo] reconoció […] en el Registro Único de Víctimas». Sin embargo, precisó que «el hecho en
torno al cual gira el actual litigio es la destrucción de los libros y comprobantes de contabilidad, y la
imposibilidad de aportarlos como medio de prueba».

25
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
26
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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47. Así las cosas, es necesario verificar si, en su análisis, la Sección Cuarta ignoró la

situación de vulnerabilidad acreditada, para imponerle una carga probatoria y exigencias
tributarias desmedidas. En primer lugar, la Sala advierte que la sentencia censurada
realizó una exposición detallada del régimen normativo aplicable. Así, explicó que, si bien
el artículo 746 del Estatuto Tributario contempla la presunción de veracidad de las
declaraciones tributarias, se trata de una presunción legal que puede ser desvirtuada
cuando la DIAN, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, exige al contribuyente la
comprobación de la información declarada. En tal supuesto, en virtud del principio
general de la carga de la prueba (artículo 167 del Código General del Proceso),
corresponde al contribuyente demostrar aquellos factores que aminoran la base gravable
del impuesto sobre la renta (tales como costos, gastos y rentas exentas).

48. Así mismo, indicó que, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario exige, para la
procedencia de esos factores, la presentación de facturas o documentos equivalentes
que cumplan los requisitos señalados por el Gobierno Nacional, y los requisitos de los
artículos 742 y 744 ibidem. Igualmente, señaló que, conforme al artículo 781 del mismo
estatuto, el contribuyente que no presente sus libros y comprobantes de contabilidad
cuando la Administración lo exija no podrá invocarlos posteriormente como prueba a su
favor, salvo que acredite plenamente los costos y deducciones por otros medios o que
demuestre la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.

49. Finalmente, la Sala expuso que, ante la pérdida o destrucción de los libros contables,

el artículo 135 del Decreto 2649 de 1993 (aplicable por remisión del artículo 773 del
Estatuto Tributario y del artículo 55 del Código de Comercio) le impone al comerciante la
obligación de reconstruir la información contable dentro de los seis meses siguientes al
evento.

50. Ahora bien, la Sección Cuarta sintetizó el problema jurídico a resolver en si resultaba

válida la imposibilidad alegada por el actor para aportar los libros y comprobantes de
contabilidad exigidos en virtud de las normas antes relacionadas. Para resolver ese
interrogante, explicó, de forma expresa y razonada, que dicha causal eximente no fue
acreditada. En efecto, al descender al caso concreto, la sentencia censurada señaló que
«el 19 de octubre de 2015, el actor presentó declaración del impuesto sobre la renta del año gravable
2014, con un total saldo a pagar de $919.000», es decir, con posterioridad al atentado del 27 de

junio de 2015 y a la alegada destrucción del establecimiento de comercio.

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51. Frente a esa declaración, «el fisco cuestionó en qué información se fundó el contribuyente para

determinar que sus costos del periodo ascendieron a $1.267.406.000». Sobre este punto, la Sección

Cuarta indicó que «en el recurso de reconsideración el actor manifestó que el valor correspond[ía] al
reportado en información exógena, pero más allá de su dicho, no aportó el citado reporte de información
exógena. En contraste se evidencia la información exógena reportada por terceros por el año 2014 que
consultó la administración, en el que no se observan reportes por este concepto».

52. Adicionalmente, la sentencia censurada puso de presente que «entre la fecha de los

hechos violentos (27 de junio de 2015) y la expedición del requerimiento ordinario (4 de noviembre de
2016) transcurrió más de un año, lo que evidencia que el demandante contó con tiempo suficiente a fin de
recopilar la información contable», y aclaró que «desde ningún punto de vista se exige al actor acudir
personalmente al municipio de Segovia para cumplir con dicha obligación, ya que pudo valerse de terceros
para adelantar estas diligencias y obtener la información requerida». No obstante, encontró que «[…]

no se encuentra probado que haya desplegado alguna actividad tendiente a este fin» .

53. En ese contexto, lo que la Sala observa es que la decisión censurada no desconoció

ni ignoró la situación de vulnerabilidad del señor Cardeño Vanegas. Por el contrario,
reconoció expresamente su condición de víctima y su situación de discapacidad, pero
constató que no aportó elemento de prueba alguno dirigido a acreditar la destrucción
efectiva de los libros y comprobantes de contabilidad, como tampoco desplegó la
diligencia mínima que le era exigible para reconstruir la información, aun valiéndose de
terceros.

54. En síntesis, el actor no denunció la pérdida de los documentos ante las autoridades

competentes, no aportó una certificación del contador que elaboró la declaración, no
solicitó a sus proveedores la remisión de las facturas correspondientes ni allegó el
reporte de información exógena que, según su propia versión, habría servido de base
para determinar los costos declarados. El único testimonio recaudado (el de la señora
Mery Sorleyda Villa de Meneses) se limitó a referir el estado en que encontró el
establecimiento al día siguiente de los hechos, pero no fue complementado con ningún
otro medio probatorio que permitiera establecer la existencia, conservación previa y
posterior destrucción de los libros contables.

55. Así las cosas, la providencia censurada no impuso al actor una carga
desproporcionada o imposible de cumplir dada su situación. Lo que la Sección Cuarta
echó de menos fue un mínimo de actividad probatoria que, como lo señaló de forma
expresa, «no requería esfuerzos económicos o físicos desmedidos» y que podía haberse llevado
a cabo a través de terceros durante el extenso período transcurrido entre los hechos
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Accionante: Andrés Felipe Cardeño Vanegas
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violentos y la actuación administrativa. En esa medida, no se advierte que la
interpretación y aplicación de los artículos 771-2 del Estatuto Tributario y 135 del Decreto
2649 de 1993 haya sido irrazonable, caprichosa o ajena al tenor de dichas disposiciones.
Antes bien, constituyó un ejercicio hermenéutico ajustado al régimen normativo vigente,
que ponderó las circunstancias del caso sin suprimir las obligaciones legales del
contribuyente.

56. El actor censuró la aplicación de las sentencias del 24 de octubre de 2024 (Exp.

27947) y del 27 de marzo de 2025 (Exp. 27981), al estimar que se trataba de casos
manifiestamente inaplicables, pues versaban sobre la enfermedad de una contadora y
no sobre la destrucción violenta de un establecimiento de comercio en el marco del
conflicto armado.

57. Sin embargo, la Sala advierte que la Sección Cuarta concluyó lo siguiente, a partir de

esas decisiones: «Conforme al criterio expuesto, si existe un hecho de conocimiento del contribuyente,
que haya ocurrido con anterioridad a la solicitud de información por parte de la administración y éste no
actúa con la debida diligencia para recuperar la información contable extraviada, destruida o perdida, este
hecho no puede considerarse como de fuerza mayor o caso fortuito». Es decir que, alegar un hecho

de fuerza mayor no exonera per se al contribuyente de toda carga probatoria, sino que
debe ser debidamente acreditada, y, una vez cesan las circunstancias que la configuran,
subsiste la obligación de reconstruir la información contable, incluso si el contribuyente
manifiesta un problema de salud. La Sala no encuentra ninguna razón adicional, distinta
a la ahí expuesta, que le exigiera a la Administración eximirlo de sus obligaciones
tributarias.

58. De esta forma, no es cierto que la autoridad judicial hubiera omitido valorar de forma

integral las pruebas, sino que, en realidad, el actor no comparte su conclusión según la
cual no bastaba acreditar su situación de víctima y su problema de salud para suplir la
falta de actividad probatoria en cuanto a la alegada destrucción de los libros y
comprobantes contables, y la imposibilidad de desplegar la diligencia mínima que
exigible para soportar los costos declarados. Así, no es cierto que la autoridad judicial
accionada haya omitido valorar integralmente las pruebas del expediente o haya
interpretado de forma descontextualizada las normas tributarias aplicables. Cosa distinta
es que su decisión no hubiera tenido el sentido reclamado por el actor.

59. Esta diferencia no involucra las causales específicas de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencias judiciales denominadas defecto fáctico y defecto sustantivo,
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por cuanto, la providencia censurada no deviene de un actuar caprichoso o ilegal de la
autoridad accionada, en la medida en que su decisión estuvo debidamente motivada,
conforme con las pruebas que fueron aportadas en el aludido proceso, y a la luz de las
normas jurídicas aplicables.

60. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa

el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

III. DECISIÓN

61. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, la parte accionante

no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial invocadas (defecto fáctico
y defecto sustantivo), se revocará el fallo impugnado que declaró la improcedencia de la
acción por falta de relevancia constitucional para, en su lugar, negar la solicitud de
amparo.

62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional; y, en su lugar, NEGAR
la solicitud de amparo presentada por el señor Andrés Felipe Cardeo Vanegas, conforme
a la motivación de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

18

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